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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación

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Fecha
2024-09-27
Radicado
05001233100020120020601
Número interno
67304
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
FUNDACION TIERRA VIVA
Demandado
MUNICIPIO DE MEDELLIN, CORPORACIÒN PARQUE ARVI

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación

Regla de decisión

No debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El juez de segunda instancia no debe evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi, ya que hacerlo implicaría desconocer el principio de congruencia y violar el derecho de defensa de la contraparte. En el presente caso, la entidad estatal apeló la sentencia de primera instancia, pero algunos de los fundamentos planteados en el recurso de apelación desbordaban el marco de decisión bajo el cual fue fijado el litigio, introduciendo cuestionamientos sobre la incompetencia de la contratante para imponer multas, declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal. Estos reproches no guardaban afinidad con lo consignado en el escrito de la demanda ni en su contestación, ni con lo que se discutió en el marco de la demanda de reconvención, por lo que no era procedente su conocimiento en segunda instancia. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, restringiendo la capacidad del juez de segunda instancia para abordar argumentos novedosos que no guardan relación con la causa petendi original, lo que implica que las partes deben ser cautelosas al presentar recursos de apelación para evitar introducir cuestionamientos que no fueron debidamente discutidos en primera instancia.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto 1400 de 1970, art. 305

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Lo que dijo la Sala

El artículo 305 del C.P.C. consagra el principio de congruencia al disponer que la sentencia debe guardar coherencia con “los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades” contempladas en ese Código, así como con las excepciones probadas que hubieren sido alegadas si así lo impone la ley. Según el inciso segundo de ese mismo artículo, nadie puede ser condenado por objeto o causa distinta a la alegada en la demanda, por lo cual la incongruencia se presenta cuando existe disonancia entre lo fallado y lo alegado, pedido y excepcionado oportunamente, salvo los aspectos que, de conformidad con la ley, deban ser resueltos de oficio.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA APELACIÓN DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA APELACIÓN DE LA SENTENCIA ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CLÁUSULAS DEL CONTRATO CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DEL JUEZ INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ACUERDO DE VOLUNTADES SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PERMUTA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEMANDA DE RECONVENCIÓN PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN CONTRATO DE OBRA INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA CIVIL INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL PAGO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN INAPLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO CONCEPTO DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO APLICACIÓN DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO FINALIDAD DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO IMPROCEDENCIA DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO FALTA DE PRUEBA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DAÑO EMERGENTE ACREDITACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR DAÑO EMERGENTE INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE SANCIÓN PECUNIARIA GOOD WILL CONCEPTO DE GOOD WILL NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

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Titulación de la relatoría 30.659 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APELACIÓN DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO Problema jurídico: ¿Debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 305 del C.P.C. consagra el principio de congruencia al disponer que la sentencia debe guardar coherencia con “los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades” contempladas en ese Código, así como con las excepciones probadas que hubieren sido alegadas si así lo impone la ley. Según el inciso segundo de ese mismo artículo, nadie puede ser condenado por objeto o causa distinta a la alegada en la demanda, por lo cual la incongruencia se presenta cuando existe disonancia entre lo fallado y lo alegado, pedido y excepcionado oportunamente, salvo los aspectos que, de conformidad con la ley, deban ser resueltos de oficio. Este principio se vincula directamente con la garantía constitucional del debido proceso, en tanto determina la imposibilidad de introducir sorpresivamente en actos posteriores a las etapas preclusivas del proceso dispuestas para plantear el litigio, alegaciones o cuestiones de hecho respecto