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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no está demostrado el cargo de nulidad por falsa motivación planteado en la demanda

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Fecha
2022-03-02
Radicado
25000233600020160136901
Número interno
62820
Ponente
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
PROEZA CONSULTORES S.A.S., CONSORCIO PRO 3
Demandado
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no está demostrado el cargo de nulidad por falsa motivación planteado en la demanda

Lo que dijo la Sala

Los demandantes no allegaron al proceso los informes mensuales de interventoría Nos. 25, 26, 27, 28, 29 y 30 ni el informe final de interventoría. De acuerdo con el oficio… , las deficiencias evidenciadas por el IDU estaban relacionadas con aspectos financieros y técnicos… . Por lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que no está demostrado el cargo de nulidad por falsa motivación planteado en la demanda, en la medida en que los demandantes no aportaron los medios probatorios que permitieran desvirtuar presunción de legalidad de los actos demandados. INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede demostrar la nulidad de los actos administrativos que declaran el incumplimiento del contrato de interventoría por falta de motivación o por no cumplir con el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, ya que no aporta los informes mensuales y el informe final de interventoría necesarios para verificar el cumplimiento de dichas exigencias. Además, los actos administrativos demandados se basan en razones distintas a las que motivaron la declaratoria de incumplimiento anterior, por lo que no se viola el principio del non bis in ídem. Asimismo, la entidad estatal no está obligada a probar los perjuicios sufridos para aplicar la cláusula penal pecuniaria, ya que el contrato contempla una estimación anticipada de los daños en caso de incumplimiento. Este precedente reitera la importancia de la documentación probatoria en los procesos de interventoría y refuerza la autonomía de la entidad estatal en la aplicación de las cláusulas penales contratuales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Los demandantes probaron que los informes de interventoría cumplieran lo exigido en el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, y que los actos demandados adolecieran de falta de motivación?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿Se encontró acreditado que el IDU desconoció el
  • ¿El IDU, al proferir los actos demandados, tenía que demostrar los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del Interventor?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Multas y cláusula penal Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Garantía única y efectividad de la póliza

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Titulación de la relatoría 8.061 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INTERVENTORÍA / INFORME DEL INTERVENTOR / FALTA DE PRUEBA / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / MANUAL DE FUNCIONES / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INFORMES DEL CONTRATISTA / INFORME FINAL DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿Los demandantes probaron que los informes de interventoría cumplieran lo exigido en el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, y que los actos demandados adolecieran de falta de motivación? Respuesta al problema jurídico: No [L]os demandantes no allegaron al proceso los informes mensuales de interventoría Nos. 25, 26, 27, 28, 29 y 30 ni el informe final de interventoría. Esta omisión impide determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público. (...) Lo anterior no permite concluir que los mencionados informes de interventoría cumplían las exigencias establecidas en el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, porque la Sala no conoce su contenido, lo que resultaba esencial para determinar si cumplían las exigencias previstas en el Manual de Interventoría. (...) [Por otra parte,] en las Resoluciones (...) por medio de la cuales se declaró y confirmó el incumplimiento del contrato de interventoría (...), se impuso la cláusula penal y se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento, se hizo referencia a los oficios en los que se explicaron las razones por las cuales el informe final de interventoría no cumplía lo exigido en los documentos contractuales. (...) En los antecedentes del primer acto administrativo el IDU advirtió que, a pesar de que se habían realizado observaciones mediante oficio (...), el informe final