Titulación de la relatoría 12.822 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Debe computarse el término de caducidad desde el día siguiente al vencimiento del plazo bilateral pactado para la liquidación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El literal (j) del artículo 164.2 del CPACA establece que, en las controversias contractuales diferentes a aquellas en que se pide la nulidad del contrato, el término de dos años para presentar la demanda se cuenta a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirvan de fundamento a las pretensiones. No obstante, prevé reglas específicas sobre su cómputo, según la naturaleza del contrato y si este requiere o no de liquidación. Concretamente, dispone que (i) en los contratos de ejecución instantánea, el término se cuenta desde el día siguiente a aquel en que se cumplió o debió cumplirse su objeto; (ii) en los que no requieren liquidación, desde el día siguiente al de su terminación por cualquier causa; (iii) en los que requieren liquidación y esta se realiza de común acuerdo, desde el día siguiente a la firma del acta; (iv) cuando la liquidación es practicada unilateralmente por la administración, desde el día siguiente a la ejecutoria del acto administrativo respectivo; y (v) si el contrato requiere liquidación, pero esta no se efectúa por mutuo acuerdo ni de forma unilateral, el término se cuenta una vez transcurridos dos meses desde el vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, desde el cumplimiento de los cuatro meses siguientes a la terminación del contrato. Por lo tanto, es necesario precisar la naturaleza, régimen jurídico y contenido obligacional del contrato para establecer cuál de las reglas anteriores resulta aplicable. (…) El contrato estatal no estaba sometido al Estatuto General de Contratación Pública (EGCAP). Por la naturaleza jurídica de las partes que lo celebraron —empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios— y por el objeto de las prestaciones — servicio de electricidad —, el negocio jurídico estaba sujeto a un régimen especial, integrado por las disposiciones civiles y comerciales, así como por las reglas especiales aplicables al tráfico jurídico de este sector regulado. (…) Ahora bien, el régimen jurídico aplicable al contrato y el contenido de la cláusula accidental de liquidación determinan que esta regla deba aplicarse con un matiz, a saber: computando el término de caducidad desde el día siguiente al vencimiento del plazo de seis meses posteriores a la terminación del contrato, pero sin adicionar el término legal de dos meses previsto para la liquidación unilateral. Lo primero, porque las partes acordaron expresamente ese plazo para la liquidación bilateral. Lo segundo, porque EPM no estaba habilitada legalmente para expedir un acto administrativo de liquidación, toda vez que la norma atributiva de esa competencia —el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007— no integra el régimen jurídico del contrato ni este contenía una cláusula que facultara convencionalmente a alguna de las partes para liquidarlo de manera unilateral, lo cual exige un pacto expreso e inequívoco. La regla general del literal (j) del artículo 164.2 del CPACA, según la cual el término de caducidad se cuenta desde el día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la demanda, no resulta aplicable en este caso. Actualmente, existen dos posiciones en torno al ámbito de aplicación de esa regla. La primera sostiene que, cuando se trata de controversias derivadas de contratos estatales sujetos a liquidación, deben aplicarse las reglas especiales contenidas en los ordinales (iii) a (v) del mismo literal. Bajo esta tesis, basta verificar que el contrato estatal de tracto sucesivo celebrado entre EPM y Axia Energía estaba sometido a liquidación dentro de un plazo específico para descartar la aplicabilidad de la regla general. Conforme a la segunda postura, en algunos casos, pese a que el contrato estatal esté sujeto a liquidación, puede resultar aplicable la regla general. (…) En conclusión, bajo cualquiera de las dos tesis, la Sala considera que la oportunidad de la demanda de EPM debía determinarse aplicando la regla del ordinal (v), con el matiz ya expuesto, esto es, sin computar el término de dos meses previsto para la liquidación unilateral del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la liquidación del contrato y el cómputo de la caducidad en el medio de control de controversias contractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de marzo de 2025, rad. 63262, C. P. María Adriana Marín y sentencia del 7 de marzo de 2025, rad. 69941, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NORMATIVA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FUERZA MAYOR
Problema jurídico:
¿Debe rechazarse la excepción de caducidad si la demanda fue presentada dentro del término computado desde el vencimiento del plazo para la liquidación bilateral?
