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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el medio de control de controversias contractuales es la vía procesal adecuada para solicitar la declaratoria de nulidad

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Fecha
2024-09-23
Radicado
25000233600020150092702
Número interno
64509
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
MULTIPARTES S.A, PROTECCION INDUSTRIAL S.A Y MULTIPARTES S.A - MIEMBROS INTEGRANTES DEL CONSORCIO MODULOS LEDS, PROTECCIÓN INDUSTRIAL COLOMBIA S.A.S.
Demandado
SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA, BOGOTA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el medio de control de controversias contractuales es la vía procesal adecuada para solicitar la declaratoria de nulidad

Lo que dijo la Sala

En virtud de lo previsto en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede utilizar el medio de control de controversias contractuales para solicitar la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento contractual y liquidaron unilateralmente un contrato estatal, conforme al artículo 141 del CPACA, que permite demandar la nulidad de actos administrativos contractuales. La Sala establece que el término de caducidad para este medio de control se computa a partir del día siguiente a la fecha en que se dejó sin efectos un contrato de transacción entre las partes, no desde la firmeza del acto administrativo de liquidación unilateral. Además, la Sala determina que no hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento contractual, ya que el interventor cumplió con sus obligaciones contractuales al realizar las pruebas necesarias para garantizar la seguridad vial y proteger los recursos públicos, y no hubo violación del derecho al debido proceso. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el uso del medio de control de controversias contractuales y el cómputo del término de caducidad en casos de transacción y liquidación unilateral de contratos estatales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El medio de control de controversias contractuales es la vía procesal adecuada para solicitar la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento contractual y liquidaron unilateralmente el contrato de compraventa No. 1628 de 2010?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 141

