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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no debe el juez decretar la práctica de los testimonios encaminados

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Fecha
2022-03-01
Radicado
25000233600020190086701
Número interno
67802
Ponente
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS (AD. DEL FONDO-CUENTA DE IMP. AL CONSUMO DE PRODUC. EXTRANJEROS
Demandado
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no debe el juez decretar la práctica de los testimonios encaminados

Lo que dijo la Sala

El artículo 212 del CGP consagra que cuando se piden testimonios debe “enunciarse concretamente los hechos objeto de prueba”; además, dicha norma establece que el juez se encuentra facultado para limitar la recepción del testimonio si considera que se encuentran suficientemente esclarecidos los hechos materia de prueba. La parte demandada solicitó el decreto del testimonio del señor… -supervisor del contrato-, con el fin de que se pronunciará sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desarrolló la supervisión del contrato interadministrativo… , tanto en su etapa contractual como postcontractual. Resulta oportuno señalar que las pruebas documentales decretadas, que conforman el expediente contractual, permiten determinar las condiciones en las que se desarrolló el negocio jurídico, por lo que el testimonio del señor… no resulta útil ni pertinente sobre lo que pretende probar.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El juez no debe decretar la práctica de testimonios cuando los hechos materia de prueba se encuentran suficientemente esclarecidos con los documentos contractuales decretados como medios probatorios, conforme al artículo 212 del Código General del Proceso, que permite al juez limitar la recepción del testimonio si considera que los hechos están suficientemente esclarecidos. En este caso, la parte demandada solicitó el testimonio del supervisor del contrato, pero los documentos contractuales ya permitían determinar las condiciones en las que se desarrolló el negocio jurídico, por lo que el testimonio no resultaba útil ni pertinente. Además, la condena en costas no requiere la apreciación de una conducta de la parte vencida, ya que se determina con base en un criterio objetivo que considera la gestión de las partes y las resultas del proceso, por lo que se condena a la parte demandada en costas y se fija una agencia en derecho en función de la gestión procesal realizada por el apoderado de la entidad demandante.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Debe el juez decretar la práctica de los testimonios encaminados a determinar las condiciones en las que se desarrolló el negocio jurídico, cuando los hechos materia de prueba se encuentran suficientemente esclarecidos en el proceso, con los documentos contractuales que fueron decretados como medios probatorios?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1564 de 2012, art. 212

También resuelve

  • ¿La condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte vencida en el proceso, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

AUTO QUE NIEGA EL DECRETO DE PRUEBA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE NIEGA PRUEBAS PRUEBA TESTIMONIAL TESTIMONIO APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO CRITERIOS PARA LA APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO OBJETO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO VALORACIÓN DEL TESTIMONIO VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO NEGACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL INEFICACIA DEL TESTIMONIO INEFICACIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL LIMITACIÓN DE LA EFICACIA DEL TESTIMONIO IMPROCEDENCIA DEL TESTIMONIO IMPROCEDENCIA DEL DECRETO DE PRUEBA TESTIMONIAL IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL NEGACIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA NEGACIÓN DE LA PRUEBA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APELACIÓN DEL AUTO APELACIÓN DE AUTO INTERLOCUTORIO NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN COSTAS PROCESALES APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES DECISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CONDENA EN COSTAS REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVIDAD DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO GESTIÓN DEL ABOGADO

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Titulación de la relatoría 6.399 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

