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Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Permiso de vertimiento de residuos líquidos
73001233300020180034401
2023-07-14
Sección Tercera
PERMISO DE VERTIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS – Contrato de concesión – Mes: julio – Año: 2023
Consejo de Estado
Providencia
Se reclaman perjuicios por el incumplimiento de un contrato de concesión de un matadero
Sentencia — Sentencia
2023-07-14
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 73001233300020180034401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Fue el concesionario quien incumplió el Contrato al no tramitar el permiso de vertimientos necesario para la operación de la PBA y que dicha omisión determinó la materialización de la medida de cierre de la PBA que, a su vez, causó los perjuicios reclamados en la demanda? Sí
En los contratos de concesión, la obligación de tramitar el permiso de vertimientos corresponde al concesionario cuando así se pactó, y su omisión no genera perjuicios reclamables a la entidad contratante por la suspensión de la operación. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la asignación contractual de la obligación de solicitar el permiso determina quién debe cumplirla, de modo que el incumplimiento de esa carga es imputable al concesionario. Segunda, la suspensión de la operación por autoridades ambientales no se atribuye a la entidad cuando la causa de la medida es la omisión del concesionario en tramitar el permiso. En el caso, el concesionario no tramitó el permiso de vertimientos, y esa omisión determinó la medida de cierre que causó los perjuicios reclamados, por lo que la providencia confirma la negativa de las pretensiones. En la práctica, el concesionario que deba tramitar licencias ambientales debe cumplir esa carga, porque su omisión no es trasladable a la entidad contratante.síntesis automática
También resuelve:
¿En aquellos casos en los que la acción de controversias contractuales versa sobre un contrato de tracto sucesivo, el término de caducidad debe contabilizarse desde su terminación o liquidación…
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
CONFIRMA
Colombia Compra Eficiente
Concepto
Corresponde a las entidades estatales definir los criterios de calificación y habilitación de los procesos de contratación a su cargo, los cuales deben ser adecuados y proporcionales a la naturaleza, el valor del contrato, la forma de pago, los riesgos, el plazo y la complejidad de ejecución del objeto.
4201913000006140
2019-10-07
¿Cuáles son documentos, proceso y normatividad que regule este trámite?
A continuación, con base en las consideraciones expuestas en el numeral anterior, se procede a responder las preguntas en el mismo orden en el que fueron formuladas, no sin antes recordar que los conceptos emitidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública…
También resuelve:
Requisitos habilitantes: principio de planeación
Registro único de proponentes: medio idóneo, requisitos habilitantes
Requisitos de calificación: modalidad de selección
Consejo de Estado
Providencia
Procede la acción de repetición como medio judicial idóneo para el recobro contra agentes estatales
Sentencia — Sentencia
2025-09-19
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 76001233300020140097201
LEY 1437 REPETICION
¿Procede la acción de repetición como medio judicial idóneo para el recobro contra agentes estatales cuando se acredita la existencia de una condena judicial, la calidad de servidor público y el pago de la indemnización, aun cuando los hechos ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001? Sí
El contratista no puede fundar una acción de repetición contra la entidad estatal para el recobro de una indemnización cuando los hechos que dieron origen a la condena judicial ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001, a menos que se acrediten la existencia de la condena, la calidad de servidor público del agente estatal y el pago de la indemnización. La Sala confirma que la acción de repetición es el medio judicial idóneo para el recobro, siempre y cuando se cumplan los presupuestos procesales y la demanda sea oportuna. Sin embargo, si el demandado no fue vinculado a las actuaciones penales, disciplinarias o de reparación directa, no se puede trasladar el juicio de valor realizado sobre su conducta para sustentar la responsabilidad patrimonial del Estado. Además, la culpa o imprudencia del agente estatal debe ser grave para que se declare su responsabilidad patrimonial, y no basta con acreditar una conducta culposa o imprudente. Si el demandado estuvo representado por un curador ad litem, la condena en costas es improcedente.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede fundarse la responsabilidad del agente estatal en una acción de repetición en decisiones proferidas dentro de procesos penales…
