Titulación de la relatoría 16.520 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / CONGRUENCIA DEL JUEZ / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APELACIÓN DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE / ARGUMENTO NUEVO / NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi, o que no constituye un reparo concreto frente a las razones de la decisión empleadas por el a quo en la primea instancia?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala precisa que dos de los cuatro fundamentos del recurso de apelación no podrán ser evaluados por la Corporación. Esto, por cuanto uno de ellos comporta una variación de la causa petendi -violación del derecho a la igualdad-, y porque el otro en realidad no constituye un reparo concreto frente a las razones de la decisión empleadas por el a quo en la primea instancia -la constitución de la póliza minero ambiental era obligatoria y no facultativa-. Esta Subsección ha señalado que el marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual no basta con la simple interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es suficiente la manifestación general de no estar conforme con la decisión impugnada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis planteada. Por otra parte, debe recordarse que el juez de segunda instancia debe tomar la decisión de forma congruente con la demanda, la sentencia y el recurso; en tal sentido, no puede abordar materias que se señalan en la apelación y que correspondan a nuevos cuestionamientos que no fueron planteados al inicio del proceso, o sobre los cuales no se haya cumplido la carga procesal de sustentación que permita cuestionar la sentencia impugnada, pues se vulneraría la garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial. (...) Para el caso concreto, el fundamento de la apelación alusivo a la violación del derecho a la igualdad en que supuestamente incurrió la ANM y que no valoró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al decidir de fondo, corresponde a una variación de la causa petendi, por cuanto en la demanda únicamente se formularon los cargos de (i) desconocimiento del principio de favorabilidad, (ii) violación del debido proceso e (iii) inobservancia de la cláusula 6.12 del contrato, pero nada se dijo acerca de esa supuesta violación del derecho a la igualdad. Por otra parte, cuando se advierte la ausencia de sustentación suficiente, adecuada o material del recurso de apelación, cuyo fundamento sea simplemente afirmaciones genéricas y vagas, sin traer a colación argumentos para cuestionar la providencia impugnada, al superior jerárquico le corresponde confirmar el proveído apelado, al quedar relevado de evaluar de fondo tales consideraciones del apelante. Esto es lo que precisamente ocurre en el presente asunto, por cuanto en la sentencia de primera instancia se negaron las pretensiones al considerar, entre otras razones, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 287 del Código de Minas y lo estipulado por las partes en la cláusula 15 del contrato minero KDR-11111, la vinculación de la aseguradora al procedimiento para la imposición de la multa era facultativa para la autoridad minera, dado que los llamados a convocar a su garante eran los titulares mineros. Sin embargo, frente a esa razón de la decisión no se formuló reparo alguno, por cuanto en la apelación únicamente se señaló que el a quo erró al considerar que no era obligatoria la constitución de una póliza de cumplimiento6. Es decir, se apeló bajo la errónea convicción de que el a quo sostuvo que la póliza minero ambiental no era obligatoria, cuando en ningún aparte de la decisión recurrida se hizo tal afirmación. En ese contexto, como esos dos fundamentos de la apelación no revelan razones de inconformidad que ataquen los argumentos que expuso el a quo para negar las pretensiones de la demanda, la Sala carece de competencia para efectuar un pronunciamiento de fondo sobre ellos y quedan entonces excluidos del objeto de la presente decisión.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia, consultar providencias de 14 de octubre de 2015, Exp. 48502, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 19 de junio de 2020, Exp. 49572, C.P. María Adriana Marín; de 24 de septiembre de 2020, Exp. 44707, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTIVIDAD MINERA / ASUNTOS MINEROS / ASUNTOS DE NATURALEZA MINERA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / CONTENIDO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN POR APLICACIÓN PRÁCTICA / NORMATIVA DEL DERECHO MINERO / OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO DEL TÍTULO MINERO / ACTO ADMINISTRATIVO MINERO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Resulta procedente declarar la nulidad del acto administrativo que impuso una multa a los contratistas, cuando se observa que, de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas del contrato minero KDR-11111, sus titulares estaban obligados a presentar el Formato Básico Minero anual de 2012?
