Radicado: 25000-23-36-000-2016-01369-01 (62820)
Demandante: Proeza Consultores S.A.S. y otros
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Medio de control de controversias contractuales
Radicación: 25000-23-36-000-2016-01369-01 (62820)
Demandantes: Proeza Consultores S.A.S. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU
Tema: Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de nulidad de los actos que declararon el
incumplimiento de un contrato de interventoría e hicieron efectiva
la cláusula penal, porque la demandante no acreditó los cargos de
nulidad.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la
sentencia proferida el 23 de agosto de 2019 por la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones
de la demanda.
Esta Subsección es competente para conocer el recurso de apelación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca era competente para conocer el proceso en
primera instancia en razón de la cuantía, de acuerdo con el numeral 4 del artículo
152 del CPACA.
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 6 de noviembre de 20181.
En el auto del 8 de febrero de 20192 se dio traslado a las partes y al Ministerio
Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto,
respectivamente. El demandante 3 y la entidad accionada 4 presentaron sus
alegatos dentro del término legal. El Ministerio Público5 rindió concepto.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1 Cuaderno principal, folio 635.
2 Cuaderno principal, folio 638.
3 Cuaderno principal, folios 647 – 656.
4 Cuaderno principal, folios 641 – 646.
5 Cuaderno principal, folios 657 -662.
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1.- El 8 de julio de 2016 Proeza Consultores S.A.S., Prointec Colombia y
Proyectos Técnicos de Colombia S.A.S. (en adelante las demandantes), quienes
integraron el Consorcio Pro 3 (en adelante, el Interventor), presentaron demanda
de controversias contractuales contra el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU (en
adelante IDU) y Royal & Sun Alliance Seguros S.A. (en adelante Royal) para que
se hicieran las siguientes declaraciones y condenas6:
<<PRIMERA PRINCIPAL: Que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 9370
de 27 de marzo de 2014 mediante la cual se declaró el incumplimiento parcial de
las obligaciones contenidas en el numeral 5.1.3, relativo a los informes mensuales
de interventoría según el Manual de Gestión Integral de Proyectos de
Infraestructura y Espacio Público; y los numerales 2 y 14 de las obligaciones
generales y numeral 3 del literal e) obligaciones de elaboración y presentación de
informes y documentos de la c láusula 7 del contrato de interventoría 093; se
declaró la ocurrencia del siniestro por un valor de $1.044.120.000, a título de
cláusula penal pecuniaria, sobre la garantía única del contrato en su amparo de
incumplimiento, cubierto por la póliza N. 20163; y la Resolución No. 1425 de 09 de
mayo de 2014 que confirmó la anterior. Resoluciones expedidas por el Subdirector
de Infraestructura del IDU, que están incursas o ADOLECEN DE LOS VICIOS DE
FALSA MOTIVACIÓN Y VIOLACIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBERÍA
FUNDARSE.
SEGUNDA PRINCIPAL: Que como consecuencia de la anterior declaratoria, se
condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, a título de
restablecimiento del derecho pague a los demandantes o a quien representen
legalmente sus derechos, los perjuicios de orden patrimonial por la suma de la
suma (sic) de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($1.482.610.000.oo) moneda Legal Colombiana,
con fundamento en las desagregaciones, pecuniaria s que se demuestran a
continuación.
2.1. DAÑO EMERGENTE
La suma de SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000.oo) M/CTE., que han
debido sufragar y pagar los demandados (sic) por concepto de honorarios
Profesionales de abogados contratados para realizar los trámites relacionados con
la presente demanda.
2.2. LUCRO CESANTE
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU – debe reembolsar la suma
cobrada a título de cláusula penal, - en el caso en que haya sido pagada ya sea
por el Consorcio Pro 3, o bien por la compañía aseguradora -, la cual asciende
conforme la Resolución 9370 de 27 de marzo de 2014, a la suma de MIL
CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS
($1.044.000.000.oo) MCTE. (sic) A lo anterior, debe sumarse los intereses a la
tasa máxima legal vigente.