También resuelve

  • ¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se contabiliza a partir del día siguiente de la suscripción del documento que dejó sin efectos el contrato de transacción…
  • ¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución No. 045 de 2013 y de su confirmatoria, Resolución No. 049 de 2013, por medio de las cuales se declaró el incumplimiento contractual de la UTML?
  • ¿La Secretaría Distrital de Movilidad incumplió el acta de acuerdo del 5 de noviembre de 2013 suscrito entre las partes?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PRETENSIONES DE LA DEMANDA SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE TRANSACCIÓN TRANSACCIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL DEMANDA DE RECONVENCIÓN INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERVENTOR FUNCIÓN DEL INTERVENTOR NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO INEFICACIA DE LA TRANSACCIÓN ACUERDO DE VOLUNTADES INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 17.028 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿El medio de control de controversias contractuales es la vía procesal adecuada para solicitar la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento contractual y liquidaron unilateralmente el contrato de compraventa No. 1628 de 2010? Respuesta al problema jurídico: Si En virtud de lo previsto en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez. Dado que la controversia formulada en la demanda principal en este caso se refiere, en términos generales, a la declaratoria de nulidad de unos actos administrativos que declararon el incumplimiento contractual y liquidaron unilateralmente el contrato de compraventa No. 1628 de 2010, el medio de control procedente es el de controversias contractuales, vía procesal que, igualmente, también es la adecuada en relación con la pretensión de incumplimiento contractual planteada en la demanda de reconvención interpuesta por el Distrito Capital de Bogotá – SDM. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE TRANSACCIÓN / TRANSACCIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se contabiliza a partir del día siguiente de la suscripción del documento que dejó sin efectos el contrato de transacción celebrado por las partes? Respuesta al problema jurídico: Si En este asunto, aunque el contrato de compraventa No. 1628 de 2010 fue liquidado unilateralmente por la SDM mediante Resolución No. 005 del 28 de febrero de 2013 , la cual fue confirmada por Resolución No. 034 del 7 de junio de 2013 , lo cierto es que no es posible computar la caducidad a partir de la firmeza del acto administrativo de liquidación unilateral, como lo contempla una de las reglas especiales del CPACA, porque el sub examine presenta una particularidad que no puede pasar desapercibida -aspecto que también advirtió el tribunal en la audiencia inicial al resolver la excepción de caducidad y que consiste en que los ahora extremos procesales (integrantes de la UTML y la SDM) celebraron un contrato de transacción el 27 de diciembre de 2013 en el que acordaron revocar las resoluciones de declaratoria de incumplimiento contractual y de liquidación unilateral del negocio jurídico de compraventa -solucionando todas las controversias suscitadas en torno al contrato No. 1620 de 2010-, pero aquella transacción, hay que advertirlo, fue dejada sin efectos el 16 de julio de 2014, de ahí que solo a partir de esta última fecha surgió para los integrantes de la UTML el derecho para demandar la nulidad de los actos administrativos atacados, así como también para solicitar el incumplimiento del acta contentiva del acuerdo del 5 de noviembre de 2013, que como se verá más adelante fue el fundamento del contrato de transacción. Bajo este contexto, la Sala tomará la fecha del 16 de julio de 2014 como el referente inicial para el conteo de caducidad en este caso particular, atendiendo a la regla general de que los dos años deben computarse a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirvieron para demandar, de manera que el plazo máximo con el que contaban los integrantes de la UTML para interponer su demanda vencía el 17 de julio de 2016 y como la presentó el 15 de abril de 2015, se concluye que lo hicieron en la oportunidad legal prevista, con independencia del lapso de suspensión del término de caducidad por el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. A su vez, la Sala destaca que la demanda de reconvención interpuesta por el Distrito Capital de Bogotá – SDM también se interpuso en tiempo -19 de enero de 2016-, entidad para la cual, igualmente, el 16 de julio de 2014 surgió el derecho para solicitar sus pretensiones relacionadas con el cumplimiento de la Resolución No. 005 del 28 de febrero de 2013, dado que, se itera, el 16 de julio de 2014 se dejó sin efectos la transacción suscrita por las partes con la cual revocaron los actos administrativos de liquidación unilateral y de declaratoria de incumplimiento. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INTERVENTOR / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución No. 045 de 2013 y de su confirmatoria, Resolución No. 049 de 2013, por medio de las cuales se declaró el incumplimiento contractual de la UTML? Respuesta al problema jurídico: No Desde la perspectiva de los hechos probados y teniendo en cuenta las pautas jurisprudenciales citadas, la Sala considera que el interventor en este caso, en el marco de las obligaciones contractuales asumidas, no estaba limitado a llevar a cabo la simple verificación de actividades, sino que le correspondía la realización de pruebas necesarias que debían practicarse sobre los módulos LED en aras de garantizar, además de la protección de los recursos públicos, el control de la seguridad vial de todos los bogotanos, para satisfacer las necesidades de la comunidad. Es cierto que, aunque las pruebas de laboratorio practicadas por el contratista y por el interventor el 31 de agosto de 201197 concluyeron con resultados positivos sobre los módulos LED de color verde (hechos probados 6.13. y 6.13.1), aspecto del que también dan cuenta los testigos F. G. V. y M. A. F. (hechos probados 6.30.1. y 6.31.1.), lo cierto es que, en contra de estos resultados, también obran documentos que dicen lo opuesto, como puede observarse en los informes de interventoría a partir de las pruebas de laboratorio, además de las otras pruebas realizadas para verificar su funcionalidad en condiciones extremas, las cuales tampoco fueron superadas, aunado a las pruebas en calle realizadas por el supervisor H. F. L. M. (folio 6.32.), cuya declaración, pese a la relación con la entidad SDM, merece credibilidad porque fue coherente e hilada con las demás medios de pruebas que obran en el expediente, elementos probatorios que en conjunto demuestran con fuerza que los módulos entregados por la UTML para la semaforización no eran aptos, de ahí que no se haya expedido por parte del interventor certificación de recibo a satisfacción y que, por ende, haya justificado la expedición de las resoluciones que declararon el incumplimiento. Por otra parte, en cuanto al argumento de la recurrente en el sentido de que las pruebas realizadas en condiciones extremas –que el demandante denominó como pruebas de “flasheo”- eran pruebas destructivas y dañinas, la Sala advierte que esa afirmación no cuenta con respaldo probatorio suficiente en el expediente. En efecto, si bien los testigos F. G. V. (hechos probados 6.30., 6.30.2., 