Titulación de la relatoría 20.566 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / OBJECIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO
Problema jurídico:
¿Resulta dable para las partes del contrato, invocar las causales de nulidad previstas para acusar la legalidad de los actos administrativos, en orden a atacar la validez de un negocio jurídico que ha sido suscrito de manera coordinada y de común acuerdo?
Respuesta al problema jurídico: No
[P]ara la Sala no deja de resultar incomprensible que se hubiera invocado la causal de nulidad de falsa motivación -prevista para acusar la nulidad de los actos administrativos- en orden a atacar la validez de un negocio jurídico suscrito de mutuo acuerdo, acto jurídico que la propia entidad produjo de manera coordinada con el ente territorial demandado y cuya nulidad corresponde ser controvertida por causales diferente
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con los cuestionamientos formulados frente a la liquidación bilateral de los contratos, consultar providencias de 22 de agosto de 2013, Exp. 22.947, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 20 de octubre de 2014, Exp. 27777, C.P. Enrique Gil Botero; de 14 de septiembre de 2016, Exp. 50907, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ARGUMENTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO / PUNTO NUEVO / HECHO NUEVO / ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONGRUENCIA DEL JUEZ / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONCEPTO DE PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FALSA MOTIVACIÓN / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / OBJECIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿En procura de garantizar la congruencia de la sentencia, debe el juez abstenerse de analizar la controversia desde la perspectiva de una nueva argumentación introducida con el escrito de impugnación, cuándo se evidencia que en la apelación se modificó lo planteado en la demanda, por lo que, no resulta procedente valorar el cargo de nulidad del acto administrativo referente a la falsa motivación del acta de liquidación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[R]esulta claro que ni en la demanda ni en su subsanación el SGC planteó el cargo de falsa motivación para atacar la validez del acta de liquidación bilateral y que solo lo alegó cuando en la sentencia de primera instancia se echó de menos su formulación y se cuestionó el hecho de que planteara argumentos relacionados con el incumplimiento de las obligaciones a cargo del municipio para cuestionar la legalidad del acta. De igual forma, también resulta oportuno precisar que en el recurso de apelación tampoco se sustentó ese nuevo cargo. (...) [D]e conformidad con el principio de congruencia y del debido proceso, los jueces de lo contencioso administrativo carecen de facultades para variar la causa petendi que se plantea en la demanda, con fundamento en que la modificación del petitum y del marco fáctico implicaría un “desconocimiento flagrante del principio relativo al debido proceso”, pues se sorprendería a la contraparte con cargos que nunca tuvo la posibilidad de rebatir o de controvertir a lo largo del proceso. Así las cosas, a los jueces les corresponde resolver sobre las pretensiones de la demanda, con base en las pruebas regular y oportunamente aportadas al proceso, tal como lo dispone el artículo 281 del Código General del Proceso, norma que se refiere al principio de congruencia que deben respetar los operadores judiciales al momento de proferir las respectivas sentencias. (...) Lo anterior también se predica respecto de las partes del litigio, quienes por fuera de las oportunidades previstas para el efecto no pueden modificar lo alegado en la demanda interpuesta. (...) De acuerdo con lo anterior, conviene señalar que con la demanda y su correspondiente corrección o adición la parte actora tiene la oportunidad de fijar el alcance de la controversia que plantea, de manera que, con posterioridad a esas etapas procesales, no puede caprichosamente cambiar el petitum y el contexto fáctico y jurídico de lo expuesto inicialmente. En ese sentido, la Sala advierte que ni el recurso de apelación ni los alegatos de conclusión tienen por objeto que las partes adicionen o modifiquen sus demandas, pues con ello sorprenderían a su contraparte con cargos nuevos, con lo que se desconocería el principio de congruencia y el debido proceso. Con base en lo anterior, el cargo de apelación referente a la falsa motivación del acta de liquidación no está llamado a ser resuelto y, por tanto, la Sala se abstendrá de analizarlo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la imposibilidad de modificar la causa petendi de la demanda, consultar providencias de 24 de octubre de 2016, Exp. 34357, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 20 de febrero de 2020, Exp. 54407, C.P. María Adriana Marín; de 13 de agosto de 2020, Exp. 59791, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 20 de noviembre de 2020, Exp. 64865, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 30 de julio de 2021, Exp. 50728, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 13 de agosto de 2021, Exp. 65589, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281
