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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el régimen jurídico del contrato en este caso es el régimen jurídico de los contratos que celebran las Empresas

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Fecha
2024-01-24
Radicado
05001233100020100049801
Número interno
58888
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
CONSUTEL LTDA, BURGOS INGENIERIA E.U., INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL CONBUR
Demandado
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el régimen jurídico del contrato en este caso es el régimen jurídico de los contratos que celebran las Empresas

Lo que dijo la Sala

Según el inciso primero del artículo 31 de la Ley 142 de 1994, el régimen jurídico de los contratos que celebran las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, como EPM es, por regla general, de derecho privado.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Los contratos que celebran las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por regla general por el derecho privado, de modo que su análisis debe hacerse bajo la óptica del incumplimiento contractual y con las reglas civiles y comerciales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 establece que el régimen de estos contratos es, por regla general, de derecho privado. Segunda, en controversias sobre el quebranto de la ecuación económica de contratos regidos por el derecho común, el marco lo determinan el artículo 868 del Código de Comercio y la buena fe contractual del artículo 1603 del Código Civil, y no el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. Tercera, el asunto versaba sobre el supuesto incumplimiento y no sobre el desbalance económico, por lo que el error en la fundamentación normativa de la primera instancia no tiene una gravedad insuperable. La providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que la discusión sobre el incumplimiento de un contrato de empresa de servicios públicos se resuelve con normas de derecho privado y no con la figura del desequilibrio económico del estatuto contractual.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El régimen jurídico del contrato en este caso, es el régimen jurídico de los contratos que celebran las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, es decir, el derecho privado y, el asunto debe analizarse bajo la óptica del incumplimiento contractual y no sobre el desbalance económico?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 410 de 1971, art. 868
  • Ley 142 de 1994, art. 31

También resuelve

  • ¿En el contrato 299901-26731 suscrito por una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios para la construcción de redes de gas se produjo un incumplimiento contractual…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Equilibrio económico del contrato Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato Anticipo y pago anticipado Régimen del contrato: ¿Ley 80 o derecho privado?

