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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la Sala valorará las pruebas documentales que obran en la actuación trasladada

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Fecha
2022-05-20
Radicado
52001233300020140002701
Número interno
57793
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
NACION- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL
Demandado
JHON FREDY GARCIA RUIZ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la Sala valorará las pruebas documentales que obran en la actuación trasladada

Lo que dijo la Sala

La Sala valorará las pruebas documentales que obran en la actuación trasladada, dado que si bien su traslado fue solicitado por la parte demandada, las partes tuvieron la oportunidad de conocer el contenido y contaron con la oportunidad procesal para que, si así lo consideraban, formularan algún reparo en el trámite de la primera instancia, lo que no ocurrió, por lo que serán objeto de análisis. En cuanto concierne a la prueba testimonial, el precedente de la Sala sostiene que no habrá lugar a valorarla cuando las declaraciones no hayan sido ratificadas en el proceso al que se trasladan, salvo que la parte contra la que se aducen coadyuve la petición del traslado de la prueba o mencione dichos testimonios en la contestación de la demanda, los alegatos conclusión o cualquiera otro acto procesal .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Las pruebas documentales de un proceso trasladado pueden valorarse cuando las partes tuvieron oportunidad de conocerlas y de formular reparos en la primera instancia, mientras que los testimonios no ratificados en el proceso al que se trasladan no se valoran, salvo que la parte contra la que se aducen coadyuve el traslado o los mencione en sus actos procesales. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que los documentos fueron conocidos por las partes, que no formularon reparo oportuno. La segunda es que la entidad demandada invocó esas pruebas en sus alegatos de conclusión de primera instancia para sostener la conducta gravemente culposa del patrullero, de modo que, por lealtad procesal, no puede desconocerlas. Con base en ello, la Sala tiene en cuenta las declaraciones de los testigos y la indagatoria del proceso penal, porque sirvieron de fundamento a la sentencia parcialmente favorable a la parte actora. La providencia reitera el precedente de la Sala citado en la nota de relatoría de 18 de mayo de 2017, y no indica que modifique un criterio anterior.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cuáles son los presupuestos para la valoración de la prueba trasladada?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿En qué eventos se configura la culpa grave en cabeza del servidor público?
  • ¿El régimen aplicable a la responsabilidad del agente del Estado en el medio de control de repetición debe ser de carácter subjetivo?
  • ¿El agente de la Policía incurrió en alguna infracción de tránsito que diera lugar al accidente?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO MEDIOS DE PRUEBA PRUEBA DOCUMENTAL VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL TRASLADO DE PRUEBA DOCUMENTAL PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA CRITERIO DE PRUEBA TRASLADADA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA SOLICITUD DE TRASLADO DE LA PRUEBA PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA PRUEBA TESTIMONIAL REQUISITOS DE LA PRUEBA TESTIMONIAL RATIFICACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL VALOR PROBATORIO DE LA INDAGATORIA PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL VALORACIÓN DEL TESTIMONIO FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO SERVIDOR PÚBLICO PATRULLERO DE LA POLICÍA NACIONAL AGENTE DE POLICÍA ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON VEHÍCULO OFICIAL DAÑO CAUSADO POR VEHÍCULO OFICIAL LESIONES EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO CULPA GRAVE CONCEPTO DE CULPA GRAVE DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE PRUEBA DE LA CULPA GRAVE VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE RESPONSABILIDAD POR MALICIA O NEGLIGENCIA PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE PRESUNCIÓN LEGAL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA CARGA DE LA PRUEBA REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES FALTA DE PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA INFRACCIÓN DE TRANSITO CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO CAUSA GENERADORA DEL DAÑO DECISIÓN DEL JUEZ EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUEZ ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ CRITERIO SUBJETIVO DE IMPUTACIÓN ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO CONDENA CONTRA EL ESTADO PRINCIPIO DE LA LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO DEBERES DEL DEMANDANTE NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL ACTIVIDAD PELIGROSA UTILIDAD DE LA PRUEBA PERTINENCIA DE LA PRUEBA CONDUCENCIA DE LA PRUEBA REQUISITOS DE LA PRUEBA

