Titulación de la relatoría 18.660 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALOR PROBATORIO DE LA COPIA DE DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Pueden valorarse, como medios de prueba, los documentos que fueron aportados en copia simple, que estuvieron a disposición de la parte contra la que se aducen y no fueron tachados de falsos?
Respuesta al problema jurídico: Si
En vista de que la mayor parte de los documentos allegados al sub lite son copias simples, se reitera el criterio establecido por la Sala Plena de la Sección Tercera frente al valor como prueba de estas, cuando han obrado en el plenario a lo largo del proceso y han sido objeto de contradicción por ambas partes, sin que las tacharan de falsas, evento —como el presente— en el que serán susceptibles de valoración e idoneidad para determinar la convicción del juez frente a los hechos materia de litigio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, exp. 25022.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPRAVENTA DEL BIEN INMUEBLE / CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE RURAL / LESIONES ENORMES EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA / EPM / LESIONES ENORMES / FALTA DE PRUEBA / ENAJENACIÓN VOLUNTARIA DE LA PROPIEDAD / INFORME TÉCNICO / VALOR PROBATORIO DEL INFORME TÉCNICO / AVALÚO DEL BIEN INMUEBLE / AVALÚO DEL PREDIO RURAL / SOLICITUD DE AVALÚO DEL BIEN / DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / ERROR EN EL DICTAMEN PERICIAL / INFORME DEL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR EN EL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRECIO / PRECIO DEL BIEN / JUSTO PRECIO DE LA COMPRAVENTA / PRECIO DE ENAJENACIÓN DE BIEN / BIEN INMUEBLE / ENAJENACIÓN DEL BIEN INMUEBLE / VALOR DEL BIEN INMUEBLE / VALOR REAL DEL BIEN INMUEBLE / VALOR PATRIMONIAL DEL BIEN INMUEBLE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / CARGA DE LA PRUEBA / REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
"¿Probó la parte actora, mediante el dictamen pericial practicado dentro del presente proceso, haber sufrido lesión enorme por no haber recibido el justo precio respecto del inmueble denominado “Las Brisas”, adquirido por EPM mediante el contrato de compraventa contenido en la escritura pública núm. 309 del 28 de agosto de 2008?"
Respuesta al problema jurídico: Si
Entrando al caso concreto, los accionantes alegan que en el procedimiento de enajenación directa surtido por EPM para la adquisición de predios necesarios para la construcción de las obras del proyecto hidroeléctrico Porce III y que, en su caso particular, culminó con la suscripción del contrato de compraventa para la tradición del dominio del inmueble denominado “Las Brisas” , operó la lesión enorme, dado que el valor recibido como pago, correspondiente a $272´413.245, era inferior a la mitad del precio justo, que —aseguran— ascendía a $977´371.270. (...) (...) Además de aportar el informe de avalúo analizado en precedencia, la parte actora solicitó el nombramiento de un perito avaluador, para que practicara un dictamen pericial, en el que se calculara el precio comercial del predio objeto de esta demanda, junto con su anexidades y mejoras, para la fecha en que se realizó la venta ; prueba que, pese a la solicitud de la parte demandada para que no se accediera a ello, fue decretado por el a quo (...) De acuerdo con lo expuesto en los parágrafos precedentes, contentivos del periplo jurídico y de contradicción que se surtió del dictamen pericial practicado, esta Sala concluye: en primer término, aspecto en el que coincide con el Tribunal, que la objeción al dictamen por error grave formulada por EPM, en efecto, no debió prosperar, por un lado, debido a que independientemente de la técnica valuatoria y la metodología utilizada para elaborar dicho dictamen, el perito cumplió con el cometido que se le encomendó, que no era otro que determinar el valor comercial del bien inmueble “Las Brisas” para la fecha de celebración del contrato de compraventa en controversia; por otro lado, porque los reparos realizado en contra de la experticia no pusieron al descubierto que este tenga bases equivocadas de tal entidad o magnitud que llevaran a conclusiones falsas, como lo dispone la normativa civilista y la jurisprudencia sobre la materia . Ahora bien, la decisión anterior no conlleva automáticamente que este juzgador asienta sobre el contenido y conclusiones del avalúo presentado, pues una cosa es la prosperidad o no de la objeción por error grave y otra, diferente, los presupuestos y consignas para valorar la