Titulación de la relatoría 25.033 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / OPERATIVO MILITAR / DAÑO CAUSADO POR OPERATIVO MILITAR
Problema jurídico:
¿La muerte de varios soldados de la compañía Amperio en hechos ocurridos el 6 de septiembre de 1996, es imputable al demandado a título de culpa grave?
Respuesta al problema jurídico: No
Mediante sentencia del 9 de abril de 2002, el Tribunal Administrativo del Meta declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte de varios soldados profesionales, por lo que ordenó pagar a sus familiares perjuicios materiales e inmateriales. El 27 de febrero de 2003 los familiares de las víctimas suscribieron una conciliación judicial con la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en la que esta última entidad acordó pagar a los convocantes perjuicios morales y materiales por la muerte de William Morales Barrera y otros. Posteriormente, mediante auto del 24 de abril de 2003, el Consejo de Estado aprobó la referida conciliación judicial. Como la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional afirma que pagó una indemnización por concepto de la conciliación antes mencionada, en ejercicio de la acción de repetición presentó demanda en contra del teniente Carlos Hernán Bonilla Silva, pues considera que con su actuar gravemente culposo incidió en la producción del daño antijurídico por el cual debió suscribir la conciliación referida y pagar la suma allí acordada. (...) El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado, es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra en sentencia debidamente ejecutoriada, o resultado de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto39, tal y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 2001. En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado (...) El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas. (...) pese a que la parte demanda no allegó certificación, hoja de vida militar o cualquier otro medio de prueba que acredite que Carlos Hernán Bonilla Silva ejercía el cargo de militar de la institución castrense, lo cierto es que de los medios probatorios citados en precedencia se tiene por demostrado que Carlos Hernán Bonilla Silva tenía la calidad de servidor público del Ejército Nacional para la época de los hechos, esto es, para el 6 de septiembre de 1996 cuando fallecieron varias unidades militares en una emboscada perpetrada por las Farc, pues fue el “teniente” que tenía a cargo a la compañía “Amperio”. (...) Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. (...) De conformidad con los certificados de tesorería (fundamentos 8.3.5 y 8.3.6) y en tanto la parte demandada no los controvirtió, se evidencia que la entidad demandante acreditó el pago parcial de la conciliación aprobada por el Consejo de Estado mediante auto del 24 de abril de 2003, esto es, por la suma total de $440.193.542,9. (...) Como cuarto y último presupuesto de la acción de repetición, la entidad demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos, la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa. Al respecto, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión. (...) Así las cosas, para la Sala, contrario a lo afirmado por el Tribunal Administrativo de Arauca, el demandado no incurrió en una conducta gravemente culposa que fuera la causa de la conciliación que suscribió la Nación Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y del pago de lo allí acordado, toda vez que en medio de sus capacidades hizo frente a la emboscada perpetrada por las Farc quienes tenían ventajas tácticas por dominio del terreno y que desbordaban en capacidad numérica, en armamento y municiones a los miembros del Ejército Nacional. (...) pese a que está demostrado que el teniente Bonilla Silva incurrió en algunas falencias como quedó expuesto en el informe final de los hechos, lo cierto es que ello no fue la causa del daño, pues el nexo causal con el daño lo constituyó la falta de planeación e improvisación de la operación “Conquista”, el ocultamiento de información al comandante de la compañía Amperio, tales como número del enemigo y condiciones del terreno, así como el objetivo de una misión clara, elementos que en conjunto hicieron vulnerable a la compañía bajo el mando del teniente Bonilla Silva que como pudo se defendió del ataque motivando a sus subalternos a enfrentar al enemigo y ocasionando la baja de varios subversivos. (...) Así las cosas, pese a que el a quo sostuvo que Carlos Hernán Bonilla Silva actuó con culpa grave en los hechos del 6 de septiembre de 1996 y le asignó un porcentaje de participación del 10%, la Sala no comparte esa conclusión, pues se demostró que el demandado no conocía la orden de operaciones, desconocía el terreno en el que fue desembarcado, ignoraba el número de integrantes de las Farc que se encontraba en el sector, pidió apoyo oportunamente y enfrentó la emboscada con los recursos humanos y técnicos a su disposición para evitar que las bajas fueran mayores a las ocasionadas por los subversivos. En suma, a partir de las pruebas arrimadas al plenario la Sala no encuentra demostrada una desatención negligente y despreocupada al deber objetivo de cuidado que le asistía al demandado y, en consecuencia, revocará la sentencia proferida el 6 de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo de Arauca y en su lugar negará las pretensiones de la demanda, al constatar que el demandado no actuó con culpa grave.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los requisitos de procedencia de la acción de repetición, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, Rad.: 22099; sentencia del 6 de diciembre de 2006, Rad.: 22056; sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad.: 27.006; Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad.: 42.183; Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2018, Rad.: 60423. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016,
