Titulación de la relatoría 14.788 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y por tratarse de un proceso con vocación de doble instancia por razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA, dado que la pretensión mayor19 excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes20 a la fecha de presentación de la demanda.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se debe realizar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando el contrato requiere liquidación?
Respuesta al problema jurídico: Si
Conviene señalar que el CPACA, para efectos de determinar a partir de cuándo debe computarse el término de caducidad, establece unas reglas especiales cuando la demanda tiene origen en un contrato. En lo que a este caso interesa, resulta oportuno traer a colación la regla consagrada en el artículo 164 ibidem, numeral 2, del literal j), apartado iii), que dispone que, en los contratos que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, el cómputo de los dos años de la caducidad empieza a correr a partir del día siguiente a la suscripción de la respectiva acta. Como el convenio de asociación objeto de estudio fue liquidado de común acuerdo el 17 de enero de 2013, el término para demandar se extendió hasta el 18 de enero de 2015. En ese sentido, dado que el escrito inicial se interpuso el 25 de marzo de 2014, la Sala concluye que se hizo en la oportunidad legal prevista.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2
CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGAS PROCESALES / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son las cargas procesales de lasa partes en relación con la sustentación del recurso de apelación y cuales son los presupuestos del recurso?
Respuesta al problema jurídico: Si
De manera reciente, esta Subsección consideró que la carga de sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque, pues lo que la ley exige es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en el punto que se considere desfavorable a sus intereses, no solo porque la decisión sea contraria a la parte que interpone el recurso, sino porque en realidad existen razones o motivos -y así se indiquen en el respectivo escrito- que conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia no fue acertado. Bajo esta óptica, resulta claro que en el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten las consideraciones de la sentencia recurrida, en orden a que el superior jerárquico confronte el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad planteados por la parte recurrente, máxime porque, se insiste, los reproches frente a la providencia impugnada son los que fijan la competencia del juez de segunda instancia, “cuya función no puede ir al extremo de suponer las razones de inconformidad de la parte apelante frente a la sentencia y, por esa vía, de suplir las cargas que legalmente le han sido impuestas a ella”.
NOTA DE RELATORÍA:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2021; También, entre otros, ver el fallo proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 24 de septiembre de 2020, expediente 44.707, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARGAS PROCESALES / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES / OMISIÓN DE CARGAS PROCESALES / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CONVENIO DE ASOCIACIÓN
Problema jurídico:
¿Cuáles son las cargas procesales de las partes en relación con las sustentación del recurso de apelación cuando se está discute un incumplimiento contractual y la legalidad del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n el recurso no se esgrimieron argumentos tendientes a rebatir la conclusión del Tribunal, concerniente a que no se presentó el supuesto desequilibrio económico, toda vez que la parte actora, frente a este punto concreto, usó la impugnación con el único propósito de solicitar pruebas en segunda instancia y, si bien estaban dirigidas a demostrar el alegado desequilibrio, lo cierto es que no se presentó ningún argumento para rebatir las conclusiones del fallo apelado en este aspecto, de ahí que la apelación carezca de sustento. En lo que respecta a los cargos que se invocaron en contra de las resoluciones demandadas (violación de la normativa que regula los convenios de asociación y falsa motivación), que fueron descartados por el Tribunal, la Sala destaca que en la apelación no se hizo referencia expresa a los dos cargos de nulidad invocados en la demanda; de su argumentación podría inferirse, si acaso, que la parte actora atacó lo que consideró el a quo para descartar la causal de falsa motivación endilgada frente a la resolución por medio de la cual se declaró la caducidad del convenio de asociación, pero se advierte una carencia de sustentación de ese punto en la impugnación, tal como pasa a verse. (...) En efecto, en la apelación se afirmó de manera abstracta y genérica que la actuación de los supervisores fue de “persecución” y no de apoyo, pero no se discutió directamente la razón fundamental del Tribunal para descartar la causal de falsa motivación invocada frente a la resolución que declaró la caducidad del convenio, en tanto, se repite, no se manifestó desacuerdo alguno frente a los informes rendidos por los supervisores, ni tampoco se señaló cuáles fueron esas actuaciones que, en criterio de la recurrente, dieron cuenta de la supuesta “persecución”, de ahí que resulte insuficiente el recurso en lo que a este aspecto concierne. (...) Sobre el particular, la Sala considera pertinente traer a colación en esta oportunidad, como lo ha hecho en casos similares27, que la carga de sustentación del recurso de apelación no se satisface con la simple manifestación de inconformidad en contra de la providencia recurrida, ni tampoco