Titulación de la relatoría 27.789 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / FIRMA DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Conforme al momento de la presentación de la demanda, en el caso concreto, cuando ya se había adjudicado y firmado el contrato, procedía la acción de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las normas de derecho procesal –por regla general– son de aplicación inmediata, pero solo rigen hacia el futuro. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios no tienen carácter retroactivo, porque prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir, salvo los eventos excepcionales y taxativos que señaló la ley (art. 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 626 CGP). Según el artículo 87 CCA, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998 y vigente al momento de la presentación de la demanda –3 de septiembre de 2004–, los actos administrativos proferidos antes de la celebración del contrato –con ocasión de la actividad contractual– podían ser demandados mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, una vez celebrado el contrato, la ilegalidad de esos actos solamente podía invocarse como fundamento de la nulidad absoluta del contrato. Está acreditado que el 9 de agosto de 2004 –por Resolución (...) el Ejército Nacional adjudicó el contrato a la Unión Temporal (...). Las partes celebraron el contrato ese mismo día (...). Como la demanda se presentó después de celebrado el contrato –3 de septiembre de 2004–, la vía procesal procedente para solicitar la nulidad del acto de adjudicación y del contrato era la acción de controversias contractuales.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 626, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32
DEMANDA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿La demanda de los actos precontractuales fue presentada antes de los treinta días siguientes a su notificación y la nulidad del contrato se solicitó dentro de los dos años siguientes a su perfeccionamiento, esto es de forma oportuna?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 87 CCA, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, los actos proferidos antes de la celebración del contrato debían ser demandados dentro de los treinta días siguientes a su notificación, comunicación o publicación. Una vez celebrado el contrato, la nulidad absoluta debía solicitarse dentro de los dos años siguientes a su perfeccionamiento o en un término igual al de vigencia del contrato –si era superior–, sin que en ningún caso excediera cinco años (art. 136.10.e CCA) . La demanda fue formulada en tiempo –3 de septiembre de 2004–, pues se presentó dentro de los dos años siguientes al perfeccionamiento del contrato –9 de agosto de 2004–
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el término de caducidad de la acción de controversias contractuales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 1 de abril de 2009, exp. 36124 [fundamento jurídico I], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 819-820, disponible en https://cutt.ly/OQ9KFJH.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL E, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Tienen valor probatorio las copias simples adjuntadas a la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, exp. 26984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.
DOCUMENTO AUTÉNTICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO AUTÉNTICO / DOCUMENTO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO / AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO / DOCUMENTO PRIVADO / DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Los documentos pueden ser publicos o privados, del primero se presume su autenticidad y el mérito probatorio de los mismoslo asigna el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art 187 CPC).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 277, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 279, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 243
TÉRMINOS DE REFERENCIA / ADENDA A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA / MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA / ACTO PRECONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Se presume la legalidad de los términos de referencia y sus adendas, frente a los que la parte demandante no presentó pretensiones y cargos de nulidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala dividirá el estudio de legalidad de ese acto en dos secciones: (i) ilegalidad de las modificaciones a los términos de referencia (...) El pliego de condiciones, como acto jurídico prenegocial con carácter vinculante y obligatorio para los partícipes del proceso, únicamente puede ser objeto de modificaciones en las oportunidades previstas en el estatuto contractual, esto es, con antelación al cierre del proceso. Después de presentadas las ofertas, la Administración no puede modificar las reglas previstas en el pliego de condiciones, sino únicamente interpretarlas. Los pliegos son, pues, intangibles, inalterables e inmodificables a partir de ese momento. Las estipulaciones de los pliegos de condiciones o términos de referencia –incluidas sus adendas– que contravengan el ordenamiento jurídico