APELACIÓN DE LA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / FALTA DE REQUISITOS DEL RECURSO DE APELACIÓN / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES / OMISIÓN DEL RECURSO JUDICIAL / OMISIÓN EN LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida, razón por la cual no basta con la simple interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es suficiente la manifestación general de no estar conforme con la decisión impugnada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis planteada, por lo que, dada la ausencia de carga argumentativa de la impugnación, se debe concluir que materialmente no existió un recurso como tal y, por ende, debe dejarse incólume la providencia apelada?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]onviene precisar que son los cargos de la apelación los que determinan el marco de competencia del juez de segunda instancia, razón por la cual no basta con la simple interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es suficiente la manifestación general de no estar conforme con la decisión impugnada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis planteada. De igual forma, esta Subsección ha considerado que la carga de sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque, pues lo que la ley exige es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en el punto que se considere desfavorable a sus intereses, no solo porque la decisión sea contraria a la parte que interpone el recurso, sino porque en realidad existen razones o motivos -y así se indiquen en el respectivo escrito- que conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia no fue acertado. Bajo esta óptica, resulta claro que en el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten las consideraciones de la sentencia recurrida, en orden a que el superior jerárquico confronte el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad planteados por la parte recurrente, máxime porque, se insiste, los reproches frente a la providencia impugnada son los que fijan la competencia del juez de segunda instancia, “cuya función no puede ir al extremo de suponer las razones de inconformidad de la parte apelante frente a la sentencia y, por esa vía, de suplir las cargas que legalmente le han sido impuestas a ella”. (...) En ese orden de ideas, la Sala reitera lo señalado por esta Subsección en oportunidad anterior, en el sentido de que, al advertirse la ausencia de sustentación suficiente, adecuada o material del recurso de apelación, cuyo fundamento sea simplemente afirmaciones genéricas y vagas, sin traer a colación argumentos para cuestionar la providencia impugnada, al superior jerárquico no le queda una opción diferente que la de confirmar el proveído apelado. En relación con el caso concreto, la Sala encuentra que, si bien la actora recurrió formalmente la sentencia dictada por el Tribunal a quo, lo cierto es que de su escrito de impugnación no se extrae ningún reparo concreto en contra de las conclusiones del fallo de primera instancia, de ahí que también la parte demandada señale en sus alegatos de conclusión la falta de sustentación del recurso de apelación. Es claro que en el recurso de apelación que ahora se analiza no se cuestiona el alcance que el a quo le dio a la pretensión de incumplimiento, ni se debate la conclusión a la que llegó el tribunal de primera instancia después de revisar las pruebas, en particular los informes de interventoría y el acta de verificación de la obra y tampoco se sustentan en este caso las razones por las cuales se deberían desconocer las manifestaciones hechas por la parte actora en relación con el cumplimiento pleno de las obligaciones a cargo del ente territorial demandado que realizó ante el Fondo Nacional de Garantías, que fueron básicamente los argumentos expuestos en la sentencia para negar esa pretensión. Por lo anterior, la Sala concluye que materialmente no existió recurso de apelación como tal, por lo que se confirmará la providencia que ahora es objeto de estudio, dado que no se controvirtieron los fundamentos de hecho y de derecho que llevaron al Tribunal a quo a adoptar la decisión recurrida, lo que evidencia una falta de sustentación material del escrito de impugnación.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con la carga procesal de sustentar el recurso de apelación, consultar providencias de 9 de abril de 2014, Exp. 27550, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 14 de octubre de 2015, Exp. 48502, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 10 de noviembre de 2017, Exp. 54675, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 10 de noviembre de 2017, Exp. 51212, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E); de 19 de junio de 2020, Exp. 49572, C.P. María Adriana Marín; de 24 de septiembre de 2020, Exp. 44707, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 7 de diciembre de 2021, Exp. 65962, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Para la procedencia de las costas procesales, lo determinante es perder el proceso o que la actuación promovida sea resuelta de manera desfavorable, sin que para ello tenga alguna injerencia la conducta subjetiva de las partes durante el trámite, situación que tiene otras consecuencias procesales?