con la solicitud genérica de que se revoque, “o con la mera reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera instancia, bien sea en la demanda o en la contestación” 28 (se destaca). Lo que se evidencia en este caso es que la actora no atacó el verdadero fundamento que sirvió de sustento a la providencia impugnada para desestimar la falsa motivación respecto de la resolución que declaró la caducidad del convenio, pues sobre este punto en el recurso, como acaba de verse, simplemente se reiteraron las razones expuestas en la demanda, cuando la carga de sustentar la apelación no puede limitarse a la reproducción de lo alegado en el escrito inicial, situación que le impide a la Subsección efectuar un juicio de valor sobre la decisión recurrida, en tanto tampoco puede suponer las razones de inconformidad del apelante. (...) Si bien en la apelación se cuestionaron de manera independiente las razones por las cuales el Tribunal negó la pretensión de incumplimiento (i), en el sentido de que la Administración sí incumplió el convenio porque no se desembolsaron los recursos a pesar del esfuerzo que hizo Proactiva por ejecutar el acuerdo, se advierte que este aspecto no es posible abordarlo en esta instancia, en tanto en el sub examine median los actos administrativos que declararon la caducidad del convenio de asociación, en los que se definió el incumplimiento grave por parte del asociado, además de que en aquellos, especialmente en la Resolución No. 2008 del 21 de 2011, se descartó que la Administración hubiese incumplido con el desembolso de recursos pactado en la cláusula sexta del referido acuerdo de voluntades, al despachar de manera desfavorable para la aseguradora la reposición interpuesta. Ante la presunción de legalidad de los actos administrativos que declararon la caducidad del convenio -en los cuales se definió el incumplimiento grave de Proactiva y se descartó el incumplimiento endilgado a la Administración en relación con la obligación de desembolsar los recursos-, la cual no fue desvirtuada en este asunto, la Subsección concluye que ello implica el fracaso de la pretensión de incumplimiento alegada, sobre la cual se insistió en el recurso de apelación de manera separada a los fundamentos de las resoluciones demandadas. No está de más agregar que, de hacerse el estudio del incumplimiento sobre el cual se insistió en la apelación, se estaría decidiendo en contra de los actos administrativos que ya definieron tal aspecto, los cuales se presumen legales. Por otra parte, hay que señalar que la actora no apeló los fundamentos que tuvo en cuenta el a quo para descartar el cargo de nulidad que se planteó en la demanda contra la resolución a través de la cual se liquidó la cláusula penal pecuniaria, por lo que Sala tampoco se pronunciará en esta instancia sobre ese punto.
NOTA DE RELATORÍA:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de diciembre de 2020, expediente No. 46542.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de aplicación del principio de congruencia en la demanda y el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
Por último, si bien en el recurso de apelación se alegó que debía tenerse en cuenta la forma en que fueron estructurados y concebidos los convenios de asociación suscritos entre el Distrito de Bogotá – SDIS y Proactiva, lo cierto es que ese argumento tiene relación con la pretensión de revisión del acuerdo de voluntades objeto de estudio, la cual fue excluida del presente asunto mediante auto dictado por esta Corporación el 29 junio de 2017, de manera que la Sala no abordará en esta instancia dicho planteamiento, de conformidad con el principio de congruencia.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para la condena y liquidación de las costas procesales?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 del CPACA y con la disposición especial del artículo 365 del CGP, para el caso particular procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, en este asunto a la demandante. En el presente caso se observa que el Distrito de Bogotá presentó alegatos de conclusión de segunda instancia, gestión suficiente para que se disponga en su favor la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP. Conviene señalar que, bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley” .
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2012 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para la condena y liquidación de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, estableció las tarifas de agencias en derecho. En cuanto a los criterios para la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos, el artículo 3 del referido Acuerdo dispuso que debía tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes. En lo que a este caso interesa, resulta oportuno anotar que, en los procesos con cuantía y que se adelantan ante esta jurisdicción, las agencias en derecho en segunda instancia deben fijarse hasta en un 5% -límite máximo- del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia, según lo dispuso el numeral 3.1.338 del artículo 6 del mencionado Acuerdo 1887 de 2003. De acuerdo con el artículo 3 de dicho Acuerdo, se advierte que la gestión procesal del apoderado de la entidad demandada en esta instancia fue consistente y coherente con lo expuesto a lo largo del proceso. De este modo, las agencias en derecho se fijan en la suma de $26’421.600, monto que deberá ser pagado en favor del Distrito de Bogotá y con cargo a la Asociación Promotora de Proyectos, Servicios y Asesorías Culturales, Sociales y Administrativas -Proactiva en liquidación, con
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003
Texto extraído del PDF oficial 75.768 caracteres
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022).