Rad.:56284. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016,
Rad.: 56284.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 200118, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política19, la acción de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este caso la acción procedente es la de repetición, porque se solicita declarar a Carlos Hernán Bonilla Silva patrimonialmente responsable del pago de $1.837.146.018,75 realizado en cumplimiento de la conciliación aprobada mediante auto del 24 de abril de 2003, proferido por el Consejo de Estado. (…) es importante reiterar que la normatividad aplicable al asunto son los artículos 9083 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A., que establecieron la posibilidad para las entidades públicas que resulten condenadas a pagar sumas de dinero, de acudir a la vía judicial con el fin de repetir contra el funcionario que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubiere dado lugar a la condena en contra del Estado. El Consejo de Estado, a partir de lo previsto por el artículo 63 del Código Civil, la doctrina y la jurisprudencia tiene determinado que la “culpa” es la conducta reprochable de quien generó un daño antijurídico, no querido por él, pero que se desencadena por omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, cuando habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Asimismo, reviste el carácter de “culpa grave” aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, en tanto que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio. Lo anterior, debido a que dichas nociones, si bien son propias del derecho común, deben ser analizadas y armonizadas con la órbita del servidor público, comoquiera que “Al no haberse precisado o definido legalmente, de manera específica para efectos de la acción de repetición, los conceptos de ‘culpa grave’ y ‘dolo’, la jurisprudencia (…) acudió inicialmente a la noción recogida y desarrollada por el ordenamiento civil, en cuyo artículo 63 (…) se distingue entre la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima, para efectos de señalar que culpa o negligencia grave es el descuido en que ni siquiera incurrirían las personas negligentes o de poca prudencia en el manejo de sus propios negocios. Así mismo, el aludido artículo 63 precisa que en materia civil esa culpa se equipara al dolo que, a su vez, se concibe como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o a la propiedad de otro”. (…) En términos generales la doctrina autorizada ha sostenido, que el dolo hace referencia a ´la intención dirigida por el Agente del Estado a realizar la actividad generadora del daño´, mientras que la culpa grave tiene que ver con ´aquella conducta descuidada del Agente estatal´, causadora del daño que hubiera podido evitarse con la diligencia y cuidado que corresponde a quien debe atender dicha actividad en forma normal”. En efecto, para juzgar la responsabilidad patrimonial del agente o ex agente estatal con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 del Código Civil, se exige la prueba de su actuación dolosa y/o gravemente culposa. En este caso, para acreditar dicho supuesto se aportaron, entre otras cosas, las providencias que absolvieron penal y disciplinariamente al teniente Carlos Hernán Bonilla Silva (hechos probados 8.4.3 y 8.4.4); sin embargo, dichas providencias deben tratarse, no como prueba documental propiamente dicha, sino como una decisión adoptada por una autoridad jurisdiccional y disciplinaria que hacen tránsito a cosa juzgada, punto en el que se precisa que la ley no sujeta el efecto de cosa juzgada penal de la sentencia a la condición prevista frente a las sentencias proferidas en otros procesos judiciales, en los que se exige la identidad de partes y se concluye que el fallo solo es oponible a quienes participaron en el proceso en el que se dictó, razón por la cual se señala que la cosa juzgada penal no es relativa sino absoluta90. Así las cosas, en lo relativo a la culpabilidad del sindicado, la doctrina91 indica que la sentencia penal hace tránsito a cosa juzgada, partiendo de la regla según la cual si está probada la culpabilidad para sancionar debe entenderse probada la culpa para condenar. No obstante, esa conclusión, que resulta válida para la responsabilidad civil de los particulares92, no puede trasladarse automáticamente a la responsabilidad de los agentes estatales, los cuales responden con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política. En otras palabras, para imponer a los agentes estatales la obligación de restituir lo pagado por el Estado no es suficiente acreditar que obraron con culpa, sino que es necesario demostrar que obraron con dolo o culpa grave.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