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La terminación no ocurrió por alguna de las hipótesis que daban lugar a la liquidación del contrato
Titulación de la relatoría 18.128 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONTRATO / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO ESTATAL / NORMATIVA DEL CONTRATO / LEY APLICABLE AL CONTRATO / ERROR EN LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El régimen jurídico del contrato en este caso, es el régimen jurídico de los contratos que celebran las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, es decir, el derecho privado y, el asunto debe analizarse bajo la óptica del incumplimiento contractual y no sobre el desbalance económico? Respuesta al problema jurídico: Si Según el inciso primero del artículo 31 de la Ley 142 de 1994, el régimen jurídico de los contratos que celebran las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, como EPM es, por regla general, de derecho privado. Por esta sencilla razón, la entidad apelante acierta en precisar que este asunto no podía ser tratado bajo los cauces normativos del EGCAP, en concreto, por el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, invocado en el fallo de primera instancia para fundamentar su decisión ya que, en controversias centradas en el quebranto de la ecuación económica de los contratos regidos por el derecho común, el marco jurídico está determinado, además del artículo 868 del Código de Comercio, por el principio de buena fe contractual establecido en el artículo 1603 del Código Civil, y por las máximas que orientan la prestación del servicio público (...) Por lo tanto, como respuesta a los dos primeros problemas jurídicos secundarios, se concluye que: (i) por mandato legal, el régimen jurídico del contrato bajo juzgamiento es predominantemente de derecho privado, y son sus reglas las que deberán orientar la solución del caso concreto. No obstante, (ii) el asunto versa sobre el supuesto incumplimiento de las obligaciones contraídas por EPM con el contrato núm. 299901-26731, y no sobre la afectación de la demandante por la excesiva alteración del balance prestacional inicialmente estipulado, razón por la que el yerro en la fundamentación normativa de la sentencia de primer grado no ostenta una gravedad insuperable, como lo sugiere el apelante. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las régimen jurídico de los contratos de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 18 de diciembre de 2020, exp. 05001-23-31-000-2010-01455-01(49840), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sobre la aplicación de la buena fe contractual, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 8 de junio de 2018, exp. 25000-23-26-000-1999-01988-01(38120), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PLANIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EPM / GAS / REDES DE GAS / INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / ENTREGA DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / PAGO TARDÍO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿En el contrato 299901-26731 suscrito por una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios para la construcción de redes de gas se produjo un incumplimiento contractual, porque la empresa contratante dio orden de inicio prematura, hizo entrega tardía del anticipo y no le asignó a la contratista el volumen de obras con base en el cual había estructurado su oferta, sin que esto fuera así acordado, con lo cual la contratante le trasladó los riesgos de una falta de planeación suya a la contratista? Respuesta al problema jurídico: No Análisis del incumplimiento contractual de EPM (...) los supuestos necesarios para acceder a las pretensiones resarcitorias por incumplimiento contractual radican en probar: la obligación contractual; su infracción absoluta, tardía o defectuosa; su exigibilidad; los perjuicios causados con el incumplimiento; la relación causa-efecto entre la conducta del demandado y el menoscabo padecido por el reclamante, y que el reclamante haya satisfecho las obligaciones contractuales a su cargo (...) Ahora, el contrato de obra núm. 299901-26371 formó parte de un grupo de negocios jurídicos celebrados por EPM en el marco del procedimiento núm. 029176 de 2006, subdividido en cuatro grupos zonales. Los acuerdos suscritos a través de este procedimiento adoptaron el sistema de precios unitarios sometidos a reajuste, como lo contemplaban los formularios que formaban parte de las propuestas de los participantes, de acuerdo con los cuales debía formularse un análisis de precios unitarios por cada ítem de obra, que debía cubrir todos los costos directos e indirectos de cada ítem, al punto que la entidad solo tendría la obligación de pagar su precio. El mismo documento expresaba que los valores utilizados para calcular el monto total del contrato eran estimados, y podrían variar durante el desarrollo de la ejecución. El precio final del negocio sería, en este contexto, el resultado de multiplicar los ítems unitarios por las cantidades de obra ejecutadas y recibidas por EPM, sin desconocer los reajustes a los precios unitarios cuando ello fuere procedente, lo cual debía constar en actas mensuales de pago (...) Ahora, el negocio jurídico en cuestión, además de incorporar todas las disposiciones del pliego, dispuso expresamente en la cláusula tercera del contrato que su valor era “indeterminado”, pero fue estimado en $7.628’878.478,00. En todo caso, aclaró que el precio total sería el resultante de la multiplicación de las cantidades de obra ejecutadas por el contratista por los precios unitarios de obra ordinaria, más el precio de las obras extra a que hubiera lugar y otros pagos a que tuviera derecho el contratista. Aparte, reiteró