Lo que dijo la Sala
La liquidación de los contratos estatales se define como aquella actuación posterior a la terminación normal o anormal del contrato, mediante la cual se busca determinar si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo o en favor de cada una de las partes, para, de ésta forma, realizar un balance final o un corte definitivo de las cuentas derivadas de la relación negocial, definiéndose quién le debe a quién y cuanto, es decir, que con dicha actuación se finiquita y se obtiene el paz y salvo de la relación negocial. La liquidación judicial es así el balance o corte de cuentas económico que realiza el juez sobre un determinado contrato estatal dentro de un proceso judicial y, que sólo resulta procedente en tanto no se haya realizado la liquidación bilateral, ni unilateral del respectivo contrato estatal celebrado.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Titulación de la relatoría 7.808 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA EN EL TIEMPO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Procede la liquidación del contrato estatal en sede judicial ante la no liquidación del mismo ni bilateral ni unilateralmente?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a liquidación de los contratos estatales se define como aquella actuación posterior a la terminación normal o anormal del contrato, mediante la cual se busca determinar si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo o en favor de cada una de las partes, para, de ésta forma, realizar un balance final o un corte definitivo de las cuentas derivadas de la relación negocial, definiéndose quién le debe a quién y cuanto, es decir, que con dicha actuación se finiquita y se obtiene el paz y salvo de la relación negocial. La liquidación judicial es así el balance o corte de cuentas económico que realiza el juez sobre un determinado contrato estatal dentro de un proceso judicial y, que sólo resulta procedente en tanto no se haya realizado la liquidación bilateral, ni unilateral del respectivo contrato estatal celebrado. Ahora bien, en el contrato interadministrativo núm. 326 de 1997, las partes contractuales convinieron, en la cláusula decimoprimera, que efectuarían la liquidación de dicha relación jurídica siguiendo el régimen general establecido en la Ley 80 de 1993. No obstante, se observa que no existió liquidación bilateral ni unilateral de dicho contrato. En este orden de ideas, es procedente su liquidación en sede judicial.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la liquidación del contrato estatal, consultar sentencia del 4 de junio de 2008; Exp. 16293, del 20 de noviembre de 2008; Exp. 1731, del 18 de mayo de 2017; Exp. 57864, del 28 de octubre de 2019; Exp. 29054, del 12 de diciembre de 2019; Exp. 61614 y del 14 de febrero de 2019, expediente 59727.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993
DOCUMENTO PÚBLICO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO / CONCEPTO DE DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / SISTEMA DE SANA CRÍTICA / REINTEGRO DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Procede el reintegro de dineros correspondiente a un mayor valor devuelto y que no hacia parte del contrato interadministrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien, los documentos públicos (…) hacen fe de las declaraciones en ellos se haga (artículo 264, CPC), esto no puede predicarse de dicho medio de prueba cuando se presenta contradicción entre documentos de la misma naturaleza, ya que, por imperativo de la lógica —que guía la valoración probatoria conforme a la sana crítica— nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. En este caso, los oficios 1487 y TGD 2672 del Secretario de Infraestructura del Tesorero del Departamento —que este ente refiere en la apelación como sustento de la existencia de un saldo a su favor— no son más que unos de varios documentos públicos, sin soporte adicional, en los que se manifestó la diferencia entre las partes sobre los fondos que debían ser reembolsados. Con ellos, los documentos públicos emanados de funcionarios departamentales no solo entran en contradicción con lo afirmado en los emitidos por funcionarios del INVIAS, sino que también entran en contradicción con lo dicho previamente por el mismo tesorero departamental, quien había manifestado que el INVIAS había pagado los $3.032’561.669,43 del contrato interadministrativo núm. 326 de 1997, siendo esta una afirmación que sí se soportó, en su momento, en documentos que daban cuenta de los pagos realizados por el INVIAS. En este orden de ideas, se impone una respuesta negativa al primer problema jurídico, ya que el departamento demandado no cumplió con la carga de probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persigue, conforme al artículo 177 del CPC.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264, 177
COMPENSACIÓN / COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR / CONCEPTO DE COMPENSACIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA COMPENSACIÓN / REQUISITOS DE LA COMPENSACIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INDEXACIÓN / PROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN / EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS
Problema jurídico:
¿Procede la compensación entre las partes ante un saldo insoluto que no proviene de la obligación contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
La compensación, según los artículos 1625 y 1714 del Código Civil, es un modo de extinción de las obligaciones recíprocas entre dos personas que evita un doble pago. Conforme al artículo 1715 ejusdem la compensación opera por ministerio de la ley y aun sin el consentimiento de los deudores, extinguiéndose las deudas hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento en que una y otra reúnen las siguientes calidades: i) que ambas tengan por objeto dinero o cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad, ii) que ambas deudas sean líquidas, y iii) que ambas sean actualmente exigibles. (…) una vez concluyó el plazo contractual, el tesorero del Departamento solicitó al Banco de Occidente la cancelación de las cuentas en las que había depositado el dinero con el que se ejecutó el objeto contractual y que, en consecuencia, emitiera un cheque de gerencia por el total del saldo restante con destino al INVIAS; solicitud que fue atendida por la entidad financiera. No obstante, sin razón aparente, una de las cuentas, específicamente la cuenta de ahorros núm. 010-91032-1, quedó con un saldo de $456.268, que pertenecían al INVIAS y que siguió generando intereses. Este saldo insoluto no proviene de las obligaciones dinerarias surgidas en el ámbito contractual, con la que, al existir una obligación de la demandada en favor de la demandante, operaría la extinción de obligaciones por compensación, si existiera una obligación recíproca, como la aducida por la demandada. Dicho saldo es el resultado de un presunto error involuntario del Banco de Occidente, que al momento de girar el cheque de gerencia con destino al INVIAS, por solicitud expresa del ente territorial, no comprendió el saldo total de la cuenta. Forzoso resulta concluir que este saldo debe ser devuelto al INVIAS, pues aun cuando el titular de la cuenta referida es el ente territorial demandado, lo cierto es que los saldos allí consignados pertenecen al INVIAS, quien desde el inicio de la relación contractual depositó allí el dinero para la adquisición de predios, con la condición de que los valores no ejecutados le fueran reintegrados. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia y se procede a actualizar el saldo arrojado en la liquidación realizada, sin que ello comporte una inobservancia al principio de la no reformatio in pejus, dado que lo que se persigue es conservar el valor presente de ese resultado y no alterar la cuantía o el método de su liquidación.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la compensación, consultar sentencia del 28 de junio de 2019; Exp. 44935 y sobre la actualización de la condena, consultar sentencia del 25 de enero de 2017; Exp. 49015.
Sentencia con aclaraciones de voto de los consejeros Guillermo Sánchez Luque y Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, 1714, 1715