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FAMILIA

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Consejo de Estado Providencia

Razón por la cual no se puede predicar que las madres comunitarias ostenten la calidad de funcionarias públicas.

Sentencia — Sentencia 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 50001233300020150012902 LEY 1437 REPETICION
¿Se acreditó que las demandadas ostentaron la condición de ex agentes del Estado o de particulares con función pública? No
El contratista no ostenta la condición de ex agente del Estado o de particular con función pública simplemente por prestar un servicio público, ya que el ejercicio de dicha actividad no implica necesariamente el ejercicio de potestades inherentes al Estado. En este caso, la Asociación de Padres de Familia Hogares Comunitarios celebró el contrato de aporte 050 de 1999 con el ICBF para ejecutar los aportes en favor de niños de escasos recursos económicos, sin que se le transfiriera una función pública. Las madres comunitarias, en su calidad de voluntarias, no tenían relación laboral con el ICBF ni con la asociación, y su participación en el programa de "Hogares de Bienestar" se consideraba una contribución voluntaria, no una relación laboral. Esta decisión reitera la distinción entre el ejercicio de la función pública y la prestación del servicio público, lo que implica que no todas las personas que prestan servicios públicos pueden ser consideradas agentes del Estado o particulares con funciones públicas.síntesis automática
También resuelve: ¿Toda prestación de un servicio público comporta el ejercicio de una función pública? ¿Con el fin de proteger y garantizar la integración y realización armónica de la familia, el Estado puede celebrar negocios jurídicos con particulares con la finalidad de que estos sujetos privados… ¿Al tratarse de un asunto en el que se ventila un interés público, es improcedente condenar en costas contra la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
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Podría afirmarse entonces, la Entidad Estatal deberá adelantar el procedimiento de selección del contratista a través de la modalidad de mínima cuantía, el valor del contrato no exceda el diez por ciento de la menor cuantía de la entidad.

C-024 de 2024 2024-03-11
¿Se puede entregar subsidios de transporte escolar a la asociación de padres de familia, para que sea la misma asociación de padres de familia quiénes contraten el transporte escolar que requieren sus hijos para llegar a los colegios veredales?
El contratista puede suscribir convenios de asociación con asociaciones de padres de familia para desarrollar actividades relacionadas con las funciones de la entidad estatal, siempre y cuando la asociación esté legalmente constituida y el objeto contractual se ajuste a las funciones y cometidos de la entidad conforme a la Constitución y la ley. Además, la entidad estatal debe observar las prohibiciones establecidas en el Decreto 1286 de 2005 para las asociaciones de padres de familia, como no asumir competencias y funciones propias de las autoridades educativas. Este precedente reitera la posibilidad de contratar con asociaciones de padres de familia bajo el régimen del Decreto 092 de 2017, permitiendo a las entidades estatales implementar programas de interés público en colaboración con estas organizaciones, siempre que se cumplan con los requisitos legales y no se excedan los límites establecidos.síntesis automática
También resuelve: Decreto 092 de 2017: finalidad, clases de contratos, clases de contratos / asociaciones de padres de familia, contrato de asociación Asociaciones de padres de familia: contrato de asociación, objeto, requisitos Modalidades de selección: clases
Colombia Compra Eficiente Concepto

La declaración ante notario constituye el mecanismo previsto para acreditar esta condición en la aplicación del factor de desempate.

C-1273 de 2026 2026-09-24
¿Cómo debe entenderse la condición de mujer cabeza de familia para efectos del factor de desempate previsto en el Decreto 1082 de 2015?
El contratista debe cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 82 de 1993 y su modificación por la Ley 1232 de 2008 para acreditar la condición de mujer cabeza de familia, lo que implica tener a cargo hijos menores o personas incapacitadas para trabajar de manera permanente, sin ayuda significativa de otros miembros de la familia. La entidad estatal no puede considerar subjetivamente factores no previstos en la normativa para desempatar procesos de contratación, y debe aplicar rigurosamente los criterios establecidos por la Ley 2069 de 2020. Esto implica que el puntaje adicional por ser mujer cabeza de familia no se extiende a hijos mayores de edad que dependen económicamente de la proponente por estar en estudios, a menos que la norma lo especifique. La regla reitera la importancia de la selección objetiva y limita la discrecionalidad de las entidades estatales en la aplicación de factores de desempate, asegurando que estos estén previamente establecidos y sean aplicados conforme a la ley.síntesis automática
También resuelve: Selección objetiva: contratación estatal, concepto Factores de desempate: características, límites, Ley 2069 de 2020, mujeres cabeza de familia Madre cabeza de familia: Corte Constitucional, definición legal, condiciones
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No puede exigir documentos adicionales ni sustituir la declaración por otros medios, y los documentos que acreditan los criterios de desempate deben presentarse con la oferta.