comprometen su validez y, en consecuencia, la responsabilidad. Incluso, serán ineficaces "de pleno derecho" en los eventos del artículo 24.5 de la Ley 80. (...) Según la demanda, la Administración no podía modificar los plazos del procedimiento de contratación directa y la entidad profirió adendas para aplazar el cierre del proceso de selección. Sostuvo que el Ejército Nacional también modificó los requisitos técnicos y que esa circunstancia no permitió una selección objetiva. (...) La parte demandante no formuló pretensiones de nulidad contra los términos de referencia, ni sus adendas, sino únicamente contra el acto de adjudicación. (...) Aunque los términos de referencia y el acto de adjudicación hacen parte de la etapa de formación de la voluntad de la Administración, son actos administrativos independientes. El acto administrativo, como declaración unilateral de la administración, en ejercicio de función administrativa, produce efectos jurídicos por sí mismo sobre el asunto que trata y, por ello, es vinculante y está revestido de presunción de legalidad (artículo 66 CCA hoy retomado por el art 88 CPACA, en consonancia con el inciso segundo del artículo 4 CN). Como la actividad contractual del Estado solo por excepción constituye «función administrativa» en las materias particularmente reguladas por la Ley 80 (art. 13), solo por excepción se expiden actos administrativos. Como los términos de referencia y sus adendas están revestidos de presunción de legalidad, correspondía al demandante formular pretensiones y cargos de nulidad contra esos actos, para que fuera procedente su estudio de legalidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las modificaciones al pliego de condiciones, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de mayo de 1999, exp. N12344 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 181, disponible en https://cutt.ly/OQ9KFJH. (...) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de abril de 2006, exp. 16041 [fundamentos jurídicos 4.1.3 y 4.2.3. b)], sentencia del 3 de diciembre de 2007, exp. 16503 [fundamento jurídico 2], sentencia del 14 de octubre de 2011, exp. 20811 [fundamento jurídico 7] en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 183, 186 y 499-500, respectivamente, disponible en https://cutt.ly/OQ9KFJH
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 4, DECRETO 2170 DE 2002 - ARTÍCULO 10, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 66, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1625, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40
TÉRMINOS DE REFERENCIA / MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA / FALTA DE PRUEBA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / INEFICACIA DE PLENO DERECHO
Problema jurídico:
¿Se demostró que las reglas sobre modificación de los plazos contenidas en los términos de referencia fueron injustas, oscuras o incompletas y no se hicieron en el término previsto en esos términos, y son contrarias al artículo 24.5 de la Ley 80 de 1993 sobre el principio de selección objetiva y, por ende, son ineficaces de pleno derecho?
Respuesta al problema jurídico: No
Según la demanda, la modificación de los plazos del cronograma de la contratación directa en las adendas a los términos de referencia impedía una selección objetiva, pues la Sección 1.3 de los mismos expresamente lo prohibía –salvo por fuerza mayor o caso fortuito–. (...) Las Secciones 1.3 y 1.8, los términos de referencia regularon dos plazos distintos: los plazos para la entrega del objeto del contrato, que no podían ser modificados salvo por fuerza mayor y caso fortuito, y los plazos de la convocatoria directa, que, al igual que las demás estipulaciones de los términos de referencia, podían ser modificados hasta antes del vencimiento del plazo para entregar las propuestas. La prohibición de modificar los plazos prevista en la Sección 1.3 se refería a las fechas para la entrega de los elementos objeto de la contratación –plazos del contrato– y no, como lo alega la parte demandante, a las fechas del cronograma de la contratación directa. La Sección 1.6 no limitó la posibilidad de modificar el cronograma de la contratación directa. La Sección 1.8, a su turno, reguló cuál era el procedimiento y el límite temporal para modificar los términos de referencia. De ahí que, conforme a las reglas del proceso de selección, era claro que la entidad podía hacer modificaciones a los términos de referencia hasta antes del cierre del proceso. Como no se demostró que las reglas sobre modificación de los plazos contenidas en los términos de referencia fueron injustas, oscuras o incompletas y se hicieron en el término previsto en esos términos, no son contrarias al artículo 24.5 de la Ley 80 de 1993 y, por ende, no son «ineficaces de pleno derecho».
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5
TÉRMINOS DE REFERENCIA / MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA / PROPONENTE / EXPERIENCIA CONTRACTUAL DEL PROPONENTE / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / ADENDA A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
Problema jurídico:
¿Se demostró que el Ejército Nacional modificó los requisitos técnicos de los términos de referencia para favorecer a algunos proponentes?