de las cuales las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa y, paralelamente, establece la incompetencia del juez para pronunciarse esos aspectos novedosos. (...) Examinado el recurso de alzada instaurado por la Fundación, así como los hechos y fundamentos que concretaron la causa petendi de su demanda, se observa que algunos de los reparos formulados en esta oportunidad desbordan el marco de decisión bajo el cual fue fijado el litigio, en tanto planteó reproches relativos a la incompetencia de la contratante de (i) imponer multas durante la ejecución del contrato en litigio, (ii) declarar el incumplimiento del contrato, y (iii) hacer efectiva la cláusula penal. Estas censuras no guardan afinidad con lo consignado en el escrito de la demanda ni en su contestación, tampoco respecto de lo que se discutió en el marco de la demanda de reconvención, ni comportan unos temas que de oficio deban ser resuelto por el juez, por lo que no es posible abordar su conocimiento en esta instancia, pues hacerlo implicaría desconocer el principio de congruencia y violar el derecho de defensa de la contraparte. De modo que la Sala se abstendrá de emitir un pronunciamiento sobre dichos cuestionamientos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la congruencia de la sentencia, consultar providencia de la Corte Constitucional, T-152 de 2013. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 305 CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Problema jurídico: ¿En los contratos de régimen privado es procedente el pacto de la cláusula de liquidación, en virtud del ejercicio de la autonomía de la voluntad? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, el contrato No. 60 de 2009 se rigió por el derecho común. En ejercicio de la autonomía de la voluntad y según se desprende de los términos de referencia que guiaron la convocatoria No. 001 de 2009 que precedió a su celebración, las partes acordaron que el negocio jurídico se liquidaría de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de recibo a satisfacción de las obras por parte del interventor y, a falta de acuerdo, la Corporación podría efectuar la liquidación dentro de los dos (2) meses siguientes al plazo fijado para el corte de cuentas bilateral. También se estipuló que, si fenecidos los anteriores términos no se efectuaba la liquidación, ésta podía realizarse en cualquier momento dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de dichos meses. (...) Teniendo en cuenta el carácter normativo que el legislador le asignó a las cláusulas negociales –artículo 1602 del C.C.– como fuente de las obligaciones, debe concluirse que esa etapa se consagró convencionalmente por el acuerdo de las partes. (...) Como lo manifestó la Sala Plena de la Sección Tercera, el pacto de la cláusula de liquidación en los contratos sometidos al derecho común resulta del ejercicio de la autonomía de la voluntad, en virtud de la cual las partes fijan las reglas que van a regir sus acuerdos y el alcance de los mismos. En este escenario, la liquidación no siempre obra como cierre integral y definitivo de todo tipo de relación surgida de la ejecución del contrato –como sí acontece en los negocios sujetos al EGCAP, dada expresa previsión legal en tal sentido–, pues se trata de una cláusula accesoria que, al pactarla las partes, la llenan de contenido y establecen su extensión, por lo cual corresponde constatar en cada asunto si los sujetos negociales la establecieron como un balance contable, económico o financiero, o si ampliaron su propósito a un acto de cierre de todas las cuestiones que surgieran en virtud del negocio jurídico, al comprender los acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentadas. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia del pacto de la etapa de liquidación de contratos de régimen privado, consultar providencia de 9 de mayo de 2024, Exp. 53962, C.P. José Roberto Sáchica Méndez FUENTE FORMAL: LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 96, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿El documento que se denominó «acta de liquidación bilateral» contiene un acuerdo de voluntades acerca del balance final del contrato 060 de 2009 y, por esto, la Fundación estaba obligada a dejar salvedades respecto de los asuntos que ahora pretende hacer valer en juicio? Respuesta al problema jurídico: No Es pertinente precisar que en los contratos sometidos al ECGAP la carga de consignar salvedades en el acta de liquidación bilateral deriva del alcance que la ley impone a esta clase de acuerdos –cierre integral y definitivo– y que las partes deben observar al momento de suscribirlos, pero no es un aspecto exclusivo de ese tipo de negocios jurídicos, pues, en virtud del principio de normatividad de los contratos consagrado en el referido artículo 1602, en los que están sometidos al derecho privado, esa carga se debe observar según lo imponga el alcance de los consensos a los que se arriben al realizar ese ejercicio, así como del alcance que las partes impriman a la etapa liquidatoria del contrato. (...) En el presente asunto, si bien las partes acordaron