Titulación de la relatoría 35.520 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL
Problema jurídico:
¿Se probó que Xavier Francisco Socha Garzón actuó con dolo o culpa grave en los hechos en los que ocurrió la muerte de Marta Cecilia Palacio Cifuentes, por la cual el Estado resultó condenado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Mediante sentencia del 5 de diciembre de 2006, el Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la muerte de Marta Cecilia Palacio Cifuentes, por lo que ordenó pagar a sus familiares perjuicios materiales e inmateriales. Como la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional fue condenada en el proceso referido y afirma que pagó una indemnización por tal concepto, presentó demanda en ejercicio de la acción de repetición en contra del subteniente Xavier Francisco Socha Garzón, del cabo segundo Roberto Ayala Pereira y del agente Gustavo Clavijo Piñeros, con el fin de obtener el reembolso de dicho dinero, pues fueron los servidores públicos que con su actuar gravemente culposo causaron el daño antijurídico por el cual fue condenada. (...) El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado, es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto, tal y como lo prevé el inciso 2 del artículo 86 del C.C.A. En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado que mediante sentencia del 5 de diciembre de 2006 el Consejo de Estado declaró administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la muerte de Marta Cecilia Palacio Cifuentes y condenó a dicha entidad a pagar perjuicios materiales e inmateriales a los familiares de la víctima. Esta sentencia quedó ejecutoriada el 12 de enero de 2007. (...) El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas. (...) Según lo expuesto, está demostrado que Xavier Francisco Socha Garzón, Roberto Ayala Pereira y Gustavo Clavijo Piñeros tenían la calidad de servidores públicos de la Policía Nacional para la época de los hechos, esto es, cuando falleció Marta Cecilia Palacio Cifuentes. (...) Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. (...) De conformidad con los anteriores medios de prueba y en tanto la parte demandada no los controvirtió, se evidencia que la entidad demandante acreditó el pago de la condena impuesta por el Consejo de Estado mediante sentencia del 5 de diciembre de 2006 por un valor equivalente a $213.374.096,59. (...) Como cuarto y último presupuesto de la acción de repetición, la entidad demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos, la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa. Al respecto, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión. (...) Descendiendo al caso concreto, es importante reiterar que la normatividad aplicable al asunto son los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A., que establecieron la posibilidad para las entidades públicas que resulten condenadas a pagar sumas de dinero, de acudir a la vía judicial con el fin de repetir contra el funcionario que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubiere dado lugar a la condena en contra del Estado. El Consejo de Estado, a partir de lo previsto por el artículo 63 del Código Civil, la doctrina y la jurisprudencia tiene determinado que la “culpa” es la conducta reprochable de quien generó un daño antijurídico, no querido por él, pero que se desencadena por omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, cuando habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Asimismo, reviste el carácter de “culpa grave” aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, en tanto que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio78. Lo anterior, debido a que dichas nociones, si bien son propias del derecho común, deben ser analizadas y armonizadas con la órbita del servidor público, comoquiera que “Al no haberse precisado o definido legalmente, de manera específica para efectos de la acción de repetición, los conceptos de ‘culpa grave’ y ‘dolo’, la jurisprudencia (…) acudió inicialmente a la noción recogida y desarrollada por el ordenamiento civil, en cuyo artículo 63 (…) se distingue entre la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima, para efectos de señalar que culpa o negligencia grave es el descuido en que ni siquiera incurrirían las personas negligentes o de poca prudencia en el manejo de sus propios negocios. Así mismo, el aludido artículo 63 precisa que en materia civil esa culpa se equipara al dolo que, a su vez, se concibe como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o a la propiedad de otro”. (…) En términos generales la doctrina autorizada ha sostenido, que el dolo hace referencia a ´la intención dirigida por el Agente del Estado a realizar la actividad generadora del daño´, mientras que la culpa grave tiene que ver con ´aquella conducta descuidada del Agente estatal´, causadora del daño que hubiera podido evitarse con la diligencia y cuidado que corresponde a quien debe atender dicha actividad en forma normal”79. En efecto, para juzgar la responsabilidad patrimonial del agente o ex agente estatal con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 del Código Civil, se exige la prueba de su actuación dolosa y/o gravemente culposa. En este caso, para acreditar dicho supuesto se aportó la providencia