Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: por prevalencia del derecho de acceso a la administración de justicia esta Colegiatura decidirá el asunto
Lo que dijo la Sala
Pese a lo así convenido, la Sala es competente para resolver sobre el fondo del presente asunto, por lo que se impone una respuesta negativa al primer problema jurídico (aptdo. 3.1.1). Esto es así ya que, para la fecha de radicación de la demanda, la jurisprudencia de esta Corporación admitía la renuncia tácita al pacto arbitral y, de acuerdo con ello, asumía la competencia de los negocios, en los que la contraparte no hubiese formulado excepción por esa circunstancia. Así, por prevalencia del derecho de acceso a la administración de justicia, esta Colegiatura decidirá el asunto.
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Síntesis síntesis automática
Pese a la existencia de una cláusula compromisoria, la jurisdicción de lo contencioso administrativo puede resolver el fondo de la controversia cuando la contraparte no propone la excepción de pacto arbitral. La regla se apoya en tres razones. Primera, para la fecha de radicación de la demanda la jurisprudencia admitía la renuncia tácita al pacto arbitral. Segunda, bajo ese criterio la competencia se asumía cuando la contraparte no formuló excepción por esa circunstancia. Tercera, la prevalencia del derecho de acceso a la administración de justicia justifica decidir el asunto. En el caso, la Sala asumió la competencia y resolvió el fondo, por lo que la sentencia se confirmó. Como la controversia involucra a un ente universitario autónomo de carácter departamental, la competencia de segunda instancia del Consejo de Estado se confirma por la cuantía. La providencia remite a la línea sobre renuncia tácita al pacto arbitral, por lo que reitera ese criterio.
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Problema jurídico
¿Esta Corporación es competente para resolver sobre el fondo de este asunto, pese a la cláusula compromisoria contenida en el contrato cuyo incumplimiento se analiza?
Respuesta: Si
También resuelve
- ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo?
- ¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos siguientes a la notificación del acto de liquidación unilateral del contrato?
- ¿La modificación de la causa petendi planteada en la demanda, a través del recurso de apelación, permite tomar una decisión apreciativa de los cargos formulados contra la sentencia de primera…
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Titulación de la relatoría 12.690 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CLÁUSULA COMPROMISORIA / CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ESTATAL / ESTIPULACIÓN DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / RENUNCIA TÁCITA DEL PACTO ARBITRAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Problema jurídico:
¿Esta Corporación es competente para resolver sobre el fondo de este asunto, pese a la cláusula compromisoria contenida en el contrato cuyo incumplimiento se analiza?
Respuesta al problema jurídico: Si
Pese a lo así convenido, la Sala es competente para resolver sobre el fondo del presente asunto, por lo que se impone una respuesta negativa al primer problema jurídico (aptdo. 3.1.1). Esto es así ya que, para la fecha de radicación de la demanda, la jurisprudencia de esta Corporación admitía la renuncia tácita al pacto arbitral y, de acuerdo con ello, asumía la competencia de los negocios, en los que la contraparte no hubiese formulado excepción por esa circunstancia. Así, por prevalencia del derecho de acceso a la administración de justicia, esta Colegiatura decidirá el asunto.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, consultar auto de unificación de 18 de abril de 2013, Exp. 85001-23-31-000-1998-00135-01(17859), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera y sentencia del 28 de noviembre de 2019, Exp. 66001-23-31-000-2003-00588-02(44009), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ENTE UNIVERSITARIO AUTÓNOMO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Ahora, según las disposiciones del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984, "CCA"), modificado por las Leyes 446 de 1998 y 1107 de 2006, esta Sala es competente para conocer del presente asunto, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira, en el marco de una controversia contractual en el que una de sus partes es un ente universitario autónomo de carácter departamental, y cuya cuantía posibilita su conocimiento en segunda instancia por esta Corporación.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984, LEY 1107 DE 2006, LEY 446 DE 1998
PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NOTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos siguientes a la notificación del acto de liquidación unilateral del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a demanda fue oportunamente presentada, tomando en consideración que, en este caso, el actor tuvo conocimiento de que los incumplimientos que atribuye al ente demandado impedirían definitivamente la ejecución del Contrato 001 de 2005, con el daño que ello supone, en el momento en el que se surtió la notificación personal de la Resolución 1763 del 21 de diciembre de 2010, con el que la demandada resolvió terminarlo y liquidarlo unilateralmente; hecho este que ocurrió el día quince (15) de febrero de dos mil once (2011). Como el plazo de caducidad comenzó así a correr desde el dieciséis (16) de febrero de dos mil once (2011), este concluyó el dieciséis (16) de febrero de dos mil trece (2013), fecha posterior al siete (7) de julio de dos mil once (2011), cuando fue radicada la demanda (aptdo. 2.1); conclusión esta que naturalmente se mantiene invariable, incluso, si se tienen en cuenta (1) la notificación de la Resolución 1141 de 2011, que confirmó la Resolución 1763 de 2010 y (ji) la suspensión del término de caducidad, producto del trámite de conciliación extrajudicial, adelantado ante la Procuraduría 154 Judicial II Administrativa de Riohacha.