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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la prueba del pago en la acción de repetición puede acreditarse con documentos públicos

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Fecha
2022-04-22
Radicado
73001233100020040220301
Número interno
60837
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
MUNICIPIO DE ANZOATEGUI
Demandado
RAMIRO LOPEZ RODRIGUEZ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la prueba del pago en la acción de repetición puede acreditarse con documentos públicos

Regla de decisión

La prueba del pago en la acción de repetición puede acreditarse con documentos públicos.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La prueba del pago en la acción de repetición puede acreditarse con documentos públicos, pues los expedidos por las entidades públicas tienen plena validez y capacidad probatoria, sin perjuicio de la tacha de falsedad o de la controversia que la parte contraria pueda promover. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el pago consiste en la ejecución de la prestación que extingue la obligación, y puede demostrarse por cualquier medio idóneo. La segunda es que las certificaciones firmadas por el tesorero o las constancias de recibido que expiden las entidades públicas son documentos públicos del tipo que el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil reconoce como válidos. En el caso concreto, el municipio demandante aportó una certificación firmada por su tesorero y una constancia de recibido, que demuestran el pago parcial de la suma acordada en la conciliación. El documento reitera un criterio que la Corporación sostiene desde 2013, y no indica que modifique un precedente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La prueba del pago en la acción de repetición puede acreditarse con documentos públicos?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 1400 de 1970, arts. 251 y 262
  • Ley 84 de 1873, arts. 1494, 1625 y 1626

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

En términos generales, el pago implica el cumplimiento concreto de una obligación a cargo de un deudor y consiste en la ejecución de la prestación (artículo 1626 Código Civil), esto es, de una conducta positiva o de abstención – de dar, hacer o no hacer– que goza de relevancia jurídica, dada la capacidad extintiva del vínculo obligacional (artículo 1625 Ibídem) que una persona puede adquirir bien por concurso de su voluntad, por la ocurrencia de un daño a otro o por el apremio de la ley (artículo 1494 del Código Civil).… Desde 2013, esta Corporación ha considerado que los documentos que allegan las entidades públicas a los estrados judiciales son expedidos por ellas mismas, por lo que tienen plena validez y capacidad probatoria, toda vez que la naturaleza de quien lo expide hace que se trate de documentos públicos de aquellos mismos que el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil contempla como probatoriamente válidos.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Titulación de la relatoría 8.127 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA EX ALCALDE / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DINERARIAS / DOCUMENTO PÚBLICO / CONTENIDO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO Problema jurídico: ¿La prueba del pago en la acción de repetición puede acreditarse con documentos públicos? Respuesta al problema jurídico: Si En términos generales, el pago implica el cumplimiento concreto de una obligación a cargo de un deudor y consiste en la ejecución de la prestación (artículo 1626 Código Civil), esto es, de una conducta positiva o de abstención – de dar, hacer o no hacer– que goza de relevancia jurídica, dada la capacidad extintiva del vínculo obligacional (artículo 1625 Ibídem) que una persona puede adquirir bien por concurso de su voluntad, por la ocurrencia de un daño a otro o por el apremio de la ley (artículo 1494 del Código Civil). (…) Desde 2013, esta Corporación ha considerado que los documentos que allegan las entidades públicas a los estrados judiciales son expedidos por ellas mismas, por lo que tienen plena validez y capacidad probatoria, toda vez que la naturaleza de quien lo expide hace que se trate de documentos públicos de aquellos mismos que el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil contempla como probatoriamente válidos. Así, los documentos y certificaciones expedidas por los funcionarios descritos en el artículo 262 ibídem, esto es, aquellos provenientes de los jueces, los notarios, los registradores o los directores de las oficinas públicas y los funcionarios de estas últimas que por ley o reglamento tuvieran asignados como función la expedición de dichos documentos, ostentan la naturaleza de públicos y tienen capacidad probatoria, sin perjuicio de la tacha de falsedad o controversia que en su contra pueda elevar la parte contra quien se aducen. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, 262, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494, 1625, 1626 ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA EX ALCALDE / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CERTIFICACIÓN DEL TESORERO MUNICIPAL / TESORERO MUNICIPAL / PAGO PARCIAL / ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA / PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / DOCUMENTO PÚBLICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO Problema jurídico: ¿Es posible ejercer la acción de repetición para solicitar el reintegro de pagos parciales realizados por la entidad pública en virtud de una condena judicial o una conciliación? Respuesta al problema jurídico: Si El municipio (…) allegó: i) la certificación (…), firmada por el tesorero de ese ente que hace constar el pago (…) y ii) la constancia de recibido por parte de la mencionada señora en la que se hace constar el pago (…). Estos documentos demuestran que el ente territorial demandante efectuó el pago parcial de la suma de dinero acordada en la conciliación (…) pago que si bien se dijo no corresponde a la totalidad de la deuda (…) ello no es impedimento para efectos de continuar con el estudio de los demás presupuestos de la repetición. (…) Así las cosas, para la Sala resulta procedente la acción de repetición por el pago parcial realizado por el municipio demandante. Adicionalmente, en tanto los referidos documentos estuvieron a merced de la parte demandada, no fueron objetados, controvertidos o tachados de falsos y ahora son valorados judicialmente, acreditan el segundo de los requisitos exigidos por el artículo segundo de la Ley 678 del 3 de agosto de 2001, por lo que la Sala continuará con la verificación de la siguiente exigencia para definir la prosperidad de la acción de repetición en cuestión. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la acción de repetición por pagos parciales, ver sentencia del 10 de agosto de 2016, Exp. 37265, C.P. Hernán Andrade Rincón. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE NOMBRAMIENTO / CARGO DE EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / IMPROCEDENCIA DEL NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD / CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿En qué eventos se configura la culpa grave? Respuesta al problema jurídico: Si La conducta que se revisa corresponde a la desplegada por el ex alcalde de Anzoátegui (…), quien, en ejercicio de sus funciones, expidió el Decreto (…) por medio del cual se dejó sin efectos la Resolución (…), a través de la cual se había nombrado en provisionalidad como docente de planta del plantel (…) a la señora. (…) En consecuencia, de la interpretación sistemática de los mandatos funcionales previstos en la Constitución Política, las leyes y los reglamentos y las nociones previstas en el artículo 63 del Código Civil, se colige que la culpa grave de un agente estatal se estructura cuando se acredita que éste desplegó una conducta desprovista de un mínimo de cuidado y diligencia en el ejercicio de sus deberes, al punto que ni siquiera una persona descuidada o “de poca prudencia” la hubiera ejecutado, pues sin la satisfacción de esta última exigencia, podrá tenerse por probado un actuar culposo pero con otra magnitud de reproche (leve o levísima) y, por ende, la responsabilidad del agente no estará comprometida, pues solo la culpa grave y no otra, da lugar a la prosperidad de la acción de repetición. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63 NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA EX ALCALDE / NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD / IMPROCEDENCIA DEL NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD / REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / TRASLADO DEL TRABAJADOR Problema jurídico: ¿Se acreditó la culpa grave del exalcalde demandado en repetición? Respuesta al problema jurídico: Si Ciertamente, en el sub judice, se advierte que por medio del Decreto (…), la señora (…) fue nombrada en propiedad como directora y docente en el Instituto Técnico Agropecuario Juan Carlos Barragán Troncoso. Mientras que mediante la Resolución 070 de esa misma fecha lo fue en provisionalidad como docente de planta del plantel Carlos Blanco Nassar - Satélite de Lisboa. Resulta del caso aclarar que los actos administrativos en mención (Decreto 09/99, Resolución 070/99 y Resolución 071/2000), fueron proferidos por el alcalde de turno quien, para la fecha de expedición de éstos, no era el señor (…) -demandado en este asunto-, sino que lo era la señora (…). Previo a la expedición del Decreto 06 del 24 de enero de 2001, existió una inconsistencia consistente en que en el Decreto 071 del 30 de noviembre de 2000 resolvió revocar la resolución 070 del 8 de febrero de 1999, bajo la motivación de trasladar laboralmente a la señora. (…) En todo caso, para la Sala es claro que para la fecha en que se adelantó la actuación surtida por el entonces alcalde (…), consistente en la expedición del Decreto 06 del 24 de enero de 2001, ya se encontraba sin efectos la Resolución 070 del 8 de febrero de 1999, por disposición del Decreto 071 del 30 de noviembre de 2000. Entonces, endilgar una supuesta conducta gravemente culposa al exagente demandado, resulta a todas luces improcedente, pues salta a la vista que, previo a ello, hubo una serie de fallas que, en últimas, dejan en evidencia que la Resolución 070 del 8 de febrero de 1999 había sido revocada por el Decreto 071 del 30 de noviembre de 2000, más allá de la inconsistencia puesto en evidencia por la Sala.
