Titulación de la relatoría 26.279 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / COMPAÑÍA DE SEGUROS / CESIÓN DEL CRÉDITO / SUBROGACIÓN DEL CRÉDITO ASEGURADO / PARTES DEL CONTRATO / MEDIO DE CONTROL / ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR OMISIÓN ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿Resulta procedente adecuar el medio de control presentado como controversias contractuales al de reparación directa, debido a que, la compañía de seguros al no ser parte del contrato estatal no esta habilitada para ejercer dicho medio de control y lo que cuestiona es la omisión en el actuar de la administración con ocación de un acto administrativo frente al que no se cuestiona su legalidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
Procedencia del medio de control (...) En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se evidencia que la apelación de Liberty está encaminada a que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, con apoyo en que, ya sea en calidad de cesionaria de los créditos de Electripesados derivados del contrato No. 314 de 2013, o como subrogataria de dicha contratista por la efectividad de la póliza de seguros por ella otorgada, la UAERMV debía pagarle los saldos pendientes en favor de la sociedad en comento. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que la cesión de créditos, entendida como aquel negocio en el cual se venden las acreencias a que una persona tiene derecho, no lleva a que el cesionario se convierta en parte del acuerdo de voluntades, como sí sucede en la cesión general del contrato, sino que este, en su lugar, se convierte en un simple beneficiario de las obligaciones que adquirió, que han de ser satisfechas por el deudor inicial. La anterior precisión conceptual tiene consecuencias en la vía procesal a ejercer en punto al procedimiento contencioso administrativo, ya que si el cesionario de un crédito derivado de un contrato estatal no es parte, no está habilitado para ejercer el medio de control de controversias contractuales que, en los estrictos términos del artículo 141 del CPACA, fue previsto exclusivamente para “cualquiera de las partes de los contratos estatales”, con excepción de los terceros interesados que, en todo caso, solo pueden pedir la nulidad absoluta del acuerdo de voluntades. Es así como la jurisprudencia de esta Corporación ha desestimado la posibilidad de que el cesionario de los créditos de un contrato estatal pueda demandar el cumplimiento de la obligación que adquirió por vía de las controversias contractuales, pues, sencillamente, no es parte de dicho acuerdo de voluntades y, como ya se indicó, el legislador reservó dicho mecanismo procesal a los sujetos negociales del vínculo contractual. Aclarado lo anterior, el Consejo de Estado ha considerado que, entonces, el cesionario debe agotar una reclamación previa a la Administración cuando esta funge como contratante a cargo de la satisfacción de los créditos a su favor, en virtud del principio de la potestad de decisión previa o autotutela declarativa, que debe llevar a que se produzca un acto administrativo que, de ser negativo, habilitará a dicho sujeto a ejercer eventualmente una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra dicha actuación. Ahora bien, la subrogación es una figura en materia de derecho de seguros, en virtud de la cual, acaecido el siniestro, la aseguradora reemplaza al asegurado en su derecho a perseguir el resarcimiento de perjuicios frente al responsable de la concreción del riesgo, caso en el cual, en tratándose de las pólizas suscritas con ocasión al contrato estatal, tampoco es dable sostener que la subrogataria se convierte en parte de ese acuerdo de voluntades y, por lo tanto, tampoco está habilitada papara ejercer el medio de control de controversias contractuales en tal escenario. Así pues, al igual que sucede en el evento de la cesión de créditos, la subrogataria, si a bien tiene en reclamar a la entidad contratante por considerar que debe responder por circunstancias derivadas de la efectividad de la póliza de seguros, cuenta con la posibilidad de hacerlo directamente ante la Administración y, de no resultar favorable la respuesta, puede enjuiciar esa decisión que, naturalmente, tendrá la denominación de acto administrativo, en sede de la nulidad y restablecimiento del derecho. (...) El panorama en comento revela que, en línea con los criterios delimitados previamente, Liberty cumplió con la carga de reclamar directamente a la Administración sobre el pago de los saldos pendientes del contrato No. 314 de 2013 ya fuera en calidad de cesionaria, o en virtud del rol de subrogataria que afirmó tener y, contrario a negarse a acceder a ello, la UAERMV aceptó otorgar dichas erogaciones mediante un acto administrativo; empero, finalmente resultó pagándolos a Electripesados. En esa línea, conviene comenzar por precisar que, en el caso de estudio, aunque en la demanda inicialmente se formularon pretensiones dirigidas a la liquidación del contrato No. 314 de 2013, ello no fue reafirmado en la apelación, entre otros, porque dicho corte de cuentas se realizó justo antes de la admisión de la demanda, de ahí que, en virtud del principio de congruencia no corresponda emitir un pronunciamiento al respecto en sede de segunda instancia. Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, en realidad, Liberty persigue, ya sea como cesionaria, o como subrogataria: i) la declaración del derecho que tiene sobre los saldos del contrato No. 314 de 2013 y ii) la orden judicial para que la UAERMV cancele dichos montos a la aseguradora, pretensiones que en sí mismas no tienen relación directa con una controversia contractual, sino que guardan relación con el hecho de que el acto administrativo No. 227-SG-011, que previó conceder tales aspectos, no fue concretado por la Administración. (...) Con todo, no es dable concluir que el medio de control procedente sería el de nulidad y restablecimiento del derecho, como lo preceptuó la jurisprudencia citada párrafos atrás, ya que ello habría sido así solo de ser adverso el acto administrativo en virtud del cual se resolvió la solicitud de pago de dineros según el rol de cesionaria y/o subrogataria de Liberty, pues de ser favorable, como en efecto sucedió, no habría sido lógico que la aseguradora enjuiciara esa decisión. Tampoco habría sido dable que Liberty impulsara un proceso ejecutivo, pues, aunque la decisión No. 227-SG-0110 accedió a reconocerle los saldos pretendidos, en realidad, aquellos nunca fueron determinados, por lo que no existía una obligación clara, expresa y actualmente exigible que pudiera ser perseguida mediante esa vía procesal. En ese orden de ideas, la jurisprudencia arroja luces sobre el camino procesal respecto de las pretensiones de Liberty frente a UAERMV, pues ha sostenido que, en aquellos eventos en que se pretende el cumplimiento de actos administrativos cuya legalidad no se reprocha, el medio de control idóneo para lograr ese cometido es la reparación directa, pues, en tales casos, no se está cuestionando la legalidad de la decisión de la Administración, que justamente se comparte, sino la abstención de aquella en concretar sus efectos jurídicos, que se circunscribe al ámbito de la responsabilidad extracontractual enmarcada en el medio de control de reparación directa (...) Así las cosas, en tratándose del acto mediante el cual se aceptó el reconocimiento del pago de los saldos restantes del contrato No. 314 de 2013 a Liberty, dado que precisamente esa aseguradora cuestiona que no se hubiera procedido de esa forma, con ello no se cuestiona la legalidad de esa decisión, sino la omisión de la UAERMV en materializar ese mandato, aspecto que gira en torno a la responsabilidad extracontractual pues, además de que no está basado directamente en el negocio jurídico en cuestión, pues la demandante no fue parte de ese acuerdo de voluntades, tampoco se funda en un reproche a la decisión No. 227-SG-0110 que, como ya se indicó, justamente accedió a lo pedido. Por lo tanto, para la Sala no cabe duda de que el medio de control procedente en el asunto que ocupa su atención es el de reparación directa, previsto en el artículo 140 del CPACA, como aquel en el cual todo interesado puede demandar la reparación del daño causado en las acciones u omisiones de los agentes del Estado, o por cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo su instrucción, bajo la premisa de que la aseguradora está cuestionando una omisión en el actuar de la Administración con ocasión de un acto administrativo que se reputa válido y frente al cual no existen cuestionamientos en torno a su legalidad. Como consecuencia, la Sala estima pertinente adecuar el medio de control, y así se verá reflejado en la parte resolutiva de la providencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CPACA, según el cual es deber del juez estudiar las pretensiones de la demanda aun cuando el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, y en este último caso habrá de surtirse el trámite correspondiente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la posibilidad de demandar en controversias contractuales solo a los sujetos del contrato y no al cesionario, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 25 de abril de 2012, exp. 25000-23-26-000-1994-09759-01(20817). Sobre la responsabilidad extracontractual cuando no se cuestiona la legalidad del acto administrativo, sino la abstención de aquella en concretar sus efectos jurídicos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Subsección A, Auto del 11 de noviembre de 2020, exp. 25000-23-36-000-2015-02946-01(64268) y ii) Subsección B, Sentencia del 20 de mayo de 2024, exp. 08001-23-31-000-2008-0129-01(57143).
