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Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

Tribunal Administrativo: no desconoce la Sala que en esta etapa se obtuvo el recibo a satisfacción de varios informes ambientales

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Fecha
2026-06-25
Radicado
11001333603720180017402
Ponente
JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ
Sección / Sala
SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)
Corporación
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
IDU
Demandado
CIVILTEC INGENIEROS LTDA.

Síntesis de la providencia

Tribunal Administrativo: no desconoce la Sala que en esta etapa se obtuvo el recibo a satisfacción de varios informes ambientales

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

… considera la Sala que no le asiste razón al apelante y que contrario a lo indicado por la parte demandada, el a quo efectuó un análisis integral y coherente de los medios de prueba, no incurriendo por tanto en indebida valoración probatoria, por las siguientes consideraciones.… Pese a los múltiples requerimientos, mesas de trabajo y comunicaciones cruzadas, advierte la Sala que no se encuentra acreditado que la entidad demandante hubiere recibido a satisfacción la denominada Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14, ni mucho menos el Acta de Recibo Final de Obra o las actas de liquidación del contrato de obra y de interventoría.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede descontar del valor adeudado por la entidad estatal en la liquidación judicial del contrato de interventoría, la suma correspondiente a los perjuicios causados a la entidad demandante, ya que no se ha acreditado que la entidad haya asumido la contratación del personal requerido para establecer las cantidades finales reales ejecutadas, el balance del contrato y el acta de recibo final. A pesar de que la entidad demandante ha iniciado las actuaciones previas para la contratación del personal, no se ha probado que esta contratación se haya materializado. Sin embargo, la Sala considera que es procedente descontar del valor adeudado la suma en disputa, ya que la entidad no está obligada a pagar por actividades del interventor que no fueron recibidas a satisfacción, lo que implica que la entidad estatal no debe asumir costos por servicios no aprobados. Este abstract reitera la jurisprudencia existente sobre la adecuada valoración de la prueba en contratos de interventoría y la obligación de la entidad estatal de no pagar por actividades no aprobadas, lo que tiene implicaciones significativas en la liquidación judicial de contratos estatales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Si el a quo incurrió en una indebida valoración probatoria, al concluir que la parte demandada había incurrido en incumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato de interventoría 1832 de 2013?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1564 de 2012, art. 328

También resuelve

  • ¿Si en la liquidación judicial del contrato, procede descontar del valor que la entidad pública adeuda al interventor, la suma que se afirma corresponde a los perjuicios causados a la entidad…
  • ¿Si procede el reconocimiento de suma alguna de dinero a favor de la parte demandada, por concepto de labores de señalización?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Liquidación del contrato Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio

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Titulación de la relatoría 12.046 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del tribunal.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / DEBATE SOBRE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / DISCREPANCIA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Si el a quo incurrió en una indebida valoración probatoria, al concluir que la parte demandada había incurrido en incumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato de interventoría 1832 de 2013? Respuesta al problema jurídico: No “(...) considera la Sala que no le asiste razón al apelante y que contrario a lo indicado por la parte demandada, el a quo efectuó un análisis integral y coherente de los medios de prueba, no incurriendo por tanto en indebida valoración probatoria, por las siguientes consideraciones. (...) Pese a los múltiples requerimientos, mesas de trabajo y comunicaciones cruzadas, advierte la Sala que no se encuentra acreditado que la entidad demandante hubiere recibido a satisfacción la denominada Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14, ni mucho menos el Acta de Recibo Final de Obra o las actas de liquidación del contrato de obra y de interventoría. No desconoce la Sala que en esta etapa se obtuvo el recibo a satisfacción de varios informes ambientales, así como del informe forestal final de interventoría, no obstante y como lo reconoce la propia parte demandada en su recurso de apelación, no se logró obtener el visto bueno del Acta No. 14 y de los documentos que eran dependientes del mismo, como a modo enunciativo, el Acta de Recibo Final de Obra, las actas de liquidación del contrato de obra y de interventoría y el informe técnico de interventoría No. 14 Obsérvese en consecuencia, que la valoración probatoria efectuada por el a quo, lejos de ser parcializada o inadecuada, fue coherente con lo que está debidamente acreditado en el plenario. (...) Ahora bien, considerando que dentro de las funciones contractuales asumidas por la interventoría se encuentran a modo enunciativo las de: a) revisar, aprobar y complementar conjuntamente con el contratista los informes y las cuentas que estos presenten al IDU; b) suscribir el acta de recibo final de obra con el lleno de los requisitos establecidos en el Manual de interventoría y/o Supervisión de Contrato de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU dentro de los 30 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de terminación del contrate; c) suscribir el acta de liquidación del contrato de obra, de conformidad con los requisitos establecidos en el Manual de interventoría y/o Supervisión de Contrato de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU; d) Consolidar y recibir en el IDU el Informe final de interventoría; f) Consolidar y radicar en el IDU los documentos enunciados en el Acta de Recibo Final y Liquidación del Contrato de Interventoría con los respectivos soportes para su posterior suscripción; g) Elaborar y suscribir el Acta de Liquidación del contrato de Obra y; h) Elaborar y suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría; concluye la Sala que se encuentra acreditado el incumplimiento parcial del contrato de interventoría, básicamente al no advertirse que se haya logrado la suscripción del Acta de Recibo Final de la Obra, ni la liquidación de los contratos enunciados. (...) En este punto, se destaca: a) que si bien en el interrogatorio de parte practicado al representante legal de la parte demandada, este manifestó que la funcionaria […] del IDU, tenía una concepción errada de como supervisar el contrato, al pretender determinar las cantidades de obra de manera teórica y no en obra real, lo que conllevó a trabar esta etapa contractual; b) no obstante, advierte la Sala que en el plenario no obra prueba técnica alguna, que permita corroborar, que los requerimientos efectuados por la supervisión del contrato a la interventoría y al contratista de obra eran técnicamente improcedentes o injustificados; c) tampoco obra en el plenario prueba técnica que permita advertir, que los requerimientos efectuados por la supervisión del contrato fueron satisfechos íntegramente por la interventoría del contrato. (...) Con fundamento en las anteriores consideraciones, y teniendo en cuenta que la interventoría no logró la aprobación a satisfacción de la entidad pública demandante, de todas los documentos que según el contrato de interventoría deberían ser suscritos por las partes, para el pleno cumplimiento del contrato de interventoría, concluye la Sala que la decisión de primera instancia consistente en declarar el incumplimiento parcial del contrato de interventoría debe ser confirmada, no prosperando por tanto este primer punto de apelación. (...)” FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DEL DESCUENTO EN LA INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Problema jurídico: ¿Si en la liquidación judicial del contrato, procede descontar del valor que la entidad pública adeuda al interventor, la suma que se afirma corresponde a los perjuicios causados a la entidad demandante? Respuesta al problema jurídico: Si “(...) A efectos de dar respuesta a esta problema jurídico, debe partir por precisar la Sala, que la entidad pública demandante, en ningún momento ha manifestado que ya hubiere asumido la contratación del personal anteriormente indicado y el a quo tampoco manifestó ello en la sentencia de primera instancia. Por el contrario, lo que se sostuvo en el curso de la primera instancia, es que el anterior valor corresponde a la suma mínima que eventualmente debería sufragar la entidad pública demandante para contratar el personal requerido, a efectos de establecer las cantidades finales reales ejecutadas, el balance del contrato y el acta de recibo final. Lo anterior explica la razón por la cual, en el plenario no obran facturas, ni cuentas de