CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 73001-23-31-000-2004-02203-01 (60.837)
Actor: Municipio de Anzoátegui
Demandado: Ramiro López Rodríguez
Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta
Asunto: Sentencia
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos para su procedencia bajo el
régimen del Código Contencioso Administrativo / GRADO JURISDICCIONAL DE
CONSULTA – Procede por cuanto el demandado fue representado por curador ad
litem / CULPA GRAVE – Presupuestos. No se acreditó la conducta del agente del
Estado.
Corresponde a la Sala resolver el grado jurisdiccional de consulta respecto de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, a través de la cual
accedió a las pretensiones de la demanda.
El municipio de Anzoátegui llegó a un acuerdo conciliatorio c on la señora
Carmenza Montoya Martínez dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que se acordó el pago de una indemnización a favor de esta
última, derivada de la expedición de un acto administrativo que dejó sin efectos el
decreto a través del cual fue nombrada en provisionalidad. Según el actor, este
hecho es atribuible, a la conducta gravemente culposa del demandado en su
calidad de alcalde municipal del referido ente territorial. Por esta razón, se inició un
proceso de repetic ión en contra del señor Ramiro López Rodríguez, con el fin de
obtener el reembolso de la suma pagada.
SENTENCIA CONSULTADA
1. Corresponde a la sentencia antes indicada, de fecha 30 de noviembre de
20171, cuyas pretensiones, hechos y fundamentos de derecho, son los siguientes:
Pretensiones
2. Se solicitó condenar al demandado a pagar la suma de once millones ciento
cincuenta mil novecientos ochenta pesos m/cte. ($11’150.980), valor que el
1 Folios 133-149 del cuaderno principal.
Radicación: 730012331000200402203 01 (60.837)
Actor: Municipio de Anzoátegui
Demandado: Ramiro López Rodríguez
Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta
Asunto: Sentencia
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municipio de Anzoátegui tuvo que pagar como consecuencia del acuerdo
conciliatorio ya referido.
Hechos
3. Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que mediante
Decreto 06 del 24 de enero de 2001 2, expedido por el entonces alcalde del
municipio de Anzoátegui (Tolima), señor Ramiro López Rodríguez, se dejó sin
efectos la Resolución 070 del 8 de febrero de 1999 3, a través de la cual se
nombró en provisionalidad a la señora Carmenza Montoya Martínez para prestar
sus servicios profesionales en el Colegio Carlos Blanco Nassar – Satélite de la
Inspección de Lisboa del municipio de Anzoátegui.
4. El 22 de mayo de 2001, la señora mencionada promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el municipio de Anzoátegui (Tolima), con el fin
de que se declarara la nulidad del citado acto administrativo 06 del 24 de enero de
2001, dado que para el momento en que se expidió dicho acto se encontraba en
licencia de maternidad, de ahí que su despido resultó injusto. A título de
restablecimiento del derecho, pidió el pago de todos los salarios que dejó de
percibir desde el día de su retiro del c argo hasta el momento en que fuera
reintegrada.
5. En el curso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el alcalde en
mención expidió el Decreto 010 del 1 de abril de 2002 4, por medio del cual dejó
sin efectos el acto administrativo 06 del 24 de enero de 2001, aduciendo razones
jurídicas y de conveniencia reciproca, así como para enmendar su error y no
causarle perjuicios injustificados a la funcionaria. En consecuencia, dispuso la
inclusión en nómina de la señora Carmenza Montoya Martínez.
6. En audiencia de conciliación judicial llevaba a cabo el 3 de octubre de 2002 5,
ante el Tribunal Administrativo del Tolima, las partes acordaron que el municipio
de Anzoátegui (Tolima) pagaría a la señora Carmenza Montoya Martínez la suma
de doce millones de pesos m/cte. ($12’000.000), los cuales correspondían a once
millones trescientos diez mil pesos m/cte. ($11’310.000), por concepto de salarios
y prestaciones, y seiscientos noventa mil pesos m/cte. ($690.000) a título de
intereses.
7. Mediante auto del 28 de octubre de 20026, el Tribunal Administrativo del Tolima
aprobó la conciliación en mención, el cual quedó debidamente ejecutoriado el 6
de noviembre de 2002.
2 Folio 14 del cuaderno 2.
3 Folio 12 del cuaderno 2.
4 Folios 75 y 76 del cuaderno de pruebas.
5 Folios 8 y 9 del cuaderno 1.
6 Folios 10 a 14 del cuaderno 1.
Radicación: 730012331000200402203 01 (60.837)
Actor: Municipio de Anzoátegui
Demandado: Ramiro López Rodríguez
Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta
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8. El 25 de julio de 2003, el ente territorial pagó la suma de once millones ciento
cincuenta y cinco mil novecientos ochenta pesos m/cte. ($11’150.980), a favor de
la citada demandante7.