de interventoría no reunía las condiciones de calidad requeridas en los documentos contractuales. (...) En la parte considerativa del primer acto administrativo igualmente señaló que el Interventor no superó las deficiencias reiteradas en el oficio (...) por medio del cual se dio inicio al procedimiento administrativo tendiente a la declaratoria de incumplimiento. (...) Contrario a lo manifestado por las demandantes, las observaciones realizadas al informe final de interventoría no se limitaban a meros formalismos. De acuerdo con el oficio (...), las deficiencias evidenciadas por el IDU estaban relacionadas con aspectos financieros y técnicos (...). Por lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que no está demostrado el cargo de nulidad por falsa motivación planteado en la demanda, en la medida en que los demandantes no aportaron los medios probatorios que permitieran desvirtuar presunción de legalidad de los actos demandados. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se encontró acreditado que el IDU desconoció el principio del non bis in ídem al proferir los actos demandados? Respuesta al problema jurídico: No En el expediente reposan las Resoluciones (...) por medio de las cuales el IDU declaró el incumplimiento parcial del contrato (...) y, en consecuencia, la ocurrencia del siniestro de incumplimiento a título de cláusula penal. Estos actos administrativos fueron expedidos con anterioridad a aquellos que son objeto de impugnación en el presente proceso, que son las Resoluciones (...). Las razones que motivaron la declaratoria de incumplimiento del contrato en la primera ocasión consistieron en que el Interventor omitió i) presentar los informes requeridos en el año 2010 para conocer el manejo que el contratista de obra le había dado al anticipo, ii) solicitar el inicio de un procedimiento administrativo para declarar el incumplimiento del contrato de obra por el mal manejo e inversión del anticipo entregado al contratista, iii) controlar y vigilar el manejo del anticipo entregado al contratista de obra, y iv) vigilar detalladamente el manejo de la cuenta conjunta a la que se giró el anticipo. (...) [L]os actos administrativos demandados fueron proferidos porque i) los informes mensuales de interventoría Nos. 25, 26, 27, 28, 29 y 30, que fueron presentados para los periodos comprendidos entre febrero y agosto de 2011, no cumplían lo requerido en los documentos contractuales, ii) el informe final de interventoría presentado con corte a septiembre de 2011 tampoco cumplía lo requerido en los documentos contractuales, iii) el Interventor aprobó estudios y diseños que no cumplían lo exigido en los documentos contractuales, iv) el Interventor no presentó la información necesaria para la liquidación del contrato de obra, y iv) el Interventor no presentó el informe mensual de interventoría (...). En vista de lo anterior, la Sala advierte que los supuestos fácticos que motivaron la declaratoria de incumplimiento en uno y otro caso son diferentes, razón por la cual concluye que no se desconoció el principio del non bis in ídem. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INTERVENTORÍA / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / PRUEBA DE LOS PERJUICIOS / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El IDU, al proferir los actos demandados, tenía que demostrar los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del Interventor? Respuesta al problema jurídico: No En el contrato (...) las partes acordaron que en caso de incumplimiento total o parcial el Interventor debía pagar al IDU una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, la cual se consideraba como la estimación anticipada de los perjuicios causados a aquella. (...) El IDU no estaba en la obligación de demostrar los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del Interventor, pues la finalidad de la cláusula penal es precisamente determinarlos anticipadamente de común acuerdo. (...) Ahora bien, si lo que los demandantes pretenden es la rebaja del valor de la cláusula penal, [debieron acreditar lo estipulado en] el artículo 1596 del Código Civil (...). En el caso concreto los demandantes no demostraron que el monto de la cláusula penal tuviera que reducirse proporcionalmente, pues no acreditaron el cumplimiento de una parte de la obligación principal y la aceptación de este por el acreedor, ni tampoco cuál proporción fue la cumplida. Por lo anterior, se negarán las pretensiones principales y subsidiaria de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza jurídica de la clausula penal, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 7 de julio de 2002, Exp. 7320. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1596
