---
clave: "consejo_estado:providencia:15001233100020120006801-64057-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la acción de controversias contractuales se ejerció en el término bienal previsto por la ley"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-11-08"
radicado: "15001233100020120006801"
numero: "64057"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233100020120006801-64057-sentencia"
---

# Consejo de Estado: la acción de controversias contractuales se ejerció en el término bienal previsto por la ley

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-11-08
- **Radicado:** 15001233100020120006801
- **Número interno:** 64057
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** UNION TEMPORAL BOYACA EN EL 2500
- **Demandado:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233100020120006801-64057-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/15001233100020120006801/1BE9CD46F8EFF84C0BFD4B4ECC0F04BB78E8EEBF8AB3E26D394772706049AAE9/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=150012331000201200068011100103

## Problema jurídico

¿La acción de controversias contractuales se ejerció en el término bienal previsto por la ley?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿El hecho de que la contratista deje de obtener las utilidades esperadas o surjan mayores costos en la ejecución del contrato, constituye un rompimiento del equilibrio económico del contrato?
- ¿Los reparos formulados por el INVIAS al dictamen pericial, se ajustan a los que se consideran como de error grave conforme lo dispuesto en el artículo 238 del CPC y a la jurisprudencia…
- ¿Probó la accionante que la interventoría empleó tiempo excesivo para aprobar definitivamente los estudios y diseños presentados oportunamente por la contratista; y que, por causa de esto…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, art. 136 núm. 10
- Ley 446 de 1998, art. 44
- Ley 80 de 1993

## Extracto

La Subsección recuerda que el artículo 136.10 del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, disponía, como regla general, que el término de caducidad de las acciones relativas a contratos sería de dos (2) años… . Asimismo, dicha disposición normativa incluyo varias subreglas, cuya aplicación dependía de si el contrato debía —o no— ser liquidado, y en caso afirmativo… , el conteo del término bienal de caducidad de la acción de controversias contractuales iniciaría: (i) desde la suscripción del acta de liquidación bilateral… ; (ii) a partir de la ejecutoria del acto administrativo que apruebe la liquidación unilateral… ; y (iii) desde el vencimiento del plazo pactado por las partes o, en su defecto, establecido por Ley, para liquidar el contrato bilateral o unilateralmente, cuando ninguna de estas se hubiere efectuado (segunda parte del literal d).

## Síntesis temática

El término bienal de caducidad de la acción de controversias contractuales depende de si el contrato debe liquidarse y de cómo se liquida. Según el artículo 136, numeral 10, del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, el conteo inicia desde la firma del acta de liquidación bilateral, desde la ejecutoria del acto que aprueba la liquidación unilateral o, si ninguna se realizó, desde el vencimiento del plazo para liquidar. Los plazos supletorios de la Ley 80 de 1993 son de cuatro meses para la liquidación bilateral y de dos meses para la unilateral. Si la liquidación bilateral se firma dentro de los dos años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, el conteo inicia desde el día siguiente a la firma del acta. En el caso concreto la acción se ejerció dentro del término bienal y la decisión de primera instancia fue revocada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el término se calcula sobre los plazos de liquidación y no sobre la fecha de terminación de la obra.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, CONTRATO DE OBRA, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, IMPREVISIBILIDAD, DICTAMEN PERICIAL, ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL, OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL, CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL, CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL, IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL, VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, CONCEPTO DE INTERVENTORÍA, CARGA DE LA PRUEBA, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, PLIEGO DE CONDICIONES, CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LICENCIA AMBIENTAL, PRECIO UNITARIO, SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA, INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, HECHO SUPERADO, OLA INVERNAL, PROPUESTA DEL PROPONENTE, COSTOS, MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA, RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, MAQUINARIA EN STAND BY, FALTA DE PRUEBA, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, AJUSTE DE PRECIO, REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ADICIÓN AL CONTRATO, PAGO POR SERVICIO AMBIENTAL, CLASES DE COSTOS, COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL, PRINCIPIO DE LA AUTORRESPONSABILIDAD, ESTAMPILLA, CLASES DE ESTAMPILLA PRO, DEDUCCIÓN POR PAGO DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD, ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE, APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN, AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL, RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL

## Guías prácticas relacionadas

- [Liquidación del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/liquidacion.md): Qué hacer para cerrar un contrato y cuándo la liquidación queda firme.
- [Caducidad de la acción contractual](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/caducidad.md): Desde cuándo corren los dos años para demandar, según cómo terminó y se liquidó el contrato.
- [Equilibrio económico del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/equilibrio-economico.md): Cuándo procede restablecer la ecuación financiera y qué debe probar quien reclama.
- [Supervisión e interventoría](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/supervision-interventoria.md): Cuál de las dos figuras corresponde, cuándo la interventoría es obligatoria y quién responde.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: se negarán las demás pretensiones de la demanda](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020110109201-55419-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: la Sala confirmará la sentencia de primera instancia](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:41001233100020081024601-60313-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020120016301-64711-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Acción de controversias contractuales: Sentencia](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233100020010160801-49290-sentencia.md)

## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La acción de controversias contractuales se ejerció en el término bienal previsto por la ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Subsección recuerda que el artículo 136.10 del CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, disponía, como regla general, que el término de caducidad de las acciones relativas a contratos sería de dos (2) años (…). Asimismo, dicha disposición normativa incluyo varias subreglas, cuya aplicación dependía de si el contrato debía —o no— ser liquidado, y en caso afirmativo (…), el conteo del término bienal de caducidad de la acción de controversias contractuales iniciaría: (i) desde la suscripción del acta de liquidación bilateral (…); (ii) a partir de la ejecutoria del acto administrativo que apruebe la liquidación unilateral (…); y (iii) desde el vencimiento del plazo pactado por las partes o, en su defecto, establecido por Ley, para liquidar el contrato bilateral o unilateralmente, cuando ninguna de estas se hubiere efectuado (segunda parte del literal d). Ahora bien, en relación con el plazo que tienen las partes para concurrir a la liquidación de los contratos, se observa que el texto original de la Ley 80 de 1993 dispuso como fórmula para suplir la voluntad de las partes en la materia, el término de cuatro (4) meses para la liquidación bilateral y, posteriormente, la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136 del CCA, adoptó el periodo de dos (2) meses para la liquidación unilateral. (…) [L]a Sala Plena de la Sección Tercera, mediante auto de unificación, determinó que en el evento en que las partes hayan suscrito la liquidación bilateral luego de vencido el término pactado, o el supletorio para su adopción por mutuo acuerdo (4 meses) y del período para proferirla unilateralmente (2 meses), pero dentro de los dos (2) años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, el conteo del término de caducidad de la acción contractual inicia a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato. (…) De acuerdo con lo expuesto, en el presente asunto la Sala encuentra probado que el INVIAS y la UT Boyacá celebraron el contrato de obra 1613 el nueve (9) de septiembre de dos mil cinco (2005) (…). El plazo de ejecución de dicho negocio jurídico, incluidas sus prórrogas, finalizó el quince (15) de abril de dos mil ocho (2008), pero solo fue hasta el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008) que las partes suscribieron el acta de entrega y recibo definitivo de la obra, fecha a partir de la cual, de acuerdo con la cláusula vigésimo cuarta del contrato que remitía expresamente a la Ley 80 de 1993, comenzaba a correr el plazo de cuatro (4) meses para que aquellas lo liquidaran bilateralmente y, en caso de no alcanzarse acuerdo, el subsecuente plazo de dos (2) meses para que la administración lo liquidara unilateralmente, plazo