AUTO QUE NIEGA EL DECRETO DE PRUEBA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE NIEGA PRUEBAS / PRUEBA TESTIMONIAL / TESTIMONIO / APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO / CRITERIOS PARA LA APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO / OBJETO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO / VALORACIÓN DEL TESTIMONIO / VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO / NEGACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / INEFICACIA DEL TESTIMONIO / INEFICACIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / LIMITACIÓN DE LA EFICACIA DEL TESTIMONIO / IMPROCEDENCIA DEL TESTIMONIO / IMPROCEDENCIA DEL DECRETO DE PRUEBA TESTIMONIAL / IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / NEGACIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LA PRUEBA / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Debe el juez decretar la práctica de los testimonios encaminados a determinar las condiciones en las que se desarrolló el negocio jurídico, cuando los hechos materia de prueba se encuentran suficientemente esclarecidos en el proceso, con los documentos contractuales que fueron decretados como medios probatorios? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 212 del CGP consagra que cuando se piden testimonios debe “enunciarse concretamente los hechos objeto de prueba”; además, dicha norma establece que el juez se encuentra facultado para limitar la recepción del testimonio si considera que se encuentran suficientemente esclarecidos los hechos materia de prueba. La parte demandada solicitó el decreto del testimonio del señor (...) -supervisor del contrato-, con el fin de que se pronunciará sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desarrolló la supervisión del contrato interadministrativo (...), tanto en su etapa contractual como postcontractual. Resulta oportuno señalar que las pruebas documentales decretadas, que conforman el expediente contractual, permiten determinar las condiciones en las que se desarrolló el negocio jurídico, por lo que el testimonio del señor (...) no resulta útil ni pertinente sobre lo que pretende probar. Si bien en el recurso de apelación se reiteró que el testigo podía referirse con precisión sobre las condiciones en las que se desarrolló el contrato, por el conocimiento adquirido como su supervisor, lo cierto es que ni en la contestación de la demanda ni en la sustentación de la impugnación el DPS se refirió a situaciones particulares o desconocidas respecto de la ejecución del negocio jurídico que no se pudieran demostrar con los documentos contractuales que fueron decretados como prueba; asimismo, no se precisó de qué manera el testimonio solicitado incidiría en la demostración de las causales de nulidad alegadas respecto de las resoluciones cuestionadas, por medio de las cuales se liquidó el contrato interadministrativo, de manera que no resulta necesario, útil ni pertinente el decreto del medio probatorio negado por el Tribunal. Como consecuencia, se confirmará la decisión recurrida por cuenta de las explicaciones que anteceden. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 212 APELACIÓN DEL AUTO / APELACIÓN DE AUTO INTERLOCUTORIO / AUTO QUE NIEGA EL DECRETO DE PRUEBA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / DECISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVIDAD DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / GESTIÓN DEL ABOGADO Problema jurídico: ¿La condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte vencida en el proceso, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, que tiene en cuenta las resultas del proceso, así como la gestión de las partes y sus apoderados en el mismo? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 365 del CGP, se condenará en costas a la parte demandada, recurrente en el presente asunto, toda vez que en esta providencia se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación. Por su parte, ha de señalarse que las costas serán liquidadas de manera concentrada en la Secretaría del Tribunal de origen, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 366 ibidem. En este caso se encuentra acreditada la gestión del apoderado de la entidad demandante durante la audiencia inicial. En tal virtud, dicha actuación procesal se estima suficiente para que se disponga la fijación de agencias en derecho. (...) El Acuerdo PSAA16-10554, expedido el 5 de agosto de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, estableció las tarifas de agencias en derecho. En cuanto a los criterios para la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos, el artículo 2 del referido Acuerdo dispuso que debía tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes. En lo que interesa a este proceso, conviene señalar que, en los recursos contra autos, las agencias en derecho deben fijarse entre 1/2 y 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo dispuso el artículo 5.7 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del referido Acuerdo, se advierte que la gestión procesal del apoderado de la entidad demandante no revistió complejidad especial. En ese sentido, se fijan las agencias en derecho en (1) salario mínimo legal mensual vigente, a favor de la Federación Nacional de Departamentos. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 2, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
Texto extraído del PDF oficial 18.007 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico Bogotá D.C., primero (1) de marzo de dos mil veintidós (2022). Radicación: 25000-23-36-000-2019-00867-01 Número interno: 67.802 Demandante: Federación Nacional de Departamentos Demandada: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011 y Ley 2080 de 2021) Temas: APELACIÓN PRUEBA EN PRIMERA INSTANCIA – contrato interadministrativo análisis de pertinencia, utilidad y conducencia sobre el decreto de prueba testimonial. El despacho procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en la audiencia inicial celebrada el 26 de octubre de 2021, mediante la cual se negó el decreto una prueba testimonial solicitada en el trámite de la primera instancia. II. ANTECEDENTES 1. La demanda y contestación 1.1. En escrito presentado el 12 de diciembre de 2019, la Federación Nacional de Departamentos, en adelante FND, interpuso demanda1 en ejercicio de la acción de controversias contractuales en contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en adelante DPS, con el fin de que se declare la nulidad de las 1 Expediente digital visible en el índice No. 2 del historial de actuaciones de SAMAI. Radicación: 25000-23-36-000-2019-00867-01 Número interno: 67.802 Demandante: Federación Nacional de Departamentos Demandada: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011 y Ley 2080 de 2021) 2 Resoluciones Nos. 00221 del 25 de enero de 2019 y 01566 del 10 de junio del mismo año, por medio de las cuales se liquidó de manera unilateral el contrato interadministrativo No. 415 de 2015 , y que se condene al pago de las sumas de dinero que no fueron reconocidas al contratista. Sobre el particular, en la demanda se alegó que los acto s estaban viciados de nulidad: (i) por falta de competencia temporal para declarar la liquidación unilateral del contrato; (ii) por falsa motivación, dado que no se realizó un correcto estudio de mercado para ejecutar el negocio y porque el contrato se ejecutó plenamente. La parte actora pidió que se decretaran, entre otras pruebas, múltiples documentos relacionados con el contrato interadministrativo No. 415 de 2015 , los cuales conformaban el expediente contractual. Estos fueron aportados con la demanda. 