Texto extraído del PDF oficial 42.328 caracteres
Radicado: 25000-23-36-000-2016-01369-01 (62820) Demandante: Proeza Consultores S.A.S. y otros 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintidós (2022) Referencia: Medio de control de controversias contractuales Radicación: 25000-23-36-000-2016-01369-01 (62820) Demandantes: Proeza Consultores S.A.S. y otros Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU Tema: Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de nulidad de los actos que declararon el incumplimiento de un contrato de interventoría e hicieron efectiva la cláusula penal, porque la demandante no acreditó los cargos de nulidad. SENTENCIA Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la sentencia proferida el 23 de agosto de 2019 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda. Esta Subsección es competente para conocer el recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca era competente para conocer el proceso en primera instancia en razón de la cuantía, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 152 del CPACA. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 6 de noviembre de 20181. En el auto del 8 de febrero de 20192 se dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente. El demandante 3 y la entidad accionada 4 presentaron sus alegatos dentro del término legal. El Ministerio Público5 rindió concepto. I. ANTECEDENTES A.- Posición de la parte demandante 1 Cuaderno principal, folio 635. 2 Cuaderno principal, folio 638. 3 Cuaderno principal, folios 647 – 656. 4 Cuaderno principal, folios 641 – 646. 5 Cuaderno principal, folios 657 -662. Radicado: 25000-23-36-000-2016-01369-01 (62820) Demandante: Proeza Consultores S.A.S. y otros 2 1.- El 8 de julio de 2016 Proeza Consultores S.A.S., Prointec Colombia y Proyectos Técnicos de Colombia S.A.S. (en adelante las demandantes), quienes integraron el Consorcio Pro 3 (en adelante, el Interventor), presentaron demanda de controversias contractuales contra el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU (en adelante IDU) y Royal & Sun Alliance Seguros S.A. (en adelante Royal) para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas6: <<PRIMERA PRINCIPAL: Que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 9370 de 27 de marzo de 2014 mediante la cual se declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones contenidas en el numeral 5.1.3, relativo a los informes mensuales de interventoría según el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura y Espacio Público; y los numerales 2 y 14 de las obligaciones generales y numeral 3 del literal e) obligaciones de elaboración y presentación de informes y documentos de la c láusula 7 del contrato de interventoría 093; se declaró la ocurrencia del siniestro por un valor de $1.044.120.000, a título de cláusula penal pecuniaria, sobre la garantía única del contrato en su amparo de incumplimiento, cubierto por la póliza N. 20163; y la Resolución No. 1425 de 09 de mayo de 2014 que confirmó la anterior. Resoluciones expedidas por el Subdirector de Infraestructura del IDU, que están incursas o ADOLECEN DE LOS VICIOS DE FALSA MOTIVACIÓN Y VIOLACIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBERÍA FUNDARSE. SEGUNDA PRINCIPAL: Que como consecuencia de la anterior declaratoria, se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, a título de restablecimiento del derecho pague a los demandantes o a quien representen legalmente sus derechos, los perjuicios de orden patrimonial por la suma de la suma (sic) de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($1.482.610.000.oo) moneda Legal Colombiana, con fundamento en las desagregaciones, pecuniaria s que se demuestran a continuación. 2.1. DAÑO EMERGENTE La suma de SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000.oo) M/CTE., que han debido sufragar y pagar los demandados (sic) por concepto de honorarios Profesionales de abogados contratados para realizar los trámites relacionados con la presente demanda. 2.2. LUCRO CESANTE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU – debe reembolsar la suma cobrada a título de cláusula penal, - en el caso en que haya sido pagada ya sea por el Consorcio Pro 3, o bien por la compañía aseguradora -, la cual asciende conforme la Resolución 9370 de 27 de marzo de 2014, a la suma de MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS ($1.044.000.000.oo) MCTE. (sic) A lo anterior, debe sumarse los intereses a la tasa máxima legal vigente. 