que sancionó disciplinariamente a los demandados (hecho probado 8.4.2) y las sentencias proferidas por la justicia penal militar en las que se absolvió del delito de homicidio culposo y prevaricato a Xavier Francisco Socha Garzón (hechos probados 8.4.3 y 8.4.4). Sin embargo, dichas providencias deben tratarse, no como prueba documental propiamente dicha, sino como una decisión adoptada por una autoridad disciplinaria y jurisdiccional que hace tránsito a cosa juzgada, punto en el que se precisa que la ley no sujeta el efecto de cosa juzgada penal de la sentencia a la condición prevista frente a las sentencias proferidas en otros procesos judiciales, en los que se exige la identidad de partes y se concluye que el fallo solo es oponible a quienes participaron en el proceso en el que se dictó, razón por la cual se señala que la cosa juzgada penal no es relativa sino absoluta80. Así las cosas, en lo relativo a la culpabilidad del sindicado, la doctrina81 indica que la sentencia penal hace tránsito a cosa juzgada, partiendo de la regla según la cual si está probada la culpabilidad para sancionar debe entenderse probada la culpa para condenar. No obstante, esa conclusión, que resulta válida para la responsabilidad civil de los particulares82, no puede trasladarse automáticamente a la responsabilidad de los agentes estatales, los cuales responden con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política. En otras palabras, para imponer a los agentes estatales la obligación de restituir lo pagado por el Estado no es suficiente acreditar que obraron con culpa, sino que es necesario demostrar que obraron con dolo o culpa grave. (...) si bien el subteniente Socha Garzón no fue la persona que accionó el arma de dotación oficial contra Marta Cecilia Palacio Cifuentes, está demostrado que con su conducta gravemente culposa incidió en la muerte de aquella, toda vez que desconoció deberes normativos y permitió que unos civiles extraños a la institución policial ejercieran actos violentos sobre civiles. Al respecto, la Sala resalta que la actuación y participación del subteniente Socha Garzón en los hechos en que resultó muerta Marta Cecilia Palacio Cifuentes no fue menor y no se trató de una simple equivocación, pues lejos de ser así, se entiende que fue una negligencia mayúscula que a la postre conllevó a la condena de la Administración, pues estando en un área de vigilancia que no le correspondía, permitió que personas armadas ajenas a la institución policial ejecutaran acciones de fuerza y sometimiento contra civiles, con lo cual contribuyó a crear el escenario para que se perpetrara la muerte de la señora Palacio Cifuentes, lo que de igual forma constituyó una omisión en el deber de protección a los ciudadanos. En ese aspecto, destaca la Sala lo manifestado en líneas anteriores sobre la culpa grave, esto es, que según el artículo 63 del Código Civil, la doctrina y la jurisprudencia se tiene determinado que la “culpa” es la conducta reprochable de quien generó un daño antijurídico, no querido por él, pero que se desencadena por omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, cuando habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Asimismo, reviste el carácter de “culpa grave” aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario83. Así las cosas, se evidenció que el subteniente Socha no estaba en el área de vigilancia a él asignada, que sospechosamente acordó con dos civiles realizar un allanamiento o registro sin autorización u orden para hacerlo y, además, fue la persona que proporcionó arma de fuego a uno de los civiles que participó en el operativo. Lo anterior, a todas luces resulta contrario a la finalidad de la institución de la Policía Nacional, toda vez que dichas personas no pertenecían al cuerpo armado como los dispone el artículo 34 del Decreto 1355 de 1970. No obstante, como Xavier Francisco Socha Garzón es el único apelante, la Sala no puede desmejorar su situación en virtud del principio de non reformatio in pejus, y por tal motivo se mantendrá la condena en su contra conforme al porcentaje de participación que dispuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En suma, para la Sala no están llamados a prosperar los argumentos de Xavier Francisco Socha Garzón consistentes en que no se demostró su conducta gravemente culposa, pues como quedó expuesto con su actuación abiertamente irregular, que desconoció postulados y deberes normativos frente a su misión institucional en la Policía Nacional, contribuyó a la causación del daño por el cual resultó condenado el Estado. Precisamente, se llega a la anterior conclusión porque quedó probado que si bien Xavier Francisco Socha Garzón no fue la persona que disparó contra Marta Cecilia Socha Garzón, lo cierto es que con su proceder violó flagrantemente los deberes normativos consagrados en los artículos 1°, 29 y 34 del Decreto 1355 de 1970 y artículos 343 y 344 del Decreto 2700 de 1991, lo cual en últimas fue el escenario propicio para que un particular participara en actos que correspondían netamente a la autoridad policial y diera muerte a la señora Socha Garzón. Así las cosas, la Sala procederá a actualizar la condena impuesta contra Xavier Francisco Socha Garzón con fundamento en la fórmula utilizada por esta Corporación para tal fin.