que en conjunto se extendió hasta el treinta (30) de noviembre de dos mil ocho (2008), sin que en su interregno se hubiera efectuado alguna de ellas. No obstante, las partes suscribieron el acta de liquidación bilateral el veintiocho (28) de julio de dos mil diez (2010), esto es, dentro de los dos (2) años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral. A partir de lo anterior (…), el término de caducidad en el presente asunto debe contabilizarse a partir de la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato, con fundamento en el literal c) del artículo 136 del CCA. Sobre esta base se colige que el término para incoar la acción de controversias contractuales iniciaba el veintinueve (29) de julio de dos mil diez (2010) y vencía el veintinueve de julio de dos mil doce (2012), y como la demanda fue presentada el quince (15) de febrero de dos mil doce (2012), forzoso es concluir que la acción se ejerció en el término bienal previsto por la ley.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales para aquellos contratos que requieren liquidación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de marzo 1996, rad. 11759, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 29 de enero de 1988, rad. 3615, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 22 de junio de 2000, rad. 12723, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 22 de febrero de 2001, rad. 13682, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 16 de agosto de 2001, rad. 14384, C. P. .Ricardo Hoyos Duque; auto de unificación de 1º de agosto de 2019, rad. 62009, C. P. Jaime enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / IMPREVISIBILIDAD
Problema jurídico:
¿El hecho de que la contratista deje de obtener las utilidades esperadas o surjan mayores costos en la ejecución del contrato, constituye un rompimiento del equilibrio económico del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a institución del equilibrio económico del contrato, incluida en el artículo 27 de la ley 80 de 1993, tiene por efecto que en todo contrato estatal deba garantizarse la igualdad o equivalencia entre los derechos y las obligaciones mutuas surgidas al momento de haberse presentado la propuesta o de haberse contratado, de suerte que, alterada o fracturada tal equivalencia o equilibrio, las partes deben proceder a su restablecimiento. En relación con las causas que tienen la aptitud para alterar el equilibrio económico del contrato, la Sección Tercera de esta Corporación las ha clasificado en tres (3) grupos esenciales: (i) las situaciones originadas en factores externos a las partes del contrato que se enmarquen en la denominada “teoría de la imprevisión”; (ii) los actos unilaterales de los entes contratantes que modifiquen las condiciones del contrato “ius variandi”; y (iii) los actos generales proferidos por el ente contratante en ejercicio de sus funciones administrativas que terminan afectando el contrato “hecho del príncipe”. Las causales mencionadas tienen como denominador común la imprevisibilidad y anormalidad del hecho que origina el desequilibrio, lo cual implica que, para que se reconozca el rompimiento de la ecuación económica se requiere que tal fenómeno no se hubiere originado dentro del margen de riesgo propio del contrato ni bajo las circunstancias previstas por las partes al distribuir los riesgos del objeto contractual, en los actos antecedentes o en las cláusulas del negocio jurídico. Con todo debe concluirse que el simple hecho de que la contratista deje de obtener las utilidades esperadas o surjan mayores costos en la ejecución del contrato no constituye un rompimiento del equilibrio económico del contrato per se, comoquiera que existen riesgos que se derivan del alea normal de la actividad contractual.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el equilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de marzo de 2013, rad. 20524, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Subsección C, sentencia de 24 de abril de 2024, rad. 63438, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 26 de febrero de 2004, rad. 14043, C. P. Germán Rodríguez Villamizar; sentencia de 22 de agosto de 2013, rad. 22947, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 16 de septiembre de 2013, rad. 30571, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; y sentencia de 7 de noviembre de 2013, rad. 31431, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27