¿Es procedente declarar la responsabilidad patrimonial de un agente estatal en una acción de repetición cuando se acredita una conducta culposa o imprudente…
¿La condena en costas es improcedente al acreditarse que el demandado estuvo representado por curador ad litem?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Sentencia de segunda instancia: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-07-17
Sección Primera
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Rad. 76001233100020130000401
ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
[E]stablecer si el acto acusado está viciado de nulidad por haber sido expedido, presuntamente, transgrediendo lo previsto en los artículos 13 y 25 de la Constitución Política; y la Ley 140 de 1994. No
El Concejo Municipal de Santiago de Cali tiene competencia para regular la publicidad exterior visual en su jurisdicción, aplicando el principio de rigor subsidiario para proteger el patrimonio ecológico, sin vulnerar el derecho a la igualdad ni limitar el ejercicio del trabajo, siempre y cuando no se demuestre un trato diferenciado injustificado o que afecte la confianza legítima de los actores económicos. La Sala confirma que el Acuerdo Municipal núm. 0179 de 2006, al establecer requisitos más rigurosos para la instalación de vallas publicitarias, no viola la Constitución ni la Ley 140 de 1994, y reitera jurisprudencia sobre la autonomía municipal y el principio de rigor subsidiario en materia ambiental.síntesis automática
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía
Sentencia — Sentencia
2025-11-25
Sección Tercera (Subsección A)
MARÍA ADRIANA MARÍN
Rad. 13001233100020030030101
ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación en segunda instancia en casos de controversias contractuales por su cuantía, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la Ley 446 de 1998, y también por la naturaleza de la controversia que involucra a entidades públicas, según el artículo 82 del mismo código. Además, una sociedad extranjera que suscribe un contrato estatal a través de su sucursal en Colombia, aunque esta carezca de personería jurídica, tiene legitimación en la causa por activa, siempre y cuando se acredite la representación legal de la matriz, como lo establece el artículo 87 del CCA y el artículo 471 del Código de Comercio. En cuanto al cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales, este debe iniciarse el día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación del contrato cuando esta no se ha realizado, tal como lo dispone el artículo 136 del CCA y la Ley 446 de 1998, lo que implica que la acción es oportuna si se presenta dentro del plazo de dos años desde esa fecha.síntesis automática
También resuelve:
¿Tiene legitimación en la causa por activa la sociedad extranjera que suscribe un contrato estatal mediante su sucursal en Colombia, siendo esta última carente de personería jurídica?
¿Debe contarse el término de caducidad de la acción de controversias contractuales desde el día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación del contrato cuando esta no se ha realizado?
¿El Departamento de Bolívar vulneró el debido proceso del contratista en el procedimiento que derivó en la sanción impuesta?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
¿Existe ineptitud sustantiva de la demanda cuando se demandan actos administrativos de trámite?
Sentencia — Sentencia
2022-06-08
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 20001233300020190041001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Existe ineptitud sustantiva de la demanda cuando se demandan actos administrativos de trámite? Sí
El interventor no comete ilegalidad al emitir un informe en su calidad de director de interventoría, incluso si ha sido removido de cargos administrativos superiores, siempre que la firma del informe sea consensuada y legalmente válida, y no afecte la continuidad de la obra. En este caso, el señor, quien era director de interventoría, emitió un informe crucial para el procedimiento administrativo sancionatorio, a pesar de haber sido removido del cargo de subgerente. Su firma en el informe fue avalada por la presencia del representante legal de la sociedad interventora en las reuniones y la firma conjunta de las actas, lo que garantizó la legalidad del documento. Como resultado, la Sala considera que el informe no es ilegal y lo tiene en cuenta para estudiar el procedimiento administrativo sancionatorio, descartando la supuesta infracción del literal a del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.síntesis automática
También resuelve:
¿Se demostró que el informe de interventoría tuviera las inconsistencias alegadas por el demandante?
¿El contratista debe demostrar que las precipitaciones invernales superaron el grado de previsibilidad necesario para ocasionar la fractura de la ecuación contractual?
¿La suspensión de mutuo acuerdo del contrato puso al contratista en un estado de incumplimiento contractual?