Texto extraído del PDF oficial 42.064 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022) Radicación: 73001-23-31-000-2004-02203-01 (60.837) Actor: Municipio de Anzoátegui Demandado: Ramiro López Rodríguez Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta Asunto: Sentencia Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos para su procedencia bajo el régimen del Código Contencioso Administrativo / GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA – Procede por cuanto el demandado fue representado por curador ad litem / CULPA GRAVE – Presupuestos. No se acreditó la conducta del agente del Estado. Corresponde a la Sala resolver el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda. El municipio de Anzoátegui llegó a un acuerdo conciliatorio c on la señora Carmenza Montoya Martínez dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se acordó el pago de una indemnización a favor de esta última, derivada de la expedición de un acto administrativo que dejó sin efectos el decreto a través del cual fue nombrada en provisionalidad. Según el actor, este hecho es atribuible, a la conducta gravemente culposa del demandado en su calidad de alcalde municipal del referido ente territorial. Por esta razón, se inició un proceso de repetic ión en contra del señor Ramiro López Rodríguez, con el fin de obtener el reembolso de la suma pagada. SENTENCIA CONSULTADA 1. Corresponde a la sentencia antes indicada, de fecha 30 de noviembre de 20171, cuyas pretensiones, hechos y fundamentos de derecho, son los siguientes: Pretensiones 2. Se solicitó condenar al demandado a pagar la suma de once millones ciento cincuenta mil novecientos ochenta pesos m/cte. ($11’150.980), valor que el 1 Folios 133-149 del cuaderno principal. Radicación: 730012331000200402203 01 (60.837) Actor: Municipio de Anzoátegui Demandado: Ramiro López Rodríguez Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta Asunto: Sentencia 2 municipio de Anzoátegui tuvo que pagar como consecuencia del acuerdo conciliatorio ya referido. Hechos 3. Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que mediante Decreto 06 del 24 de enero de 2001 2, expedido por el entonces alcalde del municipio de Anzoátegui (Tolima), señor Ramiro López Rodríguez, se dejó sin efectos la Resolución 070 del 8 de febrero de 1999 3, a través de la cual se nombró en provisionalidad a la señora Carmenza Montoya Martínez para prestar sus servicios profesionales en el Colegio Carlos Blanco Nassar – Satélite de la Inspección de Lisboa del municipio de Anzoátegui. 4. El 22 de mayo de 2001, la señora mencionada promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Anzoátegui (Tolima), con el fin de que se declarara la nulidad del citado acto administrativo 06 del 24 de enero de 2001, dado que para el momento en que se expidió dicho acto se encontraba en licencia de maternidad, de ahí que su despido resultó injusto. A título de restablecimiento del derecho, pidió el pago de todos los salarios que dejó de percibir desde el día de su retiro del c argo hasta el momento en que fuera reintegrada. 5. En el curso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el alcalde en mención expidió el Decreto 010 del 1 de abril de 2002 4, por medio del cual dejó sin efectos el acto administrativo 06 del 24 de enero de 2001, aduciendo razones jurídicas y de conveniencia reciproca, así como para enmendar su error y no causarle perjuicios injustificados a la funcionaria. En consecuencia, dispuso la inclusión en nómina de la señora Carmenza Montoya Martínez. 6. En audiencia de conciliación judicial llevaba a cabo el 3 de octubre de 2002 5, ante el Tribunal Administrativo del Tolima, las partes acordaron que el municipio de Anzoátegui (Tolima) pagaría a la señora Carmenza Montoya Martínez la suma de doce millones de pesos m/cte. ($12’000.000), los cuales correspondían a once millones trescientos diez mil pesos m/cte. ($11’310.000), por concepto de salarios y prestaciones, y seiscientos noventa mil pesos m/cte. ($690.000) a título de intereses. 7. Mediante auto del 28 de octubre de 20026, el Tribunal Administrativo del Tolima aprobó la conciliación en mención, el cual quedó debidamente ejecutoriado el 6 de noviembre de 2002. 2 Folio 14 del cuaderno 2. 3 Folio 12 del cuaderno 2. 4 Folios 75 y 76 del cuaderno de pruebas. 5 Folios 8 y 9 del cuaderno 1. 