DICTAMEN PERICIAL / ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
Problema jurídico:
¿Los reparos formulados por el INVIAS al dictamen pericial, se ajustan a los que se consideran como de error grave conforme lo dispuesto en el artículo 238 del CPC y a la jurisprudencia administrativa?
Respuesta al problema jurídico: No
En relación con la objeción por error grave, el artículo 238 del CPC —aplicable a la controversia en análisis—, dispone que tal objeción procede cuando es modificado el objeto del análisis pericial o sus atributos, lo que lleva necesariamente a conclusiones erróneas. No procede, entonces, la objeción por error grave cuando se cuestionan las apreciaciones, inferencia o juicios del perito dado que esto forma parte de la valoración de la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, tal como lo prevé el artículo 241 del CPC. En consonancia con lo anterior, la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado de manera reiterada que la objeción por error grave debe fundarse en discordancias o alteraciones del objeto del peritaje, de tal magnitud e identidad, que las conclusiones derivadas de tales desaciertos resulten igualmente equivocadas (…). Así, la Sala aprecia que, en el presente asunto, los reparos formulados por el INVIAS al dictamen pericial se dirigieron a atacar las conclusiones e inferencia a las que llegó la perito, considerándolas parcializadas al estar fundamentadas solo en algunas de las previsiones del pliego, que en ultimas solo beneficiaban a la contratista. Estos reproches, a juicio de este juzgador, no se ajustan a los que se consideran como de error grave conforme lo dispuesto en el artículo 238 del CPC y a la jurisprudencia administrativa, pues no atacaron el objeto del peritazgo. Se concluye, por tanto, que la auxiliar de justicia no excedió el objeto del análisis pericial encomendado o sus atributos, sino que se limitó a responder, bajo su juicio, lo que se le encomendó. En consecuencia, las objeciones contra el dictamen practicado en este proceso no están llamadas a prosperar. (…)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el error grave en el dictamen pericial, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, rad. 2003-00002-01(AP), C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 4 de agosto de 2021, rad. 45004, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, sentencia de 28 de febrero de 2013, rad. 27959, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 21 de marzo de 2012, rad. 24250, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; y sentencia de 19 de noviembre de 2021, rad. 51205, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 16 de diciembre de 2022, rad. 45793, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Corte Suprema de Justicia, auto de 8 de septiembre de 1993, rad. 3446.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 238, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241
ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Probó la accionante que la interventoría empleó tiempo excesivo para aprobar definitivamente los estudios y diseños presentados oportunamente por la contratista; y que, por causa de esto, la UT contratista incurrió en sobrecargas y sobrecostos para lograr la adecuación de aquellos a los ajustes requeridos y el cumplimiento del cronograma de obra pactado, con afectación del equilibrio económico del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[A]un cuando, en efecto, el pliego no incluyó un término específico para que la interventoría acometiera la verificación y aprobación de los estudios y diseños presentados por la contratista, lo cierto es que este debía responder por su contenido en cualquier momento de la ejecución contractual, incluso una vez finalizado el plazo otorgado para la etapa de estudios y diseños, por lo tanto, en caso de errores, aquel estaba en la obligación de ajustarlo, adecuarlo o modificarlo a su costo y riesgo, cuestión que se revela fue entendida y aceptada por la UT contratista, que, en principio, firmó a conformidad las actas de entrega, con las que aceptó la futura verificación de dicho estudios y diseños y; posteriormente, remitió un docume