Consejo de Estado
Providencia
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-02-19
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 25000232600020090094301
ACCION CONTRACTUAL
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho mediante el cual se controvierte la legalidad de la Resolución proferida por la DIMAR que otorgó el derecho de uso y goce de bienes de uso público a la sociedad demandante, se presentó por fuera del término de caducidad establecido por la ley? Sí
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo particular que otorga el derecho de uso y goce de un bien de uso público se rige por el término de caducidad del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que se cuenta desde la notificación del acto. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución es una manifestación unilateral de voluntad en ejercicio de función administrativa y no constituye ni contiene un contrato de concesión, por lo que la acción procedente se determina por la fuente del daño. Segunda, el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el Decreto 2304 de 1989, permite pedir la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho, y el término de cuatro meses corre desde la notificación. Tercera, la demanda se presentó años después del vencimiento de ese término, de modo que la caducidad está configurada. La providencia modifica la sentencia de primera instancia y declara probada la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento. La consecuencia práctica es que el acto particular que concede el uso de un bien de uso público debe impugnarse dentro de los cuatro meses desde su notificación.síntesis automática
También resuelve:
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias originadas de la actividad de una entidad adscrita al Ministerio de Defensa…
¿La distinción entre "contrato" y la "licencia, permiso o autorización" adoptada mediante actos administrativos, radica en la voluntad (o voluntades) requeridas para la formación…
¿En materia marítima y portuaria, si la concesión se otorga bajo la vigencia de la Ley 1 de 1991, esta configura un contrato administrativo entre el Estado y la sociedad portuaria…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio
Sentencia Unificación — Sentencia
2024-05-09
Sección Tercera (Subsección A)
Rad. 76001233100020060332003
ACCION CONTRACTUAL
¿La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio, específico y especializado, en el que se determinó que a los actos y a los contratos de los prestadores se les aplica el derecho privado? Sí
Los actos y los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se rigen, como regla general, por el derecho privado, pues la prestación de estos servicios está sometida a un régimen propio, específico y especializado que se separa del marco clásico de la función pública. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, la Ley 142 de 1994 definió un régimen de intervención, regulación y control de los servicios públicos domiciliarios que dota de autonomía a ese concepto frente a la función pública. Segundo, para resolver dificultades de interpretación o vacíos normativos la ley acude a sus principios generales sin distinguir si el prestador es público, privado o mixto, de modo que todos quedan sujetos en iguales condiciones. Tercero, el legislador excluyó de forma expresa la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a estos prestadores, salvo que la ley disponga otra cosa, de modo que sus actos contractuales no contienen prerrogativas de poder público que den lugar a actos administrativos. La providencia unifica el criterio sobre el régimen aplicable; en la práctica, el derecho privado es la regla general y solo cede cuando la ley autoriza expresamente un ámbito normativo diverso.síntesis automática
También resuelve:
¿Resulta legalmente admisible que cuando una entidad estatal celebra un contrato que se rige por las normas del derecho privado, se pacten cláusulas cuya ejecución corresponda a una de ellas…
¿Los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, como los proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios…
¿Debe unificarse la jurisprudencia del Consejo de Estado para definir la naturaleza de los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
No se acreditó la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato
Sentencia — Sentencia
2022-05-11
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020020205501
ACCION CONTRACTUAL
¿Se acreditó la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato? No
El contratista no acredita la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato, ya que debe demostrar que las circunstancias que impidieron el cumplimiento eran imprevisibles e irresistibles, requisitos que no se cumplen en este caso. La Contraloría de Bogotá constató que las suspensiones del contrato no se debieron a causas legales o contractuales, sino a reiterados incumplimientos del contratista en la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, así como en el mantenimiento de la red hídrica y la tramitación de los permisos ambientales. La Sala establece que la acreditación de la fuerza mayor o caso fortuito requiere pruebas sólidas que demuestren la imprevisibilidad e irresistibilidad de las circunstancias adversas, lo que no ocurrió en este caso, reiterando la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales sin alegar causales que no se acreditan adecuadamente.síntesis automática
También resuelve:
¿Se acreditó el incumplimiento del contratista?
¿Se configuró el rompimiento del equilibrio económico del contrato?
¿Se acreditó el deber del contratista de asumir los costos derivados del contrato?
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-03-18
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020160067201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La decisión de exigir el cargue directo de carbón en las naves, adoptada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, excedió el riesgo regulatorio asumido por el contratista? No
La exigencia de cargar carbón directamente en las naves, impuesta por la entidad reguladora ambiental y de vivienda, no excede el riesgo regulatorio que el contratista asume en un contrato de concesión minera, cuando la restricción es operativa, diferida en el tiempo y previsible. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la decisión no implicó un cambio sorpresivo, brusco o significativo de las pautas normativas, pues se trató de una restricción de tipo operativo que debía cumplirse en varios años. Segunda, el contratista no tuvo incertidumbre sobre la aplicación del cambio, porque desde el inicio era claro que sin acceso a un puerto de cargue directo no podría exportar su producción. Tercera, la falta de acceso a un puerto de carga no constituye una circunstancia extraordinaria, imprevista ni imprevisible, sino un riesgo previsible que el contratista debía prevenir adoptando las medidas necesarias. La providencia confirma la negación de las pretensiones, sin introducir cambio de criterio. La consecuencia práctica es que el contratista que depende de un puerto para exportar debe asegurar ese acceso dentro del plazo regulatorio y no puede trasladar el riesgo al Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿La alegada falta de acceso a un puerto de carga directa lejos de consistir en una circunstancia extraordinaria fue una situación que el demandante pudo evitar pero omitió adoptar las medidas…
¿Los principales y más importantes riesgos asumidos por el contratista bajo el contrato de gran minería eran previsibles?