adelantar una etapa de liquidación, no se refirieron al finiquito del contrato como un acto con el alcance de cierre integral del mismo, ni lo revistieron como una herramienta de contenido transaccional, pues nada estipularon sobre el contenido del acto, distinto que la liquidación se efectuara en unos lapsos de tiempo como se lee en lo consignado en los términos de la convocatoria pública No. 001 de 2009 –que hacen parte de los documentos que integran el contrato No. 60 de 2009–. Con todo, lo que encuentra la Sala es que en este caso la Fundación no debía cumplir la carga de dejar salvedades, dado que no existió un acuerdo en torno al balance final del contrato No. 60 de 2009. (...) Ante la evidencia de la inexistencia de un acuerdo de voluntades respecto del balance final del contrato, se halla razón a la Fundación en cuanto a que el Tribunal no podía negar sus pretensiones por haber consignado una salvedad como la indicada y, por tanto, haber quedado obligada por los efectos vinculantes de un negocio jurídico que no podía desconocer en vía judicial, pues éste no se configuró por ausencia de uno de sus elementos esenciales, el consentimiento (...). ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PERMUTA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN / PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN / CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA CIVIL / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Las causas que impidieron que el objeto del contrato de obra se cumpliera son imputables de forma exclusiva al contratista, debido a la inobservancia de los requisitos técnicos y de calidad de los métodos de construcción en tierra, por lo que deben negarse las pretensiones de incumplimiento formuladas en la demanda principal y, en consecuencia, declarar el incumplimiento del contrato 60 de 2009 por parte de la contratista, como fue solicitado mediante demanda de reconvención? Respuesta al problema jurídico: Si La controversia versa sobre los incumplimientos que las partes se endilgan mutuamente respecto de las obligaciones derivadas del contrato de obra No. 60 de 2009 que impidieron que se culminara su ejecución. (...) La controversia versa sobre los incumplimientos que las partes se endilgan mutuamente respecto de las obligaciones derivadas del contrato de obra No. 60 de 2009 que impidieron que se culminara su ejecución. (...) La Sala empezará por examinar los cuestionamientos a los requerimientos técnicos que la interventoría exigió en punto a los BTC (bloques de tierra comprimidos), tapia pisada y techos verdes, puesto que, según la Fundación, fueron los que le impidieron, de forma injustificada, culminar con el objeto encargado. (...) [L]a Fundación no probó que (...) los requerimientos que la interventoría le hizo a la Fundación hubieren sido injustificados o hubieren estado direccionados a desacreditarla por ser su competencia en el mercado de construcción en tierra (implementación de las técnicas de bahareque, tapia pisada y BTC). Los insumos probatorios (…) dan cuenta de que Interventoría se basó en pruebas y normas técnicas para emitir las instrucciones y directrices que impartió a la Fundación, sin que esta última lograra refutar tales órdenes por contravenir los lineamientos técnicos y de calidad relativos a los métodos de construcción en tierra. (…) La Fundación refirió que se presentaron otros eventos que le impidieron cumplir el objeto en el plazo inicialmente previsto y que la entidad no reconoció los mayores tiempos que le implicaron esas circunstancias. (…) El acta de inicio del contrato se suscribió el 7 de enero de 2010, razón por la cual el término de ejecución de 10 meses se extendía inicialmente hasta el 7 de noviembre de ese año; no obstante, fue prorrogado en 45 días calendario, a partir del 8 de noviembre de 2010, a través de la ampliación 01 al contrato No. 60 de 2009, suscrita el 5 de noviembre de 2010, extendiéndose dicho término hasta el 23 de diciembre de 2010. (…) Los fundamentos de la ampliación del contrato permiten dilucidar que el alcance de las negociaciones tuvo por objeto atender las circunstancias que, ocurridas previamente, afectaron la ejecución de la programación de la obra; no obstante, la Fundación refirió que la contratante no reconoció la verdadera extensión de los atrasos en obra que produjeron las causas mencionadas, por cuanto: a) el cambio en la cimentación por orden de la interventoría sin los estudios requeridos produjo una demora de 52 días y no de 14 como señaló en el pacto de ampliación del plazo, b) el rediseño del mercado campesino generó un retardo en la ejecución de 45 días, más no de 19 días, como se reconoció en la prórroga, y c) la no entrega del predio para el CEDEZO en el plazo previsto ocasionó una tardanza de 11 días, no de 5 días como se consideró en el acuerdo modificatorio. (…) La ampliación del pacto denota que las partes sí advirtieron la ocurrencia de tales sucesos, con el reconocimiento de unos días de tardanza particulares para cada circunstancia. La Fundación suscribió la prórroga en señal de acuerdo con los tiempos estimados para superar