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

, se estableció que las obligaciones socioambientales, así como lo costos que su cumplimiento generaran, debían ser asumidas enteramente por la contratista, quien además debió preverlas al momento de calcular el valor de la propuesta económica que presentó ante el INVIAS. Así, pues, no es de recibo el aserto de la parte demandante concerniente a que por el simple hecho que en el presupuesto oficial no se presentó como ítem independiente los costos socioambientales estos no podían cobrarse con cargo al contrato, pues en todo momento la contratista supo que dichos costos estaban a su cargo, y si por algún motivo olvidó incluirlos o los subvaloró en la propuesta presentada ante la administración esta omisión solo es imputable a su propia culpa. En particular, para la Sala la conducta desplegada por la UT contratista al tratar de reclamar los costos en que debió incurrir por manejo de la actividad socioambiental no se revela acorde con el principio de buena fe negocial, que en el ámbito de la contratación estatal impone a las partes emplear una conducta caracterizado por la confianza mutua, diligencia y colaboración, pues es bien sabido que los costos socioambientales son parte fundamental de este tipo de contratos y si no había un ítem específico para calcularlo lo debió advertir en la etapa procedente, esto es, en la audiencia para precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones, lo que de suyo también desconoce la carga de autorresponsabilidad negocial que se le exige a todas las personas que hagan parte de una relación contractual. Con todo lo anterior, debe concluirse que la súplica de restablecimiento del equilibrio económico por haber sufragado los costos socioambientales tampoco prospera.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio de buena fe en la relación contractual, cita, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 21 de octubre de 2021, rad. 36697, C. P. Guillermo Sánchez Luque. Respecto de la carga de la autorresponsabilidad negocial, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2012, rad. 22642, C. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.
ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ESTAMPILLA / CLASES DE ESTAMPILLA PRO / DEDUCCIÓN POR PAGO DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD / ASAMBLEA DEPARTAMENTAL / TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE / APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Los descuentos aplicados a la UT contratista por concepto de la estampilla pro desarrollo de la UPTC, tributo inexistente a la firma del contrato 1613 de septiembre de dos mil cinco (2005), generaron un desequilibrio económico del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
Para la Sala [el pago que tuvo que sufragar por concepto de la estampilla pro desarrollo de la UPTC], si bien proviene de un acto de carácter general lo cierto es que el mismo no fue proferido por el ente contratante sino por la Asamblea Departamental de Boyacá, lo que de suyo descartaría la procedencia del desequilibrio económico por la teoría denominada hecho del príncipe, sin embargo, este reproche podría encuadrar en los supuestos de la teoría de la imprevisión, por ser un hecho externo y ajeno a ambas partes del contrato y de acuerdo con el cual, en principio, la administración está llamada a restablecer el equilibrio económico del contrato. (…) Ahora bien, siguiendo los lineamiento de la Sección Tercera de esta Corporación, debe recordarse que la sola demostración del descuento o pago por concepto de la imposición de la estampilla pro desarrollo no da lugar a acoger de manera automática las pretensiones de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, pues el interesado debe demostrar, adicionalmente, que tales descuentos representaron un quebramiento grave de la ecuación contractual salida de toda previsión y que le represente una mayor onerosidad a la calculada, incluso debiendo exceder lo que hubiera calculado por concepto de imprevistos (i) en el AIU propuesto. Así las cosas, la Sala observa que la UT Boyacá calculó dentro del AIU incluido en la propuesta los imprevistos (i) en un cinco por ciento (5%), porcentaje que aplicado al valor inicial del contrato, sin considerar adiciones, ascendía a trecientos cincuenta y cinco millones cientos sesenta y nueve mil setecientos treinta y ocho pesos con veinticinco centavos ($355.169.738,25), monto que claramente resulta suficiente para absorber el hecho imprevisible alegado —pago de la estampilla pro desarrollo— como fuente de desequilibrio, pues se encuentra probado que la UT Boyacá tuvo que sufragar la suma de treinta y cinco millones ciento veinte mil seiscientos cuarenta pesos ($35.120.640) por el pago de dicho tributo, suma muy inferior a la calculada para imprevistos. En consecuencia, se concluye que los reclamos de desequilibrio económico del contrato por este concepto no están llamados a prosperar. (…) [L]a parte demandante también controvierte la legalidad de la aplicación retroactiva de la Ordenanza 030 del veinticinco (25) de octubre de dos mil cinco (2005), por medio del que se “ordenó la emisión de la estampilla pro desarrollo de la UPTC” (…). De una lectura integral del articulado (…), debe concluirse que no es cierto que la Ordenanza 030 de 2005 gravó con la estampilla pro desarrollo únicamente los contratos suscritos a partir de su vigencia; pues independientemente de la fecha de suscripción de tales negocios jurídicos esta contribución se causa en el momento de la orden de pago de la respectiva cuenta de cobro presentada por la contratista, en un monto equivalente al uno por ciento (1%) de su valor. Con todo lo anterior se constata que los descuentos correspondientes a retención por concepto de estampilla los realizó el INVIAS en vigencia la Ordenanza 030 de 2005, cuando procedió al pago de actas parciales de obra suscritas entre el siete (7) de diciembre de dos mil seis (2006) y el primero (1) de abril de dos mil ocho (2008), producto de las correspondientes facturas que emitió la UT Boyacá, de donde se colige que no hubo aplicación retroactiva de dicha Ordenanza ni se practicaron retenciones ilegales que puedan comprometer la responsabilidad de la demandada, por lo cual las pretensiones no pueden prosperar. En definitiva, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas a lo largo de este proveído.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el deber de demostrar que el descuento o pago por concepto de la imposición de la estampilla pro desarrollo, generó un quebrantamiento grave de la ecuación contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de septiembre de 2003, rad. 15119, C. P. Ramiro Saavedra Becerra.

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-11-08. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 15001233100020120006801. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233100020120006801-64057-sentencia).