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Titulación de la relatoría 15.874 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / TRASLADO DE PRUEBA DOCUMENTAL / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / CRITERIO DE PRUEBA TRASLADADA / ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / SOLICITUD DE TRASLADO DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / PRUEBA TESTIMONIAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / RATIFICACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / VALOR PROBATORIO DE LA INDAGATORIA / PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL / VALORACIÓN DEL TESTIMONIO Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para la valoración de la prueba trasladada? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala valorará las pruebas documentales que obran en la actuación trasladada, dado que si bien su traslado fue solicitado por la parte demandada, las partes tuvieron la oportunidad de conocer el contenido y contaron con la oportunidad procesal para que, si así lo consideraban, formularan algún reparo en el trámite de la primera instancia, lo que no ocurrió, por lo que serán objeto de análisis. En cuanto concierne a la prueba testimonial, el precedente de la Sala sostiene que no habrá lugar a valorarla cuando las declaraciones no hayan sido ratificadas en el proceso al que se trasladan, salvo que la parte contra la que se aducen coadyuve la petición del traslado de la prueba o mencione dichos testimonios en la contestación de la demanda, los alegatos conclusión o cualquiera otro acto procesal . En el presente caso, se observa que en sus alegatos de conclusión de primera instancia, la Policía Nacional adujo que del acervo probatorio allegado al expediente, se demostró la conducta gravemente culposa del patrullero demandado, (…) el Tribunal valoró, entre otras pruebas, la indagatoria rendida por el patrullero (…) en el marco del proceso penal, para concluir la configuración de una conducta gravemente culposa por parte del demandado; asunto que no fue objeto de reparo por la Policía Nacional que no presentó apelación ni alegatos de conclusión en esta instancia. Con base en lo anterior, y en virtud del principio de lealtad procesal, la Sala tendrá en cuenta las declaraciones de los testigos y la indagatoria que se recibieron en el proceso penal y que obran en este expediente como prueba trasladada, en la medida en que sirvieron de fundamento para la sentencia parcialmente favorable a la parte actora, sin que esta última hubiera propuesto reparo alguno. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la prueba trasladada, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de mayo de 2017, rad. 35444. C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / SERVIDOR PÚBLICO / PATRULLERO DE LA POLICÍA NACIONAL / AGENTE DE POLICÍA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON VEHÍCULO OFICIAL / DAÑO CAUSADO POR VEHÍCULO OFICIAL / LESIONES EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿En qué eventos se configura la culpa grave en cabeza del servidor público? Respuesta al problema jurídico: Si La evaluación y determinación de la existencia de dolo o culpa grave hace parte del objeto de la acción de repetición, y se funda en un análisis comparativo de una conducta concreta frente a un estándar o modelo de conducta que está dispuesto en la ley. (…) En el sub examine, la conducta que se revisa corresponde a la desplegada (…) por el patrullero (…), cuando conducía un vehículo oficial y en un accidente de tránsito resultó lesionado el señor (…). Por lo tanto, el estándar de conducta con el cual se debe evaluar el actuar del señor (…) es el contenido en las normas de la Ley 678 de 2001 y el modelo de conducta que prevé este último marco normativo. La Ley 678 de 2001, en su artículo 6, definió que la conducta del agente es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, y presumió su configuración en las siguientes causales: (i) violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho; (ii) carencia o abuso de competencia para proferir la decisión anulada, determinada por error inexcusable; (iii) omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable, y (iv) violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / RESPONSABILIDAD POR MALICIA O NEGLIGENCIA / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN LEGAL / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿El régimen aplicable a la responsabilidad del agente del Estado en el medio de control de repetición debe ser de carácter subjetivo? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala ha entendido que reviste el carácter de culpa grave aquél comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario; se trata de aquella conducta descuidada del agente estatal que causa el daño, que hubiera podido evitarse con la diligencia y cuidado que corresponde a quien debe atender dicha actividad en forma normal. (…) En el caso de la presunción contemplada en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678, se ha dicho, que sólo aquel error que por sus dimensiones no pudo haber sido cometido sino mediante total o crasa negligencia del sujeto que lo comete, podría ser juzgado con esa calificación. En este sentido, si el error no es inexcusable y manifiesto, no existe responsabilidad patrimonial por parte del agente del Estado. (…) Se trata, entonces, de la determinación de una responsabilidad subjetiva en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente, lo que implica que no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, ni cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y debe comprobarse la gravedad de la falla en su conducta. Es precisamente en este sentido que la norma (inciso segundo del artículo 90 constitucional) dispuso que la repetición por parte de las entidades estatales respecto de sus funcionarios o ex funcionarios, solo opera en la medida en que se les pueda imputar dolo o culpa grave en su actuar, lo que ofrece garantías a los servidores públicos, ya que se reconoce que no cualquier error en los que estos puedan incurrir, podrá ser fuente suficiente para imputarles responsabilidad patrimonial. Así las cosas, la determinación de si una conducta es dolosa o gravemente culposa, reviste un evidente carácter probatorio, debido a que el actor debe demostrar que resulta probada tal circunstancia, solo en tal caso habrá lugar a endilgarle responsabilidad patrimonial a los demandados. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la acreditación de la culpa grave, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, rad. 16887, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 27 de noviembre de 2006, rad. 30113, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 27 de noviembre de 2006, rad. 30113, C. P. Ramiro Saavedra Becerra. Corte Constitucional, sentencia C-455 del 12 de junio de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1 NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / LESIONES EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON VEHÍCULO OFICIAL / AGENTE DE POLICÍA / CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES / FALTA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INFRACCIÓN DE TRANSITO / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO Problema jurídico: ¿El agente de la Policía incurrió en alguna infracción de tránsito que diera lugar al accidente? Respuesta al problema jurídico: No La Sala de Subsección observa que no existen los elementos suficientes que demuestren que el demandado actuó con culpa grave al momento en que conducía el vehículo oficial, tal como pasa a explicarse. En primer lugar, en cuanto al argumento esgrimido por la parte demandante que se basa en la acreditación de que el agente (…) conducía con exceso de velocidad, para fundamentar la conducta gravemente culposa, la Sala debe manifestar que no se encontró dentro del plenario un medio probatorio que permitiera determinar con convicción que la velocidad a la que manejaba el demandado era superior a la permitida por las normas de tránsito en áreas urbanas. (…) Así las cosas, se resaltan varias inconsistencias y contradicciones entre las distintas declaraciones rendidas por los mismos testigos, situación que ha de extrapolarse igualmente al análisis sobre la veracidad de la afirmación de que los agentes policiales se desplazaban en contravía. (…) [E]l día en que ocurrieron los hechos, el agente (…), se encontraba en cumplimiento del servicio, realizando tercer turno de vigilancia (…). Sobre este asunto, llama la atención de la Sala que precisamente el tránsito del vehículo oficial por la ciudad de Pasto, conducido por el señor (…), se debió específicamente al cumplimiento de sus labores de patrullaje motorizado, asignadas por sus superiores; sin que la entidad demandante pueda pretender que se declare responsable en un juicio de repetición por conducta gravemente culposa, al servidor público que obedecía órdenes de sus superiores, conduciendo una motocicleta oficial. Además, la Sala observa que dicha infracción de las normas de tránsito no es causa determinante del accidente ocurrido, ni vista por sí sola, como una actuación que contraría el ordenamiento jurídico, podría considerarse que configura culpa grave en el actuar del patrullero. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DECISIÓN DEL JUEZ / EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ / FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUEZ / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / CRITERIO SUBJETIVO DE IMPUTACIÓN / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / PRINCIPIO DE LA LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿El juez de repetición goza de autonomía para valorar las pruebas que son trasladadas de otros procesos? Respuesta al problema jurídico: Si Vale la pena reiterar que aunque en las sentencias del proceso de reparación directa se concluyó la responsabilidad de la hoy demandante, ese juicio previo y diferente al de la referencia no implica automáticamente la responsabilidad subjetiva del demandado, cuya conducta gravemente culposa debía haber quedado establecida de manera plena e individualizada en este proceso de repetición, de carácter autónomo e independiente, al cual no se puede simplemente extrapolar las decisiones adoptadas en el proceso de reparación directa y mucho menos los medios de prueba que no reposan en este expediente. Así es que, los testimonios y demás pruebas recaudadas en el curso de dicho proceso de reparación directa, no pueden ser apreciados por la Sala, porque no obran en el expediente de la acción de repetición, y no es posible valorarlos indirectamente, a partir de los fundamentos de las decisiones, para proceder a declarar la responsabilidad del hoy demandado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la autonomía del juez de la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 11 de febrero de 2009, rad. 33450, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 22 de julio de 2009, rad. 22779, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / DEBERES DEL DEMANDANTE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL / ACTIVIDAD PELIGROSA Problema jurídico: ¿Recae sobre la entidad demandante la carga de probar la conducta gravemente culposa del funcionario público? Respuesta al problema jurídico: Si La prosperidad de las pretensiones que se formulan en la demanda de repetición no pueden soportarse en la simple exposición argumental, pues requiere del cumplimiento del onus probandi que al interesado le asiste, a fin de que se acceda a su petitum, de ahí que, a quien persigue de otro el reembolso de una suma que ha pagado, le asiste la carga de acreditar los elementos de la responsabilidad que reclama, en ella, la configuración de una conducta gravemente culposa determinante en la ocurrencia del hecho dañoso, cuya probanza ahora se extraña, pues no de otra manera el artículo 177 del C.P.C., determina que la carga de la prueba compete a la parte que alega un hecho o a quien lo excepciona o lo controvierte; por lo tanto, es indispensable demostrar, por los medios legalmente dispuestos para tal fin, los hechos que acreditan los elementos de la responsabilidad que se persigue, sin que la mera afirmación de los mismos sirva para presumirlos o darlos por probados. Bajo dicho contexto, allegar las pruebas que acreditaran el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la acción de repetición, era una carga que le correspondía a la parte demandante. Lo anterior implica que a la Nación - Ministerio de Defensa –Policía Nacional no le bastaba con manifestar que el agente (…) conducía en exceso de velocidad y en contravía y que ese fue el hecho que determinó la ocurrencia del accidente de tránsito, pues debió efectuar los esfuerzos probatorios pertinentes que llevaran a dicha conclusión, máxime cuando el hecho dañoso alegado, se deriva de la realización de una actividad peligrosa como lo es la conducción de un vehículo oficial, y que fue bajo ese título de imputación que se le condenó en el proceso de reparación directa. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / UTILIDAD DE LA PRUEBA / PERTINENCIA DE LA PRUEBA / CONDUCENCIA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE LA PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿Se acreditó el actuar gravemente culposo del agente de Policía? Respuesta al problema jurídico: No Para la Sala es importante dejar constancia de la indebida aproximación que las entidades públicas realizan en torno a los medios de pruebas que se allegan a los juicios de repetición, dado que no distinguen la forma de la conducta imputada para efectos de que, bajo criterios de pertinencia, conducencia y utilidad, el material probatorio sea congruente con esa imputación. En efecto, no se trata de acreditar simplemente unos de los supuestos de derecho para el ejercicio de la acción, pues con especial relevancia, deberán traer los medios de prueba que permitan establecer individual y congruentemente, el dolo o la culpa grave que