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 140, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 171
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / SEGUNDA INSTANCIA / ARGUMENTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO / RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
Problema jurídico:
¿Puede el juez de segunda instancia analizar cargos nuevos cuando estos modifican la causa petendi?
Respuesta al problema jurídico: No
El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, a menos que las partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual el juez resolverá sin limitaciones. Es así que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del CGP, el superior no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no fue objeto del recurso de apelación (...) La Subsección precisa que por la vía del recurso de apelación contra el fallo de primera instancia no es posible modificar la causa petendi, ni tampoco adicionar la demanda ni su sustento, dado que se estaría sorprendiendo a la contraparte con cargos nuevos frente a los cuales no tuvo la oportunidad de defenderse y, en caso de permitir tales actuaciones, se desconocería el principio de congruencia y el debido proceso. (...) Así las cosas, como los argumentos antes referidos (fundamento jurídico 5.3.), incluidos por primera vez en el recurso de apelación, varían la causa petendi, la Sala no los tendrá en cuenta al plantear el problema jurídico a resolver en segunda instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, ver: Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 05001233100020010306801(46005). Sobre la imposibilidad de variar las pretensiones de la demanda en el recurso de apelación, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2021, exp. 65589; sentencia del 30 de julio de 2021, exp.. 50.728, Subsección A, Sección Tercera.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CONFIGURACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / DEMOSTRACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / EXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO / ACTO ADMINISTRATIVO / INEJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SALDOS A FAVOR ORIGINADOS EN ACTO ADMINISTRATIVO / COMPAÑÍA DE SEGUROS / SUBROGACIÓN DEL CRÉDITO ASEGURADO / SUBROGACIÓN DE LOS DERECHOS DEL ASEGURADOR / PAGO DE LA MULTA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / PAGO DE LO NO DEBIDO / CONFIGURACIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / ACCIÓN DE LESIVIDAD / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CON PERSONERÍA JURÍDICA / RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD PÚBLICA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿La aseguradora tenía derecho al reconocimiento de los saldos derivados del contrato del cual adujo ser subrogataria de los créditos, por haber pagado la multa y la cláusula penal impuestas al contratista, lo cual quedó plasmado en un acto administrativo, pero en su lugar se le pagó al contratista y por tanto, se le debía ordenar su pago en sede judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud del esbozo fáctico precedente, para la Subsección resulta claro que, a partir de la decisión No. 227-SG-0110, la UAERMV se allanó a aceptar el pago de los saldos que quedaran del contrato No. 314 de 2013 a Liberty, con el argumento de que aquella era subrogataria por haber pagado la multa y cláusula penal impuestas a Electripesados con base en la póliza de cumplimiento por ella otorgada. Dicha decisión constituye un auténtico acto administrativo, como se concluyó en el acápite de procedencia del medio de control, en tanto es una declaración particular, con un efecto jurídico directo y expedida en ejercicio de la función administrativa, en la medida en que impone una carga a la propia UAERMV, consistente en reconocer un saldo dinerario indeterminado, pero determinable, en favor de Liberty, mandato tras el cual la entidad demandada quedó atada a su propia voluntad y, por tanto, debía proceder de la manera en que se comprometió a hacerlo. Desconocer lo anterior implicaría infringir la presunción de legalidad del acto administrativo como atributo de aquel una vez que se encuentra en firme, así como la teoría de los actos propios, en virtud de lo cual los individuos no pueden ir contra sus declaraciones de voluntad, de ahí que, en tanto la decisión en cuestión se encuentra vigente y, por lo demás, fue expedida por la UAERMV sin vicios de fuerza o dolo, no cabe duda de que era una camisa de fuerza de la cual la demandada no podía liberarse. Justamente, esta Subsección ha sostenido que, en aquellos eventos en que se toma una determinación en un acto administrativo con carácter ejecutivo y ejecutorio, no resulta válido adoptar en sede judicial una decisión contraria a lo allí definido, dado que tal declaración está investida de la presunción de legalidad y, mientras aquella no sea desvirtuada, se debe