NOTA DE RELATORÍA:
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de agosto de 2018, Rad.:55661
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86 INCISO 2, DECRETO 1355 DE 1970 - ARTÍCULO 1, DECRETO 1355 DE 1970 - ARTÍCULO 29, DECRETO 1355 DE 1970 - ARTÍCULO 34, DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 343, DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 344, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
ACCIÓN DE REPETICIÓN / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se determina la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En conclusión, el Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo dentro de un proceso de repetición.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 37, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7
ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, la acción de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este caso la acción procedente es la de repetición, porque se solicita declarar a Xavier Francisco Socha Garzón, Roberto Ayala Pereira y Gustavo Clavijo Piñeros patrimonialmente responsable del pago de $183.738.553, realizado en cumplimiento de la condena impuesta por el Consejo de Estado mediante sentencia del 5 de diciembre de 2006. (…) Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, para la procedencia de la acción de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria y; iv) que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, Rad.: 22099; sentencia del 6 de diciembre de 2006, Rad.: 22056; sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad.: 27.006; Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad.: 42.183; Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2018, Rad.: 60423.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 señala que la acción de repetición caducará dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la sentencia del 5 de diciembre de 2006, mediante la cual el Consejo de Estado condenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar perjuicios materiales e inmateriales a Blanca Alicia Cifuentes y otros, quedó ejecutoriada el 12 de enero de 200727; ii) que el 28 de abril de 2008, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional pagó $213.374.096,59 por la referida la condena, según dan cuenta los comprobantes de egreso28 suscritos por el “tesorero/pagador” de dicha entidad; iii) que los 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA, vencieron el 15 de julio de 200829; iv) que lo primero que ocurrió fue el pago de la condena; v) que el 23 de abril de 2010 la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 134 Judicial II, la cual se declaró fallida el 21 de julio de ese mismo año30; y, vi) que la demanda se presentó el 23 de julio de 2010, esto es, dentro de los dos años que otorga el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 para presentarla de forma oportuna. Ahora bien, sobre el argumento esgrimido en la contestación de la demanda por Xavier Francisco Socha Garzón, referente a que la acción de repetición se encuentra caducada porque la conciliación extrajudicial no suspendió el término de caducidad al no ser un requisito de procedibilidad para presentar la demanda de repetición, lo cierto es que, de acuerdo con el parágrafo 1º del artículo 37 de la Ley 640 de 2001, el agotamiento del trámite de conciliación extrajudicial en derecho no es un requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción en las acciones de repetición. Sin embargo, esta Sala ha considerado que si el accionante, en todo caso, opta por presentar la solicitud de conciliación, se suspende el término de caducidad, debido a que el artículo 21 de la citada ley no distingue entre los procesos en los que el trámite de conciliación sea requisito de procedibilidad y aquellos en los que no.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 37, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11
ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se determina el régimen jurídico aplicable a la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”. Esta ley definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando aspectos generales como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso35. Así las cosas, como en el sub examine los hechos36 que produjeron la condena en contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional ocurrieron el 11 de noviembre de 1993, esto es, cuando falleció Marta Cecilia Palacio Cifuentes, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELANTE ÚNICO / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS / REFORMATIO IN PEJUS / PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son límites al recurso de apelación y la relación con el principio de non reformatio in pejus?