validez, eficacia y certidumbre de un dictamen pericial, como se pasará a analizar. (...). Lo primero que salta a la vista al analizar de manera integral el avalúo, es que el perito realizó la valoración del inmueble Las Brisas, calculando el valor de dicho bien para el momento en que se le encomendó el dictamen (noviembre de 2012) para luego aplicar el IPC negativo hasta llegar al fecha de celebración del contrato de compraventa (agosto de 2008). (...) se advierte que, aun cuando el perito negó que el avalúo comercial del predio se hubiera realizado con base en los precios de la fecha en que se encomendó el peritaje —en los que se incluía la valorización de la que fue objeto el predio por la puesta en funcionamiento de la hidroeléctrica— y no para el momento en que se suscribió el contrato de compraventa, lo cierto es que este informe se basó en: i) la inspección ocular al inmueble realizada el 22 de agosto de 2012, en la cual se determinado los terrenos y construcciones actuales; ii) la infraestructura urbanística del sector para ese mismo momento, que incluyó, un narración del orden público actual y la descripción sintética del proyecto Porce III; iii) los factores positivos, entre lo que se destaca, la frontalidad de la finca con el proyecto; y, sobre todo, iv) que los cálculos se realizaron con fundamento en el valor de la tierra y las construcciones para el mes de noviembre de 2012, que comprendía la valorización de la tierra como efecto de la construcción del proyecto Porce III, y que a ese valor se le aplicó el IPC negativo para llevarlo al mes de agosto de 2008 sin descontar tal valorización. El proceder anterior resulta a todas luces inadecuado, no solo porque el parágrafo primero del artículo 61 de la Ley 388 de 1997 —norma vigente para la época de los hechos— prescribía que al valor comercial de los predios por adquirir en los procesos de enajenación voluntaria se les debe descontar “el monto correspondiente a la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad pública para la adquisición”, sino también porque el precio de un inmueble varía con el tiempo y depende de una multiplicidad de variables tales como: la ubicación concreta, la explotación que del suelo se haga, el margen de desarrollo que pueda tener la zona, la calidad de los servicios, las vías de acceso, su cercanía al casco urbano, entre otros aspectos que deben ser tomados en consideración por el avaluador, consultando las circunstancias del bien para el momento en que se suscribió el contrato de adquisición. En tal virtud, la experticia practicada en este proceso no goza de credibilidad y precisión, pues elaborar un avalúo comercial sobre un inmueble, cuyo valor se solicita para una fecha anterior, tomando como base las condiciones actuales de ese mismo predio y luego aplicarle el IPC negativo no resulta certero ni mucho menos confiable, pues existen factores exógenos —como la construcción de la obra que dio lugar a la negociación— que inciden en dicha valoración, ya se de forma positiva o negativa. (...) Aparte de la anterior falencia en los datos en los que se basó el dictamen, se advierte un grave déficit en la metodología empleada para su confección. (...) para que la determinación del valor comercial de un bien inmueble con aplicación de esta técnica sea precisa y certera, aquella debe estar basada en un estudio completo de las ofertas y transacciones que se realicen sobre algunos bienes semejantes y comparables, parangón este que brilla por su ausencia en el dictamen practicado. Y aun cuando el perito asevera reiteradamente haberlos realizado , esta manifestación resulta insuficiente, pues él no ha explicado de forma clara, precisa y detallada las investigaciones desarrolladas —como lo ordena el artículo 237 el CPC— resultando así imposible la contradicción de la contraparte, así como la valoración de la precisión y calidad de los fundamentos del dictamen, que le corresponde al juzgador, conforme al artículo 241 del CPC. En tales condiciones, forzoso resulta concluir que las apreciaciones, inferencias y conclusiones a las que llegó el perito en el avalúo comercial con el que se pretendía acreditar el precio justo del predio “Las Brisas” para la fecha en que se suscribió el contrato de compraventa no cuenta con un fundamento técnico, por su metodología y los datos empleados, y, en consecuencia, no da cuenta de tal precio, necesario como dato objetivo para la configuración de la lesión enorme.(...) Entonces, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda, por cuanto la parte accionante, que tenía la carga de la prueba, no acreditó la lesión enorme que dijo haber sufrido por causa del precio acordado por la venta del inmueble “Las Brisas” a EPM.