acatar en los estrictos términos de sus efectos jurídicos. Tal aspecto revela que en cabeza de la UAERMV existía una obligación de pagar los saldos pendientes del contrato No. 314 de 2013 a la aseguradora Liberty para el 4 de agosto de 2016 -fecha en la cual se dictó el acto administrativo en cuestión-, por lo que, al haberse liquidado el acuerdo de voluntades en comento, con un saldo a favor del contratista de $176’486.178, dicha suma debió remitirse a Liberty, pero en su lugar y sin justificación alguna fue entregada a Electripesados, en desconocimiento de la propia decisión de la Administración que había dispuesto lo contrario. La discusión sobre el pago existe al margen de si la Administración aplicó correctamente o no la figura de la subrogación, pues, aunque dicho aspecto fue analizado por la apelante desde su escrito inicial y en su alzada, lo cierto es que, como ya se reiteró, hubo un acto administrativo favorable a los intereses de Liberty que, con todo, no fue cuestionado en sede judicial, por lo que, sin perjuicio de que las conclusiones allí dispuestas fueran producto de un razonar equívoco, lo cierto es que la UAERMV se allanó a lo pedido por la aseguradora. A lo anterior se suma que, en los alegatos de conclusión de primera instancia, la propia UAERMV adujo que cometió un “error involuntario” en pagar las sumas derivadas del contrato No. 314 de 2013 a Electripesados, lo que con mayor razón reafirma el yerro cometido en omitir su propia decisión en la cual había otorgado dichos emolumentos a Liberty, circunstancia que, a la postre, le causó a la aseguradora un daño antijurídico que no estaba en el deber jurídico de soportar y que le era imputable a la demandada, en tanto responsable de pagar las erogaciones en cuestión. A su vez, vale precisar que el hecho de que la UAERMV le haya pagado a Electripesados la suma que le correspondía a Liberty no la exonera de satisfacer dicha obligación frente a la aseguradora, debido a que, como es claro que correspondía otorgarle dicho saldo a esta última, incurrió en un pago de lo no debido frente a la contratista y dicho yerro no le es dable asumirlo a la apelante, sino a la entidad contratante, con las consecuencias que ello acarrea. Finalmente, se advierte que a las autoridades administrativas les corresponde un sumo cuidado a la hora de elaborar las decisiones que emiten, por cuanto, de reconocer un derecho en favor de un sujeto, en tal caso quedan atados a su propia voluntad unilateral, por lo que solo en el evento en que modifiquen o revoquen directamente la decisión quedarán liberados si a bien lo tienen y, de no proceder alguna de esas dos sendas solo les quedará enjuiciar su propia declaración a través de la denominada “acción de lesividad”. Bajo las anteriores consideraciones, la Subsección concluye que le asiste razón a la apelante en considerar que el a quo debió acceder a sus pretensiones, por cuanto la UAERMV se había obligado a pagarle los saldos restantes del contrato No. 314 de 2013 y, aun así, no cumplió dicho cometido, de ahí que, acreditado el daño y su imputación a la demandada, y habiéndose determinado el quantum de los saldos que le correspondían a Liberty en el cruce de cuentas del 29 de junio de 2017, por la suma de $176’486.178, se reconocerá tal valor en su favor, en línea con lo dispuesto en el acto administrativo No. 227-SG-0110. Finalmente, aunque en el caso concreto no se analizó lo atinente a la calidad de cesionaria que Liberty habría tenido, en línea con la apelación, se encuentra que sería inane proceder de esa manera, ya que el simple argumento de que la UAERMV, mediante un acto administrativo, se allanó a reconocer los saldos en favor de la aseguradora por ser subrogataria, resulta suficiente para acceder a lo pretendido por la apelante. A partir de todo lo dicho, la Sala revocará la sentencia del 3 de marzo de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para, en su lugar, y en atención a la adecuación del medio de control, acceder a las pretensiones concernientes a la declaración de que las sumas restantes del contrato No. 314 de 2013 le correspondían a Liberty y, por ende, ordenar su pago.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la definición de acto administrativo, ver: Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 28 de octubre de 2024, exp. 11001-03-26-000-2015-00098-00(54485). Sobre la presunción de legalidad del acto administrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 1° de diciembre de 2023, exp. 11001032400020220039300(69231). Sobre la teoria de no venir contra los actos propios, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 25307-31-03-001-2008-00437-01 - SC10326-2014; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 28 de octubre de 2024, exp. 52001-23-33-000-2018-00555-01(67567). Sobre la acción de lesividad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 23 de septiembre de 2024, exp. 25000-23-36-000-2015-01127-02(62656).
