Titulación de la relatoría 13.754 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONTRATANTE / CONTRATISTA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN / FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN / FUNCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL / REGALÍAS / FONDO NACIONAL DE REGALÍAS / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
Problema jurídico:
¿Está legitimado en la causa por pasiva el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para responder por obligaciones contractuales derivadas de un contrato suscrito exclusivamente entre una entidad territorial y un contratista, pese a que su participación se circunscribió al ejercicio de funciones de inspección, control y vigilancia sobre la ejecución de recursos de regalías?
Respuesta al problema jurídico: No
[D]e conformidad con el artículo 1602 del Código Civil (…), todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. El contrato como ley creada por las partes, solo obliga a quienes forman parte de él –efecto relativo de los contratos–. Por ello, su cumplimiento solo puede ser exigido entre los contratantes y no por terceros, ni a terceros, salvo algunas excepciones (arts. 1506 y 1507 del CC). El contrato (…) fue suscrito entre el municipio de Mitú, como contratante, y el [demandante], como contratista, siendo estas las únicas partes del negocio jurídico. El DNP y la Dirección de Regalías no suscribieron el contrato ni asumieron obligaciones derivadas del mismo. El artículo 21 del Decreto 416 de 2007 – vigente al momento de suscripción del contrato– dispuso que el DNP, en cumplimiento del control y vigilancia, directamente o a través de las interventorías administrativas y financieras que se contrataran para el efecto, podía solicitar a las entidades territoriales o beneficiarias, información relacionada con el manejo, utilización y ejecución de los recursos. Asimismo, el artículo 22 del referido Decreto, estableció las atribuciones inherentes al control y vigilancia sobre la correcta utilización de los recursos, facultando al DNP para practicar visitas de inspección con el fin de verificar, dentro del ámbito de su competencia, la ejecución de los recursos de regalías. Así las cosas, la competencia del DNP es de tipo administrativo, referida al control y vigilancia respecto del uso de los recursos de regalías, la cual tuvo por objeto examinar que los proyectos de inversión financiados con asignaciones del Fondo de Regalías se ejecutaran en las mismas condiciones en que fueron aprobados. (…) En consecuencia, los deberes que emanan de la relación contractual, como el pago de las obligaciones derivadas del contrato, no vinculan al DNP, razón por la cual, el a quo acertó al declarar probada la falta de legitimación en la causa por pasiva.
NOTA DE RELATORÍA:
NO SE IDENTIFICA NOTA DE RELATORIA RELEVANTE
FUENTE FORMAL:
DECRETO 416 DE 2007 - ARTÍCULO 21, DECRETO 416 DE 2007 - ARTÍCULO 22, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1506, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1507, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602
APELANTE ÚNICO / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Debe la Sala limitar su análisis a los aspectos cuestionados por la parte demandante en el recurso de apelación y, para resolver el litigio, otorgar valor probatorio a las copias simples aportadas al proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 del CPC. De igual manera, las copias simples serán valoradas, conforme lo dispuesto por la Sección Tercera de esta Corporación en fallo de unificación, que consideró que tienen mérito probatorio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de los documentos aportados en copia auténtica, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, exp. 25022, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357
INTERVENTORÍA / DELEGATARIO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES / DELEGACIÓN DE FUNCIONES / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Puede considerarse válidamente liquidado de manera bilateral un contrato estatal cuando el documento de liquidación fue suscrito únicamente por el contratista y la interventoría, sin la firma del representante de la entidad contratante?
Respuesta al problema jurídico: No
Para la Sala es importante puntualizar que la interventoría no puede ser la delegataria de la función de suscribir un acta de liquidación bilateral en nombre de la entidad contratante, como lo pretende dar a entender el apelante. En primer lugar, por cuanto no se satisfacen los elementos constitutivos de la delegación, debido a que (i) no existe un acto administrativo mediante el cual el municipio de Mitú hubiera trasferido dicha competencia a la interventoría y (ii) la interventoría es un particular que solo tenía relación contractual con el municipio demandado. En segundo lugar, su obligación, conforme a lo dispuesto en el contrato de interventoría celebrado (…), se limitaba a ejercer la interventoría técnica de la obra. Además, la Sala advierte que en la cláusula vigésima cuarta del contrato de obra, las partes estipularon que la liquidación se realizaría dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución o en su defecto, en los términos establecidos en la Ley 80 de 1993 (…). Asimismo, pactaron que la liquidación sería suscrita por el ordenador del gasto –en calidad de contratante– y por el contratista, previa elaboración del acta por parte de la interventoría, de conformidad con el numeral 5 de la cláusula sexta del contrato (…). No obstante, y a pesar de lo pactado, el documento suscrito por el contratista y la interventora, cuyo cumplimiento pretendió el demandante, fue suscrito únicamente por los mencionados, sin la participación del representante de la entidad contratante. (…) En ese orden, el documento firmado por la interventoría y el contratista no constituye un acta bilateral de liquidación, pues fue suscrito por quien carecía de competencia interna y externa para representar a la entidad contratante, razón por la cual no puede tenerse por demostrado que el contrato fue bilateralmente liquidado ni que allí el municipio reconoció una obligación en favor del contratista.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de los elementos constitutivos de la delegación, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 27 de abril de 2026, exp. 50001-23-31-000-2005-10334-00(54116), C. P. William Edgardo Barrera Muñoz. Sobre la necesidad de que el acta de liquidación bilateral sea suscrita por quien tenga la facultad de representar y obligar a las partes del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 13 de marzo de 2024, exp. 67782; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de agosto de 2015, exp. 42656.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993
FORMULACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NOTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REFORMA DE LA DEMANDA / PROCEDENCIA DE LA REFORMA DE LA DEMANDA / TÉRMINO PARA LA REFORMA DE LA DEMANDA / INCLUSIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA REFORMAR LA DEMANDA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO / CONFIGURACIÓN DE LA INEPTITUD DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Incurre en ineptitud sustantiva la demanda cuando el demandante omite solicitar la nulidad de los actos administrativos de terminación y liquidación unilateral del contrato, pese a conocerlos antes de presentar la demanda o durante la oportunidad legal para reformarla?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Corporación ha señalado que no es posible solicitar la declaratoria de responsabilidad contractual y liquidación judicial del contrato sin incluir en la demanda la pretensión de nulidad de los actos administrativos proferidos por la entidad que resolvieron estos aspectos, cuando dichos actos han sido conocidos por el demandante. En estos eventos, la demanda adolece de ineptitud sustantiva. Asimismo, se ha sostenido que la ineptitud de la demanda no solo se configura (i) cuando el demandante conoció la decisión unilateral antes de presentar su demanda, sino también (ii) cuando el acto administrativo se expide y es conocido por el demandante con posterioridad a su presentación, pero antes de que venza la oportunidad para reformarla –en observancia de los artículos 207.5 y 208 del CCA–, sin que en esa etapa se adicione la pretensión de nulidad del acto de liquidación. En consecuencia, si la parte actora desaprovecha esa oportunidad y omite ejercer dicha carga procesal, la demanda adolecerá de ineptitud sustantiva, lo que impedirá al juez pronunciarse sobre el fondo del litigio contractual y proferir una decisión de mérito. Así las cosas, ante la existencia de los actos administrativos –amparados por la presunción de legalidad–, la parte actora tiene la carga de solicitar expresamente su nulidad y acreditar alguna de las causales previstas en la ley, toda vez que, ejecutoriados dichos actos, no pueden modificarse en un proceso judicial en el que su conformidad con el ordenamiento jurídico no es objeto de juzgamiento. Por consiguiente, al no formularse dicho pedimento, su presunción permanecería incólume, lo que imposibilita que las pretensiones de cumplimiento contractual pudiesen prosperar. (…) De lo anterior, se advierte que el demandante tenía pleno conocimiento de los actos de terminación y liquidación unilateral del contrato, pues no solo fue notificado personalmente el 17 de abril de 2012 de la Resolución (…), sino que, además, interpuso recurso de reposición –actitud con la que reconoció su existencia, su eficacia y la potencialidad de producir consecuencias jurídicas–, que fue resuelto mediante Resolución (…) del 13 de junio de 2012, confirmatoria de dicha decisión. Se destaca que dicho conocimiento fue obtenido dentro de la oportunidad procesal para reformar la demanda, toda vez que, para el 10 de julio de 2012 fecha en que fue notificada la decisión que resolvió el recurso interpuesto, aún no se había notificado la demanda a la entidad ni se había surtido la fijación en lista por 10 días, oportunidad que, para el caso sub examine, se extendió hasta el 10 de diciembre de 2012. Contrario a lo esperado, el demandante se abstuvo de hacer uso de la garantía procesal de la reforma de la demanda para incluir la pretensión de nulidad contra las Resoluciones (…), con el fin de ajustar el libelo a la realidad fáctica y jurídica sobrevenida. (…) En consecuencia, habiendo sido resueltos por las Resoluciones (…) todos y cada uno de los aspectos sobre los cuales se edifican las pretensiones de la demanda y siendo dichos actos administrativos definitivos, la parte demandante no puede obtener del juez pronunciamientos que contradigan lo allí decidido sin haber solicitado previamente su nulidad, lo que hace inepta la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el deber de solicitar la nulidad de los actos correspondientes cuando se pretende la declaratoria de responsabilidad contractual y liquidación judicial del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 16 de agosto de 2018, exp. 57649, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de marzo de 2018, exp. 55671, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 5 de octubre de 2016, exp. 49820, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de junio de 2013, exp. 28919, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de noviembre de 2012, exp. 25915, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 11 de agosto de 2010, exp. 16941, C. P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 25 de octubre de 2019, exp. 60851, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 21 de octubre de 2025, exp. 65636, C. P. Adriana Polidura Castillo; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 18 de noviembre de 2024, exp. 68750, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la oportunidad para reformar la demanda durante el término de fijación en lista, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de febrero de 2007, exp. 32293.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 207 NUMERAL 5, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 208