6 Folios 10 a 14 del cuaderno 1. Radicación: 730012331000200402203 01 (60.837) Actor: Municipio de Anzoátegui Demandado: Ramiro López Rodríguez Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta Asunto: Sentencia 3 8. El 25 de julio de 2003, el ente territorial pagó la suma de once millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos ochenta pesos m/cte. ($11’150.980), a favor de la citada demandante7. Fundamento de derecho 9. En relación con los presupuestos subjetivos de la acción de repetición, la demandante indicó que el entonces alcalde del municipio de Anzoátegui (Tolima) incurrió en culpa grave, toda vez que con la expedición del acto administrativo 06 del 24 de enero de 2001 se transgredió inexcusablemente la protección jurídica a la maternidad y, por esa razón, dio origen a la condena contra ese ente territorial8. La defensa 10. El 1 de julio de 2005 9, el Juzgado Promiscuo Municipal de Anzoátegui admitió la demanda y ordenó notificar a las partes; sin embargo, en cumplimiento del acuerdo PSAA06-3409/2006 del Consejo Superior de la Judicatura, el 27 de julio de 200610 el proceso fue remitido por competencia a los juzgados administrativos, correspondiéndole por reparto al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué11, el cual, si bien realizó la diligencia de notificación personal, no le fue posible notificar al señor Ramiro López Rodríguez, quien para ese momento había cambiado su lugar de domicilio sin que se supiera el actual lugar de residencia. Como consecuencia de lo anterior, el 5 de febrero de 2009, el Juzgado ordenó emplazar al señor Ramiro López Rodríguez12. 11. Ante la falta de comparecencia del demandado, el 26 de septiembre de 201413, el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Ibagué -al cual le fue remitido el asunto el 5 de julio de 2012 14- designó un curador ad litem, quien fue notificado personalmente del auto admisorio de la demanda el 9 de octubre de 201415. 12. El curador ad litem contestó la demanda y se limitó a indicar que se atenía a lo que resultara probado dentro del proceso16. Los alegatos de conclusión 13. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio17. 7 Según certificación obrante a folio 7 del cuaderno 1. 8 Folios 42 a 51 del cuaderno 1. 9 Folio 71 del cuaderno 1. 10 Folio 75 del cuaderno 1. 11 Folio 76 del cuaderno 1. 12 Folios 82 del cuaderno 1. 13 Folio 139 del cuaderno 1. 14 De conformidad con el acuerdo 056 del 3 de julio de 2012, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura. Folio 123 del cuaderno 1. 15 Folio 143 del cuaderno 1. 16 Folio 145 y 146 del cuaderno 1. Radicación: 730012331000200402203 01 (60.837) Actor: Municipio de Anzoátegui Demandado: Ramiro López Rodríguez Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta Asunto: Sentencia 4 La decisión 14. Mediante sentencia del 3 de marzo de 201718, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Ibagué -al cual le fue remitido el proceso en virtud de un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura- accedió a las pretensiones de la demanda. 15. El 6 de abril de 2017 19 el proceso fue remitido al Tribunal Administrativo del Tolima para que surtiera el grado jurisdiccional de consulta de la mentada decisión; no obstante, esa Corporación, mediant e auto del 9 de mayo de 2017 20, declaró la nulidad de la sentencia consultada, por haber sido proferida con falta de competencia funcional y, como consecuencia, ordenó el reparto del asunto a los magistrados de ese Tribunal. 16. Mediante sentencia del 30 de noviembre de 201721, el Tribunal Administrativo del Tolima condenó patrimonialmente al señor Ramiro López Rodríguez y le ordenó reintegrar a la entidad territorial demandante la suma de veinte millones quinientos setenta y cuatro mil ochocientos veinticuat ro pesos con dieciocho centavos ($20’574.824,18) m/cte. 17. Al respecto, sostuvo que, en su calidad de alcalde municipal, actuó de manera gravemente culposa al dejar sin efectos la Resolución 070 del 8 de febrero de 1999, a través de la cual se nombró en prov isionalidad a una funcionaria, quien gozaba de especial protección jurídica debido a su estado de maternidad, hecho que generó una condena patrimonial contra el Estado. TRÁMITE DE LA CONSULTA 18. El 22 de enero de 2018 22, el Tribunal Administrativo del Tolima remitió el expediente a esta Corporación para que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta previsto en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, dado que ninguna de las partes apeló la decisión proferida en primera instancia y el demandado se encontraba representado por curador ad litem. 19. Mediante proveído del 23 de febrero de 2018, el Magistrado Ponente de la época resolvió tramitar el grado jurisdiccional de consul

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=730012331000200402203011100103