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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el inciso final del numeral 5 del artículo 24 establece que son “ineficaces de pleno derecho” las estipulaciones de los pliegos

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Fecha
2023-10-17
Radicado
25000233600020210049001
Número interno
69492
Ponente
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
INGENIAN SOFTWARE S.A.S
Demandado
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el inciso final del numeral 5 del artículo 24 establece que son “ineficaces de pleno derecho” las estipulaciones de los pliegos

Regla de decisión

El inciso final del numeral 5 del artículo 24 establece que son “ineficaces de pleno derecho” las estipulaciones de los pliegos de condiciones y de los contratos estatales que contravengan las exigencias que se consagran en este numeral, relativas a las reglas que deben acatarse para la elaboración.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La ineficacia de pleno derecho de una cláusula contractual no se subordina a la declaratoria judicial previa de nulidad, porque opera por ministerio de la ley cuando se constata la causal que la establece, y que solo la ley puede atribuir esa consecuencia. Una razón es que a diferencia de las nulidades de los actos jurídicos, la ineficacia no depende de la invocación de causales ni de una pretensión de nulidad, y el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 declara ineficaces de pleno derecho las estipulaciones que contravienen sus exigencias. Otra razón es que la ineficacia produce el efecto de una sanción in limine, de modo que el juez solo debe pronunciarse cuando exista controversia entre los contratantes sobre su configuración. En el caso, la Sala se apartó del razonamiento del tribunal que exigía una pretensión de nulidad para estudiar la ineficacia de la cláusula, y confirmó la decisión por otros fundamentos. La providencia cita precedente de la Subsección sobre la ineficacia de pleno derecho; su consecuencia práctica es que la cláusula ineficaz puede desconocerse sin necesidad de demandar su nulidad, aunque la controversia sobre su configuración debe resolverla el juez.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La aplicación de la figura de la ineficacia de pleno derecho de una cláusula contractual, estaba subordinada a la declaratoria judicial de nulidad?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, art. 24 núm. 5

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

La Sala se aparta del razonamiento de la primera instancia, encaminado a exigir que los argumentos alusivos a la configuración de la ineficacia de la cláusula debían transitar por la vía de una pretensión de nulidad que, al no haber sido elevada, vedaba al juez el estudio sobre su legalidad. La jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que, a diferencia de lo que ocurre en el campo de las nulidades de los actos jurídicos, la aplicación de la figura de la ineficacia no se subordina a la presencia de una o varias causales que pudieren determinar su acaecimiento.… Solo la ley puede derivar esa consecuencia, consistente en restarle la totalidad de los efectos que estaría llamado a generar el acto o negocio o la correspondiente estipulación en particular, según corresponda.… Existen normas en la Ley 80 de 1993 que, de forma específica, contemplan el instituto jurídico de la ineficacia de pleno derecho.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAGO DEL CONTRATO INEFICACIA DE PLENO DERECHO CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO INVALIDEZ DEL CONTRATO CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL SOLICITUD DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL CONTRATO NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DESVIACIÓN DE PODER PRETENSIONES DE LA DEMANDA FORMULACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA FALSA MOTIVACIÓN DESVIACIÓN DEL PODER POR FALSA MOTIVACIÓN CLÁUSULAS DEL CONTRATO PRECIO DEL CONTRATO CARENCIA DE TÉCNICA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA DEMANDA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL CLÁUSULA INEFICAZ CONDICIONES DE PAGO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBLIGACIÓN CONDICIONAL EN EL CONTRATO ESTATAL FUNCIÓN DEL INTERVENTOR OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR CONCEPTO DE INTERVENTORÍA FACULTADES DEL INTERVENTOR SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL MODIFICACIÓN DE ACUERDO DE PAGO REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA VALIDEZ DE LA CLÁUSULA DEL CONTRATO DISMINUCIÓN DEL SALDO A PAGAR TRATAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DEL SALDO A PAGAR PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / PAGO DEL CONTRATO / INEFICACIA DE PLENO DERECHO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN Problema jurídico: ¿La aplicación de la figura de la ineficacia de pleno derecho de una cláusula contractual, estaba subordinada a la declaratoria judicial de nulidad? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala se aparta del razonamiento de la primera instancia, encaminado a exigir que los argumentos alusivos a la configuración de la ineficacia de la cláusula debían transitar por la vía de una pretensión de nulidad que, al no haber sido elevada, vedaba al juez el estudio sobre su legalidad. La jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que, a diferencia de lo que ocurre en el campo de las nulidades de los actos jurídicos, la aplicación de la figura de la ineficacia no se subordina a la presencia de una o varias causales que pudieren determinar su acaecimiento. (…) [S]olo la ley puede derivar esa consecuencia, consistente en restarle la totalidad de los efectos que estaría llamado a generar el acto o negocio o la correspondiente estipulación en particular, según corresponda. (…) [E]xisten normas en la Ley 80 de 1993 que, de forma específica, contemplan el instituto jurídico de la ineficacia de pleno derecho. El inciso final del numeral 5 del artículo 24 establece que son “ineficaces de pleno derecho” las estipulaciones de los pliegos de condiciones y de los contratos estatales que contravengan las exigencias que se consagran en este numeral, relativas a las reglas que deben acatarse para la elaboración. (…) Una vez se constata la ocurrencia de una ineficacia, el acto jurídico o la disposición contractual que adolezca de ésta operará de pleno derecho, lo que descarta que, en principio, exista la necesidad de declaratoria judicial para que emerja el resultado que su ocurrencia produce. Con todo, a pesar de que de la ineficacia se desprenda el efecto de una sanción in limine, puede ocurrir que se presente una controversia entre los cocontratantes acerca del efectivo y real surgimiento y configuración del referido remedio, evento en el que necesariamente el debate sobre su concreción deberá ser decidido por el juez competente. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la ineficacia de pleno derecho, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de marzo de 2014, rad. 24845, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5 NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / INVALIDEZ DEL CONTRATO / CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Para solicitar o declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato, deben invocarse las causales que taxativamente están previstas en la ley contractual? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l instituto de la nulidad absoluta de los contratos, cuya invocación echó de menos el a quo, supone una sanción que el ordenamiento jurídico concibe para afectar la validez de un negocio jurídico, siempre que el supuesto de hecho que empaña la legalidad del acuerdo se encuadre en una de las causales taxativas que con ese efecto regula la legislación. La Ley 80 de 1993, además de incorporar a su régimen de nulidades, por disposición expresa, las previstas en el derecho común, establece sus propias causales que al efecto están consignadas en su artículo 44. El artículo 45 del Estatuto de Contratación de la Administración Pública prescribe que la nulidad podrá ser alegada por las partes, por el agente del ministerio público, por cualquier persona o declarada de oficio, previsión que se encuentra a tono con lo estatuido en el artículo 1742 del Código Civil. Cualquiera que sea la fuente de su hallazgo, deberá ser declarada por el juez en la respectiva providencia. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1742 INEFICACIA DE PLENO DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL CONTRATO / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DESVIACIÓN DE PODER / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FORMULACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FALSA MOTIVACIÓN / DESVIACIÓN DEL PODER POR FALSA MOTIVACIÓN / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / PRECIO DEL CONTRATO / CARENCIA DE TÉCNICA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA DEMANDA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / CLÁUSULA INEFICAZ / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La imprecisión técnica en la que incurrió el demandante al invocar las causales de nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato, relevaba al juez de primera instancia de examinar la alegada ineficacia de la cláusula contentiva del pago? Respuesta al problema jurídico: No El a quo se abstuvo de examinar la alegada ineficacia y exigió a la parte demandante que un supuesto constitutivo de ineficacia de pleno de derecho, con origen y