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la lesión enorme, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 14 de octubre de 1976. Sobre el principio de conmutatividad que rige las relaciones contractuales del Estado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de septiembre de 2000, exp. 12850; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 3 de agosto de 2016, exp. 56288; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 6 de julio de 2020, exp. 48680. Sobre los informes de expertos (informes o conceptos técnicos) ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 4 de marzo de 2019, exp. 47803. Corte Constitucional, sentencia T-417 del 30 de abril de 2008
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 58, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 233, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 237 NUMERAL 6, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241, LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 61, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1947, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1948
LESIONES ENORMES / ENAJENACIÓN VOLUNTARIA DE LA PROPIEDAD / RESCISIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA / RESCISIÓN DEL CONTRATO POR LESIONES ENORMES / RESCISIÓN / BIEN INMUEBLE / BIEN INMUEBLE RURAL / COMPRAVENTA DEL BIEN INMUEBLE / COMPRAVENTA DEL BIEN INMUEBLE POR EL GOBIERNO / ENAJENACIÓN DEL BIEN INMUEBLE / VALOR DEL BIEN INMUEBLE / VALOR PATRIMONIAL DEL BIEN INMUEBLE / UTILIDAD PÚBLICA DEL BIEN INMUEBLE
Problema jurídico:
¿Procede la lesión enorme en los procedimientos de enajenación voluntaria de inmuebles, en lo relacionado con el reajuste de precio mas no, por imposible, la rescisión del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Corporación ha considerado, de manera reiterada, que no existe ninguna razón válida que impida que la lesión enorme pueda presentarse en los contratos de compraventa de bienes inmuebles adquiridos por razones de utilidad pública o de interés social —como los que envuelve la prestación de servicios públicos — a través de la enajenación voluntaria. Lo anterior, debido a que si bien en los procesos de enajenación voluntaria a los que se refiere el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, el precio de la compraventa estaba limitado por el legislador, en razón del valor que fuera determinado por el IGAC o la entidad que cumpla sus funciones, esa circunstancia no constituye impedimento alguno para que en sede judicial pueda declararse, si a ello hubiere lugar, la lesión enorme, en tanto que las disposiciones legales que regulan dicho procedimiento no comportan, de manera tácita o expresa, la exclusión de esta figura respecto de los contratos de compraventa de inmuebles por razones de utilidad pública o de interés social, porque la regulación legal de las condiciones no se traduce en la inoperancia de la noción jurídica del justo precio que debe existir en los contratos conmutativos. (...), esta Sección ha manifestado que la lesión enorme es un vicio objetivo que opera de manera autónoma e independiente a las calidades o a los actos de las partes contratantes, que se funda exclusivamente sobre la noción de equidad y justo precio, al cual debe llegarse en aplicación del principio de conmutatividad que rige las relaciones contractuales del Estado. Bajo esta interpretación, se impone concluir que la verificación judicial de la lesión enorme se limita en forma objetiva a la acreditación de un desequilibrio en el precio del contrato de compraventa, sin que para su configuración sea pertinente la prueba de un vicio en el consentimiento. (...) El legislador fijó así los derroteros para determinar que el valor que se establezca como contraprestación del inmueble que se pretende adquirir sea cierto, justo y real. (...) es claro que corresponde al juez valorar el dictamen para verificar la firmeza, precisión y calidad de los fundamentos en que se sustenta. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que el juez no está obligado a “aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían falladores (...) Por último, recuerda esta Subsección que —como lo ha considerado la Sala — en la enajenación voluntaria por causas de utilidad pública o de interés social no cabe la rescisión del contrato por lesión enorme. Esto es así porque, por una parte, el interés particular que se pretende proteger con las nulidades relativas (rescisión) debe ceder ante el interés general que informa este tipo de negociaciones (artículo 58 de la Constitución Política) y, por otra, porque sería materialmente imposible deshacer las obras públicas ejecutadas sobre los bienes adquiridos por tales causas (utilidad pública o interés social), para restituir el inmueble al vendedor, con el propósito de devolver las cosas al estado primigenio. De modo que la única pretensión que procede es la encaminada a obtener el reajuste del precio, en la forma dispuesta por el artículo 1948 del CC.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de marzo de 2001, exp. 14415; Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2012, exp. 22307; Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de mayo de 2015, exp. 37143; Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 26 de agosto de 2015, exp. 33297; Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 3 de agosto de 2016, exp. 56288; Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de diciembre de 2016, exp. 33318; Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 31 de agosto de 2017, exp. 38411.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 58, LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 61, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1947, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1948
AVALÚO DEL BIEN INMUEBLE / AVALÚO DEL PREDIO RURAL / INFORME TÉCNICO / VALOR PROBATORIO DEL INFORME TÉCNICO / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / SISTEMA DE SANA CRÍTICA
Problema jurídico:
¿El avalúo rural presentado por la demandante tiene la naturaleza de informe de experto o técnico, el cual debe valorarse como prueba documental de acuerdo con la sana crítica?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con el propósito de desvirtuar el avalúo practicado por EPM y demostrar que para la fecha de celebración del contrato de compraventa el precio justo del bien inmueble “Las Brisas” era el referido en el párrafo anterior, la parte accionante allegó, junto con la demanda, un avalúo rural (...) Por la forma en como fue allegado el avalúo rural plasmado en precedencia, la Sala le dará la connotación de un informe de expertos (...) Tales experticias difieren del concepto de dictamen pericial, pues se elaboran por fuera del proceso y por personas distintas a los auxiliares de la justicia y, como lo manifestó la Corte Constitucional al estudiar la naturaleza de los informes técnicos, estos no se sujetan a las reglas de contradicción previstas en el artículo 238 del CPC , criterio que ha sido acogido en ocasiones anteriores por esta Corporación (...) Sin embargo, como la experticia y el dictamen son pruebas que se allegan o practican en el proceso para proveer conocimientos artísticos, científicos o técnicos ajenos a la órbita cognitiva del juzgador, en relación con aquella y con este, su valoración ha de tomar en consideración, igualmente, su rigor, claridad y precisión, atributos estos que son la base de las conclusiones alcanzadas. (...) Pues bien, el informe técnico mencionado fue incorporado por los actores en una de las oportunidades procesal permitidas legalmente, en calidad de prueba documental, por lo que será valorado de acuerdo con la sana crítica, en conjunto con los demás elementos de convicción. (...) No obstante, llama poderosamente la atención de este juzgador —como ya advirtió el a quo— que el avalúo rural elaborado presuntamente de manera original e independiente por el señor Cardona Mc’cormick, el 11 de septiembre de 2010, sea idéntico —en su concepción, contenido, fuentes de información y bibliografía— a uno realizado por (...), sobre el predio “Las Brisas”, con la única diferencia de la conclusión a la que se llegó sobre el valor comercial del inmueble con sus construcciones, pues mientras el primero lo estimó en $977´371.270, el segundo lo avaluó en $373´172.800. Esta extraña coincidencia parcial, no fue explicada, y llama a especial atención sobre el rigor de la experticia, puesto que, nada explica que, habiendo seguido una misma línea metodológica, el resultado sea notoriamente distante entre uno y otro. Por consiguiente, la Sala se apartará de las conclusiones allí alcanzadas, para la acreditación de la lesión enorme aducida.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, ver: Corte Constitucional, sentencia T-417 del 30 de abril de 2008. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 4 de marzo de 2019, exp. 47803.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 238, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 10 NUMERAL 1