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, “[s]alvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas”, disposición que fue adicionada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 , en el siguiente sentido: “[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”. La modificación señalada no implica que se hubiese retomado el criterio subjetivo de la condena establecido en el artículo 171 del CCA, pues la norma tiene un alcance distinto, en cuanto debe interpretarse en concordancia con el inciso primero del citado artículo 188. La nueva disposición no es aplicable frente a las costas de los procesos ordinarios de lo contencioso administrativo en los cuales prima el factor objetivo -ser la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva de manera desfavorable el recurso interpuesto-, sino que rige para aquellos en los que se ventila un interés público, pues, si bien en estos, en principio, es improcedente la condena por tal concepto, no es menos cierto que es posible imponerla cuando “se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”. En suma, para las costas lo determinante es perder el proceso o que la actuación promovida sea resuelta de manera desfavorable, sin que para ello tenga alguna injerencia la conducta subjetiva de las partes durante el trámite, situación que tiene otras consecuencias procesales. En efecto, en virtud de los artículos 80 y 81 del CGP las partes o terceros que actúen con temeridad o mala fe, sin perjuicio de las costas, deben responder por los perjuicios causados con su proceder. Si quien actúa en dichos términos es el abogado se le aplicará tal regla de responsabilidad, pero también se le impondrá multa de 10 a 50 smmlv. Si la condena reprochable es imputable tanto al poderdante como el apoderado se les condenará de manera solidaria. (...) En las condiciones analizadas, en el caso concreto no resulta aplicable la modificación frente a costas dispuesta por la Ley 2080 de 2021, sino que la regla que rige el asunto es el inciso primero del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que tampoco resulta procedente la excepción prevista en esa norma, toda vez que las partes promovieron un proceso a través del medio de control de controversias contractuales y, por tanto, al margen de que en este caso se discuta lo acontecido en el marco de la ejecución de un convenio interadministrativo en el que no existían intereses contrapuestos, en esta oportunidad, al presentarse la controversia mediante un medio de control de carácter contencioso subjetivo, sí existen intereses particulares de las entidades involucradas en el proceso judicial, en tanto que de la decisión adoptada se derivan consecuencias económicas que favorecen o afectan a las partes. En ese orden de ideas, y en concordancia con el numeral 1 del artículo 365 y el artículo 366 del C.G.P., en la sentencia se condenará en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. La liquidación pertinente se hará de manera concentrada en primera instancia, una vez ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con el alcance de la modificación en materia de costas contenida en el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, consultar providencia de 11 de octubre de 2021, Exp. 63217, C.P. Fredy Ibarra Martínez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 80, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 81, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47
AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVIDAD DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / GESTIÓN DEL PROCESO / GESTIÓN DEL ABOGADO / CUANTÍA DEL PROCESO / ACTUACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / ACTUACIÓN EN EL PROCESO
Problema jurídico:
¿Las costas incluyen las agencias en derecho, que se fijan a partir de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o por la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y las demás circunstancias especiales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las costas incluyen las agencias en derecho, que se fijan a partir de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o por la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales. (...) Así las cosas, las agencias en derecho proceden incluso cuando la parte ha litigado en nombre propio, sin incurrir en el pago de honorarios profesionales, razonamiento que también es aplicable a las entidades que comparecen a través de sus abogados de planta, pues, si bien en tal escenario no incurre en gastos adicionales a los de nómina, no es menos cierto que sí tuvo que destinar alguno de sus funcionarios para atender el asunto. En cuanto a las tarifas, el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016 –normativa vigente para la fecha de presentación de la demanda- señaló que en la segunda instancia de los procesos declarativos -como el de la referencia- por agencias en derecho resulta procedente fijar entre 1 y 6 mmlv. En el sub lite el a quo negó las pretensiones, sentencia contra la cual la parte actora interpuso un recurso de apelación que no prosperó, de ahí que corresponda condenarla en costas por el hecho de que su recurso hubiese sido resuelto de manera desfavorable y para lo pertinente, por concepto de agencias en derecho, se fija 1 smmlv. El monto señalado se encuentra dentro del rango fijado por el Consejo Superior de la Judicatura; además, resulta coherente con la naturaleza del asunto y la actuación desplegada en esta instancia por la apoderada del ente territorial demandado, pues se pronunció frente al recurso interpuesto. En este orden de ideas, se condenará en costas al Servicio Geológico Colombiano, el cual deberá pagar a favor del municipio de Buenos Aires, Cauca, la suma de 1 smmlv. En todo caso, la liquidación final de las costas la efectuará la primera instancia.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintidós (2022).
Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00015-01 (66.594)
Actor: SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
Demandado: MUNICIPIO DE BUENOS AIRES (CAUCA)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Temas: RECURSO DE APELACIÓN - no es posible modificar la causa petendi a
través del recurso de apelación - la impugnación no tiene por objeto el que las partes
adicionen o modifiquen sus demandas - es deber de los recurrentes sustentar en
debida forma la apelación.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 23 de abril de 20201, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, negó las pretensiones de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La controversia gira en torno al supuesto incumplimiento de las obligaciones
asumidas mediante la suscripción del acta de liquidación bilateral del convenio
interadministrativo No. 053 de 2008 por parte del ente territorial demandado,
inobservancia en cuya virtud el Servicio Geológico Colombiano, según sostuvo, no
pudo legalizar los recursos aportados para el desarrollo del proyecto, los cuales
provenían del Fondo Nacional de Regalías.
De igual forma, como consecuencia del incumplimiento endilgado al ente territorial
demandado, también se solicitó la nulidad del acta de liquidación bilateral suscrita
por las partes.
II. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1 Folios 211 a 219 del cuaderno del Consejo de Estado.
Radicación: 25000-23-36-000-2018-00015-01 (66.594)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandado: Municipio de Buenos Aires (Cauca)
Referencia: Controversias contractuales
2
En escrito presentado el 11 de enero de 2018 2, subsanado el 9 de abril del mismo
año3, el Servicio Geológico Colombiano (en adelante SGC), por conducto de
apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales contra el municipio de Buenos Aires, Cauca, con el fin
de que se declarara la nulidad del acta de liquidación bilateral del convenio
interadministrativo No. 053 de 2008, celebrado entre el Ingeominas4 y el municipio
de Buenos Aires, suscrita el 30 de diciembre de 2015 y, como consecuencia, que
se liquidara judicialmente el referido conve nio y se condenara al ente territorial
demandado a pagar los perjuicios causados por el incumplimiento 5, tanto de lo
acordado en el acta de liquidación bilateral cuestionada, como del convenio mismo.
El SGC determinó que en el presente caso se debía conde nar a la entidad
demandada a pagar, por concepto de daño emergente, la suma de $1.703´076.544,
correspondiente al valor total de los recursos comprometidos del Fondo Nacional de
Regalías para el desarrollo del proyecto6.
La entidad demandante también solicitó que se ordenara, como medida cautelar, la
publicación o inscripción de la demanda en un lugar visible de la página web del
municipio demandado.
2. Los hechos
Como fundamentos fácticos, en síntesis, se narraron los siguientes:
El Consejo Asesor de Regalías, mediante el Acuerdo No. 040 de 26 de septiembre
de 2008, aprobó el proyecto FNR 31711 – Convenio No. 053, por un valor de
$1.703´076.544, incluida la interventoría y la administración financiera.
En el marco de lo anterior, el 19 de diciembre de 2008, se suscribió el convenio
interadministrativo No. 053 entre el Instituto Colombiano de Geología y Minería -
2 Folios 2 a 11 del cuaderno principal.
3 Folios 19 a 31 del cuaderno principal.
4 A través del Decreto 4131 de 2011 se cambió la naturaleza jurídica y la denominación de la entidad,
de Instituto Colombiano de Geología y Minería -Ingeominas- a Servicio Geológico Colombiano:
“Artículo 1°. Naturaleza y denominación . Cámbiase la naturaleza jurídica del Instituto Colombiano
de Geología y Minería (Ingeominas) de establecimiento público a Instituto Científico y Técnico, con
personería jurídica, autonomía administrativa, técnica, financiera y patrimonio independiente, que se
denominará Servicio Geológico Colombiano, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, el cual hará
parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) ”.
5 Se precisa que como algunas de las pretensiones son excluyentes, con posterioridad, el a quo
determinó su alcance.
6 Se precisa que el monto de los perjuicios fue el señalado por la parte actora en el acápite de la
demanda que se refería a la cuantía y que tiene relación con lo manifestado en los hechos del escrito
inicial. Lo anterior se precisa, dado que en el mismo acápite, de manera posterior, se indicó una cifra
menor en el juramento estimatorio de la cuantía.