efectos distintos, fuera invocado como causal de nulidad de la estipulación contractual por la vía de la correspondiente pretensión anulatoria, para solo así abordar el análisis de fondo de los argumentos alegados por el demandante. Si bien la parte actora, al invocar las causales de nulidad formuladas en contra del acto de liquidación unilateral, expuso la de desviación de poder, lo cierto es que su sustrato argumentativo, en realidad, aludía a la configuración de la de falsa motivación, en tanto que lo que se buscaba era que por cuenta de la ineficacia de la cláusula contentiva del precio, en lo pertinente a su subordinación al cumplimiento del contrato intervenido, tal circunstancia consecuencialmente despojara de validez el cruce final de cuentas dispuesto por la entidad, en el que se abstuvo de reconocer al demandante los saldos pendientes, por considerar que no se habían atendido las obligaciones del contrato de prestación de servicios vigilado. Con todo, la Sala estima que esa imprecisión técnica, en cuanto a la rotulación de la causal que se alegaba, no pasó de ser una vaguedad de tipo formal, que por lo mismo y, en aplicación del principio constitucional que impone la prevalencia de la sustancia sobre la forma, no relevaba al a quo de examinar las circunstancias puestas de presente por el demandante respecto de la alegada ineficacia de la cláusula contentiva del pago, que habría de irradiar en la controvertida legalidad del acto de liquidación unilateral. Con base en las consideraciones expuestas, la Sala advierte que el primer cargo de la apelación, consistente en que el a quo no estudio la pretensión de ineficacia, cuenta con vocación de prosperidad (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la ineficacia de las cláusulas contractuales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de marzo de 2014, rad. 28845, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 4 de noviembre de 2022, rad. 68441, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. PAGO DEL CONTRATO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONDICIONES DE PAGO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / OBLIGACIÓN CONDICIONAL EN EL CONTRATO ESTATAL / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / FACULTADES DEL INTERVENTOR / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INEFICACIA DE PLENO DERECHO Problema jurídico: ¿Resulta posible supeditar el pago del contrato de interventoría al cumplimiento del contrato supervisado? Respuesta al problema jurídico: No En las cláusulas cuarta y quinta se convino el precio y la forma de pago (...). De la lectura de la cláusula (…), la Sala advierte que, ciertamente, la metodología en que se convino el pago del contrato de interventoría se supeditó, por entero, al cabal cumplimiento del contrato intervenido, en la medida en que el desembolso acordado procedía siempre que se verificara el cumplimiento del contrato de prestación de servicios supervisado. (…) [L]a Sala considera que un acuerdo de esa índole se aparta de la naturaleza del contrato de interventoría, habida cuenta que desconoce que, al margen de que el contratista vigilado incurra en incumplimiento, ello no se traduce en que por esta circunstancia la labor de la interventoría automáticamente adolezca del mismo reproche o que ese hecho pueda entenderse o equipararse como una desatención de las obligaciones contraídas en el marco de este vínculo negocial. No puede perderse de vista que la tarea del interventor se centra en realizar el seguimiento técnico, financiero y jurídico del contrato sobre el que recae su objeto, mas no en asegurarlo, como si se tratara de un contrato de garantía (…). Estas reflexiones permiten considerar que la sujeción del pago de la contraprestación atinente al contrato de interventoría, subordinada en un ciento por ciento al cumplimiento del contrato supervisado, eventualmente y, en principio, podría encajar en el supuesto previsto en el literal d) numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que castiga con ineficacia de pleno derecho una estipulación de imposible cumplimiento, toda vez que, como se precisó, el objeto del contrato de interventoría en línea con su naturaleza no se traduce en la garantía de la satisfacción del objeto del negocio jurídico intervenido (…). FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5 LITERAL D CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PAGO DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DE ACUERDO DE PAGO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / VALIDEZ DE LA CLÁUSULA DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La modificación de la cláusula de pago del contrato de interventoría para que no dependiera del cumplimiento del contrato materia de vigilancia, hace improcedente la ineficacia de pleno