las disposiciones del pliego en la cláusula cuarta referida a la forma de pago, en el sentido de que la contraprestación por las obras se pagaría con un anticipo y pagos mensuales que reflejarían las obras ejecutadas y la suma a pagar. (...). De acuerdo con las anteriores premisas fácticas, es evidente que las partes adoptaron el sistema de precios unitarios en el contrato de obra (...) En este contexto, no es cierto que, al celebrar el contrato 299901-26371, EPM se hubiera comprometido a pagar una cantidad fija de obras por un precio igualmente invariable, como si se tratara de una obra a precio global. Por el contrario, las cláusulas del pliego, en conjunto con las del contrato, no albergan duda sobre la estructuración económica de la oferta solicitada inicialmente: el precio total del negocio resultaría de la sumatoria de las actas que, mes a mes, debían reflejar la multiplicación de cantidades de obra ejecutada por los ítems (con o sin reajuste) que fueran parte del análisis de precios unitarios (APU). Esto, a diferencia de lo que opina la demandante, no riñe con la obligación que la UT tenía de contar permanentemente con los equipos, herramientas y personal para ejecutar las obras del contrato. De hecho, se itera, los precios consignados en la lista de ítems y precios unitarios debían cubrir todos los costos, directos e indirectos, fijos o variables, que demandaran las obras para su ejecución (...) En ese orden de ideas, la parte actora no tenía, a priori, derecho a reclamar el pago de los costos que no habría amortizado porque EPM no le asignó la cantidad de obras que aquella previó ejecutar al estructurara su oferta, como lo pretendió en la demanda. Esta petición no es válida en cuanto supone que la entidad tenía a su cargo la obligación de asignar una cantidad determinada de obras y, por ende, la entidad tendría que cubrir así la amortización —valga decir, la recuperación o compensación— de los costos indirectos (AIU) por un conjunto de trabajos estáticos. Además, en el acuerdo de voluntades quedó plasmado que en los precios unitarios debían incluirse tales costos indirectos, de forma tal que fuera indiscutida la contemplación y absorción de estos en los ítems contenidos en el análisis de precios unitarios, que, junto con la cantidad de obras ejecutadas a satisfacción de EPM, serían los parámetros estipulados para definir el precio que esta empresa tenía la obligación de pagar. (...) Ahora, dentro de los fundamentos del fallo apelado, el Tribunal consideró que la entidad demandada no desembolsó oportunamente el anticipo, omisión que desembocó en que, desde un principio, la contratista experimentara una baja producción, porque en los primeros meses de la ejecución de la obra no pudo proveerse de los equipos ni del personal necesario para ejecutar las obras asignadas por EPM. Mientras que la entidad demandada insiste en que su contraparte incumplió con las obligaciones del contrato, razón por la que no tendría derecho a reclamar la infracción de la parte contratante. (...) Al respecto, está demostrado que la posibilidad de iniciar la ejecución de un contrato, sin formalidades distintas a la simple aceptación de la oferta, estaba contemplada expresamente en el artículo 18 del denominado “Decreto 118 de 1998” —al cual fue sometida la fase precontractual en este asunto, de acuerdo con lo previsto en la solicitud de ofertas que tuvo lugar con el denominado pliego de condiciones— como una acción a seguir en “casos especiales”. Según esta preceptiva, en estos casos, “se podrán pagar” al contratista las sumas de dinero a las que tuviera derecho por esta circunstancia, pero la entrega del anticipo dependería de que se constituyera y aprobara la garantía de buen manejo de esa suma dineraria. El tratamiento diferenciado del pago del anticipo fue contemplado expresamente en el numeral 5.7.1. del pliego, y replicado en la cláusula cuarta del contrato, como excepciones al término estipulado de treinta (30) días calendario posteriores a la orden de inicio para pagar el anticipo pactado del 15% del valor estimado del contrato. (...) A nivel interno, EPM justificó la orden de inicio anticipada por circunstancias previas, que provocaron un atraso en el cumplimiento de las metas de conexión de clientes a la red de gas. Más allá de la declaración rendida por el ingeniero (...), funcionario de EPM, no hay prueba documental de que, antes de la comunicación de la orden de inicio fechada el 19 de julio de 2006, EPM hubiera contactado a la UT para exponerle estas circunstancias y darle aviso de su decisión; circunstancia que impide dar por hecho este cierto, debido a que, por tratarse de un testigo sospechoso, su declaración debe ser analizada con mayor rigurosidad, a la luz de las demás pruebas practicadas. De otra parte, está demostrado que, para la fecha en que inició el periodo de ejecución, ya estaba constituida la póliza de cumplimiento que amparaba el buen manejo del anticipo (...) En todo caso, sí hay copiosa evidencia de la controversia que, respecto de la orden anticipada de inicio, sostuvieron las partes, durante el segundo semestre de 2006 (...) Con todo, las partes liquidaron bilateralmente el contrato mediante documento que exhibe pormenorizadamente los intercambios económicos de las partes, las sumas pagadas y debidas, y en suma finiquitaron el acuerdo de voluntades, dejando al margen únicamente la reserva formulada por la UT (...) Una vez hecho este recuento, en relación con algunos de los argumentos de defensa empleados por las partes, es necesario aclarar lo siguiente: De un lado, en su demanda, la parte actora no negó su propio incumplimiento por las razones que argumentó EPM, ni cuestionó las penas de apremio (o “deducciones”) aplicadas en su contra por infracciones