Respuesta al problema jurídico: No
Según la demanda, el Ejército Nacional también modificó los requisitos técnicos, para favorecer a algunos proponentes y esa circunstancia no permitió una selección objetiva (...) Las comunicaciones enviadas por posibles oferentes son documentos privados de carácter declarativo conforme a los artículos 252 y 277 CPC [núm. 7]. Su contenido acredita que, antes de que se cerrara el proceso de selección, algunas firmas interesadas le solicitaron a la entidad que reconsiderara el requisito de experiencia, pues impedía la participación de muchos proponentes. Las comunicaciones cruzadas entre la entidad y los oferentes acreditan que las modificaciones a los términos de referencia en estos aspectos tuvieron como propósito permitir una mayor participación de oferentes. Todo lo cual es consonante con la competencia y la libre concurrencia, postulados esenciales de la Ley 80 de 1993. Como no se demostró que las adendas a los términos de referencia relacionadas con aspectos técnicos –contratos ejecutados– hubieran previsto reglas subjetivas, injustas, oscuras e incompletas, que impidieran la confección de ofrecimientos y la escogencia objetiva, no se configura infracción del artículo 24.5 de la Ley 80 de 1993
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 277 NUMERAL 7, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5
PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / LICITACIÓN PÚBLICA / CONTRATACIÓN DIRECTA / PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / ESTUDIOS PREVIOS EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA / OBLIGACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA / PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA
Problema jurídico:
¿La selección objetiva es un deber en la actividad contractual de la Administración, que orienta todos los procesos de selección –entre ellos la licitación pública y la contratación directa- e implica la escogencia de la oferta más favorable a la entidad y a sus fines, sin que medien factores subjetivos, con fundamento en los factores de escogencia previstos en los pliegos de condiciones o en el análisis previo a la suscripción del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Deber de selección objetiva en la Ley 80 de 1993: cumplimiento de los requisitos de los términos de condiciones (...) Los procedimientos de selección buscan asegurar la selección objetiva, es decir, desprovista de arbitrariedad, con arreglo a unos requisitos y procedimientos previamente establecidos para lograr –y esto es lo más importante– que el contrato se celebre con el oferente más favorable a la entidad. Así lo previó nuestra legislación desde las primeras normas sobre contratación pública (artículos 9, 13, 21 y 27 de la Ley 110 de 1912) y lo ha reconocido de vieja data esta Corporación, al resaltar la importancia de la licitación pública (...) . El numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 , vigente al momento de los hechos, disponía que la escogencia del contratista debía hacerse siempre a través de los procedimientos reglados de licitación y concurso público, excepto cuando el mismo precepto autorizara la contratación directa, por ejemplo, en la contratación de menor cuantía. De modo que la licitación o el concurso público constituye la regla general para la selección de contratistas y la contratación directa, la excepción . La licitación pública es, pues, el procedimiento de selección por excelencia de contratistas. La licitación pública, conforme al artículo 30 de la Ley 80, es un mecanismo de convocatoria pública que garantiza la libre concurrencia, la igualdad de condiciones y que la entidad pública escoja la oferta más favorable. Todo ello con estricta sujeción a un pliego de condiciones. La licitación pública busca –y ello es lo más determinante– (i) mejorar la situación administrativa para negociar; (ii) quitarle al negocio todo viso de clandestinidad y discrecionalidad y (iii) que lo satisfactorio o no de la propuesta dependa de que se ajuste o no al pliego. La licitación es un procedimiento público, un acto reglado que fija factores objetivos, para que nada quede al arbitrio o capricho de la Administración. La licitación es, pues, un procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que los interesados presenten sus ofertas en igualdad de condiciones y seleccione a la más favorable (parágrafo, art. 30 Ley 80). La Sala reitera que la licitación pública es un procedimiento reglado en el que la Administración hace una invitación y selecciona –previo el cumplimiento de unas etapas– la oferta más favorable para los fines de la contratación, con fundamento en unas condiciones determinadas previamente. El procedimiento está