cobro, ni mucho menos transacciones o pagos hechos, para la contratación de ese personal. No obstante lo anterior, destaca la Sala que en el curso de la primera instancia, la entidad demandante allegó prueba de estar adelantando las actuaciones previas, para la contratación del personal requerido anteriormente referenciado, sin que a la fecha se cuente con prueba de si efectivamente se materializó o no la referida contratación. Sin perjuicio de lo anterior, debe destacar la Sala, que aun cuando no se encuentra acreditado que ya se materializó la referida contratación, resulta procedente descontar del valor que el IDU eventualmente adeudaría al interventor para el pago total del contrato, la anterior suma, por cuanto la entidad pública no está en el deber jurídico de pagar actividades del interventor que no fueron recibidas a satisfacción. Obsérvese que en la liquidación judicial del contrato que propone el IDU y que fue acogida por el a quo, la entidad demandante está planteando, que del saldo adeudado al interventor para materializar el pago total del contrato ($ 266’939.834) se descuente el valor de $141’520.831 (que en esencia correspondería al valor del personal requerido para realizar las actividades de la interventoría que no fueron recibidas a satisfacción), planteamiento que para la Sala resulta razonable, por cuanto la suma de $141’520.831, en esencia equivaldría al valor de las actividades que no fueron recibidas a satisfacción por la entidad y que por tanto no deberían ser canceladas al interventor. (...) Corolario de lo expuesto, y al advertir la Sala que el valor de la suma a descontar se encuentra debidamente soportado técnicamente, y que resulta razonable respecto de un contrato de interventoría cuyo valor total ascendió a la suma de $1.535’184.596, concluye la Sala que este punto de apelación tampoco está llamado a prosperar. (...)” MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN / REQUISITOS DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN / FINALIDAD DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PRINCIPIO DE COHERENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PARTE DEMANDADA Problema jurídico: ¿Si procede el reconocimiento de suma alguna de dinero a favor de la parte demandada, por concepto de labores de señalización? Respuesta al problema jurídico: No “(...) A efectos de dar respuesta a este interrogante jurídico, parte la Sala por precisar, que la demanda contenciosa administrativa en la presente causa fue ejercida única y exclusivamente por el INSTITUTO DE DERSARROLLO URBANO IDU, quien solicitó: a) se declarara el incumplimiento parcial del contrato de interventoría por parte de la parte demandada, y b) se liquidara judicialmente el contrato, disponiendo el descuento de ciertas sumas de dinero al demandado. Lo expuesto es relevante para la Sala, por cuanto permite definir procesalmente que la única parte que ejerció oportunamente su derecho de acción fue el IDU, no advirtiéndose que CIVILTEC hubiere formulado demanda de reconvención que la habilitara para formular sus propias pretensiones. Se resalta lo anterior, por cuanto al momento de contestar la demanda en la presente causa, la parte demandada ejerció varias conductas procesales: a) se opuso a la declaratoria de incumplimiento contractual; b) no se opuso a la liquidación judicial del contrato, pero solicitó que en la misma no se descontara suma alguna a la parte demandada, como lo pretendía la parte demandante y c) solicitó COMO UNA PRETENSIÓN PROPIA, que se reconociera en la liquidación judicial del contrato, la suma de $40’000.000 por concepto de diseños de señalización realizados por la interventoría y no cancelados por la entidad, pese a que no hacían parte del objeto contractual inicialmente pactado. En criterio de la Sala, las dos primeras conductas de oposición a las pretensiones de la demanda, se enmarcan perfectamente en lo que sería una contestación de la demanda; no obstante, la tercera conducta constituye la formulación de una pretensión propia, a través de una herramienta jurídica inadecuada, como lo es la contestación de la demanda, lo que no es de recibo, por cuanto para ello, la demandada tuvo la posibilidad de ejercer su propio derecho de acción. Es tan relevante este punto, que en la propia fijación del litigio, que marca el debate probatorio en lo sucesivo, nada se dijo en relación con la nueva pretensión formulada por la parte demandada, lo que a su vez justifica que el a quo no hubiere efectuado pronunciamiento sobre la misma en la sentencia. Por las anteriores consideraciones, advierte la Sala que no resulta procedente que esta Corporación efectúe pronunciamiento sobre el reconocimiento o no de actividades de señalización presuntamente realizadas por el interventor de obra y no reconocidas por la entidad. Pero aun si en gracia de discusión se sostuviera, que esta Sala de decisión debe efectuar pronunciamiento sobre la pretensión formulada por la parte demandada, en su contestación de la demanda, debe destacar la Sala que no habría lugar a acceder a la misma por cuanto: a) no obra en el plenario prueba técnica alguna, que demuestre que la interventoría debió asumir costos por la suma de $40’000.000, por concepto de labores de señalización y; b) tampoco obra en el plenario, prueba alguna que dé certeza a la Sala, que la entidad pública demandante ordenó o autorizó al interventor realizar esos diseños de señalización, pese a no encontrase comprendidos dentro de sus obligaciones contractuales, ni mucho menos que realizados los referidos diseños de señalización, la sociedad interventora hubiera efectuado el cobro de los mismos a la entidad pública contratante y ésta se hubiere rehusado a pagar. Corolario de lo expuesto, advierte la Sala que este punto de apelación tampoco tiene vocación de prosperidad. (...)”

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110013336037201800174022500023