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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 19 de octubre de 2022
Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00003-01 (67.657)
Demandante: Nación – Ministerio del Interior (Ministerio del Interior)
Demandado: Municipio de Remolino
Referencia: Controversias contractuales
Temas: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – congruencia de la sentencia.
Síntesis del caso: la parte demandante solicita, entre otras pretensiones, que se declare que
la entidad demandada incumplió un convenio interadministrativo, y que esta última sea
condenada al pago de la cláusula penal pecuniaria pactada en el convenio .
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la As eguradora
Solidaria de Colombia en contra de la Sentencia proferida el 24 de marzo
de 2021 por el Tribunal Administrativo de Magdalena, en la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda1.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Trámite relevante en primera instancia – 1.4. Sentencia de primera instancia – 1.5.
Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 1 1 de mayo de 2018, la Nación – Ministerio del Interior (Ministerio del
Interior) presentó demanda2, en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales, en contra del municipio de Remolino, en cuyas
pretensiones solicitó que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas
(se trascribe):
“2.1. Declarar que demandado incumplió y/o cumplió defectuosamente el
convenio interadministrativo F178 DE 2015 (…), celebrado entre el
demandante y el demandado, de conformidad con lo descrito en los
capítulos ‘aspectos financieros’ y ‘aspectos jurídicos’ del documento
‘certificación final de supervisión’ que se aporta con la demanda.
2.2. Como consecuencia de la pretensión primera, condenar al municipio
demandado a pagar la suma de (…) $ 73.500.000.oo (…), como
consecuencia del incumplimiento y/o cumplimiento defectuoso de las
obligaciones a su cargo, contenidas en el convenio.
1 El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
2 Folios 3-5 del cuaderno 2.
Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00003-01 (67.657)
Demandante: Ministerio del Interior
Demandado: Municipio de Remolino
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Revocar parcialmente la decisión de
primera instancia
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Esta suma se tasa con base en la garantía de cumplimiento del convenio No.
400-47-994000037408, expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA, constituida por el demandado a favor del demandante, la cual
se encontraba vigente al momento del incumplimiento y/o cumplimiento
defectuoso por parte del municipio demandado.
2.3. Ordenar al municipio demandado devolver al Tesoro Nacional la suma de
(…) $ 514.500.000.oo (…), como consecuencia de la no ejecución de los
desembolsos efectuados por el demandante con ocasión del convenio.
2.4. Como consecuencia de la pretensión primera, condena r al municipio
demandado a pagar la suma de (…) $ 73.500.000.oo (…), con fundamento
en la cláusula penal pecuniaria estipulada en la cláusula novena del
convenio.
2.4. Ordenar la liquidación en sede judicial del convenio, decretando los
ajustes, revisiones, reconocimientos y reintegros económicos a los que haya
lugar, con sus respectivos rendimientos financieros, de conformidad con lo
que se pruebe en el proceso, en los términos previstos de conformidad con lo
señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 217
del Decreto Ley 19 de 2012), y en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, como
consecuencia de los desembolsos realizados por el demandante al
demandado con ocasión del convenio interadministrativo en cuestión.
2.5. Ordenar que ee indexen y actualicen las sumas de dinero a las que resulte
condenado el demandado, hasta el momento del pago inclusive.
2.6. Condenar en costas al demandado”.
2. En el escrito de demanda, la parte demandante narró, en síntesis, los
siguientes hechos:
3. 1) El Ministerio del Interior y el municipio de Remolino celebraron el
convenio interadministrativo No. F178 de 2015, cuyo objeto consistía en
“aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para
promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a través de la
construcción de infraestructura, mediante la ejecución del proyecto
denominado ‘Centro de Integración Ciudadana (CIC) en el municipio de
Remolino’”.
4. 2) A juicio del Ministerio del Interior, el municipio de Remolino “incumpli[ó]
y/o cumpli[ó] defectuos[amente]” el convenio interadministrativo No. F178
de 2015, según consta en un documento denominado “certificación final
de supervisión”.