6.31. y 6.31.2.) afirmaron que, según consultas que realizaron a varias fuentes, esa prueba era dañina y destructiva para los módulos LED, aseveración que cuenta con el aparente respaldo de un concepto emitido por Karl Andersen (prueba adicional 6.34.), el cual, valga advertir, en ningún aparte advirtió que la referida prueba de “flasheo” fuera perjudicial o nociva para los módulos LED. Además, conviene destacar que esa prueba de encendido y apagado en condiciones extremas –que los recurrentes denominan como flasheo-, según informes de interventoría, también se practicó frente a los módulos LED de color ámbar y rojo y no presentaron fallas, con lo cual se termina por descartar el alegato de que eran pruebas dañinas. Finalmente, contrario a lo expuesto por los recurrentes, no puede predicarse una violación al debido proceso porque la interventoría realizó pruebas sin la presencia del contratista, por cuanto la UTML siempre tuvo conocimiento cuando salían los informes y, en algunas ocasiones, como quedó demostrado, los cuestionaba (hecho probado 6.16.). Además, si bien el pliego de condiciones, con la adenda 2, estableció que el contratista debía realizar las pruebas de laboratorio con presencia del supervisor designado, y aun cuando con la comunicación DGC-CEXT-025 del 10 de marzo de 2011 se dijo que se realizarían las mismas pruebas (hecho probado 6.8.), ello no impedía que el interventor, en el marco de sus obligaciones contractuales y de acuerdo con su función de control y vigilancia de la calidad de los módulos LED, realizara pruebas de manera individual, las cuales, en todo caso, a través de sus informes fueron dadas a conocer a la UTML. Por todo lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en lo que a este punto concierne, porque no salieron avante los planteamientos de los recursos de apelación con lo que pretendía desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento contractual. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la función del interventor, consultar sentencia de 13 de febrero de 2013, Exp. 24996, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y sentencia de la Corte Constitucional, Exp. C-037 de 2003. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TRANSACCIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO DE TRANSACCIÓN / INEFICACIA DE LA TRANSACCIÓN / ACUERDO DE VOLUNTADES / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La Secretaría Distrital de Movilidad incumplió el acta de acuerdo del 5 de noviembre de 2013 suscrito entre las partes? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala observa que, si bien las partes en el acta del 16 de julio de 2014 no manifestaron expresamente que dejaban sin efectos el acuerdo del 5 de noviembre de 2013 ni tampoco las pruebas realizadas la Universidad de los Andes con ocasión de aquel -pues únicamente hicieron alusión al contrato de transacción-, lo cierto es que, a la luz de las reglas de interpretación de los contratos, en este caso la voluntad real de la SDM y del representante de la UTLM fue dejar sin efectos, incluso, el acta del 5 de noviembre de 2013, así como las pruebas realizadas por el referido ente universitario (...) más allá de que la literalidad del documento del 16 de julio de 2014 indica dejar sin efectos el contrato de transacción, de acuerdo con las reglas de interpretación de los contratos se desprende que la real intención de los contratantes también era dejar sin efectos tanto el acta del 5 de noviembre de 2013 como la pruebas realizadas por la Universidad de los Andes, dado que con ese acuerdo del 16 de julio de 2014 se retrotrajeron todas las actuaciones hasta la solicitud de conciliación extrajudicial del 13 de septiembre de 2013 y, con posterioridad a dicho trámite en la Procuraduría Novena Judicial II para Asuntos Administrativos, no solamente se celebró la transacción sino también se suscribió el acta del 5 de noviembre de 2013, así como también se surtieron las pruebas de la Universidad de los Andes, cuyo informe lo presentó el 27 de diciembre de 2013, de lo cual se concluye que todos aquellos también quedaron sin efectos. Además, no puede perderse de vista que el acta del 5 de noviembre de 2013 y las pruebas de la Universidad de los Andes se constituyeron en el fundamento para que las partes suscribieran el contrato de transacción el 27 de diciembre de 2013 para solucionar las controversias, entendiéndose, contrario a lo expuesto por la parte demandante en la apelación, que al dejarse sin efectos la transacción con el documento del 16 de julio de 2014, también quedaron sin efectos tanto el acta del 5 de noviembre de 2013 como las pruebas de la Universidad de los Andes, por constituirse en el soporte de la transacción, aunado al hecho de que, se repite, la intención de las partes fue retrotraer todas las actuaciones a la etapa de conciliación extrajudicial, quedando comprendida, entonces, el acta de acuerdo del 5 de noviembre de 2013, que, como se vio, se suscribió con posterioridad a la radicación de la solicitud de conciliación prejudicial -3 de septiembre de 2013-. Así las cosas, la Sala desestima el argumento de la parte recurrente en lo que a este aspecto concierne, en la medida en que el acta de acuerdo del 5 de noviembre de 2013 también fue dejada sin efectos, de manera que, consecuencialmente, ello trae aparejado la negativa de la pretensión de incumplimiento de dicho acuerdo, por lo que se confirmará la sentencia de primera instancia en este punto. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿La condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, conforme a lo establecido en el Código General del Proceso? Respuesta al problema jurídico: No En el presente caso se observa que el Distrito Capital de Bogotá - SDM presentó alegatos de conclusión en segunda instancia, lo cual resulta suficiente para que, en su favor, se disponga la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, y a cargo de quienes apelaron la sentencia del a quo, en este caso los integrantes de la UTML -demandante principal- y La Previsora S.A. –litisconsorte cuasinecesario por activa-, de acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP. Conviene señalar que, bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Las agencias en derecho se fijan de conforme a la gestión procesal del apoderado? Respuesta al problema jurídico: Si En lo que a este caso interesa resulta oportuno anotar que, en los procesos con cuantía y que se adelantan ante esta jurisdicción, las agencias en derecho en segunda instancia deben fijarse hasta en un 5% -límite máximo- del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia, según lo dispuso el numeral 3.1.3 del artículo 6 del mencionado Acuerdo 1887 de 2003. De acuerdo con el artículo 3 de dicho Acuerdo, se advierte que la gestión procesal del apoderado de la entidad demandada en esta instancia fue consistente y coherente con lo expuesto a lo largo del proceso, de manera que las agencias en derecho se fijan en la suma de $7’000.000, monto que deberá ser pagado en partes iguales por la demandante principal -integrantes de la UTML- y por La Previsora S.A. -litisconsorte cuasinecesario por activa- en favor del Distrito Capital de Bogotá, con fundamento en la relación porcentual del 0.1% de las pretensiones que fueron negadas en este asunto, que suman $7.000’000.000. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 3, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201500927021100103