¿La parte actora intentó obtener el acceso al puerto en otro lugar ante la primera negativa del operador portuario?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Sentencia — Sentencia
2025-11-07
Sección Tercera (Subsección A)
MARÍA ADRIANA MARÍN
Rad. 68001233300020140092801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia de un tribunal administrativo, siempre que la controversia involucre a ECOPETROL como entidad de economía mixta y la cuantía de la demanda supere los 500 S.M.L.M.V., como establece el artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Además, el medio de control de controversias contractuales es oportuno si se presenta dentro de los dos años siguientes a la liquidación bilateral del contrato, conforme al artículo 164 del mismo código. Sin embargo, la figura del equilibrio económico contractual no es aplicable en contratos de derecho privado, como los celebrados por ECOPETROL, según la Ley 1118 de 2006 y el artículo 868 del Código de Comercio, lo que implica que las reclamaciones basadas en este principio deben ser rechazadas en la práctica.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la liquidación bilateral del contrato?
¿El equilibrio económico contractual es aplicable en los contratos de derecho privado?
¿Procede el reconocimiento a favor del consorcio Tuberías La Cira Infantas 2011 de los sobrecostos asumidos por el aumento en los costos de alimentación…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Suspensión del contrato estatal: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-10-28
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 15001233300020160071301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El silencio o la ausencia de salvedades al momento de suscribirse suspensiones al plazo contractual impide que, en sede judicial, prosperen o al menos se estudien de fondo las pretensiones económicas que se aducen fueron originadas en tales pactos? No
El contratista puede presentar pretensiones económicas en sede judicial derivadas de suspensiones al plazo contractual, incluso si en el acta de suscripción no se incluyeron salvedades, siempre y cuando el juez analice el acuerdo concreto y sus implicaciones en el contrato original, aplicando las reglas de interpretación y el principio de buena fe. La Sala reitera que el silencio o la ausencia de salvedades no impide un estudio de fondo de las pretensiones económicas, siempre que estas tengan fundamento en lo pactado. Sin embargo, el juez de segunda instancia debe abstenerse de modificar la causa petendi de la demanda en el recurso de apelación, respetando el principio de congruencia y el debido proceso, lo que limita su competencia a resolver únicamente sobre los cargos que guarden consonancia con la demanda original y las pruebas presentadas.síntesis automática
También resuelve:
¿A las partes les está vedado modificar o adicionar en el recurso de apelación la causa petendi de la demanda, pues esto implicaría un desconocimiento flagrante del principio al debido proceso y el…
¿Son atribuibles a Empoduitama las causas que llevaron a la suscripción de las actas de suspensión 02, 03 y 04 al contrato C4M2052011 celebrado con la UT Américas…
¿Demostró la UT Américas los sobrecostos en que dijo haber incurrido y las afectaciones económicas que afirmó haber sufrido producto de las múltiples suspensiones al plazo del contrato C4M2052011 y…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Licencia ambiental: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-05-30
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020020179402
ACCION CONTRACTUAL
¿Constituía un requisito legal obligatorio la obtención previa de la licencia ambiental antes de iniciar el proceso de licitación pública para la construcción del horno crematorio en el Cementerio Sur? No
El contratista no está obligado a obtener la licencia ambiental antes de iniciar el proceso de licitación para la construcción del horno crematorio, ya que esta no era un requisito legal previo según el pliego de condiciones y el Decreto 1753 de 1994. Sin embargo, una vez que el contratista asume la construcción del horno crematorio en su oferta, la responsabilidad de gestionar la licencia ambiental recae sobre él, conforme a la cláusula del contrato y las reglas de buena fe y equidad natural del derecho privado. Esto implica que el concesionario debe asumir los costos y riesgos asociados a la obtención de la licencia ambiental, en línea con la naturaleza del contrato de concesión y su marco normativo.síntesis automática
También resuelve:
¿Estaba obligada la UESP a gestionar la licencia ambiental para una obra no exigida en el pliego de condiciones antes de la suscripción del contrato?