contractuales así calificadas por la entidad. Tampoco excusó esta circunstancia con fundamento en la entrega tardía del anticipo, ni sindicó al extremo demandado de incumplir el contrato por ese motivo, como sí lo hizo durante la ejecución contractual, de allí que estas circunstancias ―las deducciones y el desembolso tardío del anticipo― no hagan parte del objeto del presente litigio. En este proceso judicial, la demandante únicamente afirmó que la demandada redujo las cantidades asignadas de obra, y que esa acción denotó el desconocimiento de lo acordado, y ocasionó perjuicios económicos de distinta índole. Por otra parte, si bien la demandada opone el incumplimiento de su contraparte para argumentar que no tiene derecho al resarcimiento pedido, este argumento está afincado exclusivamente en sus propias afirmaciones, plasmadas en la correspondencia cruzada y en los testimonios practicados provenientes de funcionarios suyos, cuya imparcialidad es cuestionable, lo que afecta su credibilidad. Adicionalmente, en los actos de finiquito contractual, el recibo de obras y la liquidación bilateral, EPM no consignó reproche alguno sobre las obligaciones de la UT, ni sobre el estado de las obras confeccionadas y entregadas a satisfacción. En consecuencia, mal podrían rebatirse las pretensiones de la demanda sobre la base de incumplimientos cuyo conocimiento es apenas informado por aserciones hechas por la demandada pero que carecen de soportes objetivos, y que no dejó expresados en el acta que finalizó la relación contractual. (...) Dicho esto, se reitera que, en el marco del contrato de obra celebrado a precios unitarios, las cantidades y el precio total de los trabajos podían cambiar, las proyecciones de las obras que se ejecutarían eran apenas estimadas y, por esas razones, EPM no asumió la obligación de asignarle a la UT un número determinado de obras a un precio fijo; circunstancias estas que hacen imprósperas las pretensiones de la parte demandante, a la cual le asistía la carga de demostrar que, al margen de la estructura de precios pactada inicialmente, EPM sí contrajo la obligación de asignarle cierta cantidad de obras durante la ejecución del negocio, y que esta fue injustificadamente disminuida, de acuerdo con el artículo 1757 del Código Civil. (...) Aparte, desde el pliego de condiciones se estableció, desde un principio, que EPM tenía un amplio control discrecional sobre múltiples aspectos de la obra, entre ellos, sobre la programación de la cantidad de las obras a ejecutar, en procura de la adecuada y oportuna prestación del servicio de gas en la zona que era objeto del contrato, que le corresponde (...) Tomando estos parámetros del propio acuerdo de voluntades, es evidente que la parte actora no satisfizo la carga que le asiste de probar la obligación contractual y que las conductas de la demandada configuraran una infracción de lo pactado, ni tampoco logró acreditar los supuestos que fundamentarían los perjuicios reclamados, porque: (...) No logró demostrar que existiera la obligación de EPM de asignarle la ejecución de una cierta y determinada cantidad de obras, ya que la estructuración de la contraprestación de la obra, a precios unitarios, se mantuvo incólume durante toda la ejecución del contrato. No allegó al plenario los documentos que, objetivamente, dieran cuenta del mentado cambio en las cantidades asignadas de obra, que no son otros que las órdenes parciales de obra y las actas mensuales de pago, según el propio pliego de condiciones. La información sobre esas supuestas reducciones únicamente consta en las reclamaciones del contratista, las cuales, desde luego, no constituyen prueba de los hechos que soportan sus propias pretensiones. (...) A parte de no probar objetivamente la variación en las obras asignadas, no está demostrado que EPM hubiera actuado contrariando lo pactado, o infringiendo lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, al ajustar la asignación de obras a la UT conforme al bajo rendimiento que esta venía experimentando, ya que esta facultad venía dada desde el pliego, y yendo más allá, correspondería con los deberes legales de continuidad, eficiencia y aumento de cobertura del servicio público domiciliario de gas combustible prestado por EPM. (...) Por último, nótese que para arribar a las anteriores conclusiones no era pertinente acudir a los dictámenes periciales practicados en este proceso, ya que, si bien estos no incurren propiamente en un error grave, en tanto no adolecen de equívocos mayúsculos que falseen el objeto de la apreciación, sus conclusiones sí carecen de mérito probatorio, (...) Por todo lo anterior, el problema jurídico principal es contestado en sentido negativo, lo que conduce a revocar la sentencia apelada para que, en su lugar, se denieguen las pretensiones de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los supuestos necesarios para acceder a las pretensiones resarcitorias por incumplimiento contractual, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencias del 30 de septiembre de 2019, exp. 66001-23-31-000-2010-00003-01(43036); del 10 de diciembre de 2021. exp. 68001-23-31-000-2011-00650-01(54140); 16 de diciembre de 2022, exp. 25000-23-36-000-2012-00519-01 (53421). Sobre los precios unitarios en el contrato de obra, ver: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Conceptos del 9 de septiembre de 2008. Rad. 11001-03-06-000-2008-00060-00(1920) y del 5 de septiembre de 2018. Rad. 11001-03-06-000-2018-00124-00(2386). Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC5568-2019 del 18 de diciembre de 2019. FUENTE FORMAL: DECRETO 118 DE 1998 - ARTÍCULO 18, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1757

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000201000498011100103