ACCIÓN DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal. Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 señala que la acción de repetición caducará dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el auto del 24 de abril de 2003, mediante el cual el Consejo de Estado aprobó el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes de la acción de reparación directa, quedó ejecutoriado el 5 de mayo de 2003, según da cuenta la constancia de ejecutoria expedida por la referida corporación; ii) que el 3 de septiembre de 2004, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional realizó el último pago por concepto de la conciliación del 24 de abril de 2003, el cual correspondió a la suma de $97.875.618, según da cuenta el certificado de tesorería de la entidad, el cual está signado por Luz Esmeralda Manrique Díaz, en calidad de “tesorera principal Mindefensa”; iii) que los 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA, vencieron el 5 de noviembre de 2004; iv) que lo primero que ocurrió fue el pago de la conciliación; y, v) que la demanda se presentó el 25 de agosto de 2006, esto es, dentro de los dos años que otorga el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 para presentarla de forma oportuna.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11
ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se determina la normatividad aplicable a la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”. Esta ley definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando aspectos generales como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Así las cosas, como en el sub examine los hechos que llevaron a suscribir la conciliación por parte de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional ocurrieron el 6 de septiembre de 1996, esto es, cuando fallecieron varios militares en una emboscada realizada por las Farc, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 31 de agosto de 2006, Rad.: 28448 y 23 de noviembre de 2016, Rad.:46108, entre muchas otras. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad: 47535.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78
LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELANTE ÚNICO / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS / FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / REFORMATIO IN PEJUS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son límites al recurso de apelación y la relación con el principio de non reformatio in pejus?
Respuesta al problema jurídico: Si
Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, la Sala Plena de esta Sección, mediante sentencia del 9 de febrero de 2012, unificó su jurisprudencia refiriendo que el mencionado recurso se encuentra sujeto o limitado a los argumentos planteados por el recurrente y que, por tal motivo, toda inconformidad con lo resuelto por el a quo que no se alegue en la alzada, está llamada a excluirse del debate de segunda instancia en virtud del principio dispositivo y de congruencia. (…) En esa misma sentencia de unificación, la Sala Plena reiteró que mediante el recurso de apelación se garantiza el derecho de impugnación contra una decisión judicial, y por ende es obligación del recurrente controvertir los argumentos del juez de primera instancia con sus propias consideraciones, en aras de solicitarle al superior que decida sobre el asunto que presenta ante la segunda instancia; pero al mismo tiempo se protege el derecho del apelante único a no ser desmejorado en su situación favorable, de conformidad con el artículo 357 del C.P.C. (…) En suma, cuando el superior resuelve la apelación presentada por una sola de las partes del litigio, su competencia se limita a los argumentos expuestos en el recurso y se excluye de dicho estudio lo que no se proponga en la alzada, en aras de garantizar el derecho al debido proceso y de defensa, salvo aquellas excepciones dispuestas por el ordenamiento jurídico, esto es, las que se derivan de las normas o principios en la Constitución Política, de los tratados internacionales relacionados con derechos humanos y derecho internacional humanitario o de las normas legales de carácter imperativo, v.gr los presupuestos procesales para proferir sentencia de mérito.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, Rad.: 21060. sobre la aplicación del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación, la Sección Tercera, en sentencia de 20 de mayo de 2009, expediente 16.925.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357
DOCUMENTO PÚBLICO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO / CONCEPTO DE DOCUMENTO PÚBLICO / CONTENIDO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El documento expedido por el servidor público es una prueba fehaciente desde la presentación de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 252, 262 y 264 del C.P.C., los documentos y certificaciones expedidas por los jueces, los notarios, los registradores o los directores de las oficinas públicas y los funcionarios de estas últimas que por ley o reglamento tuvieran asignados como función la expedición de dichos documentos, ostentan la naturaleza de públicos y se presumen auténticos, sin perjuicio de la tacha de falsedad o prueba que en su contra pueda elevar la parte contra quien se aducen. Cabe destacar que lo anterior no implica que los documentos expedidos por el servidor público a cargo sean una prueba fehaciente desde la presentación de la demanda, pues aquellos adquieren esa condición cuando su contenido acredite con suficiencia el hecho que se certifica y en la medida que, estando a disposición de la parte contraria, no hayan sido controvertidos, objetados o tachados de falsos.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 262, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264, LEY 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: No
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55