Titulación de la relatoría 20.209 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / CONDENA CONTRA EL ESTADO / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AGENTE DEL ESTADO / GOBERNADOR / EXPEDICIÓN DEL DECRETO / CULPA GRAVE / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / SENTENCIA DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / TRÁNSITO A COSA JUZGADA / CAUSAS DEL DAÑO / DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA / VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA / EMPLEO PÚBLICO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿Se probó la culpa grave del demandado en la declaratoria de nulidad del acto administrativo mediante el que declaró la insubsistencia de un cargo?
Respuesta al problema jurídico: No
La acción fue ejercida por el departamento de Bolívar, entidad que resultó condenada al declararse la nulidad del acto por medio del cual se declaró insubsistente al señor […]. […] [El demandado], como agente estatal […] fue quien, en su condición de gobernador de Bolívar, expidió el decreto anulado por la jurisdicción contenciosa administrativa. […] En esa perspectiva, la sola declaración de nulidad de un acto y la condena al Estado no equivale automáticamente a la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo —en el fallo de nulidad y restablecimiento del derecho— no ata al juez de la repetición, el cual debe centrarse en un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, según las pruebas legalmente acopiadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron las pruebas allegadas al proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho. […] Advierte la Sala que en el sub examine el ente demandante no probó una conducta gravemente culposa imputable al demandado, en tanto que el fundamento de la imputación de dicha conducta lo soportó únicamente en las decisiones adoptadas en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho […], sin allegar al expediente ninguna prueba tendiente a demostrar la responsabilidad del [demandado], mientras que la parte demandada sí promovió la práctica de pruebas que indican que no desplegó una conducta gravemente culposa. […] Se recuerda que la sentencia proferida en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho hace tránsito a cosa juzgada, en relación con la responsabilidad de la entidad demandada y el derecho del demandante a obtener el restablecimiento que en ella se dispone. No obstante, en modo alguno hace tránsito a cosa juzgada frente al agente al que se le imputa la causación del daño patrimonial a la entidad, pues dicho proceso no tiene como propósito el juzgamiento de su conducta ni la determinación de si al proferir el acto demandado obró con culpa grave. […] Así las cosas, no se acreditó que la conducta desplegada por el [demandado] —en su condición de gobernador del departamento de Bolívar— comporte una actuación grosera, negligente, despreocupado o temerario en la causación del daño. El demandado, por el contrario, actuó de manera previsiva, con fundamento en un concepto emitido por el órgano responsable de la administración y vigilancia de las carreras, a cargo de la garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público en los términos establecidos en la ley (artículo 7, Ley 909 de 2004). No se acreditó, en consecuencia, que el [demandado] hubiera actuado con culpa grave. En estas condiciones, se impone una respuesta negativa al […] problema jurídico y, en consecuencia, se debe confirmar el fallo apelado que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en el proceso de la referencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el objeto del recurso de apelación, cita: Consejo de Estado, Sala Plena, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. 49299, C. P. Enrique Gil Botero. Sobre la garantía del derecho de defensa y contradicción del demandado en repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de octubre de 2021, rad. 56777, C. P. Fredy Ibarra Martínez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de agosto de 2022, rad. 57229, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre las presunciones de culpa grave y dolo previstas en la Ley 678 de 2001, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de diciembre de 2019, rad. 63292, C. P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de mayo de 2014, rad. 40755, C. P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre las cargas procesales impuestas a las partes, cita: Corte Constitucional, sentencia del 15 de mayo de 2013, C-279/13, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; Corte Constitucional, sentencia del 8 de julio de 2004, C-662/04, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes; Corte Constitucional, sentencia del 11 de marzo de 2003, C-204/03, M. P. Álvaro Tafur Galvis. Sobre la desvinculación discrecional y mediante acto no motivado en empleos de libre nombramiento y remoción, cita: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de septiembre de 2010, rad. 0883-08, C. P. Gerardo Arenas Monsalve; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de 2012, rad. 1674-09, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 164, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 175, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6, LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 41 PARÁGRAFO 2, LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 7
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 150 y 152, numeral 11, de la ley 1437 de 2011 (CPACA) y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Así, pues, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. […] A su vez, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 prevé que la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que la condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, según lo dispuesto en el artículo 192, inciso 2, de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192 INCISO 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7
PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / LEY 678 DE 2001 / APLICACIÓN DE LA LEY / VIGENCIA DE LA LEY / DEROGACIÓN DE LA LEY / RETROACTIVIDAD DE LA LEY / CONDENA CONTRA EL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia, por lo que los hechos o actuaciones que ocurrieron con anterioridad a ella continuarán rigiéndose por la normativa anterior, en virtud del principio de irretroactividad?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior. Pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior […]. Por ende, como en este caso los hechos que sustentaron la condena en contra del departamento de Bolívar ocurrieron el veintidós (22) de enero de 2008, la Ley 678 de 2001 es aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la aplicación de la Ley 678 de 2001 a hechos ocurridos a partir de su vigencia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, rad. 30330, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de junio de 2018, rad. 54692, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001
OBLIGACIÓN DEL DEUDOR / OBLIGACIÓN DE DAR / OBLIGACIÓN DE HACER / OBLIGACIÓN DE NO HACER / EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / FUENTES DE LAS OBLIGACIONES / INEXISTENCIA DE LA TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PRUEBA DEL PAGO / RECIBO OFICIAL DE PAGO / PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / SISTEMA DE SANA CRÍTICA
Problema jurídico:
¿Las partes pueden acudir a cualquier medio legalmente válido para probar el pago de una obligación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El pago implica el cumplimiento concreto de una obligación a cargo del deudor, que consiste en la ejecución de la prestación que se debe (artículo 1626 Código Civil). Es así una conducta positiva o de abstención —dar, hacer o no hacer—, según el caso, que tiene la capacidad extintiva del vínculo obligacional (artículo 1625 ejusdem) contraído por voluntad propia, por la causación de un daño o por el apremio de la ley (artículo 1494 del Código Civil). Nuestra codificación civil no establece un modo o tarifa legal para probar el pago de una obligación, pues estableció la libertad de las partes para acudir a cualquier medio legalmente válido, a fin de acreditar ese acto extintivo de obligaciones, postura que fue recogida y adoptada por el Código de Procedimiento Civil —en su momento— y que se mantiene vigente en el actual Código General del Proceso. Si bien es cierto que el Código Civil hace referencia a la "carta de pago", así como al recibo o paz y salvo, que es la declaración del acreedor de haber recibido de forma satisfactoria el pago, la cual es una prueba documental que —por provenir del acreedor— tiene la entidad suficiente para acreditar el pago o la solución de la obligación, no es esta la única prueba que prevé el ordenamiento jurídico para tal efecto, pues, se recuerda, no hay tarifa probatoria para acreditar el pago efectivo y, por ende, el deudor puede valerse de cualquier medio legalmente válido. En este orden de ideas, el juez debe valorar de forma conjunta los medios de prueba allegados, bajo los parámetros de la sana crítica.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 175, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 165, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 176, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1626, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1628, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1653, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1654, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1669
PAGO DE LA CONDENA / VALIDEZ DEL DOCUMENTO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / DOCUMENTO PÚBLICO / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / OBJETO DE LA PRUEBA / TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Los documentos aportados por las entidades públicas elaborados por ellas mismas gozan de plena validez y capacidad probatoria, al tratarse de documentos públicos?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Consejo de Estado, desde el año 2013, ha revisado la postura sostenida hasta ese momento en relación con el pago efectivo de la condena y ha considerado que, si bien los documentos aportados por las entidades públicas eran elaborados por ellas mismas, lo cierto es que gozan de plena validez y capacidad probatoria, como quiera que, en virtud de quien los expide, se trata de documentos públicos. […] Claro está que lo anterior no implica que dichos documentos —de naturaleza pública— sean prueba definitiva e incontrovertible, por cuanto su contenido acreditaría el hecho que se certifica, siempre que, estando a disposición de la parte contraria, no hayan sido controvertidos, objetados o tachados de falsos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los documentos públicos como medios de prueba que pueden ser controvertidos o tachados de falso, cita: Corte Constitucional, sentencia del 4 de agosto de 2009, C-523/09, M. P. María Victoria Calle Correa.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142
CULPA / REPROCHE DE CULPABILIDAD / IMPRUDENCIA / REPARACIÓN DEL DAÑO / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / DEBERES DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / FUNCIONES DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / CULPA GRAVE / CAUSACIÓN DEL DAÑO
Problema jurídico:
¿El funcionario o servidor público puede excusar su responsabilidad arguyendo la ignorancia de los conocimientos necesarios para su ejercicio?
