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clave: "consejo_estado:providencia:13001233300020170095501-69935-sentencia-conflicto-armado"
titulo: "Consejo de Estado: la caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-07-14"
radicado: "13001233300020170095501"
numero: "69935"
ponente: "NICOLÁS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: la caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica

- **Título oficial / radicado:** Sentencia Conflicto Armado — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-07-14
- **Radicado:** 13001233300020170095501
- **Número interno:** 69935
- **Ponente:** NICOLÁS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPARACION DIRECTA
- **Actor:** GABRIEL ARTURO DIAZ TAPIAZ, BLANCA ROSA GARCIA TAPIA, GERMAN RAMON GARCIA TAPIA, YARISNELA GARCIA TAPIA, MARITZA DE JESUS TAPIA AYALA, HERNAN DARIO GARICA TAPIA, DONALDO DARIO GARCIA TAPIA, YOVANIS ANDRES GARCÍA TAPIA, LUDIA MARIA GARCIA TAPIA, ROGER MIGUEL GARCÍA TAPIA, JHON JAIDER GARCIA TAPIA, JHONY WILLIAM GARCIA TAPIA
- **Demandado:** POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MUNICIPIO DE NOROSI
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:13001233300020170095501-69935-sentencia-conflicto-armado
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/13001233300020170095501/2E8B0FFEC58531A7E65CC6BD44866C78D56146C038AB6909025F077449F6711E/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=130012333000201700955011100103

## Problema jurídico

¿Se ejerció de forma oportuna el medio de control de acción de reparación directa dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, en observancia de la fecha del daño, la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial y la fecha de radicación de la demanda?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Se encuentran, en forma debida, legitimadas en la causa por activa las personas que integran el núcleo familiar de la víctima del daño antijurídico, y por pasiva las entidades estatales demandadas…
- ¿Puede declararse la responsabilidad extracontractual del Estado cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico que la víctima no tenía el deber jurídico de soportar y cuya causación es…
- ¿Puede imputarse responsabilidad extracontractual al Estado por los daños causados por la acción de grupos armados insurgentes…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, art. 164

## Extracto

Vigencia de la acción. Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno por cuanto se trata de un presupuesto procesal. Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial.

## Síntesis temática

El contratista debe presentar oportunamente la acción de reparación directa dentro del término de dos años previsto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contados desde la ocurrencia del daño o desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este, siempre que demuestre la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. En este caso, la acción se ejerció dentro del plazo legal, ya que el daño se produjo el 15 de marzo de 2015, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 29 de julio de 2016 y la demanda se radicó el 15 de diciembre de 2016, cumpliendo así con el requisito temporal para ejercer el medio de control. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos legales para evitar la caducidad de la acción y asegurar la estabilidad y certeza del derecho.