Respuesta al problema jurídico: No
El contrato terminó en la fecha en que EPM recibió la comunicación del 3 de febrero de 2021, mediante la cual Axia Energía le notificó su decisión de darlo por terminado con fundamento en el literal (a) de la cláusula decimocuarta, relativa a la configuración de causas de fuerza mayor que imposibilitaran su cumplimiento. Ello no implica que dicha decisión estuviera justificada, esto es, que efectivamente se hubieran configurado los hechos constitutivos de la fuerza mayor pactada como causal de terminación anticipada. Por el contrario, el Tribunal concluyó que no se presentó un evento ajeno a Axia Energía, con carácter irresistible e imprevisible, que generara una imposibilidad absoluta de cumplimiento, y este fundamento de la decisión no fue objeto de reparo. Lo que sí produjo esa declaración fue el efecto extintivo del contrato, lo cual se confirma con la respuesta dada por EPM el 5 de marzo de 2021, en la que, además de rechazar los fundamentos invocados por el suministrador y señalar que incumplió el contrato, solicitó el pago de la pena pactada por la inejecución definitiva del objeto contractual. En el expediente no obra constancia de la fecha en que EPM recibió la comunicación del 3 de febrero de 2021 enviada por Axia Energía. No obstante, aun contando el término para la liquidación bilateral a partir del día siguiente, se concluye que la demanda presentada por la entidad pública se radicó antes de que operara la caducidad. En efecto, el plazo para la liquidación bilateral habría vencido el 4 de agosto de 2021; por tanto, el término de caducidad comenzó a correr el 5 de agosto de ese año y vencía el 5 de agosto de 2023. La demanda fue presentada el 9 de febrero de 2023, es decir, dentro del término legal. En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de declarar no probada la excepción de caducidad, aunque con fundamento en las razones aquí expuestas, precisando, además, que la demandada tampoco puede pretender que se defina la caducidad de la acción bajo una premisa de hecho distinta a aquella sobre la que cimentó la terminación del contrato, esto es, bajo su manifestación de estar ante un hecho imprevisible e irresistible.
TRÁMITE DE ARREGLO DIRECTO / ARREGLO DIRECTO / ETAPA DE ARREGLO DIRECTO / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EPM
Problema jurídico:
¿Constituye incumplimiento contractual el hecho de no agotar la etapa de arreglo directo prevista convencionalmente antes de presentar la demanda ante la jurisdicción contenciosa?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala no encuentra atendible el reparo formulado por Axia Energía, según el cual EPM incumplió el procedimiento de arreglo directo previsto como requisito previo para acudir a la jurisdicción, lo que configuraría un incumplimiento contractual que le impediría exigir el pago de la cláusula penal. (…) [E]l agotamiento previo de una etapa de arreglo directo “no sería más que la consignación de un requisito o presupuesto de procedibilidad no previsto en las normas procesales, para cuyo efecto no se encuentran facultadas las partes”, y se agregó que “constituiría un obstáculo inadmisible para que cada parte pudiere ejercer su correspondiente derecho fundamental de Acceso a la Administración de Justicia, consagrado en el artículo 229 constitucional”. Por lo tanto, si bien no hay prueba de que EPM hubiera comunicado a Axia Energía la existencia de una disputa en pos de propiciar un arreglo directo dentro de los treinta días calendario siguientes, ello no configuraba un incumplimiento contractual ni impedía la presentación de la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Como lo establece con terminante claridad el artículo 13 del CGP, “[el] acceso a la justicia sin haberse agotado dichos requisitos convencionales, no constituirá incumplimiento del negocio jurídico en donde ellas se hubiesen establecido, ni impedirá al operador de justicia tramitar la correspondiente demanda”. En consecuencia, al no encontrar fundamento a los reparos del apelante, se confirmará íntegramente la decisión de primera instancia. La Sala no actualizará el monto de la condena impuesta a Axia Energía, porque en el fallo apelado se dispuso expresamente que su valor debía ser actualizado y se precisó la fórmula correspondiente para ese efecto, tomando como índice final el de su fecha de ejecutoria, sin que este aspecto hubiera sido objeto de reparo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el arreglo directo como requisito para acudir a la jurisdicción, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 19 de mayo de 2025, rad. 72406, C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez; de 4 de diciembre de 2006, rad. 32871, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; del 2 de agosto de 2023, rad. 69475, C. P. Nicolás Yepes Corrales y de la Corte Constitucional, sentencia C-602 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 229, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 13
CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por las normas del CGP. Esta condena no exige valorar una conducta temeraria por parte de quien la soporta, pues, en el régimen actual, se impone con base en un criterio objetivo. Conforme al numeral 1.º del artículo 365 del CGP, se condenará en costas a la parte a la que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Por su parte, el artículo 5.º del Acuerdo PSAA16-10554 del Consejo Superior de la Judicatura establece que, en la segunda instancia de los procesos declarativos, las agencias en derecho deben fijarse entre uno (1) y seis (6) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para su determinación, deben considerarse la naturaleza, calidad y duración de la gestión del apoderado, la cuantía del proceso y demás factores relevantes que permitan ponderar su labor jurídica. El recurso de apelación se resolvió desfavorablemente para Axia Energía. Además, en la oportunidad prevista en la ley, EPM se pronunció sobre la alzada y ofreció argumentos para controvertir las razones del recurso. En consecuencia, la Sala fijará por concepto de agencias en derecho la suma de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigente (SMMLV), a cargo de la parte demandada.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1