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / ACTUALIZACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CONTENIDO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / SALDOS A FAVOR / ENTIDAD ASEGURADORA / COMPAÑÍA DE SEGUROS / IPC / PAGO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Debe reconocerse a la aseguradora como indemnización de perjuicios, el pago de los saldos pendientes de pagar del contrato, actualizados con el IPC?
Respuesta al problema jurídico: Si
Indemnización de perjuicios En el caso que ocupa la atención de la Sala, Liberty pretendió el pago de los saldos pendientes de pagar del contrato No. 314 de 2013. En consideración a que su solicitud a la UAERMV fue el 15 de febrero de 2016, se observa que, según la liquidación del acuerdo de voluntades, para tal momento solo quedaba pendiente el pago de la suma de $176’486.178, motivo por el cual se le reconocerá tal saldo en su favor, como se indicó en párrafos anteriores. Ahora bien, de la lectura de las pretensiones de la demanda se encuentra que la demandante pidió que se reconociera solamente “uno de los siguientes conceptos”: i) la tasa máxima de interés moratorio permitida en la ley, ii) en subsidio de lo anterior el ajuste por IPC y el reconocimiento del interés legal del 6% y, iii) subsidiariamente la aplicación del ajuste por IPC. Dado que, en los términos de lo pedido, solo hay lugar a acceder a uno de esos conceptos, por propio pedido del demandante, la Sala optará por reconocer únicamente la denominada “aplicación del ajuste por IPC”, ya que, en la práctica, es un mandato judicial actualizar los saldos objeto de las condenas que versan sobre el pago de una suma, como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación en decisiones anteriores. Por lo tanto, en la presente decisión no se reconocerá algún tipo de interés, en atención a lo estrictamente pedido por el demandante, en virtud de lo cual, si se indexa la suma en su favor, no corresponde reconocer ninguna otra de las hipótesis donde se incorporaron intereses. Aunado a lo anterior, no se puede perder de vista que a través del presente proveído se está declarando el reconocimiento de un valor a favor del demandante, por lo que cualquier interés se generaría a partir de la misma y no antes. En ese sentido, la Sala actualizará al valor del saldo en cuestión, para lo cual tomará como punto de partida el día siguiente a la liquidación del contrato 314 de 2013, es decir, el 30 de junio de 2017, pues solo hasta esa fecha se determinó el saldo a pagar derivado del contrato No. 314 de 2013 y, por tanto, a partir de ese momento hubiera correspondido remitirle a la aseguradora dicha erogación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la actualización de las condenas, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 24 de abril de 2024, exp. 25000-23-36-000-2015-02630-02 (67095).
COMPULSA DE COPIAS / CAUSALES DE LA COMPULSA DE COPIAS / FINALIDAD DE LA COMPULSA DE COPIAS / OBLIGATORIEDAD DE LA COMPULSA DE COPIAS / DINERO PÚBLICO / INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS
Problema jurídico:
¿Deben compulsarse copias a las autoridades competentes en en sede disciplinaria, fiscal y penal, considerando que se otorgaron dineros públicos a una persona jurídica que no estaba habilitada para el efecto?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala evidencia que, como consecuencia de la presente decisión, la UAERMV se verá sometida a pagar los remanentes del contrato No. 314 de 2013 aunque ya los había remitido indebidamente a Electripesados, lo que se justificó en un “error involuntario” que, en todo caso, le corresponde evaluar a las autoridades competentes en sede disciplinaria, fiscal y penal, considerando que se otorgaron dineros públicos a una persona jurídica que no estaba habilitada para el efecto. Como consecuencia, se compulsarán copias a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación para que, si a bien lo tienen, determinen las eventuales responsabilidades derivadas de la situación en comento.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede condenar en costas a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial por ser la vencida en el proceso, pero sin incluir agencias en derecho en esta instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
El numeral 4 del artículo 365 del CGP dispuso que, cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. Atendiendo a lo allí ordenado, se condenará en costas en ambas instancias a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial Con todo, a pesar de que la UAERMV resultó vencida, no hay lugar a reconocer la existencia de agencias en derecho en esta instancia en favor de la sociedad Liberty Seguros S.A., debido a que estas no se causaron, pues, una vez concedida y admitida la apelación, ninguno de los sujetos procesales intervino en este juicio, de ahí que aquellas no se encuentren justificadas. En cuanto a las agencias en derecho en primera instancia, aquellas serán determinadas por el a quo de manera concentrada.