1.2. El DPS contestó la demanda 2 y se opuso a las pretensiones . Solicitó, entre otros medios probatorios 3, el decreto del testimonio del señor Marco Alejandro Gómez Eslava, quien fungió como supervisor del contrato interadministrativo No. 415 de 2015, con el objetivo de que relate las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que desarrolló sus funciones durante la etapa contractual y postcontractual. 2. La decisión apelada4 En el transcurso de la audiencia inicial , celebrada el 26 de octubre de 2021, el Tribunal a quo decretó la mayoría de las pruebas solicitadas por las partes y negó el testimonio de Marco Alejandro Gómez Eslava , solicitado por la entidad demandada, por considerarlo innecesario e inútil para determinar si los actos demandados se encontraban incursos en las causales de nulidad alegadas. 2 Expediente digital visible en el índice No. 2 del historial de actuaciones de SAMAI . 3 Se precisa que, si bien la entidad solicitó el decreto de más pruebas, en esta provi dencia únicamente se mencionará la petición probatoria que fue negada y respecto de la que se interpuso recurso de apelación. 4 Minuto 29:58 a 32:00 de la audiencia inicial Radicación: 25000-23-36-000-2019-00867-01 Número interno: 67.802 Demandante: Federación Nacional de Departamentos Demandada: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011 y Ley 2080 de 2021) 3 Para fundamentar su decisión, precisó que en el proceso obra ba el expediente administrativo contractual que, a su juicio, sirve de fundamento para determinar lo pretendido por las partes . A gregó que el testimonio solicitado no aportaría nada nuevo al proceso. 3. El recurso de apelación5 La parte demanda da interpuso recurso de apelación en contra de la decisión que negó el decreto del testimonio del señor Marco Alejandro Gómez Eslava6. Como sustento indicó que el testigo, en su calidad de supervisor del contrato, podía referirse con precisión acerca de las condiciones en que se desarrolló la etapa contractual y postcontractual y que su pronunciamiento se fundamenta ba en el conocimiento que tenía sobre el tema por la función que desarrollaba. El magistrado sustanciador corrió traslado del recur so de apelación interpuesto al apoderado de la FND y al Ministerio Público. La FND manifestó que el decreto del testimonio nada nuevo podría traer al proceso y que sus observaciones debían estar consignadas en los informes de supervisión, por lo que, según su criterio, no resulta ba útil ni pertinente para demostrar lo debatido. Además, agregó que si el supervisor señalaba algo no consignado en los informes contractuales constituiría una falta a la verdad en el cumplimiento de las funciones que desarrolló durante la ejecución del contrato. El Ministerio Público manifestó estar de acuerdo con la decisión adoptada por el a quo, porque el cumplimiento de las obligaciones del contrato debía verificarse según 5 Minuto 32:20 a 33:50 de la audiencia inicial. 6 La parte demandada interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación; sin embargo, el a quo confirmó su decisión y, seguidamente, concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo Radicación: 25000-23-36-000-2019-00867-01 Número interno: 67.802 Demandante: Federación Nacional de Departamentos Demandada: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011 y Ley 2080 de 2021) 4 el expediente contractual y los respectivos informes de supervisión en los que se debieron plasmar lo relacionado con el desarrollo de su labor. III. CONSIDERACIONES 1. El régimen procesal aplicable Al presente proceso le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación del recurso de apelación -26 de octubre de 2021-, las cuales corresponden a las contenidas en el CPACA -con las modificaciones establecidas en la Ley 2080 de 2021 -7, así como a las disposiciones del CGP, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados. 2. La procedencia del recurso de apelación interpuesto y la competencia de la magistrada ponente para resolverlo De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 -78 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, el recurso de apelación es procedente, dado que se cuestionó el auto que negó el decreto de una prueba y, en los términos del artículo 150 9 del CPACA, esta Corporación conoce en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones proferidas por los tribunales administrativos, respecto de los cuales resulte procedente este medio de impugnación. 7 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, la vigencia de las modificaciones introducidas al CPACA rigen desde el momento en que se promulgó la aludida norma [26 de enero de 2021]. Así pues, como el recurso de apelación objeto de análisis se presentó el 26 de octubre de 2021, es evidente que la reforma a la Ley 1437 de 2011 le resulta aplicable. 8 Artículo 243. Apelación [modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021]. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia : (…) 7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas (...). 9 Artículo 150. Competencia d el Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación [modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…). Radicación: 25000-23-36-000-2019-00867-01 Número interno: 67.802 Demandante: Federación Nacional de Departamentos Demandada: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011 y Ley 2080 de 2021) 5 Asimismo, según lo señalado en el artículo 125-310 del CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, le asiste competencia a la magistrada ponente para resolver la respectiva impugnación, toda vez que la providencia interlocutoria que decide el recurso de apelación en contra del auto que negó el decreto de una prueba no es de aquellas cuya adopción le corresponde a la Sala. 3. El caso concreto En los términos del recurso de apelación, el despacho determinará si le asistió razón o no al Tribunal a quo al negar el decreto del testimonio de Marco Alejandro Gómez Eslava, quien fungió como supervisor del contrato interadministrativo No. 415 de 2015. El artículo 212 del CGP 11 consagra que cuando se piden testimonios debe “enunciarse concretamente los hechos objeto de prueba ”; además, dicha norma establece que el juez se encuentra facultado para

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201900867011100103