definido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y las reglas que regulan sus diferentes etapas vinculan tanto a la Administración como a los proponentes. Por su parte, la contratación directa es un mecanismo de selección que permite a las entidades públicas celebrar contratos sin necesidad de realizar previamente un proceso de licitación pública en los eventos expresamente previstos en la ley (art. 24 Ley 80 de 1993). La contratación directa autoriza a la Administración a celebrar contratos –de forma rápida y sencilla–, para la adquisición de bienes que por su cuantía, naturaleza o urgencia no requieren o admiten etapas y términos extensos . Aunque la contratación directa busca dotar de mayor agilidad y brevedad al procedimiento, no puede ignorar los principios que rige la actividad contractual de la Administración (art. 23), en particular los de transparencia (art. 24) y selección objetiva, pues también busca que se elija a la mejor de las propuestas. En otras palabras, es un instrumento que busca permitir soluciones en el menor tiempo posible, pero debe garantizar la vigencia de los principios capitales que gobiernan la materia. La Ley 80 de 1993 no reguló el procedimiento para la contratación directa, pero ordenó al Gobierno Nacional expedir un reglamento que garantizara y desarrollara los principios de economía, transparencia y selección objetiva de esa modalidad de selección (art. 24 parágrafo 2). El Decreto 855 de 1994 –vigente al momento de los hechos– reglamentó parcialmente la contratación directa y previó que la selección del contratista debía garantizar el cumplimiento de los principios de economía, transparencia y, en especial, el deber de selección objetiva previstos en la Ley 80 de 1993. La reglamentación de la contratación directa ha sido objeto de varias reformas –Decreto 2170 de 2002, Decreto 066 de 2008, Decreto 2474 de 2008, Decreto 734 de 2012 y Decreto 1510 de 2013, entre otros– y hoy se encuentra contenida en el Decreto 1082 de 2015. (...) La selección objetiva es un deber en la actividad contractual de la Administración, que orienta todos los procesos de selección –entre ellos la licitación pública y la contratación directa–. Además, es un instrumento fundamental de la contratación estatal, pues permite la escogencia de la mejor oferta para el cumplimiento de los fines estatales (art. 3). Discrecionalidad y selección objetiva son conceptos excluyentes y, por ello, la escogencia es más o menos reglada, según la modalidad de selección. Según el artículo 29 de la Ley 80 de 1993 –vigente al momento de los hechos–, la selección es objetiva cuando se escoge la oferta más favorable a la entidad y a sus fines, sin que medien factores subjetivos. El ofrecimiento más favorable es aquel que es más ventajoso para la entidad, con fundamento en los factores de escogencia previstos en los pliegos de condiciones o en el análisis previo a la suscripción del contrato –contratación directa–, sin que se tengan en cuenta factores diferentes a los contenidos en dichos documentos o sólo alguno de ellos. Para escoger la oferta más favorable, la Administración debe comparar los ofrecimientos recibidos y consultar los precios o condiciones del mercado y los estudios de la entidad o de los organismos consultores designados. La Administración en la contratación estatal –en todos los procedimientos y modalidades– debe respetar los criterios de selección objetiva fijados previamente para la escogencia del contratista. El contrato debe ser adjudicado al proponente que haya presentado la mejor propuesta, la cual será evaluada por la entidad con fundamento en las condiciones que rigen el proceso de selección –pliegos de condiciones o términos de referencia–.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la importancia de la licitación pública para cumplir con la selección objetiva, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, exp. SCA 1916-05-15 del 15 de mayo de 1916 [fundamento jurídico párr. 19 y 24].
FUENTE FORMAL:
LEY 110 DE 1912 - ARTÍCULO 13, LEY 110 DE 1912 - ARTÍCULO 21, LEY 110 DE 1912 - ARTÍCULO 27, LEY 110 DE 1912 - ARTÍCULO 9, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 29, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30
PROPONENTE / INFORMACIÓN DEL PROPONENTE / PROPUESTA DEL PROPONENTE / REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES / TÉRMINOS DE REFERENCIA / INFORMACIÓN FINANCIERA / DECLARACIÓN DE RENTA / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿Se acreditó que la información de un proponente cuya información del balance general no era coincidente con la declaración de renta y con el registro de proponentes implicaba una irregularidad en las propuestas o era falsa o estaba alterada?