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66.550)
Actor: ASOCIACIÓN PROMOTORA DE PROYECTOS, SERVICIOS Y
ASESORÍAS CULTURALES, SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
Demandado: DISTRITO DE BOGOTÁ
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Temas: RECURSO DE APELACIÓN - alcance - deber de sustentación - la carga de
sustentación no se satisface con peticiones abstractas ni con la réplica de los argumentos
de la demanda, de la contestación o de los alegatos de concl usión, pues debe atacarse el
verdadero fundamento de hecho y de derecho de la providencia recurrida - con la apelación
no es posib le modificar la causa petendi – en el presente caso no se sustentó
adecuadamente la apelación frente a la negativa de la prete nsión de desequilibrio
económico y contra la determinación del a quo de haber descartado los cargos de nulidad
invocados contra las resoluciones demandadas – ante la presunción de legalidad de los
actos que declararon la caducidad del convenio de asociación, no resulta viable el estudio
de la pretensión de incumplimiento sobre la cual se insistió en la apelación.
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia del 27 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Se afirma que la entidad demandada incumplió lo pactado en la cláusula sexta del
convenio de asociación No. 3671 de 2010, en tanto no se desembolsaron los
recursos correspondientes a la asociación Proactiva; además, porque el Distrito
supuestamente desatendió el compromiso que había adquirido con la actora en una
reunión llevada a cabo ante la Personería de Bogotá. A su vez, Proactiva pidió la
nulidad de las resoluciones por medio de las cuales se declaró la caducidad del
referido acuerdo de voluntades y se liquidó la cláusula penal pecuniaria.
Radicación: 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66.550)
Actor: Proactiva
Demandado: Distrito de Bogotá
Referencia: Contractual (Ley 1437 de 2011)
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II. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
En escrito presentado el 25 de marzo de 2014 , la Asociación Promotora de
Proyectos, Servicios y Asesorías Culturales, Sociales y Administrativas -en adelante
Proactiva-, por conducto de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de controversias contractuales contra el Distrito de Bogotá –
Secretaría Distrital de Integración Social -en adelante SDIS-, con el fin de que se
hicieran las siguientes declaraciones y condenas (transcripción literal, incluso con
posibles errores)1:
(i) Que se declare el incumplimiento del convenio de asociación No. 3671 de
2010 suscrito con el Distrito – SDIS, “por el no cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con los pagos oportunos establecidos en la cláusula sexta del convenio
y del compromiso suscrito ante la Personería de Bogotá el día 7 de julio de 2011”.
(ii) Que, como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad de los
siguientes actos administrativos expedidos por la entidad demandada: a) Resolución
No. 1988 del 19 de diciembre de 2011, por medio de la cual se declaró la caducidad
del convenio de asociación; b) Resolución No. 2008 del 21 de diciembre de la misma
anualidad, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la
determinación anterior; c) Resolución No. 0374 del 29 de febrero de 2012, que liquidó
la cláusula penal pecuniaria del referido convenio, y d) Resolución No. 0792 del 18 de
mayo del mismo año, que rechazó el recurso de reposición contra tal decisión.
(iii) Que se ordene al responsable a indemnizar los perjuicios causados por el
no pago de las obligaciones a cargo del contratante, así como también por la
declaratoria de caducidad del convenio de asociación, suscrito entre el Distrito – SDIS,
Proactiva y los Fondos de Desarrollo Local de Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy,
Engativá, Barrios Unidos, Puente Aranda, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz.
1 Además de las pretensiones que se transcribirán en el cuerpo de la providencia, en la demanda se
pidió: “ PRIMERO. Se ordene la revisión del convenio de asociación No. 3671 de 2010, en lo
pertinente a la estructura financiera y técnica de dicho convenio, toda vez que, co mo se concibió el
clausulado se establecieron obligaciones imposibles de cumplir por parte del asociado y así como
en lo relacionado con los aportes a que este fue sometido en la estructura de este contrato ”; sin
embargo, esta pretensión se excluyó del proceso mediante auto del 29 de junio de 2017, dictado por
esta Corporación, porque no se agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial
frente a ella. Este aspecto se precisará con detalle más adelante en la presente providencia.