Fundamento de derecho
9. En relación con los presupuestos subjetivos de la acción de repetición, la
demandante indicó que el entonces alcalde del municipio de Anzoátegui (Tolima)
incurrió en culpa grave, toda vez que con la expedición del acto administrativo 06
del 24 de enero de 2001 se transgredió inexcusablemente la protección jurídica a
la maternidad y, por esa razón, dio origen a la condena contra ese ente territorial8.
La defensa
10. El 1 de julio de 2005 9, el Juzgado Promiscuo Municipal de Anzoátegui admitió
la demanda y ordenó notificar a las partes; sin embargo, en cumplimiento del
acuerdo PSAA06-3409/2006 del Consejo Superior de la Judicatura, el 27 de julio
de 200610 el proceso fue remitido por competencia a los juzgados administrativos,
correspondiéndole por reparto al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Ibagué11, el cual, si bien realizó la diligencia de notificación personal, no le fue
posible notificar al señor Ramiro López Rodríguez, quien para ese momento había
cambiado su lugar de domicilio sin que se supiera el actual lugar de residencia.
Como consecuencia de lo anterior, el 5 de febrero de 2009, el Juzgado ordenó
emplazar al señor Ramiro López Rodríguez12.
11. Ante la falta de comparecencia del demandado, el 26 de septiembre de
201413, el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Ibagué
-al cual le fue remitido el asunto el 5 de julio de 2012 14- designó un curador ad
litem, quien fue notificado personalmente del auto admisorio de la demanda el 9
de octubre de 201415.
12. El curador ad litem contestó la demanda y se limitó a indicar que se atenía a
lo que resultara probado dentro del proceso16.
Los alegatos de conclusión
13. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio17.
7 Según certificación obrante a folio 7 del cuaderno 1.
8 Folios 42 a 51 del cuaderno 1.
9 Folio 71 del cuaderno 1.
10 Folio 75 del cuaderno 1.
11 Folio 76 del cuaderno 1.
12 Folios 82 del cuaderno 1.
13 Folio 139 del cuaderno 1.
14 De conformidad con el acuerdo 056 del 3 de julio de 2012, proferido por el Consejo Superior de la
Judicatura. Folio 123 del cuaderno 1.
15 Folio 143 del cuaderno 1.
16 Folio 145 y 146 del cuaderno 1.
Radicación: 730012331000200402203 01 (60.837)
Actor: Municipio de Anzoátegui
Demandado: Ramiro López Rodríguez
Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta
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La decisión
14. Mediante sentencia del 3 de marzo de 201718, el Juzgado Doce Administrativo
del Circuito de Ibagué -al cual le fue remitido el proceso en virtud de un acuerdo
del Consejo Superior de la Judicatura- accedió a las pretensiones de la demanda.
15. El 6 de abril de 2017 19 el proceso fue remitido al Tribunal Administrativo del
Tolima para que surtiera el grado jurisdiccional de consulta de la mentada
decisión; no obstante, esa Corporación, mediant e auto del 9 de mayo de 2017 20,
declaró la nulidad de la sentencia consultada, por haber sido proferida con falta de
competencia funcional y, como consecuencia, ordenó el reparto del asunto a los
magistrados de ese Tribunal.
16. Mediante sentencia del 30 de noviembre de 201721, el Tribunal Administrativo
del Tolima condenó patrimonialmente al señor Ramiro López Rodríguez y le
ordenó reintegrar a la entidad territorial demandante la suma de veinte millones
quinientos setenta y cuatro mil ochocientos veinticuat ro pesos con dieciocho
centavos ($20’574.824,18) m/cte.
17. Al respecto, sostuvo que, en su calidad de alcalde municipal, actuó de manera
gravemente culposa al dejar sin efectos la Resolución 070 del 8 de febrero de
1999, a través de la cual se nombró en prov isionalidad a una funcionaria, quien
gozaba de especial protección jurídica debido a su estado de maternidad, hecho
que generó una condena patrimonial contra el Estado.
TRÁMITE DE LA CONSULTA
18. El 22 de enero de 2018 22, el Tribunal Administrativo del Tolima remitió el
expediente a esta Corporación para que se surtiera el grado jurisdiccional de
consulta previsto en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, dado
que ninguna de las partes apeló la decisión proferida en primera instancia y el
demandado se encontraba representado por curador ad litem.
19. Mediante proveído del 23 de febrero de 2018, el Magistrado Ponente de la
época resolvió tramitar el grado jurisdiccional de consul
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