Respuesta al problema jurídico: Si
Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, la Sala Plena de esta Sección, mediante sentencia del 9 de febrero de 2012, unificó su jurisprudencia refiriendo que el mencionado recurso se encuentra sujeto o limitado a los argumentos planteados por el recurrente y que, por tal motivo, toda inconformidad con lo resuelto por el a quo que no se alegue en la alzada está llamada a excluirse del debate de segunda instancia, en virtud del principio dispositivo y de congruencia. (…) En esa misma sentencia de unificación, la Sala Plena reiteró que mediante el recurso de apelación se garantiza el derecho de impugnación contra una decisión judicial, y por ende es obligación del recurrente controvertir los argumentos del juez de primera instancia con sus propias consideraciones, en aras de solicitarle al superior que decida sobre el asunto que presenta ante la segunda instancia; pero al mismo tiempo se protege el derecho del apelante único a no ser desmejorado en su situación favorable, de conformidad con el artículo 357 del C.P.C. (…) En suma, cuando el superior resuelve la apelación presentada por una sola de las partes del litigio, le está permitido pronunciarse exclusivamente sobre los argumentos expuestos en el recurso y se excluye de dicho estudio lo que no se proponga en la alzada, en aras de garantizar el derecho al debido proceso y de defensa, salvo aquellas excepciones que han sido admitidas por el ordenamiento jurídico, esto es, las que se derivan de las normas o principios en la Constitución Política, de los tratados internacionales relacionados con derechos humanos y derecho internacional humanitario o de las normas legales de carácter imperativo, v.gr los presupuestos procesales para proferir sentencia de mérito.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, Rad.: 21060. sobre la aplicación del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación, la Sección Tercera, en sentencia de 20 de mayo de 2009, expediente 16.925.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357
ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEXO DE CAUSALIDAD / PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Debe haber nexo de causalidad entre daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión?
Respuesta al problema jurídico: Si
Al respecto, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de agosto de 2018, Rad.:55661.
PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para la valoración de la prueba trasladada?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s menester poner de presente que según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial pueden trasladarse a otro en copia y son apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. (…) la Sala valorará sin restricción alguna las pruebas documentales trasladadas de la actuación disciplinaria, pues estas pruebas fueron debidamente practicadas en presencia de los demandados, solicitadas y decretadas en el plenario y allegadas al proceso, de manera que ambas partes conocieron su contenido y contaron con la oportunidad de ejercer la contradicción de las mismas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 185
VERSIÓN LIBRE / VALOR PROBATORIO DE LA VERSIÓN LIBRE / PRUEBA DE DESCARGO / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Las diligencias de descargo y versión libre sin juramento pueden ser valoradas como prueba trasladada?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]as diligencias de descargo y versión libre obrantes en la actuación disciplinaria no fueron rendidas bajo la gravedad del juramento, situación que impide al juez reconocerle a este tipo de medios una capacidad probatoria con mérito de valoración judicial y, por tanto, no pueden tenerse en cuenta en juicio, salvo que en este los deponentes de las declaraciones allí vertidas ratifiquen lo dicho bajo el apremio de manifestar la verdad, en atención a lo dispuesto en los artículos 227 y 229 del Código de Procedimiento Civil.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 227, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 229
SENTENCIA PENAL / COSA JUZGADA / CULPABILIDAD / SERVIDOR PÚBLICO / DAÑO CAUSADO POR AGENTE ESTATAL EN SERVICIO / ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CULPA / PRUEBA DE LA CULPA / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / CULPA GRAVE
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La teoría de que en lo relativo a la culpabilidad del sindicado, la doctrina indica que la sentencia penal hace tránsito a cosa juzgada, partiendo de la regla según la cual si está probada la culpabilidad para sancionar debe entenderse probada la culpa para condenar puede trasladarse automáticamente a la responsabilidad de los agentes estatales, los cuales responden con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política?