Radicación: 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66.550)
Actor: Proactiva
Demandado: Distrito de Bogotá
Referencia: Contractual (Ley 1437 de 2011)
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(iv) Que, como consecuencia de la pretensión anterior, se ordene el pago de
la suma de $1.672’966.967, por concepto de lucro cesante 2, “(...) según se
desprende de las facturas y acta de liquidación anexas en la demanda (...)”.
(v) Que se ordene el pago por el desequilibrio económico que sufrió el
convenio, producto de los aportes y de las modificaciones unilaterales que los
supervisores e interventores impusieron en la ejecución del acuerdo, que asciende a
la suma de $969’193. 121 (monto que se pidió a título de daño emergente) 3,
correspondiente a los gastos administrativos y operacionales, a los pagos por pólizas
de cumplimiento y de responsabilidad civil, de publicaciones, así como lo relacionado
con los aportes en los que incurrió el asociado Proactiva, según lo estipulado en la
cláusula tercera del convenio de asociación No. 3671 de 2010.
2. Los hechos
Como fundamentos fácticos, en síntesis, se narraron los siguientes:
El 29 de diciembre de 2010, el Distrito de Bogotá - Secretaría Distrital de Integración
Social y la asociación Proactiva celebraron un convenio de asociación, cuyo objeto
consistió en aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para la entrega
de un apoyo alimentario mediante el sistema de bonos canjeables por alimentos
para la población participante de los Fondos de Desarrollo Local de Usme,
Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Engativá, Barrios Unidos, Puente Aranda, Rafael Uribe,
Ciudad Bolívar y Sumapaz, ligados al desarrollo de la política pública de seguridad
alimentaria y nutricional. Este acuerdo de voluntades se suscribió por un valor de
$4.463’631.246, de conformidad con lo pactado en la cláusula cuarta.
En la cláusula sexta se acordó que los Fondos de Desarrollo Local 4 realizarían
desembolsos cada mes, por el valor de los bonos entregados y efectivamente
2 Tal suma por este concepto fue precisada en el escrito de subsanación de la demanda (folio 35 del
cuaderno No. 1 del tribunal). Inicialmente en dicha pretensión se había solicitado el monto de
$2.079’006.705, “incluyendo intereses moratorios hasta la fecha d e las facturas (...) De este monto
el valor resultante después del acta de liquidación firmada bilateralmente con salvedades es el siguiente:
la entidad en dicha acta reconoció la suma de $1.094’080.278, de este monto se ha cancelado la suma
de $406’039.998 quedando pendiente un saldo por cancelar por valor de $688’040.270 más el monto y
los intereses no reconocidos por parte de la entidad respectiva que ascienden al valor de $984’926.427
para un pago total por parte de la autoridad administrativa por valor de $1.672’966.697” (folio 4 del
cuaderno No. 1 del tribunal).
3 Así también lo precisó la parte actora en el escrito de subsanación de la demanda .
4 Previo al convenio de asociación en cuestión, el Distrito de Bogotá – Secretaría Distrital de
Integración Social y los referidos Fondos de Desarrollo Local suscribieron el convenio
interadministrativo No. 3383, con el fin de aunar esfuerzos para el desarrollo y ejecución de acciones
Radicación: 25000-23-36-000-2014-00393-02 (66.550)
Actor: Proactiva
Demandado: Distrito de Bogotá
Referencia: Contractual (Ley 1437 de 2011)
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cambiados en el período respectivo , hasta finalizar el plazo de ej ecución de cada
proyecto, previa verificación por parte del comité de evaluación y seguimiento del
diagnóstico del estado nutricional de las personas participantes del convenio. Se
pactó, además, que todos los desembolsos se efectuarían previa presentación de
unos documentos por parte de Proactiva, como la factura y/o cuenta de cobro, los
listados, el informe y la certificación de cumplimiento del convenio y el valor a pagar.
Mediante Oficio No. ENT-77555 del 23 de marzo de 2011, la representante legal de
Proactiva solicitó a la SDIS que se modificara la cláusula sexta, en razón de que los
períodos de pago establecidos no permitían la adecuada ejecución del convenio,
“debido exclusivamente a los lapsos tan extensos para realizar los pagos al
asociado, por parte de los Fondos de Desarrollo Local ”. Según la demanda, como
la SDIS no dio respuesta, Proactiva reiteró la petición, a través del Oficio No. ENT-
16334 del 16 de junio de 2011, en el cual, además, indicó que “los desembolsos se
encuentran supeditados a la verificación por parte del comité de evaluación y
seguimiento del diagnóstico del estado nutricional de las personas participantes del
convenio (...), lo cual es improcedente debido a que está condicionan
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.