Respuesta al problema jurídico: No
En los términos del citado artículo 63 del Código Civil, la culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran. Con el juicio sobre la culpa se imputa así la obligación de reparar un daño previsto o que, siendo previsible, confió imprudentemente en su capacidad de evitarlo, teniendo en cuenta que el ejercicio de una función o servicio público implica unos deberes expresamente establecidos en la ley o reglamento, o derivados de las funciones detalladamente definidos en estos, que el funcionario o servidor se ha comprometido a cumplir. En consecuencia, este no podrá excusar su responsabilidad arguyendo la ignorancia de los conocimientos necesarios para su ejercicio, ya que ello lo colocaría en una culpa inicial. La culpa grave, a su vez, al tenor del referido artículo 63 del Código Civil, implica un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario en la causación del daño.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la culpa como violación al deber de cuidado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2015, rad. 32207, C. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz (E); Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2017, rad. 45295, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico (E); Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de octubre de 2018, rad. 46328, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de noviembre de 2019, rad. 43056, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de septiembre de 2020, rad. 49069, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO / DAÑO ANTIJURÍDICO / FINALIDAD DEL ESTADO / DOLO / INFRACCIÓN A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY / OMISIÓN DE DEBER LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / EXTRALIMITACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / CULPA GRAVE / FUNCIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO / REQUISITOS DEL CARGO PÚBLICO / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permite deducir la responsabilidad del agente?
Respuesta al problema jurídico: No
El elemento subjetivo implica que la actuación del servidor público, conforme a la normatividad vigente para la época en que se presentó el daño antijurídico, hubiera estado dirigida a la realización de un hecho ajeno a las finalidades del Estado (dolo), o que sea calificable como una infracción directa a la Constitución o a la ley o como una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones (culpa grave). En este juicio, resulta oportuno tomar en consideración las funciones del agente contempladas en la ley y en el reglamento, o el grado de diligencia que le sea exigible al servidor debido a los requisitos para acceder al cargo, a su jerarquía en la escala organizacional o a la retribución económica por los servicios prestados. Además, como lo ha sostenido por la Sección Tercera desde el 3 de octubre de 2007, la administración tiene la carga de probar la conducta irregular (dolosa o culposa) del agente o exagente que ocasionó la condena —y este tiene la oportunidad de demostrar en el juicio de la acción de repetición que su actuación no fue con dolo o con culpa grave—, sin que para ello sea suficiente con aportar las sentencias correspondientes al proceso primigenio —en el que se profirió la condena en su contra— […]. […] Como lo ha señalada la jurisprudencia de esta Corporación, no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permite deducir la responsabilidad del agente, sino que debe comprobarse la gravedad de la falla en su conducta. Es precisamente en este sentido que la norma (inciso segundo del artículo 90 constitucional) dispuso que la repetición por parte de las entidades estatales respecto de sus funcionarios o ex funcionarios, solo opera en la medida en que se les pueda imputar, en este caso, culpa grave en su actuar, lo que se proyecta como una garantía a los servidores públicos, por cuanto se reconoce que no cualquier error en los que estos puedan incurrir, podrá ser fuente suficiente para imputarles responsabilidad patrimonial.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la obligación de la administración de probar la conducta dolosa o gravemente culposa del agente en la repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, rad. 24844, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre la procedencia de la repetición solo cuando los agentes actuaron con culpa grave o dolo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de noviembre de 2021, rad. 46393, C. P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de junio de 2021, rad. 42103, C. P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 INCISO 2
CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / RECURSO DE APELACIÓN / GASTOS DEL PROCESO / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿La sala debe condenar en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación que haya propuesto?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable al presente proceso por remisión expresa de la misma norma, consagra que se condenará en costas "a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación". El artículo 361 del CGP indicó que las costas se componen de expensas y gastos sufragados en el proceso y agencias en derecho. Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el Acuerdo No. 1887 de 2003, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el momento de presentación de la demanda. Respecto de su valor, el artículo 3.1.3 estableció que, para la segunda instancia de procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pueden ser hasta en el fijadas hasta en el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negada.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 3.1.3, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365