1.2. Posición de la parte demandada
5. El municipio de Remolino no contestó la demanda.
1.3. Trámite relevante en primera instancia
6. Mediante Auto de 24 de julio de 2020, el Tribunal Administrativo de
Magdalena ordenó vincular al proceso a la Aseguradora Solidaria de
Colombia, garante del cumplimiento de las obligaciones derivadas del
convenio interadministrativo No. F178 de 2015 a c argo del municipio de
Remolino, en condición de litisconsorte necesaria de la entidad
demandada3.
3 Archivo PDF denominado “4_ED_04AUTORETROTRAEACTUA” del expediente digital (índice 2 Samai).
Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00003-01 (67.657)
Demandante: Ministerio del Interior
Demandado: Municipio de Remolino
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Revocar parcialmente la decisión de
primera instancia
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7. El 22 de septiembre de 2020, la Aseguradora Solidaria de Colombia
contestó la demanda 4. Propuso las excepciones que denominó
“improcedencia de la vinculac ión de la Aseguradora Solidaria de
Colombia como litisconsorte necesario” , “prescripción del contrato de
seguro”, “límite del valor asegurado” y “ausencia de fundamentos fácticos
de la demanda”, en desarrollo de las cuales se opuso a las pretensiones de
la demanda.
1.4. Sentencia de primera instancia
8. El 24 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Magdalena profirió
sentencia de primera instancia 5, en la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda:
9. En relación con las pretensiones de incumplimiento y efectividad de la
cláusula penal, el Tribunal consideró que (se trascribe):
“[N]o solo el Municipio de Remolino se sustrajo de su obligación principal de
ejecutar el Convenio Interadministrativo F -178 de 2015, suscrito con el
Ministerio del Interior sin justificación alguna, sino que además procedió a
incumplir con las obligaciones previstas que le atañen de liquidación del
contrato, y de otras de naturaleza administrativa que impidió a la entidad
incluso proceder a realiza r la liquidación unilateral del contrato por falta de
remisión de documentos transcendentales, cuya información así lo permitiera,
está visto que no bastaba solamente con reintegrar el capital del dinero
adeudado para la ejecución del proyecto por parte del ente territorial, y aun
de manera inclusive los rendimientos que el mismo generar durante el tiempo
que reposo en modalidad de depósito no ejecutado, toda vez que dicha
actuación va en contravía de todos los principios de la contratación pública
(…)
El i ncumplimiento por parte del municipio de Remolino (Magdalena) en el
cumplimiento de las obligaciones pactadas entre las partes con ocasión a la
suscripción del convenio F -178 -15, hace que se genere el presupuesto para
que opere la cláusula penal (…)
Bajo tales presupuestos, estima el Tribunal procedente dar aplicación a la
cláusula penal pecuniaria establecida en el contrato, imponiendo bajo tal
título la obligación de cancelar por parte del MUNICIPIO DE REMOLINO la
suma de (…) $.73.500.000 (…)”.
10. En l o atinente a la pretensión de liquidación judicial del convenio
interadministrativo No. F178 de 2015, el Tribunal indicó (se trascribe):
“Una vez declarado el incumplimiento contractual, y la causación de
imputación y pago de la cláusula penal del convenio por parte del Municipio
de Remolino y a favor del Ministerio del Interior , habría lugar a practicar la
liquidación judicial del mismo convenio, sin embargo no se encuentran los
elementos suficientes, razón por lo cual se ordenará practicar la liquidació n
judicial del convenio F -178 de 2015 suscrito entre las partes, de conformidad
con el artículo 193 del CPACA, teniendo de presente que se adeuda por
dicho ente territorial al mencionado Ministerio:
La suma de (…) $.497.000 (…) por concepto de rendimientos causados a 20
de agosto de 2019.
La suma de (…) $73.500.000 (…), equivalente al valor total de la cláusula penal
pecuniaria del convenio F-178 de 2015.
4 Archivo PDF denominado “7_ED_07CONTESTACIONASEGUR” del expediente digital (índice 2 Samai).
5 Folios 165-181 del cuaderno principal.
Radicación número: 47001-23-33-000-2019-00003-01 (67.657)
Demandante: Ministerio del Interior
Demandado: Municipio de Remolino
Referencia: Contro
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