las circunstancias que motivaron la prórroga del plazo, por lo cual resulta contrario al principio de normatividad de los contratos y a la buena fe contractual que debe guiar su conducta que ahora pretenda desconocer ese convenio para señalar que los tiempos reconocidos en esa negociación fueron insuficientes y que esta fue una de las causas que le impidieron ejecutar sus obligaciones dentro de los tiempos estipulados. (…) Se añade a lo anterior que la contratista no acreditó esos mayores tiempos o retrasos adicionales que produjeron los eventos en mención y su incidencia de cara al incumplimiento del objeto, comoquiera que se ciñó a aducir que el retraso de sus labores se prolongó por un mayor tiempo, sin demostrar su dicho; por ende y ante la falta de probanza de ese mayor transcurso del tiempo y sus repercusiones frente al alcance del objeto convenido, no prosperan las peticiones sustentadas en esos razonamientos. (...) [En ese contexto,] para la Sala es claro que en relación con los BTC, la tapia pisada, los techos verdes, el cambio en los diseños de cimentación, el rediseño del mercado campesino y la demora en la entrega del predio para construir el Cedezo no se configuraron los eventos de incumplimiento que la Fundación atribuyó a la Corporación y, por tanto, tampoco que aquellos le hubieren impedido cumplir con el objeto pactado en el tiempo estipulado; por el contrario, las piezas probatorias son contundentes en acreditar que la razón por la que no se alcanzó la totalidad del objeto contractual se debió a las inobservancias de la contratista, en punto a la falta de observancia de los requisitos técnicos y de calidad de los métodos de construcción en tierra, lo que conduce, de una parte, a negar las pretensiones de incumplimiento formuladas por la Fundación a través de la demanda principal y, de otra, a declarar el incumplimiento del contrato No. 60 de 2009 por parte de la contratista, como fue solicitado por la Corporación mediante la demanda de reconvención, en tanto aquélla no probó que los sucesos aludidos como desencadenantes de un mayor plazo le hubieren impedido observar las prestaciones a las que se ató con la suscripción del negocio jurídico. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA CIVIL / PAGO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de obra por parte de la Corporación, derivado de la falta de pago de las actividades ejecutadas por el contratista? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala analizará si la pretensión de incumplimiento que formuló la Fundación con base en que la Corporación no le pagó obras que sí ejecutó, está llamada a prosperar. Se advierte en este punto que el hecho de que la contratista no hubiere ejecutado en su totalidad el contrato, no supone que no pueda reclamar el pago de las obras que sí realizó –o que la Corporación pueda hacerse a ellas sin pagar la remuneración correspondiente–; sin embargo, para acceder a ello resulta imprescindible que se demuestre que la obligación por cuyo pago se reclama se cumplió a cabalidad y que, pese a no haberse completado el objeto pactado, la prestación aducida le resultó útil a la contratante. (...) Se encuentra acreditado en el proceso que la Fundación ejecutó el 78.92%; sin embargo, no es posible establecer con certeza si dentro de ese porcentaje se encuentran incluidas las obras cuyos pagos reclama, lo cual impide que se acceda a su reconocimiento, en la medida que no es posible establecer que se hubieren cump ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / INAPLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / CONCEPTO DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / APLICACIÓN DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / FINALIDAD DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FALTA DE PRUEBA Problema jurídico: ¿La figura del restablecimiento del equilibrio del contrato resulta aplicable a los negocios jurídicos regidos por el derecho privado? Respuesta al problema jurídico: No [E]n el numeral 5 del acápite de “Pretensiones declarativas principales” la Fundación solicitó que se declare que el acaecimiento de circunstancias no previstas al momento de la celebración del contrato “acaecidas por fuerza mayor” afectaron las condiciones económicas del negocio jurídico. De manera consecuencial, en el numeral 7 pidió que se declare la responsabilidad de las demandadas por los perjuicios ocasionados por la “alteración de la ecuación económica del contrato”. (…) Como fundamento de estas pretensiones se refirió al ataque de la comunidad contra la obra, al incendiar el campamento de los trabajadores, el almacén general, las tuberías hidrosanitarias y eléctricas, dañar los baños portátiles, el cerramiento perimetral y hurtar las instalaciones eléctricas provisionales, lo que le habría producido detrimentos en la cuantía de $130’000.000, así como al aumento de la pluviosidad en el país, lo cual le habría generado un incremento de costos en la ejecución del contrato. (…) La Ley 80 de 1993 consagra NOTA DE RELATORÍA: Sobre el alcance de la figura del restablecimiento del equilibrio del contrato, consultar providencias de 10 de febrero de 2021, Exp. 47068, C.P. Martín Bermúdez Muñoz; de 8 de septiembre de 2021, Exp. 58235, C.P. Alberto Montaña Plata; de 30 de agosto de 2022, Exp. 58485, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la teoría rebus sic stantibus, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 12 de julio de 2024, Exp. SC1360-2024. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CONTRATO DE OBRA / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO Problema jurídico: ¿En el contrato de obra 060 de 2009 se estipuló un pacto tendiente a que la Corporación pudiere hacer efectiva de manera unilateral la cláusula penal pactada, por lo que los perjuicios sufridos por la Corporación derivados del incumplimiento del contratista fueron cubiertos al realizarse la liquidación bilateral? Respuesta al problema jurídico: No En la sentencia recurrida el Tribunal concluyó que los perjuicios sufridos por la Corporación fueron cubiertos con la cláusula penal que se hizo efectiva a través de la liquidación bilateral del 28 de febrero de 2011 por un monto de $323’521.194. (...) En su apelación, la Corporación aseveró que no asistía razón al Tribunal porque en el plenario no obra prueba alguna del pago de las acreencias plasmadas en el acto de liquidación del contrato. (...) Lo primero que debe reiterarse es que no se consolidó una liquidación de mutuo acuerdo, de manera que queda sin soporte el razonamiento del a quo consistente en que los perjuicios irrogados a la Corporación quedaron cubiertos con la cláusula penal que se incluyó en el proyecto de balance de cuentas. (...) En el contrato No. 060 de 2009 las partes pactaron una cláusula penal como una típica sanción a los incumplimientos de la contratista –no una tasación anticipada de perjuicios–, sin que su estipulación implicara una potestad convencional que no hiciera necesaria la intervención judicial para establecer la realización del hecho que daba lugar a que dicha pena se causara (...). La lectura de la (...) previsión negocial permite observar que las partes estipularon una pena por el incumplimiento de las obligaciones del contrato equivalente al 50% de su valor total y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1600 del Código Civil, acordaron que a ésta se podía acumular el cobro de los perjuicios que tal inobservancia pudiera causar a la Corporación, lo que denota que dicha cláusula no se pactó como una tasación anticipada de perjuicios, sino como una “pena sancionatoria”. Asimismo, la intención de las partes no comprendió la facultad en favor de la Corporación para exigir su pago de manera directa sin la intervención de un juez. (...) Las partes no acordaron que la contratante podía definir unilateralmente el incumplimiento de las obligaciones de la contratista y que, como consecuencia de ello, pudiera hacer efectiva la cláusula penal pactada, tampoco se la habilitó para deducir el valor de la cláusula penal pecuniaria directamente de cualquier suma que la Fundación le adeudara. (...) Si bien se ha admitido que las partes de un contrato estatal sometido al derecho común pueden pactar facultades unilaterales, también se ha precisado que tal voluntad debe ser clara y específica, es decir, que pueda deducirse sin equívocos de las cláusulas pactadas por ellas. (...) Por las razones acabadas de mencionar no se encuentra que en el contrato No. 060 de 2009 se hubiere estipulado un pacto tendiente a que la Corporación pudiere hacer efectiva la cláusula penal pactada de manera unilateral, por lo cual se concluye que para ello era necesario que acudiera al juez del contrato y que, además de pretender que se declarara el incumplimiento de su contratista, solicitara específicamente que se hiciera efectiva dicha estipulación INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / DAÑO EMERGENTE / ACREDITACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR DAÑO EMERGENTE / INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / SANCIÓN PECUNIARIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Problema jurídico: ¿Resulta procedente reconocer indemnización de perjuicios a título de daño emergente derivado del incumplimiento del contratista, correspondiente a las sumas que tuvo que asumir la Corporación para dar cumplimiento al objeto contractual dejado de ejecutar? Respuesta al problema jurídico: Si Dado que (…) prospera la pretensión de incumplimiento propuesta por la Corporación en su demanda de reconvención, la Sala procede a pronunciarse respecto de los pedimentos consecuenciales que planteó la contratante. (…) En la demanda de reconvención la Corporación no pidió que se hiciera efectiva la sanción pecuniaria pactada en la cláusula penal, sino que se reconocieran y pagaran los perjuicios que le fueron causados por el incumplimiento de las obligaciones de la Fundación, por lo cual, en atención al principio de congruencia, la Sala se limitará a este último aspecto. (…) La Corporación estimó el daño emergente en el monto de $946’837.689, integrado por las sumas que tuvo que asumir para dar cumplimiento al objeto dejado de ejecutar por la Fundación. Explicó