C-1559 de 2026 2026-10-28
¿Puede acreditarse la condición de mujer cabeza de familia, para efectos del criterio de desempate, con la declaración ante notario en la que la mujer da cuenta de la dependencia de la persona que tiene a su cargo, aunque esa persona esté vinculada en etapa de ahorro al programa de Beneficios Económicos Periódicos y tenga otros hijos o familiares?
El contratista puede acreditar la condición de mujer cabeza de familia mediante una declaración ante notario que refleje las circunstancias básicas de su caso, incluyendo la dependencia económica de la persona a su cargo, sin que afecte dicha condición la vinculación de esa persona al programa de Beneficios Económicos Periódicos en etapa de ahorro ni la existencia de otros familiares, siempre y cuando la ayuda de estos últimos sea sustancialmente deficiente. La entidad estatal debe verificar que la declaración cumpla con los requisitos legales y no puede exigir documentos adicionales, lo que implica que la acreditación de esta condición debe hacerse conforme a la normativa vigente sin necesidad de aclaraciones adicionales.síntesis automática
También resuelve: Factores de desempate: mujer cabeza de familia, numeral 2 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, numeral 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, acreditación Mujer cabeza de familia: Artículo 2 de la Ley 82 de 1993, elementos de la condición, situación material, deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar Competencia consultiva: interpretación de normas generales, verificación de la condición en cada proceso de contratación
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De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las madres de cabeza de familia que suscriben contratos de prestación de servicios, a través de los cuales se encubren relaciones laborales o en las que se configura contrato realidad son beneficiarias de la estabilidad laboral reforzada.

C-072 de 2023 2024-05-10
Existe algun fuero de estabilidad ocupacional y/o laboral reforzada, cuando sean
La prerrogativa del artículo 2.2.12.1.2.1 del Decreto 1083 de 2015, que impide retirar del servicio durante tres años a las madres o padres cabeza de familia sin alternativa económica, se aplica a las relaciones laborales del empleo público y no resulta aplicable per se a las madres cabeza de familia que funjan como contratistas de prestación de servicios, dadas las características propias de este tipo contractual. Con todo, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las madres cabeza de familia que suscriben contratos de prestación de servicios a través de los cuales se encubren relaciones laborales, o en los que se configura un contrato realidad, son beneficiarias de la estabilidad laboral reforzada, protección con fundamento en el inciso segundo del artículo 43 de la Constitución Política. En cambio, la jurisprudencia constitucional no tiene una postura definida respecto de quienes ejecutan verdaderos contratos de prestación de servicios sin incurrir en una relación laboral, por lo que no es posible afirmar que gocen de la misma prerrogativa que asiste a las servidoras públicas.síntesis automática
También resuelve: Contrato de prestación de servicios: tipologías Madre cabeza de familia: Corte Constitucional, condiciones, estabilidad ocupacional reforzada
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Los defensores y comisarios de familia pueden fungir como supervisores de los contratos.

