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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: las sociedades Industria Harinera de Santander Limitada y Avimol S.A. presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

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Fecha
2024-01-24
Radicado
11001032600020160004101
Número interno
56496
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
CDMB
Demandado
CARLOS OCTAVIO GOMEZ BALLESTEROS, FREDDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: las sociedades Industria Harinera de Santander Limitada y Avimol S.A. presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

Lo que dijo la Sala

En el trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el Tribunal Administrativo de Santander, en segunda instancia, ordenó a la CDMB que restituyera los dineros que las sociedades comerciales, Industria Harinera de Santander Limitada y Avimol S.A., les había cancelado por concepto de una contribución por valorización.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Las órdenes de restablecimiento del derecho dictadas en un proceso de nulidad y restablecimiento no constituyen, por sí mismas, una condena resarcitoria que sustente la acción de repetición, porque no imponen la reparación de un daño antijurídico causado por el Estado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la acción de repetición exige una condena judicial resarcitoria que haya impuesto a la entidad la carga de pagar una suma por un daño antijurídico. Segunda, la suma que la entidad debió restituir correspondía a una contribución por valorización declarada nula, de modo que su devolución no constituye indemnización del daño. Tercera, al no existir condena resarcitoria, el primer presupuesto de la repetición no se cumple y la pretensión no puede prosperar. La providencia niega las pretensiones. La consecuencia práctica es que la devolución de un tributo declarado nulo no abre por sí sola la vía de la repetición contra los servidores que intervinieron en su expedición.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La CDMB acreditó, como presupuesto propio del juicio de repetición, la existencia de una condena judicial resarcitoria, proveniente de a las órdenes judiciales del Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga y del Tribunal Administrativo de Santander, teniendo en cuenta que estas no constituyen, en sí mismas, una condena de índole resarcitorio, en virtud de la cual unos jueces administrativos hayan generado una lesión o afectación patrimonial a la CDMB, por haber causado un daño antijurídico a una víctima?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿El medio de control de repetición como un mecanismo judicial civil, de carácter patrimonial, que debe ejercerse “en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta…
  • ¿Solamente las decisiones condenatorias que impongan a cargo del erario público el cumplimiento de pretensiones resarcitorias dará lugar a ejercer el medio de control de reparación directa?
  • ¿El Consejo de Estado es competente en única instancia para resolver el medio de control de repetición?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

NIEGA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN INEXISTENCIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA ORDEN JUDICIAL ALCANCE DE LA ORDEN JUDICIAL NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN SENTENCIA CONDENATORIA REQUISITOS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PROCESO DE ÚNICA INSTANCIA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Consejo de Estado 2024-08-30 Sección Tercera (Subsección A)
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Titulación de la relatoría 18.072 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / ORDEN JUDICIAL / ALCANCE DE LA ORDEN JUDICIAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La CDMB acreditó, como presupuesto propio del juicio de repetición, la existencia de una condena judicial resarcitoria, proveniente de a las órdenes judiciales del Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga y del Tribunal Administrativo de Santander, teniendo en cuenta que estas no constituyen, en sí mismas, una condena de índole resarcitorio, en virtud de la cual unos jueces administrativos hayan generado una lesión o afectación patrimonial a la CDMB, por haber causado un daño antijurídico a una víctima? Respuesta al problema jurídico: No En el trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el Tribunal Administrativo de Santander, en segunda instancia, ordenó a la CDMB que restituyera los dineros que las sociedades comerciales, Industria Harinera de Santander Limitada y Avimol S.A., les había cancelado por concepto de una contribución por valorización. Luego de efectuar los mencionados pagos, la aludida autoridad administrativa demanda, en sede de repetición, a dos de sus ex servidores públicos que intervinieron en la decisión de decretar dicho tributo, al estimar que aquella determinación fue objeto de una conducta dolosa o gravemente culposa cometida por parte de ellos. (...) el primero de los requisitos para que prospere el medio de control de repetición se centra en demostrar la existencia de una condena judicial resarcitoria que haya impuesto a la entidad estatal la carga de cancelar una suma de dinero. (...) conforme a las pruebas documentales allegadas al expediente, que no fueron controvertidas por la contraparte de quien las aportó, en el proceso se encuentran acreditados los siguientes hechos: El Director General de la CDMB, Fredy Antonio Anaya Martínez, expidió la Resolución número 0640 del 16 de julio de 2003, en la que decretó la contribución por valorización del proyecto “Canalización Quebrada La Iglesia”, que cubrió a los municipios de Bucaramanga y Girón, en el Departamento de Santander. Este acto contenía la firma de Carlos Octavio Gómez Ballesteros, como Secretario General de la entidad. El Director General de la CDMB, Fredy Antonio Anaya Martínez, expidió la Resolución número 00998 del 22 de octubre de 2003, en la que desestimó el recurso de reposición interpuesto por las sociedades Industria Harinera de Santander Limitada y Avimol S.A. en contra de la Resolución número 0640 del 16 de julio del mismo año. Las sociedades Industria Harinera de Santander Limitada y Avimol S.A. presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con la pretensión de que la CDMB anulara los anteriores actos administrativos. El Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga, con sentencia proferida el 30 de septiembre de 201034, declaró la nulidad de la Resolución número 640 de 2003, únicamente en lo que atañe a los mencionados entes societarios, y de la Resolución número 988 del 2003. A título de restablecimiento del derecho, ordenó a la CDMB que reintegrara el dinero, indexado, que las aludidas sociedades hayan cancelado por concepto de contribución por valorización. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Santander, el 7 de febrero de 2013, confirmó el fallo de primera instancia. Visto lo anterior, para esta Sala las órdenes judiciales del Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga y del Tribunal Administrativo de Santander no constituyen, en sí misma, una condena de índole resarcitorio, en virtud de la cual unos jueces administrativos hayan generado una lesión o afectación patrimonial a la CDMB, por haber causado un daño antijurídico a una víctima, sino que obedece a una carga de restituir, es decir, de devolver una suma de dinero que le fue pagada a la parte actora, por concepto de un tributo que fue objeto de anulación, ante la falta de competencia para ordenar dicho cobro; lo que, por ende, resulta improcedente exigir a los demandados algún tipo de reembolso, si a la entidad demandante no le correspondía retener esos montos económicos. Ahora, si bien es cierto que la orden de devolución implicó el ajuste del importe de la fallida contribución, traída a valor presente al momento de dictarse la sentencia (indexación), diferencial que constituyó el eje de la fijación del litigio, debe indicarse que esa fracción dineraria no corresponde a nada distinto que a la acción de devolver la cantidad líquida en el mismo estado adquisitivo que tenía para el momento en que se causó y pagó la exacción anulada, por tanto, esa porción inflacionaria se compadece con el tiempo en que la entidad tuvo a disposición un dinero que jurídicamente no estaba llamada a retener o tomar para sí y, por lo mismo, sigue siendo parte inescindible de la obligación restitutoria, por la cual, el patrimonio de la entidad pública, pese al fallo condenatorio, no se decrece, sino que se recompone. En consecuencia, al no encontrarse satisfecho el presupuesto relacionado con la existencia de una condena judicial resarcitoria a cargo del Estado, y, por ende, no ser procedente acudir el estudio de los demás requisitos del juicio de repetición, la Subsección negará las pretensiones de la demanda promovida por la CDMB. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿El medio de control de repetición como un mecanismo judicial civil, de carácter patrimonial, que debe ejercerse “en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena? Respuesta al problema jurídico: Si El inciso segundo del artículo 90 de la Constitución preceptúa que “[e]n el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de [un daño antijurídico], que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. La Ley 678 de 2001, en su artículo 2°, define el medio de control de repetición como un mecanismo judicial civil, de carácter patrimonial, que debe ejercerse “en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena (…)”. La normatividad aludida revela que la finalidad del medio de control o la acción de repetición consiste en garantizar la protección del patrimonio público, en el sentido de procurar que el Estado obtenga el reintegro o el reembolso del valor de la condena que aquel tuvo que pagar como consecuencia del daño antijurídico causado a la víctima, por cuenta de una conducta gravemente culposa y dolosa cometida por uno de sus agentes. Lo anterior implica que, en este tipo de controversias, al juez administrativo le asiste el deber de constatar que la sentencia fundamento de la demanda de repetición genera un detrimento patrimonial a la entidad pública, por la carga que a esta última se le endilga de pagar una suma de dinero constitutiva de una condena judicial. Las órdenes de las autoridades judiciales que escapen al anterior escenario jurídico, como, por ejemplo, las que aluden a un restablecimiento de derechos sin afectación económica alguna o impongan una devolución o restitución de carácter económico, descartan la prosperidad de las pretensiones en sede de repetición, por un lado, en la medida en que solo se reduce al supuesto en el que el Estado reintegra a su legítimo titular unos recursos que, por virtud de una decisión judicial, no tiene derecho a retener; y, por el otro, porque de no ser así, el juez podría generar un enriquecimiento sin justa causa en favor del Estado, que desnaturalizaría el alcance constitucional del mecanismo judicial de la repetición. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 SENTENCIA CONDENATORIA / REQUISITOS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Solamente las decisiones condenatorias que impongan a cargo del erario público el cumplimiento de pretensiones resarcitorias dará lugar a ejercer el medio de control de reparación directa? Respuesta al problema jurídico: Si [S]olamente las decisiones condenatorias que impongan a cargo del erario público el cumplimiento de pretensiones resarcitorias dará lugar a repetir, porque, en tales casos, el patrimonio de la entidad obligada se ve menguado en proporción al valor que tiene que sacrificar para indemnizar o compensar el perjuicio irrogado, mientras que aquellas decisiones que, aun siendo condenatorias, acojan una pretensión meramente restitutoria no serán pasibles de repetición, dado que, conforme a la definición del diccionario de la Real Academia Española, restituir es apenas el acto de “volver algo a quien lo tenía antes”, situación en la que la afectación patrimonial de quien devuelve lo que había percibido es meramente aparente. PROCESO DE ÚNICA INSTANCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente en única instancia para resolver el medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 200117 . En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para pronunciarse sobre la demanda promovida por la CDMB, comoquiera que, según el artículo 149, numeral 13, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)18, el Consejo de Estado conoce, en única instancia, de las demandas de repetición promovidas en contra de “los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional”, y en este caso, las pretensiones de repetición de la CDMB están dirigidas, entre otro, contra un exdirector general de una corporación autónoma regional, entidad a la que, según la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional19, se le ha otorgado la connotación de “entidad pública del orden nacional”. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿El término para promover el medio de control de reparación directa es de dos (2) años contados a partir del día siguiente al que el organismo hubiera cancelado la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo legal con el que cuenta la administración para el pago de las condenas? Respuesta al problema jurídico: Si El plazo para el ejercicio oportuno del presente medio de control comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001 y el CPACA, pues el pago de la condena judicial resarcitoria impuesta en contra de la demandante ocurrió el dieciséis (6) de mayo de dos mil trece (2013), esto es, antes del plazo legal para tal efecto. De acuerdo con el literal l) del artículo 164 del CPACA, el término para promover el medio de control de reparación directa es de dos (2) años contados a partir del día siguiente al que el organismo hubiera cancelado la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo legal con el que cuenta la administración para el pago de las condenas. En este caso, el cómputo del inicio del plazo bienal corresponde al previsto en el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA), esto es, dieciocho (18) meses, pues el proceso adelantado bajo la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que culminó con la sentencia condenatoria en contra del demandante, fue tramitado bajo esa norma procesal. En este caso se encuentra acreditado que, en virtud de la sentencia proferida el siete (7) de febrero de dos mil trece (2013), el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la decisión, en primera instancia, de condenar a la CDMB a restituir un dinero que había recibido de las sociedades Industria Harinera de Santander Ltda. y Avimol S.A., por concepto de contribución por valorización. De acuerdo con los comprobantes de egresos números 2013001713 y 2013001712 emitidos por la autoridad demandante, y los documentos denominados “estado de pago” provenientes de la entidad financiera “Davivienda”23, los pagos de la mencionada orden judicial se realizaron el dieciséis (16) de mayo de dos mil trece (2013), por las sumas de $39.769.842,77 a favor de Avimol S.A. y de $187.728.881,37 a favor de Industria Harinera de Santander Limitada. En ese orden, como la demanda que inició este contencioso fue radicada el diecinueve (19) de diciembre de dos mil catorce (2014), esto es, dentro del término de dos años contados desde el día siguiente al pago de la condena judicial, que acaeció el diecisiete (17) de mayo de dos mil quince (2015), el ejercicio del medio de control de repetición fue oportuno. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164, LEY 678 DE 2001 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Como en este caso el hecho dañoso origen de la condena ocurrió en el año 2003, la normativa aplicable a los aspectos sustanciales también lo es la Ley 678 de 2001? Respuesta al problema jurídico: Si Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior29, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, “sin perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2° de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)”. Por ende, como en este caso el hecho dañoso origen de la condena ocurrió en el año 2003, la normativa aplicable a los aspectos sustanciales también lo es la Ley 678 de 2001. CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es procedente la condena en costas en única instancia y la fijación de agencias en derecho? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 188 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. En ese orden, el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable al presente proceso por remisión expresa de la misma norma, consagra que se condenará en costas “a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”. El artículo 361 del CGP indicó que las costas se componen de expensas y gastos sufragados en el proceso y agencias en derecho. Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo tercero del Acuerdo No. 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el momento de presentación de la demanda. Respecto de su valor, el numeral 3.1.1 del artículo 6 estableció que, para procesos de única instancia ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pueden ser fijadas en “cuantía: Hasta el quince por ciento (15%) del valor de las pretensiones, reconocidas o negadas en la sentencia”. La Sala, en virtud de la naturaleza, calidad y duración de la gestión de los apoderados de los señores Anaya Martínez y Gómez Ballesteros, considera razonable tasar las agencias en derecho a favor de cada uno de los citados demandados, en una suma equivalente al 0,5% de la pretensión de reembolso. De existir costas en virtud de expensas y gastos sufragados durante el proceso, se procederán a liquidar por Secretaría en el caso de que se hubieren causado. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201600041011100103