se imputa. En consecuencia, concluye la Sala que de acuerdo con el acervo probatorio obrante en el expediente, no puede determinarse que en el caso en comento se encuentre demostrado el actuar gravemente culposo del agente (…), de manera que se impone revocar la decisión apelada que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Texto extraído del PDF oficial 78.844 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022) Radicación: 52001-23-33-000-2014-00027-01 (57.793) Actor: Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional Demandado: Jhon Fredy García Ruiz Referencia: Medio de control de repetición Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos para su procedencia / CULPA GRAVE – Presupuestos - No se acreditó la culpa grave en la conducta del agente del Estado. Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, a través de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, fue condenada en un proceso de reparación directa por el daño ocasionado a los demandantes, en los hechos en los que resultó lesionado un ciudadano en accidente de tránsito, hecho que la demandante atribuye al actuar gravemente culposo del agente Jhon Fredy García Ruiz. Por esta razón, inició un proceso de repetición con el fin de que se ordene al demandado el reembolso de la suma pagada por la demandante a las víctimas de dicho proceso. I. SENTENCIA IMPUGNADA 1. Como se ha indicado, corresponde a la proferida el 22 de enero de 2016 por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada el 30 de enero de 2014 1, por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional en contra del señor Jhon Fredy García Ruiz, cuyas pretensiones, hechos y fundamentos de derecho son, los siguientes: 1 Folios 1-8 c. ppal. Radicación: 52001-23-33-000-2014-00027-01 (57.793) Actor: Ministerio de Defensa – Policía Nacional Demandado: Jhon Fredy García Ruiz Referencia: Medio de control de repetición 2 Pretensiones 2. Solicitó que se declarara patrimonialmente responsable al señor Jhon Fredy García Ruiz, por su actuación gravemente culposa en los hechos que dieron lugar a la condena de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional dentro de un proceso de reparación directa. Como consecuencia, solicitó que se le condenara a reembolsar la suma de quinientos treinta y dos millones ciento treinta y dos mil quinientos sesenta y nueve pesos con ses enta y un centavos m/cte. ($532’132.569,61) que debió pagar la demandante en cumplimiento de la referida condena2. Hechos 3. Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que el señor Mario Alexander Botina Delgado y otros promovieron acción de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, tendiente a que se declarara su responsab ilidad y se reconociera el pago de los perjuicios causados por las lesiones sufridas por el señor Botina Delgado el 12 de enero de 2007 en la ciudad de Pasto, en accidente de tránsito ocurrido cuando la motocicleta conducida por el agente Jhon Fredy García Ruiz en su turno de vigilancia como patrulla, colisionó con la que conducía el señor Botina. 4. El 30 de abril de 2010 el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pasto dictó sentencia en la que declaró patrimonialmente responsable a la Policía Nacional y la condenó al pago de los perjuicios ocasionados a los actores; fallo que fue objeto de consulta ante el Tribunal Administrativo de Nariño, corporación que profirió providencia el 20 de enero de 2012, mediante la cual modificó uno de los aspectos relacionado con la indemnización que había sido concedida. 5. En cumplimiento a las referidas providencias, se expidió la Resolución 1015 del 28 de agosto de 2012, que dispuso el pago de quinientos treinta y dos millones ciento treinta y dos mil quinientos sesenta y nueve pesos con sesenta y un centavos m/cte. ($532’132.569,61), el cual fue realizado el 31 de agosto del mismo año. Fundamentos de derecho 6. La parte actora sostuvo que se acreditaron los elementos constitutivos de la responsabilidad del demandado, incluido el comportamiento del señor García Ruiz, que fue calificado de gravemente culposo, en tanto su conducta imprudente de manejar con exceso de velocidad y en contravía, apartándose del ordenamiento legal y de los reglamentos institucionales al ejecutar una actividad concebida como peligrosa, configuró una irregularidad administrativa que dio lugar a que se impusiera la condena en contra de la entidad demandante. 