que, para el efecto, suscribió el contrato 10 de 2011, por valor de $604’033.689, el cual fue adicionado por $282’000.000; así como el contrato 11 de 2011 de interventoría al contrato 10 ya referido, por el precio de $42’804.000, adicionado en $18’000.000, negocios cuya sumatoria ascendió a la cifra referida con antelación. (…) Como fundamento de la pretensión de daño emergente, ya detallada, la Corporación aportó los contratos que tuvo que suscribir para corregir y completar la obra sobre la que recayó el objeto del contrato No. 60 de 2009 que suscribió con la Fundación. (…) La Sala encuentra acreditado que se consolidó un daño en contra de la Corporación, ya que para la finalización de las obras dejadas de ejecutar por causas atribuibles a la Fundación, la contratante tuvo que destinar mayores recursos de los que había dispuesto inicialmente, en la medida que, además de emplear dineros para completar el objeto pactado –lo que se observa que se cubrió con el saldo que no se canceló a la Fundación en función del porcentaje de obra que no ejecutó–, tuvo que utilizar otros más para corregir los defectos constructivos que se hallaron respecto de las obras inconclusas, para lo cual fue necesario también que asumiera costos adicionales por concepto de interventoría. El perjuicio corresponde entonces a las mayores sumas que tuvo que destinar para culminar la obra del núcleo mazo, cuyo monto se pasa a determinar. (…) Se encuentra acreditado que, ante la falta de terminación de la obra, la contratante no pagó a la Fundación el valor total que se había previsto para su ejecución. En el acta final de obra No. 60 de 2009, suscrita el 23 de enero de 2011 –cuyo contenido no fue refutado a través de otros medios probatorios– se consignó que la Fundación dejó de ejecutar el 21,08% del objeto convenido, porcentaje que, según ese mismo documento, correspondía a la cifra de $646’961.125. Por lo cual, en los términos de dicha acta, del valor total acordado –$3.069’461.044–, la Corporación solo le canceló la suma de $2.422’499.919. Lo que evidencia que la contratante contaba, justamente, con ese saldo de $646’961.125, para completar y corregir la obra que la Fundación no cumplió. (…) El valor de $646’961.125 no puede ser considerado como un perjuicio, en la medida que ese monto siempre estuvo dispuesto para la construcción de las obras. Se precisa que la demandante en reconvención no alegó ni probó la existencia de un daño emergente por la demora en la finalización de las obras, sino que lo concretó en el costo en el que tuvo que incurrir para cumplir el objeto pactado. (…) La sumatoria de los valores del contrato No. 10 de 2011–$587’243.220– y su adición –$282’000.000–, así como de los costos de interventoría –$60’804.000– corresponde al monto de $930’047.220, el cual no alcanza a ser cubierto por el saldo que tenía disponible la contratante para la culminación de las obras –$646’961.125– , lo que evidencia la existencia del daño en una suma equivalente a $283’086.095, que es la que corresponde a la diferencia de lo que inicialmente contempló la Corporación para la ejecución de la obra y la que finalmente tuvo que destinar para ello en razón de los incumplimientos de la Fundación. (…) Bajo el anterior panorama, el daño emergente que se reconocerá a favor de la contratante asciende a la cifra de $283’086.095, monto que se actualiza utilizando los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, para ello se tendrá en cuenta que el índice inicial corresponde a la fecha en que se cumplió el término con que se contaba para liquidar el contrato –25 de junio de 2011– y que el índice final corresponde a la fecha de esta providencia (…). INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / GOOD WILL / CONCEPTO DE GOOD WILL / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Resulta procedente reconocer el valor que la Corporación reclama por concepto de afectación de su good will derivado del incumplimiento del contrato de obra? Respuesta al problema jurídico: No La Sala no reconocerá el valor que la Corporación reclama por concepto de afectación de su good Will. Es aceptado que ese concepto corresponde a un bien o a un activo intangible susceptible de apropiación patrimonial que, por tanto, puede sufrir menoscabo como consecuencia de un hecho dañoso imputable a un tercero, cuya reparación procede siempre que el daño sea cierto, sea personal y que haya sido consecuencia directa de la conducta antijurídica imputable al tercero. No obra prueba en el proceso del valor patrimonial que tendría ese bien que dice poseer la contratante, menos de la afectación que a ese nivel pudo haber sufrido por el hecho de que las obras no hubieren culminado en los tiempos inicialmente previstos, por lo cual, al no existir prueba del daño, no es posible acceder a este reconocimiento. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la afectación del good will, consultar providencia de 5 de marzo de 2021, Exp. 39249, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 11 de octubre de 2021, Exp. 53479, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000201200206011100103