Respuesta al problema jurídico: No
Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la
sentencia del 12 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se negó la anulación de los actos administrativos
que impusieron una multa a los titulares del contrato de concesión minera KDR
11111. (...) El 27 de noviembre de 2012, se suscribió entre los señores (...) y la ANM, el contrato de concesión minera KDR-11111 cuyo objeto consistió en la ejecución, por parte de los concesionarios, de un proyecto de exploración técnica y explotación económica de un yacimiento de materiales de construcción y demás minerales concesibles, para un área de 47,5522 ha, localizadas en los municipios de Alvarado e Ibagué, Tolima. (...) En la cláusula 16 del contrato se pactaron las obligaciones a cargo del concesionario minero. (...) En la interpretación de esta cláusula, necesariamente deben observarse las normas mineras imperativas que establecen la obligación de presentar los FBM para todos los titulares de contratos de concesión minera, durante todas sus etapas. Específicamente, en la propia cláusula 6.12 se estipuló una remisión expresa a la Resolución No. 181208 de 2006 -modificada por la Resolución 18 1602 de 2006-, que establece que todo titular minero debe cumplir con dicha prestación, sin distinción de la etapa en que se encuentre su proyecto minero (...). En virtud de (...) [las] previsiones legales, que constituyen criterios para la interpretación de la cláusula 6.12 -conforme a lo previsto en la cláusula 21-, se comprende que al ser el FBM un mecanismo que permite la recolección de información relacionada con la actividad minera de las áreas entregadas en concesión por el Estado, estos deben ser exigidos durante todas las etapas contractuales, puesto que los datos recabados en la exploración minera, además de alimentar el Sistema de Información Minero colombiano, permiten a las autoridades tener una mejor identificación de los recursos naturales no renovables del Estado. Es por esto, que una interpretación de la cláusula que restrinja la presentación de los FBM a la etapa de explotación, además de ser contraria a las normas mineras imperativas que se acaban de aludir, desconocería que en ella no se establece explícita, o implícitamente, que dicha obligación sería únicamente para esa etapa. (...) En todo caso, no es jurídicamente plausible que los demandantes aleguen la existencia de una interpretación errónea de la cláusula 6.12, cuando durante la ejecución contractual ellos mismos le dieron la aplicación que ahora cuestionan -art. 1622 C. Civil-, al aportar los FBM anuales y semestrales de 2013, 2014 y 2015. (...) Aquí toma relevancia el reparo formulado por el recurrente, pues al pretender que se interprete la cláusula 6.12 en el sentido de señalar que los FBM no eran exigibles para la etapa de exploración, desconoce que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1622 del Código Civil, las cláusulas de un contrato se interpretarán “por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte”. En virtud de esa regla hermenéutica, la Sala constata que la discusión que, en sede judicial, plantea la parte demandante en torno al alcance y efectos de la cláusula 6.12, encuentra su solución en la conducta desplegada por ella misma durante la ejecución contractual, inequívocamente encaminada a reconocer que la obligación de presentar FBM no estaba circunscrita a la etapa de explotación, sino que se proyectaba hacia las demás etapas del contrato de concesión minera, en la medida que así la cumplió durante toda la etapa de exploración, sin formular objeción o salvedad alguna, y sin que mediara requerimiento por parte de la autoridad minera. Por lo anterior, el primer reparo de la apelación, relativo a la exigibilidad de presentar FBM en la etapa de exploración del contrato minero KDR-111, no se abre paso.
FUENTE FORMAL:
LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 339, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 340, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1622
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTIVIDAD MINERA / ASUNTOS DE NATURALEZA MINERA / ASUNTOS MINEROS / ACTO ADMINISTRATIVO MINERO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO DEL TÍTULO MINERO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD / PROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Resulta procedente declarar la nulidad del acto administrativo que impuso una multa a los contratistas, por falta de aplicación del artículo 115 del Código de Minas y la transgresión del principio de favorabilidad?
Respuesta al problema jurídico: No
De la aplicación del artículo 115 del Código de Minas y la transgresión del principio de favorabilidad. Para resolver este reparo, la Sala precisa que, aunque en la cláusula 15 del contrato minero KDR-11111 no se estableció una remisión explícita al artículo 115 del Código de Minas -a efectos de regular lo concerniente a la imposición de multas , lo cierto es que por virtud de lo previsto en la cláusula 21 de ese contrato, así como lo señalado en los artículos 46 del Código de Minas y 38 de la Ley 153 de 1887, dicho precepto normativo orienta y regula las estipulaciones de ese negocio jurídico, por estar vigente al momento de su perfeccionamiento. Mediante la Resolución VSC 000519 del 5 de agosto de 2015, la ANM impuso multa por valor de 13.5 SMLMV, debido a que los titulares mineros no presentaron el FBM anual de 2012. Para adoptar esa decisión, la autoridad minera acudió a la aplicación de los artículos 115 y 287 del Código de Minas, en lo atinente a la identificación de la causal de multa y el procedimiento para su aplicación, así como a la Resolución No. 91544 de 2014, en lo relativo a la graduación de su monto. Estas consideraciones fueron reiteradas en la Resolución VSC 000047 del 18 de enero de 2016, confirmatoria de la anterior. En ese contexto, la Sala considera que el contenido mismo de los actos enjuiciados da cuenta de que la ANM fundó la imposición de la multa en la aplicación del artículo 115 del Código de Minas, al determinar que la falta de presentación de los FBM daba lugar a esa consecuencia jurídica, en la medida en que no estaba consagrada como causal de caducidad por el artículo 112 ejusdem. Contrario a lo expresado en la apelación, la tipificación del incumplimiento de esa obligación como causal de multa, no estaba en la Resolución 91544 de 2014, sino en el Código de Minas y así quedó especificado en las resoluciones demandadas. Ahora bien, la sola aplicación de esa norma reglamentaria no puede ser considerada como transgresora del principio de favorabilidad, por cuanto el artículo 115 del Código de Minas no estableció una metodología para tasar y graduar las multas imponibles a los titulares mineros y, en todo caso, porque la parte actora no argumentó, ni demostró por qué se vulneró el citado principio, a pesar de que la multa se impuso respetando el tope de 30 SMLMV consagrado en la cláusula 15 del contrato. Por lo anterior, el reparo alusivo a la falta de aplicación del artículo 115 del Código de Minas y la transgresión del principio de favorabilidad, tampoco se abre paso y, en consecuencia, se confirmará la decisión recurrida.
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 112, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 115, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 287, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 46
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 del CPACA establece que la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de Procedimiento Civil. En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 365 del CGP, la Sala impondrá condena en costas a la parte demandante, por cuanto en la presente decisión se confirma la sentencia apelada. Adicionalmente, considerando que el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016, se fijan agencias en derecho en la suma de un (1) salario mínimo mensual legal vigente, que se será pagada así: medio (1/2) salario mínimo mensual legal vigente por el señor (...) y (1/2) salario mínimo mensual legal vigente por la señora (...). La liquidación de las costas se efectuará de manera concentrada por conducto de la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366