derecho invocada por el demandante? Respuesta al problema jurídico: Si [L]o que ocurrió con posterioridad a partir de la suscripción de la modificación de esta cláusula hace nugatorio este análisis, en la medida que la modalidad de pago fue variada, precisamente, para evitar que la remuneración de la interventoría pendiera de manera absoluta del cumplimiento del contrato materia de vigilancia. (…) Como se aprecia, la finalidad de la suscripción del modificatorio 1 se dirigió a renegociar la metodología de pago estipulada desde el inicio, la que, como se anotó, se hallaba por entero sujeta al cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato objeto de seguimiento. (…) Es por esto que, para enderezar el déficit que se presentaba en cuanto a la inviabilidad de reconocer el pago por la gestión realizada por la interventoría, el DAFP adquirió el compromiso de entregar el 70% del precio del contrato que estaba en suspenso de ser desembolsado, correspondiente a los pagos dos al cinco, sin condicionamiento a la satisfacción de las obligaciones del contrato de prestación de servicios. A su turno, el interventor, en ejercicio del principio de la libre autonomía negocial, aceptó que el 30% del valor restante se ligara al efectivo y cabal cumplimiento del contrato sobre el cual recayó su labor de seguimiento. Visto este escenario, se advierte que al introducir la modificación 1 al acuerdo de voluntades, se disipó el supuesto que habría dado lugar a una eventual ineficacia de la cláusula quinta, puesto que, al replantearse los términos en que se reconocería el pago al interventor, la causación de los supuestos para su pago ya no pendía, al menos no en su totalidad, del cumplimiento de otro convenio por parte de un tercero. DISMINUCIÓN DEL SALDO A PAGAR / TRATAMIENTO DE LA DISMINUCIÓN DEL SALDO A PAGAR / PAGO DEL CONTRATO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA CLÁUSULA DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La falta de reconocimiento del 30% del saldo restante del precio del contrato, por estar supeditado a la satisfacción del contrato de prestación de servicios, era imputable a la voluntad del contratista? Respuesta al problema jurídico: No [P]or depender el cumplimiento del contrato de interventoría, al menos en cuanto concierne al 30% pendiente, del acatamiento de las obligaciones del contrato de prestación de servicios, solo podría atenderse a aquel en tanto su vigencia fuera de la mano con el negocio supervisado. Por tanto, la negativa a suscribir la prórroga del acuerdo que ocupa la atención de la Sala impidió que se configuraran los requisitos que daban paso al reconocimiento de las sumas que ahora son demandadas, puesto que, al momento en que se venció el término del contrato de interventoría sin que el demandante prestara su anuencia para su ampliación, aún estaban pendientes de ser cumplidas las obligaciones emanadas del acuerdo de prestación de servicios que habrían dado lugar al pago en favor de Ingenian Software S.A.S. de los valores pretendidos. Con base en las consideraciones que anteceden, el segundo cargo de la apelación se encuentra infundado, en razón a que, no empero que la cláusula contentiva del pago contemplada en el contrato original pudo eventualmente encerrar una regla constitutiva de ineficacia, ciertamente la modalidad de pago pactada sufrió una modificación en cuya virtud se desvaneció el supuesto de reproche que se le atribuyó. (...) Por las razones advertidas, la Sala confirmará la sentencia apelada en el sentido de negar las pretensiones de la demanda. CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la sociedad demandante por haber sido la parte vencida en el proceso? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con lo consagrado en el artículo 188 del CPACA y con la disposición especial del artículo 365 del CGP, se establece un criterio objetivo que impone condenar en este asunto a la parte vencida en este litigio, que este caso es la sociedad Ingenian Software S.A.S., puesto que se confirmará la sentencia denegatoria de las pretensiones. A su turno, el artículo 5.1 del Acuerdo 10554 de 2016 consagró que, en los procesos declarativos, la tarifa de las agencias en derecho en la segunda instancia se establecerá en salarios mínimos mensuales legales vigentes, en un rango entre uno (1) y seis (6) SMLMV. A partir de lo expuesto, la Sala fijará las agencias en derecho por la segunda instancia en tres (3) SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta providencia, que estarán a cargo de la demandante, sociedad Ingenian Software S.A.S., y a favor del demandado, Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. FUENTE FORMAL: ACUERDO 10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5.1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202100490011100103