Síntesis de la providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Lo que dijo la Sala
La Sala estima que, contrario a lo afirmado por la parte recurrente en su impugnación, no es plausible considerar que las pretensiones encaminadas a que se reintegren los recursos económicos -de naturaleza pública- que se aportaron para la ejecución del Convenio base del presente litigio, en efecto, supongan necesariamente que a este juicio subyace un auténtico interés público que torne improcedente la condena en costas.
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Síntesis síntesis automática
Cuando en un proceso de controversias contractuales ambos extremos son entidades públicas, la excepción de la condena en costas prevista en el artículo 188 del C.P.A.C.A. no es aplicable por el solo hecho de que la controversia involucre recursos públicos, pues el medio de control es de carácter subjetivo y cada entidad tiene un interés económico particular en el resultado. La regla se sostiene en tres razones: la pretensión de reintegrar recursos públicos no implica por sí misma un interés público que haga improcedente la condena; la decisión judicial impacta favorable o desfavorablemente las aspiraciones económicas de cada parte; y aceptar lo contrario dejaría sin condena en costas a todos los asuntos contractuales en que intervenga una entidad pública. En el caso, el recurrente tenía un interés particular y económico en las resultas del proceso, por lo que se confirmó la condena en costas. El documento cita una sentencia de la sección sobre la procedencia de la condena en costas; la consecuencia práctica es que la condena en costas en controversias contractuales entre entidades públicas es la regla, salvo que el asunto sea de interés público en sentido estricto.
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Problema jurídico
¿Es procedente la condena en costas al advertirse que más allá de perseguir un interés público, el recurrente tenía un interés particular y económico en relación con las resultas del proceso contencioso de controversias contractuales?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Ley 1437 de 2011, art. 188
También resuelve
- ¿Es competente el Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo?
- ¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para discutir el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del convenio interadministrativo celebrado entre el Ministerio del Interior…
- ¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales empezó a contar desde el vencimiento del plazo para liquidar bilateralmente el convenio?
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Titulación de la relatoría 14.075 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / MUNICIPIO / MINISTERIO DEL INTERIOR / AFECTACIÓN A PATRIMONIO PÚBLICO / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DAÑO SUBJETIVO / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PREVALENCIA DEL INTERÉS PARTICULAR / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas al advertirse que más allá de perseguir un interés público, el recurrente tenía un interés particular y económico en relación con las resultas del proceso contencioso de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala estima que, contrario a lo afirmado por la parte recurrente en su impugnación, no es plausible considerar que las pretensiones encaminadas a que se reintegren los recursos económicos -de naturaleza pública- que se aportaron para la ejecución del Convenio base del presente litigio, en efecto, supongan necesariamente que a este juicio subyace un auténtico interés público que torne improcedente la condena en costas. Patrocinar una tesis como la que propone el Ministerio del Interior podría alimentar la idea equivocada de que en todos los asuntos de naturaleza convencional en los que una entidad pública comparezca ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo -en ejercicio del medio de control de controversias contractuales- no resulta procedente la condena en costas, dado que en dichas contiendas siempre estará involucrado, directa o indirectamente, el patrimonio público. (…) [E]l medio de control de controversias contractuales es, por definición, un contencioso de carácter subjetivo, de ahí que resulte identificable una serie de intereses particulares en cabeza de cada una de las entidades públicas que concurrieron a este proceso, lo cual, en estricto sentido, se verifica en el solo hecho de que la decisión judicial que se adopte impactará favorable o desfavorablemente a las aspiraciones económicas de las partes. En tal virtud, como se observa que los extremos procesales en contienda sí están interesados particularmente en los efectos económicos que pueden derivarse de la determinación que en este juicio se adopte, dicha circunstancia es suficiente para descartar la posibilidad de aplicar la excepción a la condena en costas prevista en el artículo 188 del CPACA.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de la condena en costas, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de julio de 2022, rad. 66594, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ENTIDAD PÚBLICA / MINISTERIO DEL INTERIOR / ENTIDAD TERRITORIAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en lo previsto en el artículo 104 del CPACA, se advierte la vocación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente asunto, pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas. En ese sentido, es oportuno recordar que la Nación - Ministerio del Interior demanda al municipio de Palocabildo [Tolima], entidad territorial cuya naturaleza pública no admite duda alguna, así como tampoco la de su contraparte. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 17 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, dada la vocación de doble instancia de este juicio, toda vez que la cuantía -determinada por el valor de la pretensión mayor- para la fecha de presentación de la demanda -11 de mayo de 2018- superó los 500 SMLMV exigidos para aquella época, de conformidad con lo establecido en los artículos 150, 152-5 y 243 del CPACA.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 243
PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRINCIPIO DE OPONIBILIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO / RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ENTIDAD PÚBLICA / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para discutir el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del convenio interadministrativo celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio demandado?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de lo prescrito en el artículo 141 del CPACA, el medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal -consideraciones que resultan perfectamente extensibles al caso de los convenios interadministrativos, tal y como sucede en el presente juicio-. En tal virtud, es necesario señalar que la herramienta adjetiva en comento se puede utilizar para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y la liquidación del acuerdo de voluntades estatal, así como los actos que se profieran en el desarrollo de este. (…) De igual manera, el Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare la nulidad absoluta del acuerdo de voluntades estatal. (...) [L]a Sala considera que el medio de control de controversias contractuales ejercido por el extremo activo es el procedente, toda vez que la demanda materia de análisis persigue: [i] la declaratoria de incumplimiento y/o cumplimiento defectuoso del Convenio por parte del Municipio; [ii] la restitución del monto desembolsado y supuestamente no ejecutado por dicho ente territorial, junto con los rendimientos financieros e intereses a los que hubiese lugar; [iii] la efectividad de la cláusula penal pecuniaria pactada y [v] la liquidación judicial del acuerdo de voluntades en cuestión.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales empezó a contar desde el vencimiento del plazo para liquidar bilateralmente el convenio?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para estudiar la oportunidad en la interposición del medio de control materia de análisis, la Sala aplicará la regla especial prevista en el aparte [v], literal [j], numeral 2 del artículo 164 del CPACA, disposición normativa con arreglo a la cual en la presente controversia el cómputo de los 2 años de la caducidad empieza a correr desde el día siguiente al que se venció el término convencionalmente pactado para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades objeto de estudio. Para tal efecto, ha de señalarse que los extremos procesales acordaron que el Convenio objeto de examen judicial se liquidaría dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en la que se venciera su plazo de ejecución. En línea con lo anterior, es necesario precisar que el plazo de duración del acuerdo de voluntades en mención finalizó el 15 de diciembre de 2016, motivo por el cual se debe concluir que el término de 6 meses para liquidar el Convenio inició el 16 de diciembre de 2016 y se venció el 16 de junio de 2017. En ese orden de ideas, como el Convenio en comento no fue liquidado, el término máximo para acudir a esta jurisdicción se vencía el 17 de junio de 2019. En tal virtud, en la medida en que la demanda se presentó el 11 de mayo de 2018, la Sala advierte que su radicación fue oportuna.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia está determinado por los motivos de inconformidad sustentados en el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]e conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del CGP, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante, para que el ad quem revoque o reforme la determinación cuestionada. De igual modo, ha de señalarse que, según lo prescrito en el artículo 328 del CGP, el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Tampoco es viable ignorar que, en los términos del artículo previamente referido, el juzgador de segundo grado no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable para reformar puntos íntimamente relacionados con ella. Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe resaltar que la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante la sentencia del 9 de febrero de 2012, unificó su jurisprudencia en el sentido de señalar que el mencionado recurso se encuentra sujeto o limitado a los argumentos planteados por el recurrente y que, por tal motivo, toda inconformidad con lo resuelto por el a quo que no se alegue en la impugnación, en definitiva, está llamada a excluirse del debate de segunda instancia en virtud del principio dispositivo y de congruencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la sustentación del recurso de apelación, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 9 de febrero de 2012, rad. 21060, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿El pronunciamiento del juez de segunda instancia está limitado a la condena en costas por ser el único motivo de inconformidad del recurrente?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Subsección advierte que el análisis del caso concreto se circunscribirá exclusivamente al reparo concreto que formuló el Ministerio en contra del ordinal tercero de la parte resolutiva del fallo cuestionado, a propósito de lo cual es importante resaltar que la impugnación se dirigió a cuestionar la imposición de la condena en costas y no el monto de las expensas o agencias en derecho, las cuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 366-5 del CGP solo pueden controvertirse mediante la interposición de los recursos de reposición y apelación en contra del auto que apruebe la liquidación de costas. Así las cosas, la Sala considera que la procedencia de la condena en costas es susceptible de ser discutida a través del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia y, por ende, ser estudiada en la providencia que desata la impugnación, siendo este el único eje temático sobre el que gravitará la presente decisión judicial.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia del juez de segunda instancia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de julio de 2021, rad. 65018, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 16 de diciembre de 2022, rad. 54777, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 2 de agosto de 2023, rad. 56185, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 13 de marzo de 2024, rad. 65993, C. P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 5
CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / RECURSO DE APELACIÓN PARCIAL / PARTE DEMANDADA / INTERVENCIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO
Problema jurídico:
¿A pesar de la falta de prosperidad del recurso de apelación, la condena en costas es improcedente dado que la parte demandada no intervino de ninguna manera en la segunda instancia de este juicio?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA y con la disposición especial del artículo 365-1 del CGP , procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando “en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. En este caso, a pesar de que a la parte demandante se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación “parcial” que interpuso en contra de la sentencia de primera instancia, no hay lugar a condenarla en costas porque estas no se causaron, dado que la parte demandada no intervino de ninguna manera en la segunda instancia de este juicio.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1