Respuesta al problema jurídico: No
Según la demanda, el proponente vencedor –Unión Temporal OB1– no cumplió los requisitos financieros de relación de endeudamiento. Alegó que el balance general presentado por uno de los miembros de esa unión temporal no era coincidente con la declaración de renta y con el registro único de proponentes presentado y que el nivel de endeudamiento era mayor a 0.80. (...) Los términos de referencia expresamente regularon qué debían hacer los proponentes si la información contenida en los balances generales no era igual a la de la declaración de renta y al RUP. Esa diferencia no implicaba una irregularidad en las propuestas y, por lo mismo, los revisores fiscales de la Cooperativa Coaces aclararon –mediante notas explicativas– a qué se debía. La entidad encontró fundada la diferencia en la información y, tal y como lo disponían los términos de referencia, hizo la evaluación del nivel de endeudamiento de los miembros de la unión temporal con base en el balance general del año 2003. Según el resultado de esa operación, el nivel de endeudamiento de cada miembro de la unión temporal era inferior a 0.80, lo que los habilitaba a seguir en el proceso de selección. No quedó acreditado en el trámite de la contratación directa ni en este proceso que la información suministrada por la Unión Temporal OB1 respecto de los balances generales fuera falsa o estuviera alterada. La Administración no podía rechazar la propuesta de la Unión Temporal OB1, porque su información fuera «inexacta» o «falsa», sin pruebas de esas afirmaciones. Además, los mismos términos de referencia aceptaban la posibilidad de diferencias en las cifras y determinaban el modo de aclararlas. Como la decisión del Ejército Nacional de habilitar la propuesta de la Unión Temporal OB1, en cuanto al aspecto financiero y de endeudamiento, se ajustó a lo regulado por los términos de referencia, no se acreditó que fuera contraria al deber de selección objetiva.
FALTA DE PRUEBA / REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OFERTA / CONDICIONES DE LA OFERTA / PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA / PROPUESTA DEL PROPONENTE / EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA OFERTA / VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE
Problema jurídico:
¿Acreditó la demandante que la oferta presentada por la proponente ganadora incumpliera los requisitos técnicos relacionados con las muestras de laboratorio?
Respuesta al problema jurídico: No
Según la demanda, la Unión Temporal OB1 no cumplía con los requisitos técnicos de la muestra de laboratorio. Alegó que la unión temporal adjuntó los resultados de laboratorio de una muestra que se había tomado para una licitación pública que no podía ser presentada. Conforme a la Sección 3.5 de los términos de referencia, las ofertas en el sobre n°. 1 debían traer la certificación de las características técnicas del material ofertado, emitido por el laboratorio de calidad de la Brigada de Apoyo Logístico u otro laboratorio, cumpliendo los lineamientos establecidos en el anexo n°. 1. Según la adenda n°. 1 a los términos de referencia (...) Los términos de condiciones autorizaban a las firmas que se habían presentado a la licitación pública –que precedió la contratación directa n°. 11 de 2004– a adjuntar los informes de las muestras que habían presentado. Conforme a las pruebas, el Ejército Nacional determinó que la muestra del 6 de junio de 2004 había sido presentada por los miembros de la unión temporal en el proceso de licitación que antecedió la contratación directa y que cumplía los requisitos técnicos. La parte demandante no desvirtuó esa afirmación, pues no probó que los miembros de la Unión Temporal OB1 no participaron en ese proceso de selección, ni que la muestra entregada no correspondía a la licitación adelantada con anterioridad. De modo que, la Sala no encuentra acreditado que la oferta presentada por la Unión Temporal OB1 incumpliera los requisitos técnicos relacionados con las muestras de laboratorio. Por el contrario, lo probado acredita que presentó una prueba de laboratorio ya avalada por la entidad contratante.
ACTO PRECONTRACTUAL / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Acreditó la parte demandante que el acto de adjudicación fuera nulo?
Respuesta al problema jurídico: No
Según el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA, quien alega la ilegalidad de un acto debe demostrar que se configura la causal respectiva invocada en la demanda. Como la parte demandante no acreditó que el acto de adjudicación fuera nulo, la Sala confirmará la sentencia apelada y negará las pretensiones.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 168, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267