¿Recaía en el concesionario la responsabilidad de gestionar la licencia ambiental para la construcción del horno crematorio, en virtud del contrato y de las reglas supletorias del derecho privado?
¿Corresponde al concesionario, en virtud del contrato de concesión y su marco normativo, asumir la gestión y costos de obtención de la licencia ambiental requerida para la construcción del horno…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Procede la excepción de contrato no cumplido cuando una de las partes de un contrato bilateral acredita un incumplimiento actual, relevante e imputable de la otra parte, que afecta directamente la exigibilidad de sus propias obligaciones, siempre que quien la alega no se encuentre en incumplimiento grave.
Sentencia — Sentencia
2026-02-13
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 05001233300020210049001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la excepción de contrato no cumplido cuando una de las partes de un contrato bilateral acredita un incumplimiento actual, relevante e imputable de la otra parte, que afecta directamente la exigibilidad de sus propias obligaciones, siempre que quien la alega no se encuentre en incumplimiento grave? Sí
El contratista o la parte interviniente en un contrato bilateral opone legítimamente la excepción de contrato no cumplido cuando acredita fehacientemente un incumplimiento actual, relevante e imputable de su contraparte que afecta de manera directa la exigibilidad de las obligaciones propias, siempre que quien la alega no se encuentre en una situación de incumplimiento grave. Este mecanismo de defensa, fundamentado en el artículo 1609 del Código Civil y en el principio de buena fe, busca restablecer la equivalencia de las prestaciones recíprocas sin constituir una suspensión indefinida o arbitraria del acuerdo de voluntades.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede prosperar la excepción de contrato no cumplido cuando se fundamenta en incumplimientos pretéritos que fueron superados mediante modificaciones contractuales posteriores aceptadas por las…
¿Puede prosperar la excepción de contrato no cumplido invocada por el contratista para justificar la no entrega de las obras…
¿La asignación de tramos no previstos inicialmente y la modificación sustancial del objeto contractual mediante acuerdos bilaterales configuran, por sí mismas…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
¿El contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993)
Sentencia — Sentencia
2025-07-14
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 85001233300020190004601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato de consultoría No. 1990 de 2014, celebrado por el departamento de Casanare se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) Sí
Los contratos que celebra un departamento son contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, porque la Ley 80 de 1993 define como entidades estatales a los departamentos y somete sus contratos a ese estatuto. La regla se apoya en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que incluye a los departamentos entre las entidades estatales, y en el artículo 13 del mismo estatuto, que dispone que los contratos así suscritos se rigen por esa normativa y, en lo no regulado, por las disposiciones civiles y mercantiles. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, el contrato de consultoría celebrado por el departamento se analiza bajo el estatuto general. Como consecuencia práctica, la controversia sobre un contrato de consultoría suscrito por un departamento se resuelve con las reglas del estatuto de contratación pública, y no con las del derecho privado.síntesis automática
También resuelve:
¿Resulta procedente analizar el argumento expuesto en el recurso de apelación, alusivo a la nulidad de las modificaciones contractuales…
¿Debe otorgarse valor probatorio a la declaración rendida por el representante suplente de la unión temporal, aun cuando se formuló en su contra una tacha por posible interés en el proceso?
¿Puede otorgarse valor probatorio al dictamen pericial allegado por la unión temporal, cuando éste aborda cuestiones jurídicas propias del juez y no cumple con los requisitos establecidos en el…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Se advierte la facultad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto
Sentencia — Sentencia
2023-11-01
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 20001233300020140003501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda contra los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento de un contrato de obra? Sí
El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo idóneo para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales una entidad declara el incumplimiento de un contrato estatal, y que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de ellos por tratarse de un acto de una entidad pública, conforme a los artículos 104 y 141 del CPACA. Una razón es que el artículo 141 permite a cualquiera de las partes pedir la declaratoria de incumplimiento, la indemnización de perjuicios y las demás declaraciones consecuenciales, de modo que la nulidad del acto que declara el incumplimiento se encauza por esa vía y no por la de nulidad y restablecimiento. Otra razón es que la competencia de segunda instancia depende de la cuantía, que en el caso superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. En el caso, el tribunal había resuelto la demanda contra la resolución que declaró el incumplimiento de un contrato de obra, y el Consejo de Estado confirmó la decisión. Su consecuencia práctica es que la impugnación del acto de incumplimiento debe tramitarse como controversia contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de controversias contractual resulta procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra?
¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del…
CONFIRMA