## Descriptores temáticos

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, REQUISITOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, MINA ANTIPERSONA, VÍCTIMA, ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE VÍCTIMA, DAÑO A LA VÍCTIMA, INTERÉS JURÍDICO DEL APELANTE, PADRE, FAMILIA, REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO, VALIDEZ PROBATORIA DEL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICÍA NACIONAL, MUNICIPIO, MINAS ANTIPERSONALES, PROHIBICIÓN DEL USO DE MINAS ANTIPERSONAL DENTRO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO, ORDEN PÚBLICO, PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, DESTRUCCIÓN DE MINA ANTIPERSONA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE CARÁCTER OBJETIVO, ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, OBJETO DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN, CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, FALLA DEL SERVICIO, FALLA DEL SERVICIO DE LA POLICÍA NACIONAL, DAÑO ANTIJURÍDICO, ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, CAUSALES DE IMPUTACIÓN OBJETIVA, DOCTRINA, JURISPRUDENCIA, TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL, DAÑO ESPECIAL, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, GRUPO AL MARGEN DE LA LEY, DELITO COMETIDO POR GRUPO AL MARGEN DE LA LEY, PRESENCIA DE GRUPO AL MARGEN DE LA LEY, IMPUTACIÓN FÁCTICA, IMPUTACIÓN JURÍDICA, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO, RESPONSABILIDAD POR FALLA DEL SERVICIO, ACREDITACIÓN DEL DAÑO, DAÑO, REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN, HECHO DEL TERCERO, BIEN JURÍDICO, FUERZA PÚBLICA, ACTO TERRORISTA, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ACTO TERRORISTA, ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR RIESGO EXCEPCIONAL, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR RIESGO EXCEPCIONAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL POR DAÑO ESPECIAL, TEORÍA DEL DAÑO ESPECIAL, CARGAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LAS CARGAS PÚBLICAS, RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS, CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD, CRITERIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD, CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE MINAS ANTIPERSONA, DELITO CON MINAS ANTIPERSONALES, PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES, CONVENCIÓN DE OTTAWA, DIRECCIÓN PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, DAÑO DERIVADO DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, FINALIDAD DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, ALCANCE DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ARMONIZACIÓN CONCRETA DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, PRINCIPIO DE ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES, ACUERDO DE PAZ, CELEBRACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ, FARC, COMUNIDAD, REQUISITOS DEL HECHO DEL TERCERO, CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, HECHO IMPREVISIBLE, HECHO IRRESISTIBLE, RECURSO DE APELACIÓN, ADMISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN, CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN, PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN, RECURSO DE APELACIÓN PARCIAL, LESIONES, LESIONES PERSONALES AL MENOR, FALTA DE PRUEBA, INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHO DE TERCERO, INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO, DEBERES DEL ESTADO, EXPLOSIÓN DE ARTEFACTO EXPLOSIVO, AUSENCIA DE FALLA DEL SERVICIO, INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN, INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO DE POLICÍA, AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO, ARTEFACTO EXPLOSIVO, DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARTEFACTO EXPLOSIVO, DAÑO A MENOR DE EDAD, CONFIRMACIÓN DEL FALLO, CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, DAÑO CAUSADO POR HECHO DEL TERCERO, CONFLICTO ARMADO, CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA, CONFLICTO ARMADO INTERNO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHO DE TERCERO, ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, BENEFICIOS DE LA VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, DAÑO CAUSADO A CIVIL DURANTE CONFLICTO ARMADO, DAÑO CAUSADO EN EL MARCO DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO, DELITO EN CONFLICTO ARMADO, INDEMNIDAD DE LA VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA A VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, SITUACIÓN DE LA FAMILIA EN EL CONFLICTO ARMADO, LESIONES DE CIVIL POR MINAS ANTIPERSONALES, SENTENCIA, REMISIÓN DE COPIA DE LA SENTENCIA, INVESTIGACIÓN PENAL, APERTURA DE INVESTIGACIÓN PENAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONDENA EN COSTAS, APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, LEY DE COSTAS, COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, GASTOS DEL PROCESO, INEXISTENCIA DE LA EXPENSA NECESARIA, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se ejerció de forma oportuna el medio de control de acción de reparación directa dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, en observancia de la fecha del daño, la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial y la fecha de radicación de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