2 Escrito de reforma de la demanda (folios 30-41 c. 1). Radicación: 52001-23-33-000-2014-00027-01 (57.793) Actor: Ministerio de Defensa – Policía Nacional Demandado: Jhon Fredy García Ruiz Referencia: Medio de control de repetición 3 La defensa 7. El señor Jhon Fredy García Ruiz contestó la demanda por medio de apoderado judicial y se opuso a su prosperidad. Para ese efecto, argumentó que por los hechos se adelantó en su contra una investigación penal por el delito de lesiones personales culposas que fue archivada por atipicidad de la conducta, de manera que no puede catalogarse su actuar gravemente culposo solo con la decisión adoptada en el marco de la acción de reparación directa. Propuso la excepción de “culpa de la hoy accionante y víctima de la acción indemnizatoria (Policía Nacional)” debido a que la demandante en este proceso no ejerció un control de la actividad peligrosa de conducción de vehículos oficiales, la cual le fue asignada por sus superiores, a una persona inexperta que no contaba con licencia de conducción3. Los alegatos de conclusión de primera instancia 8. El apoderado del señor García Ruiz reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda y señaló que las pruebas aportadas demostraron que ni siquiera se inició una investigación disciplinaria por los hechos, que la investigación penal fue archivada y que el señor García Ruiz no contaba con licencia de conducción de motocicletas el día que ocurrieron los hechos4. 9. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional ratificó lo expuesto en el libelo inicial y reiteró que el señor García Ruiz obró de manera gravemente culposa al infringir las normas de tránsito y sus deberes como servidor público que le exigen ser garante y ejemplo en el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Agregó que al demandado se le impartieron varias capacitaciones y recomendaciones sobre la conducción de vehículos oficiales5. 10. En concepto del Ministerio Público, se acreditó la conducta gravemente culposa por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, debido a que las pruebas arrimadas permiten establecer que el día de los hechos, el demandado conducía en contravía, a elevada velocidad y sin licencia de conducción, por lo que infringió varias normas de tránsito, así como sus obligaciones como servidor púbico y agente de la Policía Nacional6. La sentencia de primera instancia 11. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo de Nariño accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos (se transcribe de manera literal): 3 Folios 65-68 c. ppal. 4 Folios 162-164 c. ppal. 5 Folios 165-168 c. ppal. 6 Folios 142-161 c. ppal. Radicación: 52001-23-33-000-2014-00027-01 (57.793) Actor: Ministerio de Defensa – Policía Nacional Demandado: Jhon Fredy García Ruiz Referencia: Medio de control de repetición 4 “PRIMERO: DECLARAR , probada parcialmente la excepción de fondo denominada ‘culpa de la hoy accionante y víctima de la acción indemnizatoria (Policía Nacional)’ formulada por el apoderado legal de la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR, la responsabilidad parcial del entonces Patrullero de la POLICÍA NACIONAL, señor JHON FREDY GARCÍA RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.110.458.942 de Ibagué – Tolima, por su conducta gravemente culposa en los hechos que dieron lugar a la sentencia de fecha 30 de abril de 2010, emitida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pasto – Nariño, dentro proceso de reparación directa, con el número 5200-131-33-001-2007-00091-00. TERCERO: CONDENAR, al señor JHON FREDY GARCÍA RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.110.458.942 de Ibagué – Tolima, a rembolsar a la Nación – Policía Nacional, el total del capital pagado por la Policía Nacional que asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES, ($159.639.770) M/C., equivalente al 30 por ciento de la condena cancelada por la POLICÍA NACIONAL, en el asunto que dio lugar al proceso de a (sic) referencia, haciendo la aclaración de que sólo se tendrá en cuenta el capital, pues la mora de la enti dad no puede ser imputable al hoy accionado. Monto que será actualizado a la fecha de esta sentencia. CUARTO: Las sumas a restituir, deberán ser ajustadas conforme a la variación del índice de precios al consumidor (IPC) (…). QUINTO: A esta providencia, la parte demandada le dará cumplimiento dentro de los términos establecidos en el artículo 192 inciso 1 del C.P.C.A. SEXTO: Condenar en costas al demandado, señor JHON FREDY GARCÍA RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.110.458.942 de Ibagué – Tolima, las cuales serán liquidadas por Secretaría del Tribunal, según lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso, y en una proporción equivalente al 30% de la condena atribuida al Estado – Policía Nacional, en la condena referenciada en el asunto de la referencia (...)”. 12. Para estos efectos, consideró que se acreditaron los elementos objetivos constitutivos de la responsabilidad patrimoni

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https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=520012333000201400027011100103