Respuesta al problema jurídico: No
El Consejo de Estado, a partir de lo previsto por el artículo 63 del Código Civil, la doctrina y la jurisprudencia tiene determinado que la “culpa” es la conducta reprochable de quien generó un daño antijurídico, no querido por él, pero que se desencadena por omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, cuando habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Asimismo, reviste el carácter de “culpa grave” aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, en tanto que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio. Lo anterior, debido a que dichas nociones, si bien son propias del derecho común, deben ser analizadas y armonizadas con la órbita del servidor público, comoquiera que “Al no haberse precisado o definido legalmente, de manera específica para efectos de la acción de repetición, los conceptos de ‘culpa grave’ y ‘dolo’, la jurisprudencia (…) acudió inicialmente a la noción recogida y desarrollada por el ordenamiento civil, en cuyo artículo 63 (…) se distingue entre la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima, para efectos de señalar que culpa o negligencia grave es el descuido en que ni siquiera incurrirían las personas negligentes o de poca prudencia en el manejo de sus propios negocios. Así mismo, el aludido artículo 63 precisa que en materia civil esa culpa se equipara al dolo que, a su vez, se concibe como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o a la propiedad de otro”. (…) En términos generales la doctrina autorizada ha sostenido, que el dolo hace referencia a ´la intención dirigida por el Agente del Estado a realizar la actividad generadora del daño´, mientras que la culpa grave tiene que ver con ´aquella conducta descuidada del Agente estatal´, causadora del daño que hubiera podido evitarse con la diligencia y cuidado que corresponde a quien debe atender dicha actividad en forma normal”. En efecto, para juzgar la responsabilidad patrimonial del agente o ex agente estatal con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 del Código Civil, se exige la prueba de su actuación dolosa y/o gravemente culposa. En este caso, para acreditar dicho supuesto se aportó la providencia que sancionó disciplinariamente a los demandados (hecho probado 8.4.2) y las sentencias proferidas por la justicia penal militar en las que se absolvió del delito de homicidio culposo y prevaricato a Xavier Francisco Socha Garzón (hechos probados 8.4.3 y 8.4.4). Sin embargo, dichas providencias deben tratarse, no como prueba documental propiamente dicha, sino como una decisión adoptada por una autoridad disciplinaria y jurisdiccional que hace tránsito a cosa juzgada, punto en el que se precisa que la ley no sujeta el efecto de cosa juzgada penal de la sentencia a la condición prevista frente a las sentencias proferidas en otros procesos judiciales, en los que se exige la identidad de partes y se concluye que el fallo solo es oponible a quienes participaron en el proceso en el que se dictó, razón por la cual se señala que la cosa juzgada penal no es relativa sino absoluta. Así las cosas, en lo relativo a la culpabilidad del sindicado, la doctrina indica que la sentencia penal hace tránsito a cosa juzgada, partiendo de la regla según la cual si está probada la culpabilidad para sancionar debe entenderse probada la culpa para condenar. No obstante, esa conclusión, que resulta válida para la responsabilidad civil de los particulares, no puede trasladarse automáticamente a la responsabilidad de los agentes estatales, los cuales responden con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política. En otras palabras, para imponer a los agentes estatales la obligación de restituir lo pagado por el Estado no es suficiente acreditar que obraron con culpa, sino que es necesario demostrar que obraron con dolo o culpa grave.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la actualización de la condena?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A] Sala procederá a actualizar la condena impuesta contra Xavier Francisco Socha Garzón con fundamento en la fórmula utilizada por esta Corporación para tal fin. (…) En este orden de ideas, teniendo en cuenta que Xavier Francisco Socha Garzón fue el agente que con su conducta gravemente culposa dio lugar a la condena que debió pagar la Nación - Policía Nacional, la Sala lo condenará a pagar a esa entidad la suma de ciento tres millones setecientos treinta y cuatro mil ciento dieciocho pesos ($103.734.118).
ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia cuando prosperan las pretensiones de la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: No
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55