CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
Bogotá D.C., primero (1) de marzo de dos mil veintidós (2022).
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00867-01
Número interno: 67.802
Demandante: Federación Nacional de Departamentos
Demandada: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011 y Ley 2080
de 2021)
Temas: APELACIÓN PRUEBA EN PRIMERA INSTANCIA – contrato interadministrativo
análisis de pertinencia, utilidad y conducencia sobre el decreto de prueba testimonial.
El despacho procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada en contra de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en la audiencia inicial celebrada el
26 de octubre de 2021, mediante la cual se negó el decreto una prueba testimonial
solicitada en el trámite de la primera instancia.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda y contestación
1.1. En escrito presentado el 12 de diciembre de 2019, la Federación Nacional de
Departamentos, en adelante FND, interpuso demanda1 en ejercicio de la acción de
controversias contractuales en contra del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, en adelante DPS, con el fin de que se declare la nulidad de las
1 Expediente digital visible en el índice No. 2 del historial de actuaciones de SAMAI.
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00867-01
Número interno: 67.802
Demandante: Federación Nacional de Departamentos
Demandada: Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011 y Ley 2080 de 2021)
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Resoluciones Nos. 00221 del 25 de enero de 2019 y 01566 del 10 de junio del
mismo año, por medio de las cuales se liquidó de manera unilateral el contrato
interadministrativo No. 415 de 2015 , y que se condene al pago de las sumas de
dinero que no fueron reconocidas al contratista.
Sobre el particular, en la demanda se alegó que los acto s estaban viciados de
nulidad: (i) por falta de competencia temporal para declarar la liquidación unilateral
del contrato; (ii) por falsa motivación, dado que no se realizó un correcto estudio de
mercado para ejecutar el negocio y porque el contrato se ejecutó plenamente.
La parte actora pidió que se decretaran, entre otras pruebas, múltiples documentos
relacionados con el contrato interadministrativo No. 415 de 2015 , los cuales
conformaban el expediente contractual. Estos fueron aportados con la demanda.
1.2. El DPS contestó la demanda 2 y se opuso a las pretensiones . Solicitó, entre
otros medios probatorios 3, el decreto del testimonio del señor Marco Alejandro
Gómez Eslava, quien fungió como supervisor del contrato interadministrativo No.
415 de 2015, con el objetivo de que relate las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que desarrolló sus funciones durante la etapa contractual y postcontractual.
2. La decisión apelada4
En el transcurso de la audiencia inicial , celebrada el 26 de octubre de 2021, el
Tribunal a quo decretó la mayoría de las pruebas solicitadas por las partes y negó
el testimonio de Marco Alejandro Gómez Eslava , solicitado por la entidad
demandada, por considerarlo innecesario e inútil para determinar si los actos
demandados se encontraban incursos en las causales de nulidad alegadas.
2 Expediente digital visible en el índice No. 2 del historial de actuaciones de SAMAI .
3 Se precisa que, si bien la entidad solicitó el decreto de más pruebas, en esta provi dencia
únicamente se mencionará la petición probatoria que fue negada y respecto de la que se interpuso
recurso de apelación.
4 Minuto 29:58 a 32:00 de la audiencia inicial
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00867-01
Número interno: 67.802
Demandante: Federación Nacional de Departamentos
Demandada: Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011 y Ley 2080 de 2021)
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Para fundamentar su decisión, precisó que en el proceso obra ba el expediente
administrativo contractual que, a su juicio, sirve de fundamento para determinar lo
pretendido por las partes . A gregó que el testimonio solicitado no aportaría nada
nuevo al proceso.
3. El recurso de apelación5
La parte demanda da interpuso recurso de apelación en contra de la decisión que
negó el decreto del testimonio del señor Marco Alejandro Gómez Eslava6.
Como sustento indicó que el testigo, en su calidad de supervisor del contrato, podía
referirse con precisión acerca de las condiciones en que se desarrolló la etapa
contractual y postcontractual y que su pronunciamiento se fundamenta ba en el
conocimiento que tenía sobre el tema por la función que desarrollaba.
El magistrado sustanciador corrió traslado del recur so de apelación interpuesto al
apoderado de la FND y al Ministerio Público.
La FND manifestó que el decreto del testimonio nada nuevo podría traer al proceso
y que sus observaciones debían estar consignadas en los informes de supervisión,
por lo que, según su criterio, no resulta ba útil ni pertinente para demostrar lo
debatido. Además, agregó que si el supervisor señalaba algo no consignado en los
informes contractuales constituiría una falta a la verdad en el cumplimiento de las
funciones que desarrolló durante la ejecución del contrato.
El Ministerio Público manifestó estar de acuerdo con la decisión adoptada por el a
quo, porque el cumplimiento de las obligaciones del contrato debía verificarse según
5 Minuto 32:20 a 33:50 de la audiencia inicial.
6 La parte demandada interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación; sin embargo, el
a quo confirmó su decisión y, seguidamente, concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00867-01
Número interno: 67.802
Demandante: Federación Nacional de Departamentos
Demandada: Departamento Administrativo para la
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Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011 y Ley 2080 de 2021)
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el expediente contractual y los respectivos informes de supervisión en los que se
debieron plasmar lo relacionado con el desarrollo de su labor.
III. CONSIDERACIONES
1. El régimen procesal aplicable
Al presente proceso le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes
para la fecha de presentación del recurso de apelación -26 de octubre de 2021-, las
cuales corresponden a las contenidas en el CPACA -con las modificaciones
establecidas en la Ley 2080 de 2021 -7, así como a las disposiciones del CGP, en
virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los
estatutos mencionados.
2. La procedencia del recurso de apelación interpuesto y la competencia de la
magistrada ponente para resolverlo
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 -78 del CPACA, modificado por
el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, el recurso de apelación es procedente, dado
que se cuestionó el auto que negó el decreto de una prueba y, en los términos del
artículo 150 9 del CPACA, esta Corporación conoce en segunda instancia de los
recursos de apelación interpuestos contra las decisiones proferidas por los
tribunales administrativos, respecto de los cuales resulte procedente este medio de
impugnación.
7 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, la vigencia de las
modificaciones introducidas al CPACA rigen desde el momento en que se promulgó la aludida norma
[26 de enero de 2021]. Así pues, como el recurso de apelación objeto de análisis se presentó el 26
de octubre de 2021, es evidente que la reforma a la Ley 1437 de 2011 le resulta aplicable.
8 Artículo 243. Apelación [modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021]. Son apelables las
sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia : (…) 7. El
que niegue el decreto o la práctica de pruebas (...).
9 Artículo 150. Competencia d el Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación
[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación (…).
Radicación: 25000-23-36-000-2019-00867-01
Número interno: 67.802
Demandante: Federación Nacional de Departamentos
Demandada: Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de
2011 y Ley 2080 de 2021)
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Asimismo, según lo señalado en el artículo 125-310 del CPACA, modificado por el
artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, le asiste competencia a la magistrada ponente
para resolver la respectiva impugnación, toda vez que la providencia interlocutoria
que decide el recurso de apelación en contra del auto que negó el decreto de una
prueba no es de aquellas cuya adopción le corresponde a la Sala.
3. El caso concreto
En los términos del recurso de apelación, el despacho determinará si le asistió razón
o no al Tribunal a quo al negar el decreto del testimonio de Marco Alejandro Gómez
Eslava, quien fungió como supervisor del contrato interadministrativo No. 415 de
2015.
El artículo 212 del CGP 11 consagra que cuando se piden testimonios debe
“enunciarse concretamente los hechos objeto de prueba ”; además, dicha norma
establece que el juez se encuentra facultado para
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.