Radicación: 25000-23-36-000-2018-00015-01 (66.594)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandado: Municipio de Buenos Aires (Cauca)
Referencia: Controversias contractuales
3
Ingeominas-, hoy Servicio Geológico Colombiano7, y el municipio de Buenos Aires,
Cauca, y su objeto consistía en lo siguiente: “ Por el presen te Convenio EL
MUNICIPIO se compromete al mejoramiento y tecnificación de la actividad minera
en el municipio de Buenos Aires - Cauca” y, además, el municipio se obligaba a
administrar y dirigir el desarrollo de los trabajos, bajo su responsabilidad y
suministrando los medios necesarios para ejecutarlo, con los recursos aportados
por el Instituto.
El plazo de ejecución pactado fue de 12 meses, contados a partir de la orden de
inicio dada por el supervisor del acuerdo, la cual se dio el 6 de noviembre de 2009;
sin embargo, por múltiples suspensiones y prórrogas, el convenio solo terminó
hasta el 1° de mayo de 2013.
La totalidad de los recursos económicos del convenio, que tenía un valor inicial de
$1.703´076.544, fueron aportados por Ingeominas, suma de d inero que fue
desembolsada en su totalidad.
El convenio se ejecutó en el 91,13% y los recursos no ejecutados ascendieron a
$151´006.458.
El 30 de diciembre de 2015, las partes suscribieron el acta de liquidación bilateral
del convenio, en la cual se establecieron algunas obligaciones pendientes a cargo
del municipio que no se cumplieron, por lo que el SGC no pudo legalizar los
recursos recibidos por parte del Fondo Nacional de Regalías, destinados para la
ejecución del proyecto.
El incumplimiento por parte del municipio le acarreó perjuicios graves al SGC, en la
medida en que debe responder ante el Fondo Nacional de Regalías por la totalidad
del dinero comprometido en la ejecución del convenio, dado que, al tratarse de
7 La Sala precisa que, de conformidad con las pruebas aportadas en el proceso, después de
modificada la naturaleza jurídica del Ingeo minas, el SGC continuó con la ejecución del convenio
objeto de la controversia y si bien en la reforma de la demanda se hizo alusión a un conflicto de
competencias negativo entre el SGC y la Agencia Nacional de Minería, promovido ante la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para determinar cuál era la entidad competente para
continuar con la ejecución, liquidación y cierre de los proyectos financiados con recursos del Fondo
Nacional de Regalías, en las referencias no se incluyó, de maner a expresa, lo relacionado con el
convenio No. 053 de 2008, como sí se hizo con otros convenios interadministrativos; sin embargo,
después de realizar una revisión en la sistema SAMAI, se encontró que el 30 de octubre de 2013 la
Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación resolvió el conflicto de competencia con el
número de radicación 11001 -03-06-000-2013-00494-00(C) en los siguientes términos: “ PRIMERO:
DECLARAR competente a Ingeominas, hoy Servicio Geológico colombiano, para realizar la
liquidación del contrato interadministrativo No. 053 de 2008, celebrado entre Ingeominas y el
municipio de buenos Aires (Cauca), y adelantar las actuaciones requeridas dentro del trámite de
cierre del proyecto que dio lugar al contrato”.
Radicación: 25000-23-36-000-2018-00015-01 (66.594)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandado: Municipio de Buenos Aires (Cauca)
Referencia: Controversias contractuales
4
recursos provenientes de regalías, no era aceptable el cumplimiento parcial de los
compromisos adquiridos en el proyecto.
3. Trámite en primera instancia
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante
auto del 3 de mayo de 2018 8, notificado en debida forma a la demandada y al
Ministerio Público9.
El municipio de Buenos Aires contestó la demanda10 y señaló que no se oponía a
que se declarara la nulidad del acta de liquidación del convenio interadministrativo
No. 053 de 2008, pero por razones distintas a las propuestas por el SGC, dado que
consideró que en este caso se había proferido ese acto de forma extemporánea, en
tanto que fue suscrito después de haberse cumplido el término de caducidad del
medio de control de controversias contractuales.
Por lo anterior , también señaló que no era procedente la liquidación judicial que
pretendía el demandante.
De otra parte, sostuvo que se oponía a la condena solicitada como indemnización
de perjuicios, no solo por lo ya expuesto en relación con la caducidad del medio de
control, sino también porque el incumplimiento endilgado por la accionante no
existió y prueba de ello era el reconocimiento del avance del 91,13% de ejecución
de las actividades a su cargo, porcentaje que era avalado por la interventoría
contratada por la demandante, por lo que pretender un reconocimiento económico
del 100% de los recursos aportados para el desarroll
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