Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: en concordancia, aplicable por remisión expresa de los artículos 211 y 306 CPACA, prevé que las partes deben probar el supuesto
Regla de decisión
En concordancia, aplicable por remisión expresa de los artículos 211 y 306 CPACA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista no puede obtener la repetición de los daños causados por una falla del servicio si no demuestra que la conducta de los funcionarios fue gravemente culposa, ya que la entidad estatal ya ha reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico. En este caso, la entidad demandante concilió judicialmente la condena por la muerte y secuestro de varios militares en un enfrentamiento con las FARC, pero no aportó pruebas suficientes que demuestren que la conducta de los demandados fue negligente, despreocupada o temeraria. La Sala confirma la sentencia de primera instancia, matizando que la entidad debe probar la existencia de culpa grave para proceder con la acción de repetición, lo que implica un juicio de valor de la conducta del funcionario.
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Problema jurídico
¿La conducta de los demandados fue gravemente culposa durante una operación militar en la que murieron y secuestraron a varios agentes de la fuerza pública, situación que llevó a una condena por falla del servicio?
Respuesta: Si
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Titulación de la relatoría 13.005 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / AUSENCIA DE CULPABILIDAD / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La conducta de los demandados fue gravemente culposa durante una operación militar en la que murieron y secuestraron a varios agentes de la fuerza pública, situación que llevó a una condena por falla del servicio?
Respuesta al problema jurídico: Si
Del 2 al 4 de marzo de 1998, en la quebrada «El Billar» del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, el Batallón Contraguerrilla nº. 52 de la Brigada Móvil nº. 3 tuvo un combate con guerrilleros de las FARC. Murieron 62 militares y 43 fueron secuestrados. Como la entidad fue condenada por estos hechos y concilió el pago, demandó en repetición a Orlando Galindo Cifuentes y Jhon Jairo Aguilar Bedoya, comandantes de la brigada y el batallón. (...) El primer presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo. La obligación de la entidad estatal, por la ocurrencia de un daño antijurídico, se verifica mediante una sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o extrajudicial (art. 2 Ley 678 de 2001). (...) Está acreditado que la entidad demandante concilió judicialmente la condena por los perjuicios causados con la muerte y el secuestro de varios militares en un enfrentamiento con las FARC del 2 al 4 de marzo de 1998, según da cuenta copia auténtica de los autos del Tribunal Administrativo del Caquetá del 15 de diciembre de 2011 y 19 de junio de 2012, que aprobaron el acuerdo conciliatorio (...). El pago efectivo es la prestación de lo que se debe (art. 1626 CC). El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación (art. 1627 CC). Está acreditado que la entidad demandante pagó la conciliación aprobada por el Tribunal Administrativo del Caquetá (...) . Como el régimen sustantivo que gobierna esta acción de repetición es el anterior a la Ley 678 de 2001, no se aplican las «presunciones legales» allí previstas, sino que la entidad demandante tiene la carga de acreditar que la conducta del servidor público fue dolosa o gravemente culposa, lo que supone un juicio de valor de su conducta para determinar su responsabilidad patrimonial. (...) La condena en contra de la entidad basada en la falla del servicio [culpa de la Administración], título subjetivo de imputación por excelencia, no será suficiente para la procedencia de la acción de repetición. No basta con insistir en el incumplimiento del deber legal, cuya desatención fue el motivo de la condena. En cada caso, la entidad demandante tiene la carga de acreditar que la conducta del funcionario fue dolosa o gravemente culposa, lo que involucra un juicio de valor de su conducta. Y el juez de la acción de repetición deberá valorar si la desatención de los deberes funcionales del servidor público fue de tal magnitud –culpa grave– que lo obligue a restituir al Estado la condena en su contra. Ello no desconoce los efectos de cosa juzgada de la sentencia condenatoria, pues la cosa juzgada exige identidad entre las partes. Este elemento no se reúne pues en el proceso repetición son partes el servidor público y el Estado, en tanto que, en la reparación directa –en que se pretende la indemnización de los perjuicios causados por falla del servicio [culpa de la Administración]– son partes el Estado y la víctima del daño. (...) Conforme a las pruebas de este proceso, por el combate que ocurrió del 2 al 4 de marzo de 1998, se iniciaron procesos disciplinarios, penales militares y de responsabilidad civil extracontractual. Aunque se probó que las autoridades a cargo profirieron unas decisiones, a este expediente no se aportaron las pruebas recaudadas en cada trámite. Además, cada juzgador evaluó las pruebas de esos expedientes y su análisis varió, según lo probado en cada proceso. El Comando General concluyó que los militares no tomaron medidas preventivas y el juez de la reparación directa que hubo fallas en la operación militar, pero, por su parte, la Fiscalía estimó que los militares actuaron según sus funciones y la adversidad del combate. Tampoco obran otras pruebas que permitan valorar y analizar si la conducta de los demandados faltó al deber objetivo de cuidado, fue negligente, despreocupada o temeraria –elementos de la culpa grave– [núm. 12]. En la audiencia inicial se dejó constancia de que la parte demandante aportó todo el proceso disciplinario (f. 313 a 316 c. 2), pero el disco compacto no se anexó al expediente. Según el artículo 1757 CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. De modo que, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma o el deudor –si excepciona– debe probar su extinción (carga de la prueba). Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones . En concordancia, el artículo 167 CGP, aplicable por remisión expresa de los artículos 211 y 306 CPACA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Como la parte demandante no demostró que la condena impuesta a la entidad demandante por la operación militar ejecutada del 2 al 4 de marzo de 1998 tuvo como fundamento una actuación gravemente culposa de Orlando Galindo Cifuentes y Jhon Jairo Aguilar Bedoya, se confirmará de sentencia de primera instancia.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para resolver en segunda instancia el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 CPACA y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el inciso 2° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 150 CPACA, modificado por el artículo 615 CGP.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 615, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7
PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo (art. 90 CN, art. 142 CPACA, inciso 1º del art. 2 de la Ley 678 de 2001 y arts. 1668.3 y 1670 CC).
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1668, 1670
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La demanda presentada mediante el mediante el medio de control de repetición fue interpuesta dentro del término legal?
Respuesta al problema jurídico: Si
El término para formular pretensiones en acciones de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, según el artículo 164.l CPACA o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4º del artículo 177 CCA, ley aplicable al proceso en que se impuso la condena. Como la entidad demandante pagó la condena el 17 de octubre de 2013 [núm. 11.2], la demanda se interpuso el 30 de septiembre de 2015.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164
PRUEBA TRASLADADA / ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / FALLO DISCIPLINARIO / PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Los fallos disciplinarios y las providencias judiciales son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y las actuaciones procesales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los fallos disciplinarios y las providencias judiciales son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y las actuaciones procesales . El fallo disciplinario proferido por el Comando General de las Fuerzas Militares el 17 de julio de 2001; la providencia que cesó el proceso penal militar contra los demandados proferida por la Fiscalía 28 Penal Militar de Brigada el 8 julio de 2002; la sentencia de reparación directa proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia el 3 de marzo de 2010; y los autos aprobatorios de conciliación proferidos por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 15 de diciembre de 2011 y 19 de junio de 2012, serán valorados.
NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se determina el régimen jurídico aplicable al medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como los hechos que produjeron la condena ocurrieron del 2 al 4 de marzo de 1998, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en la Constitución Política de 1991, en los artículos 77, 78 y 86 inciso 2 CCA y 63, 1668.3 y 1670 CC. La Ley 678 del 3 de agosto de 2001 desarrolló el inciso segundo del artículo 90 CN y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición. El artículo 624 CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, establece que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Como por regla general la nueva norma rige hacia el futuro , los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público acaecidos con anterioridad a la Ley 678 de 2001 continúan sometidos en lo sustancial a la norma anterior, mientras que en lo procesal se aplica la nueva ley a los juicios de repetición que se encuentren en curso.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001
PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La procedencia de la acción de repetición –a más de la condición de servidor o exservidor público, que ya fue analizada [núm. 4]– requiere: (i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; (ii) el pago y (iii) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza funciones públicas .
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad. 42.183.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CURADOR AD LITEM / REPRESENTACIÓN JUDICIAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia en el medio de control de repetición cuando el demandado estuvo representado por curador ad litem?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. El artículo 365.1 CGP, norma vigente para la época en que se interpuso la demanda, ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. La Sala no fijará agencias en derecho de segunda instancia, porque los demandados estuvieron representados por curadores ad litem (...), quienes desempeñaron el cargo en forma gratuita como defensores de oficio (art. 48.7 CGP).
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 48 NUMERAL 7