C-1180 de 2025 2025-10-07
¿Es viable jurídicamente que las comisarías de familia puedan ser designados como supervisores de contratos financiados con recursos públicos?
El contratista no puede ser designado como supervisor de contratos financiados con recursos públicos por una comisaría de familia, ya que la supervisión debe ser realizada por servidores públicos idóneos designados por la entidad estatal, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, que enfatiza que la labor de supervisión es inherente a la entidad y requiere conocimientos administrativos y técnicos específicos, sin necesidad de especialización tan profunda como la interventoría. Esta regla implica que la designación de supervisores debe ajustarse estrictamente a los criterios establecidos por la ley y la jurisprudencia, garantizando así la correcta ejecución y control de los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: Supervisión: noción, Ley 1474 de 2011, características Contratos estatales: deber de vigilancia y control Interventoría: características
Consejo de Estado Providencia

Se impone una respuesta negativa al segundo problema jurídico y la sentencia recurrida será confirmada.

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2022-08-22 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 54001233100020100032701 ACCION DE REPETICION
¿El soldado profesional, al percutir su arma de dotación en dirección al suelo y herir por rebote las extremidades inferiores de la fatal víctima, desplegó una conducta gravemente culposa? No
El ente actor no logra demostrar la culpa grave del soldado profesional al percutir su arma de dotación en dirección al suelo y herir por rebote a la víctima, ya que las pruebas practicadas no evidencian un actuar grosero, negligente o temerario del demandado. La Sala confirma que el uso excepcional de las armas se justifica cuando se presente una amenaza a la vida o sea necesario para detener a una persona que represente un peligro, siempre que los miembros de la fuerza pública se identifiquen y adviertan la intención de usarlas con tiempo suficiente, haciendo un uso moderado y proporcional a la amenaza. Además, la Sala establece que el ente actor incumple la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuye responsabilidad al servidor público, lo que implica que no puede aplicarse la presunción de dolo prevista en la Ley 678 de 2001. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la necesidad de especificar claramente la presunción legal en la que se basa la atribución de responsabilidad al servidor público.síntesis automática
También resuelve: ¿El uso excepcional de las armas se justifica cuando se presente una amenaza a la vida o sea necesario para detener a una persona que represente un peligro? ¿La víctima salió corriendo de la vivienda y el soldado le dio la voz de alto, tras lo cual, al ver que el sujeto seguía corriendo, le disparó? ¿El ente actor incumplió la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuyó responsabilidad al servidor o ex servidor público?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El daño es imputable a la Rama Judicial porque la Corte Suprema de Justicia pertenece a esta entidad

Sentencia — Sentencia 2023-05-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020140144601 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La privación de la libertad que padeció la demandante le generó un daño que no debía soportar porque superó las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad? Sí
El contratista no debe soportar un daño que supere las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad, configurándose la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad cuando la entidad estatal priva injustamente de la libertad a un ciudadano y este es absuelto por atipicidad objetiva de la conducta. En este caso, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante por supuestamente utilizar su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS, pero posteriormente absolvió a la demandante por desvirtuar los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias, al establecer que las facturas no son documentos reservados y que la exhibición de estos documentos se realizó dentro de su rol institucional. La Sala concluyó que la privación de la libertad que padeció la demandante generó un daño que no debía soportar, superando las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar, y que la responsabilidad patrimonial de la rama judicial se configura en estos casos.síntesis automática
También resuelve: ¿Los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias fueron desvirtuados por la Corte en la sentencia absolutoria? ¿La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante porque utilizó su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS? ¿La absolución del sindicado por atipicidad de la conducta era suficiente para considerar como antijurídico el daño recibido por la privación de su libertad?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El Ejército Nacional está acudiendo indebidamente al medio de control de repetición y desconociendo una decisión

Sentencia — Sentencia 2023-08-22 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 18001233300020140004401 LEY 1437 REPETICION
¿El Ejército Nacional, entidad demandante, está acudiendo indebidamente al medio de control de repetición y desconociendo una decisión que ya hizo tránsito a cosa juzgada? Sí
En el medio de control de repetición, la pretensión no procede cuando busca desconocer una decisión que ya hizo tránsito a cosa juzgada y en la que la jurisdicción contencioso administrativa se pronunció sobre la misma controversia. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad demandante no puede acudir a la acción de repetición para reabrir un asunto ya resuelto por una sentencia ejecutoriada, porque ello desconoce la cosa juzgada. Segunda, la acción de repetición está destinada a recuperar lo pagado por la condena, y no a revisar nuevamente la responsabilidad que la sentencia ya declaró. En el caso, la sentencia anterior estableció que el Estado debía responder por las lesiones, y la entidad pretendía discutir de nuevo ese asunto mediante la repetición. La providencia rechaza las pretensiones y, en esa medida, revoca la decisión de primera instancia. En la práctica, la entidad que quiera repetir debe verificar que su pretensión no reproduzca el objeto de una sentencia previa con fuerza de cosa juzgada.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de repetición está prevista para solicitar el reintegro de lo pagado por el Estado en una condena judicial? ¿La demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena? ¿La condena en costas es procedente en la acción de repetición porque en esta se ventilan intereses patrimoniales de las entidades públicas?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Se configuró el fenómeno preclusivo de la caducidad