Vigencia de la acción. Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno por cuanto se trata de un presupuesto procesal. Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia20, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento del medio de control de reparación directa, teniendo en cuenta: i) que el 15 de marzo de 2015,[el actor] sufrió unas lesiones físicas por la activación de una mina antipersonal (...); ii) que el 29 de julio de 2016 los accionantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 65 Judicial I para Asuntos Administrativos de Bolívar, la cual se declaró fallida el 27 de septiembre siguiente; y iii) que la demanda se presentó el 15 de diciembre de 2016.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultad que tiene el juez para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de diciembre de 2020, exp. 51252, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. En cuanto a la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general, ver: Corte Constitucional, sentencia C-394 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Respecto a que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, ver: Corte Constitucional, exp. C-574 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell. En relación con el concepto de caducidad, cita: Corte Constitucional, sentencia C-394 de 2002. Respecto de la oportunidad para ejercer el medio de control, ver: Corte Constitucional, Sala Plena, 8 de agosto de 2001, C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Acerca de las oportunidades legales pretende la caducidad, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, consultar: Consejo de Estado, providencia de 23 de febrero de 2006, exp. 6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / REQUISITOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / MINA ANTIPERSONA / VÍCTIMA / ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE VÍCTIMA / DAÑO A LA VÍCTIMA / INTERÉS JURÍDICO DEL APELANTE / PADRE / FAMILIA / REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO / VALIDEZ PROBATORIA DEL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / POLICÍA NACIONAL / MUNICIPIO / MINAS ANTIPERSONALES / PROHIBICIÓN DEL USO DE MINAS ANTIPERSONAL DENTRO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO / ORDEN PÚBLICO / PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO / DESTRUCCIÓN DE MINA ANTIPERSONA
Problema jurídico:
¿Se encuentran, en forma debida, legitimadas en la causa por activa las personas que integran el núcleo familiar de la víctima del daño antijurídico, y por pasiva las entidades estatales demandadas, cuando existen elementos probatorios que acreditan tanto el vínculo familiar como la participación o deber legal de dichas autoridades en la prevención del riesgo que originó el daño, lesiones por la activación de una mina antipersona?
Respuesta al problema jurídico: Si
Legitimación en la causa. Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis. (...) [La] víctima, (...) padre, (...) madre y, (...) hermanos, son las personas sobre quienes recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, pues está acreditado que el primero fue quien resultó lesionado por la activación de una mina antipersonal (...) y los demás conforman su núcleo familiar, según dan cuenta copias de sus correspondientes registros civiles de nacimiento. (...). La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente representada por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, pues, además de los fines previstos en el artículo 213 de la Constitución Política, integra la Comisión Intersectorial Nacional para Acción contra las Minas Antipersonal y por ello, le corresponde, entre otras, promover las acciones para la destrucción de estos artefactos y realizar campañas de concientización sobre los mismos (artículos 5 y 6 de la Ley 759 de 2002). Además, por ser una de las autoridades a quien se le atribuye la causación del daño antijurídico alegado en la demanda. (...). El municipio de Norosí está legitimado en la causa por pasiva porque, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 de la Constitución Política, el alcalde es la primera autoridad de policía y, además, es quien le corresponde conservar el orden público del municipio. Además, por ser otra de las autoridades a quien se le atesta la causación del menoscabo alegado, en tanto, a juicio de los accionantes, las lesiones sufridas por el menor se produjeron porque el ente territorial no adoptó medidas de precaución y prevención para alertar a la población civil sobre la presencia de minas antipersonales en el área donde ocurrió el siniestro.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la legitimación en la causa corresponde a un presupuesto procesal de la acción y no de la pretensión y, por lo tanto, debe analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2021, exp. 48436, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia del 25 de julio de 2019, exp. 54527, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Sección Segunda, auto del 8 de octubre de 2020, exp. 1760-18; y auto del 10 de septiembre de 2020, exp. 0736-18, C.P. César Palomino Cortés.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 213, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 315, LEY 759 DE 2002 - ARTÍCULO 5, LEY 759 DE 2002 - ARTÍCULO 6
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE CARÁCTER OBJETIVO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / OBJETO DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN / CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FALLA DEL SERVICIO / FALLA DEL SERVICIO DE LA POLICÍA NACIONAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CAUSALES DE IMPUTACIÓN OBJETIVA / DOCTRINA / JURISPRUDENCIA / TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL / DAÑO ESPECIAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Puede declararse la responsabilidad extracontractual del Estado cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico que la víctima no tenía el deber jurídico de soportar y cuya causación es imputable a una entidad pública, ya sea por acción u omisión en el ejercicio o con ocasión de la función administrativa?
Respuesta al problema jurídico: Si
Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado. El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere de otro componente necesario e indispensable para establecer el deber de responder por los daños que cause con su acción u omisión y es el referido a su atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros . Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ra la sociedad, porque es presupuesto material de lo dispuesto en la Carta Política, en tanto el artículo 2° señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes; y, por lo tanto, ello es razón suficiente para concluir que los daños causados a terceros por actos terroristas perpetrados por grupos armados ilegales contra “miembros de la fuerza pública” no les pueden ser atribuibles bajo la óptica del título objetivo de riesgo excepcional. Dicho de otra manera, la presencia legítima y constitucional de la fuerza pública para la consecución de los fines del Estado Social de Derecho no puede concebirse como una fuente creadora de riesgos, pues, precisamente, esta prerrogativa es un presupuesto material de la Constitución Política y un rasgo esencial del poder público. Por lo demás, en el sub-lite quedó probado que el artefacto que ocasionó las lesiones al menor fue instalado por terceros (...), que en estos hechos no intervino la Administración por acción u omisión y que la activación de la mina antipersonal fue imprevisible e irresistible a la Policía Nacional dado el elemento sorpresa por medio del cual se realizó el acto criminal y dada la ausencia de conocimiento de las autoridades acerca de la existencia previa, cierta, concreta y vigente que aconsejara la adopción de medidas especiales para proteger a la población de Norosí (Bolívar). En efecto, la detonación del artefacto explosivo fue i) exterior y/o externa respecto de la demandada, por cuanto la causa adecuada provino de una conducta exclusiva de un tercero; ii) (...) imprevisible, porque no era posible contemplar el hecho con anterioridad a su ocurrencia; y iii) irresistible para la Policía Nacional por la imposibilidad objetiva de evitarlo, toda vez que la activación de la mina antipersonal que causó las lesiones físicas al menor provino de una actuación deliberada de un grupo armado ilegal. Por ello, se evidencia que el daño no es imputable a la entidad accionada sino al hecho exclusivo de un tercero, por lo cual en la parte resolutiva se confirmará la sentencia del 13 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la responsabilidad del Estado frente a las víctimas de accidentes con minas antipersonales, consultar: Consejo de Estado, sentencia de unificación de 7 de marzo de 2018, exp. 34359, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre la carga de la prueba, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de junio de 2024, rad. 68394, C. P. Nicolás Yepes Corrales. Sobre actos terroristas cometidos por terceros, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de abril de 2023, exp. 65546, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 2
CONFLICTO ARMADO / ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / BENEFICIOS DE LA VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA / CONFLICTO ARMADO INTERNO / DAÑO CAUSADO A CIVIL DURANTE CONFLICTO ARMADO / DAÑO CAUSADO EN EL MARCO DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO / DELITO EN CONFLICTO ARMADO / INDEMNIDAD DE LA VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA A VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / SITUACIÓN DE LA FAMILIA EN EL CONFLICTO ARMADO / MINAS ANTIPERSONALES / DELITO CON MINAS ANTIPERSONALES / LESIONES DE CIVIL POR MINAS ANTIPERSONALES / PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES / DIRECCIÓN PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL / SENTENCIA / REMISIÓN DE COPIA DE LA SENTENCIA / INVESTIGACIÓN PENAL / APERTURA DE INVESTIGACIÓN PENAL / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Problema jurídico:
¿Procede remitir copia de la sentencia a la Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonales para que registre el evento en el IMSMA y sea registrado el menor lesionado, a fin de que pueda gozar de los servicios asistenciales e indemnizatorios dispuestos para el goce efectivo de sus derechos?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como en el presente casó (sic) quedó acreditado que los hechos aquí debatidos corresponden a aquellos suscitados dentro del marco del conflicto armado y específicamente, a un evento de lesiones por la activación de minas antipersonales instaladas por grupos armados ilegales, en la parte resolutiva de la sentencia se remitirá copia de esta providencia a la Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonales – (DAICMA), para que registre el evento en el IMSMA y para que [el menor] sea registrado, si ello no ha ocurrido, en la ruta de atención y reparación coordinaría por la citada Dirección y ofrecida por el Gobierno Nacional, a fin de que pueda gozar de los servicios asistenciales e indemnizatorios dispuestos para el goce efectivo de sus derechos; y esta informe a la Fiscalía General de la Nación sobre las condiciones de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el evento, para facilitarle la correspondiente investigación penal.
CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / LEY DE COSTAS / COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / GASTOS DEL PROCESO / INEXISTENCIA DE LA EXPENSA NECESARIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en segunda instancia cuando, revisado el expediente, no se evidencia la realización de actuaciones procesales ni la causación de expensas, gastos procesales o agencias en derecho por parte de las partes intervinientes?
Respuesta al problema jurídico: No
Se procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del Código General del Proceso, entre las que se encuentra la relativa a su composición, esto es, por expensas y gastos procesales, honorarios de auxiliares de la justicia y agencias en derecho que deben ser “[…] tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente”. Precisamente, frente a las reglas para la imposición de la condena, el artículo 365 de la norma procesal general establece que ésta procede en contra de la parte vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y, que “[…] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. En virtud de lo anterior, revisado el expediente, la Sala advierte que, en el trámite del recurso de apelación presentado por el extremo activo, ninguna de las partes que integran la litis desplegó actuación procesal alguna y en esta instancia tampoco se causaron expensas o gastos procesales, razón la cual en esta ocasión no hay lugar a condenas en costas a la parte demandante.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 365

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia Conflicto Armado — Sentencia. 2025-07-14. C.P. NICOLÁS YEPES CORRALES. Rad. 13001233300020170095501. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:13001233300020170095501-69935-sentencia-conflicto-armado).