2.3 AFECTACIÓN POR DAÑO MATERIAL AL BUEN NOMBRE DE LAS PERSONAS JURÍDICAS INVOLUCRADAS La actuación del IDU, al expedir actos sancionatorios, carentes de motivación cierta y real, y mediatizados ampliamente por el convocado, afectó de manera 6 Cuaderno No 1, folios 3 – 38. Radicado: 25000-23-36-000-2016-01369-01 (62820) Demandante: Proeza Consultores S.A.S. y otros 3 negativa el good will o reputación de los convocantes, que han visto como las personas jurídicas como organizaciones con una reputación probada, son puestos en entredicho para futuros procesos contractuales a los que debieran concurrir sin mácula alguna. En el presente proceso, han debido acudir en condiciones desfavorables a los procesos licitatorios, en los que el buen nombre o reputación resulta de importancia capital. De contera, es un hecho cierto que la persona jurídica, además de ostentar derechos relacionados con el buen nombre, proyecta sus efectos en cualquier sentido, sobre las personas naturales que conforman las empresas. La Corte Constitucional ha sido prolija en cuanto lo que tiene que ver con la afectación del buen nombre de las personas jurídicas: (…) Con fundamento en lo expuesto, se tasan los perjuicios de orden material, que por ficción jurídica se entienden por analogía dentro de los perjuicios materiales, en la suma de DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES para cada uno de los miembros del consorcio PRO 3, para un total de SEISCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES que a fecha presente conforman un monto equivalente a TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($368.610.000.oo) moneda legal colombiana. 2.4. RESUMEN DE LOS PERJUICIOS: 2.4.1. TOTAL PERJUICIOS MATERIALES Daño emergente: $70.000.000.oo Lucro cesante: $1.044.000.000.oo Afectación del buen nombre de demandantes $368.610.000.oo TOTAL $1.482.610.000.oo 2.4.2. Total: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($1.482.610.000) moneda Legal Colombiana. TERCERA SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA PRINCIPALES: Que se declare la nulidad parcial de las resoluciones No. 9370 de 27 de marzo de 2014 y No. 1425 de 09 de mayo de 2014 ambas expedidas por el IDU, para que reduzca la sanción impuesta, esto es, para que se reduzca judicialmente el monto de la tasación de l a cláusula penal efectuada, a los límites del efectivo y real perjuicio sufrido por el IDU por el presunto incumplimiento contractual del CONSORCIO PRO 3, de acuerdo a lo probado en el proceso judicial. CUARTA PRINCIPAL: Que se reconozcan los intereses c omerciales, y los moratorios, a que haya lugar, generados desde la fecha del pago de la multa por el demandante o su garante, y hasta la fecha en que sean desembolsados y efectivamente devueltos dichos recursos.>> 2.- Los demandantes basaron sus pretensiones en las siguientes afirmaciones: 2.1.- El 31 de diciembre de 2008 el IDU y el Consorcio Pro 3 -integrado por los demandantes- suscribieron el contrato No. 093 que tenía por objeto la interventoría de las obras y actividades para la malla vial arterial intermedia y local de los distritos de conservación de Bogotá D.C. 2.2.- El plazo de ejecución del contrato era de 42 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Su valor fue fijado en ocho mil setenta y ocho millones setecientos diecisiete mil ciento veintisiete pesos ($8.078.717.127). Radicado: 25000-23-36-000-2016-01369-01 (62820) Demandante: Proeza Consultores S.A.S. y otros 4 2.3.- Mediante oficio No. STMSV 201235600181 31 del 25 de enero de 2012 , la Subdirección General de Infraestructura del IDU comunicó al Interventor el inicio de un procedimiento administrativo con el propósito de declarar el incumplimiento del contrato de interventoría No. 093 por los siguientes motivos: a.- Los informes mensuales de interventoría Nos. 25, 26, 27, 28, 29 y 30 no cumplían las especificaciones y calidades exigidas en el contrato y en el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público. b.- El Interventor aprobó unos estudios y diseños sin que cumplieran con los requisitos mínimos establecidos en el contrato y en el Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público. c.- El informe final de interventoría no cumplía las condiciones de calidad y contenido exigidas. d.- El Interventor no remitió la información necesaria para la liquidación del contrato de obra. e.- El Interventor no presentó el informe mensual de interventoría No. 31 con corte a la fecha de suspensión del contrato. 2.4.- Por medio de la Resolución No. 9370 del 27 de marzo de 2014 el IDU declaró el incumplimiento parcial del contrato por las anteriores razones y, en consecuencia, la ocurrencia d

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201601369011100103