Sentencia — Sentencia 2023-05-12 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233300020160022701 LEY 1437 REPETICION
¿Se configuró el fenómeno preclusivo de la caducidad? Sí
El término de caducidad para la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo que tenía la entidad para pagar la condena, y si el pago se realiza fuera de ese plazo, el término de dos años corre desde el día siguiente a la fecha límite de pago. La regla se apoya en el término de dieciocho meses que el artículo 177 del Decreto 01 de 1984 fijaba para cumplir la condena, contado desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, y en el artículo 164 literal l de la Ley 1437 de 2011, que establece el término de dos años para demandar. Por ello, el pago tardío no prorroga el plazo para repetir sino que lo desplaza al vencimiento del plazo legal. En el asunto, la entidad realizó el último pago después del término legal y la demanda se presentó vencido el plazo de dos años, por lo que la Sala declaró configurado el fenómeno de la caducidad y negó las pretensiones. En la práctica, la entidad que paga tarde la condena debe calcular la caducidad de la repetición desde la fecha límite de pago y no desde el pago efectivo.síntesis automática
También resuelve: ¿El pago de los perjuicios fue cancelado al apoderado de los demandantes a través del despacho judicial que conoció del proceso por vía ejecutiva? ¿El mérito probatorio de los documentos públicos lo asigna el juez luego de la apreciación de las pruebas en conjunto? ¿La caducidad, dado su carácter de orden público, es indisponible y puede ser declarada de oficio por el juez?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Procede la Sala Plena de la Sección Tercera

Sentencia Unificación — FALLO 2014-08-28 Sección Tercera (Subsección A) Rad. 68001233100020020254801 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿En el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió? Sí
Procede la Sala Plena de la Sección Tercera, con el fin de unificar la jurisprudencia en relación con I) los parámetros que se deben tener en cuenta para la tasación de los perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad y II) los criterios para reconocer indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro cesante a la persona que fue privada injustamente de su libertad… . El demandante [víctima] fue privado de su Derecho Fundamental a la Libertad desde el 1 de diciembre de 1998 hasta el 18 de agosto de 1999, sindicado como autor del delito de peculado por apropiación en provecho propio; sin embargo, en el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió.
También resuelve: ¿La Fiscalía impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual se hizo efectiva el 1 de diciembre de 1998? ¿La Sala se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada? ¿El término de caducidad debe contabilizarse a partir de la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se precluyó o se absolvió al procesado?
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

La caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 13001233300020170095501 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se ejerció de forma oportuna el medio de control de acción de reparación directa dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, en observancia de la fecha del daño, la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial y la fecha de radicación de la demanda? Sí
El contratista debe presentar oportunamente la acción de reparación directa dentro del término de dos años previsto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contados desde la ocurrencia del daño o desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este, siempre que demuestre la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. En este caso, la acción se ejerció dentro del plazo legal, ya que el daño se produjo el 15 de marzo de 2015, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 29 de julio de 2016 y la demanda se radicó el 15 de diciembre de 2016, cumpliendo así con el requisito temporal para ejercer el medio de control. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos legales para evitar la caducidad de la acción y asegurar la estabilidad y certeza del derecho.síntesis automática
También resuelve: ¿Se encuentran, en forma debida, legitimadas en la causa por activa las personas que integran el núcleo familiar de la víctima del daño antijurídico, y por pasiva las entidades estatales demandadas… ¿Puede declararse la responsabilidad extracontractual del Estado cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico que la víctima no tenía el deber jurídico de soportar y cuya causación es… ¿Puede imputarse responsabilidad extracontractual al Estado por los daños causados por la acción de grupos armados insurgentes…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o del interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas 2026-08-20 Sala Consulta y Servicio Civil ANA MARÍA CHARRY GAITÁN Rad. 11001030600020260018400 CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿El control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o del interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades? Sí
De manera reiterada, la Sala ha expresado que la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa. En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o del interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades.
También resuelve: ¿La competencia es entendida como la atribución legítima conferida a una autoridad, para que conozca y decida un asunto. y se asigna, según el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019… ¿El contrato de prestación de servicios tiene como finalidad apoyar la gestión de las entidades estatales y no sustituirlas en el ejercicio de sus competencias? ¿El artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, dispone que le corresponde a la Procuraduría General de la Nación y a las personerías investigar a los particulares…
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado Providencia

En la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-12-11 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 68001233300020180005101 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad? No
El contratista no obtiene indemnización por privación injusta de la libertad porque no se configura el daño antijurídico, elemento esencial para la responsabilidad del Estado, ya que la privación de libertad cumplió con los plazos legales y fue necesaria, proporcional y razonable, basada en pruebas materiales que indicaban la posible participación delictiva del procesado. La Sala confirmó que la medida de aseguramiento fue legal y ajustada a derecho, respetando las garantías y derechos fundamentales del procesado, y que la Fiscalía y la Rama Judicial cumplieron con los plazos establecidos en la Ley 906 de 2004, lo que implica que no existe responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve: ¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal? ¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban? ¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la…
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Consejo de Estado Providencia

Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte

Sentencia — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 85001233100020110000701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito, ocasionado al caer en un hueco existente en la vía? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de reparación directa para demandar la indemnización de perjuicios por la muerte de un motociclista en un accidente de tránsito, ocasionado al caer en un hueco existente en la vía, siempre que la demanda se interponga dentro del plazo de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho. En este caso, la víctima falleció el 16 de octubre de 2009, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 25 de junio de 2010, y la demanda se interpuso el 4 de febrero de 2011, dentro del plazo legal. La Sala modificó la jurisprudencia anterior sobre la caducidad de la acción, otorgando mayor seguridad jurídica y protegiendo el derecho de acceso a la justicia, lo que implica que los plazos para presentar la demanda deben ser estrictamente respetados para evitar la pérdida del derecho de accionar.síntesis automática
También resuelve: ¿Los demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa para reclamar la reparación de perjuicios ocasionados por la muerte de la víctima en un accidente de tránsito… ¿El Instituto Nacional de Vías (Invías) está legitimado en la causa por pasiva, pero no el Ministerio de Transporte, ni el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Inco… ¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
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Consejo de Estado Providencia

La responsabilidad extracontractual del Estado exige la existencia de un daño antijurídico y su imputación a la administración pública.

Sentencia — Sentencia 2025-10-21 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020100074301 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Cumplieron las capturas y su legalización los requisitos previstos en los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al artículo 90 de la Constitución Política? Sí
El Estado asume responsabilidad patrimonial extracontractual cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico y su debida imputación, entendido aquel como el perjuicio que la persona no tiene el deber jurídico de soportar conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En el presente litigio se examinan las capturas y su legalización conforme a los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, determinando la ausencia de responsabilidad patrimonial por parte de la Fiscalía General de la Nación ante la legalidad de los procedimientos restrictivos de la libertad cuestionados en la demanda de reparación directa.síntesis automática
También resuelve: ¿Cumplieron las solicitudes y la imposición de medidas de aseguramiento los presupuestos establecidos en los artículos 295, 306, 308 y 310 de la Ley 906 de 2004… ¿La Rama Judicial incurre en responsabilidad patrimonial por el vencimiento del término previsto en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004… ¿Cumplió la Fiscalía General de la Nación el término previsto en la Ley 906 de 2004 para presentar escrito de acusación, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al…
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