2.3 AFECTACIÓN POR DAÑO MATERIAL AL BUEN NOMBRE DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS INVOLUCRADAS
La actuación del IDU, al expedir actos sancionatorios, carentes de motivación
cierta y real, y mediatizados ampliamente por el convocado, afectó de manera
6 Cuaderno No 1, folios 3 – 38.
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negativa el good will o reputación de los convocantes, que han visto como las
personas jurídicas como organizaciones con una reputación probada, son puestos
en entredicho para futuros procesos contractuales a los que debieran concurrir sin
mácula alguna. En el presente proceso, han debido acudir en condiciones
desfavorables a los procesos licitatorios, en los que el buen nombre o reputación
resulta de importancia capital. De contera, es un hecho cierto que la persona
jurídica, además de ostentar derechos relacionados con el buen nombre, proyecta
sus efectos en cualquier sentido, sobre las personas naturales que conforman las
empresas. La Corte Constitucional ha sido prolija en cuanto lo que tiene que ver
con la afectación del buen nombre de las personas jurídicas: (…)
Con fundamento en lo expuesto, se tasan los perjuicios de orden material, que por
ficción jurídica se entienden por analogía dentro de los perjuicios materiales, en la
suma de DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES
VIGENTES para cada uno de los miembros del consorcio PRO 3, para un total de
SEISCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES que a
fecha presente conforman un monto equivalente a TRESCIENTOS SESENTA Y
OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($368.610.000.oo) moneda
legal colombiana.
2.4. RESUMEN DE LOS PERJUICIOS:
2.4.1. TOTAL PERJUICIOS MATERIALES
Daño emergente: $70.000.000.oo
Lucro cesante: $1.044.000.000.oo
Afectación del buen nombre de demandantes $368.610.000.oo
TOTAL $1.482.610.000.oo
2.4.2. Total: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($1.482.610.000) moneda Legal Colombiana.
TERCERA SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA PRINCIPALES:
Que se declare la nulidad parcial de las resoluciones No. 9370 de 27 de marzo de
2014 y No. 1425 de 09 de mayo de 2014 ambas expedidas por el IDU, para que
reduzca la sanción impuesta, esto es, para que se reduzca judicialmente el monto
de la tasación de l a cláusula penal efectuada, a los límites del efectivo y real
perjuicio sufrido por el IDU por el presunto incumplimiento contractual del
CONSORCIO PRO 3, de acuerdo a lo probado en el proceso judicial.
CUARTA PRINCIPAL: Que se reconozcan los intereses c omerciales, y los
moratorios, a que haya lugar, generados desde la fecha del pago de la multa por
el demandante o su garante, y hasta la fecha en que sean desembolsados y
efectivamente devueltos dichos recursos.>>
2.- Los demandantes basaron sus pretensiones en las siguientes afirmaciones:
2.1.- El 31 de diciembre de 2008 el IDU y el Consorcio Pro 3 -integrado por los
demandantes- suscribieron el contrato No. 093 que tenía por objeto la
interventoría de las obras y actividades para la malla vial arterial intermedia y
local de los distritos de conservación de Bogotá D.C.
2.2.- El plazo de ejecución del contrato era de 42 meses contados a partir de la
suscripción del acta de inicio. Su valor fue fijado en ocho mil setenta y ocho
millones setecientos diecisiete mil ciento veintisiete pesos ($8.078.717.127).
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2.3.- Mediante oficio No. STMSV 201235600181 31 del 25 de enero de 2012 , la
Subdirección General de Infraestructura del IDU comunicó al Interventor el inicio
de un procedimiento administrativo con el propósito de declarar el incumplimiento
del contrato de interventoría No. 093 por los siguientes motivos:
a.- Los informes mensuales de interventoría Nos. 25, 26, 27, 28, 29 y 30 no
cumplían las especificaciones y calidades exigidas en el contrato y en el Manual
de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público.
b.- El Interventor aprobó unos estudios y diseños sin que cumplieran con los
requisitos mínimos establecidos en el contrato y en el Manual de Gestión Integral
de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público.
c.- El informe final de interventoría no cumplía las condiciones de calidad y
contenido exigidas.
d.- El Interventor no remitió la información necesaria para la liquidación del
contrato de obra.
e.- El Interventor no presentó el informe mensual de interventoría No. 31 con corte
a la fecha de suspensión del contrato.
2.4.- Por medio de la Resolución No. 9370 del 27 de marzo de 2014 el IDU
declaró el incumplimiento parcial del contrato por las anteriores razones y, en
consecuencia, la ocurrencia d
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