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / INCONGRUENCIA DE LA DEMANDA / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿La modificación de la causa petendi planteada en la demanda, a través del recurso de apelación, permite tomar una decisión apreciativa de los cargos formulados contra la sentencia de primera instancia en el subjudice?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l extremo accionante formuló la demanda de controversias contractuales pidiendo, inicialmente, la nulidad del acto emitido por Uniguajira, que decretó la terminación y liquidación unilateral del contrato de obra (resolución 1763 del 21 de noviembre de 2010); decisión esta que, supuso, constituía un acto administrativo, en razón de lo cual planeó los siguientes cargos de nulidad: (i) notificación incorrecta; (ii) vulneración del procedimiento administrativo, porque se basó en supuestos que no darían lugar a la terminación del contrato y el contratista no fue convocado antes de que la resolución fuera proferida; y (iii) falsa motivación, porque la contratista nada tuvo que ver con la inejecución de las obras. No obstante, en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la misma parte argumentó que los actos: (i) adolecían de incompetencia y (ji) fueron falsamente motivados, porque los hechos que suscitaron la suspensión contractual sí fueron superados, contrario a lo expresado por la demandada. En un escenario como el pergeñado en las actuaciones procesales referidas anteriormente —cuyo objeto primordial sería la discusión sobre la validez de actos administrativos— el recurso sometido al conocimiento de la Sala desembocaría en la confirmación de la sentencia de primera instancia, al encontrar que el apelante formuló nuevos cargos en contra de los actos censurados, los cuales no habían sido planteados en la oportunidad destinada para ello, que lo era la presentación de la demanda o de su reforma. Esta notoria modificación de la causa petendi, por la alteración de los cargos planteados contra actos administrativos, derivaría en la incongruencia de esta providencia, con el menoscabo que supone al debido proceso, porque la contraparte no tendría la oportunidad de controvertir los argumentos planteados en su contra y presentar pruebas en su defensa. Empero, como fue anticipado en este mismo pronunciamiento (aptdo. 3.3), el presente caso debe juzgarse considerando el régimen sustantivo del negocio jurídico celebrado, que en este caso es el de derecho privado, por mandato legal. Esta controversia no gravita así sobre la validez de actos administrativos, con las formas propias del enjuiciamiento de esta clase de expresiones de voluntad, cuyos contornos son definidos en consideración al ejercicio de potestades administrativas sometidas al principio de legalidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la prohibición de modificar la causa petendi en segunda instancia; consultar sentencia de 31 de mayo de 2019, Exp. 25000-23-26-000-2010-00730-01(44799), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas y sentencia de 25 de mayo de 2022, Exp. 13001-23-31-000-2003-01468-01(51496), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA / UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD
Problema jurídico:
¿Considerando el régimen jurídico contractual aplicable al contrato, es necesario readecuar el juzgamiento del asunto de acuerdo con los postulados sustantivos y adjetivos propios de un negocio jurídico regido por el derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a discusión fáctica y jurídica debe centrarse en el ejercicio de una facultad derivada de la autonomía de la voluntad, creadora de derechos y obligaciones, materializada en un contrato; y en la posible responsabilidad patrimonial derivada del desenvolvimiento de esa facultad. A este ámbito será pues reconducido este asunto, con la consiguiente connotación de actos unilaterales de derecho privado que tienen las manifestaciones de voluntad glosadas por la actora. En consecuencia, en este juicio se analizará si, con sus decisiones unívocas, el ente universitario autónomo demandado ocasionó daños antijurídicos a la parte actora, que generen la obligación de repararlos.
RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / COMPENSACIÓN / PAGO DE LA COMPENSACIÓN / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La Universidad de la Guajira incumplió el Contrato 001 de 2005, celebrado con l.G., por las sucedáneas suspensiones del plazo que impidieron la ejecución del objeto contractual?
Respuesta al problema jurídico: No
[D]e acuerdo con el contenido de la "resolución" de terminación y liquidación unilateral, Uniguajira obró con apego a la facultad legal de terminación unilateral comentada, ya que, lejos de desconocer los derechos subjetivos del particular —lo que proscribe el artículo 2056 del Código Civil— en este acto, la institución si reconoció los rubros que debía asumir para terminar Ia relación jurídica existente, aplicando igualmente la compensación de créditos que opera por ministerio de la ley, hasta la concurrencia de la obligación contractual de cuantía menor subsistiendo la de mayor monto en lo que le fuere excedente. Así, de acuerdo con lo probado en este proceso, el anticipo desembolsado y no amortizado, que en vista de la frustración de la obra no apalancó su financiamiento, como lo previeron las partes en la cláusula respectiva (aptdo. 5.3.4), era una suma que debía ser restituida por la contratista a Uniguajira, sin que esta restitución se hubiera acreditado en este proceso. De esta manera, la propia institución redujo del porcentaje del precio pagado los costos asumidos por el contratista, así como los costos de lo ejecutado según el acta parcial de obra allí reconocida y la utilidad respectiva, de acuerdo con los términos de la oferta de la Empresa (aptdo. 5.11.5.). Esta conclusión no varia siquiera teniendo en cuenta los documentos con los cuales la parte actora pretendió probar los costos asumidos en la obra (aptdo. 5.14.), debido a que estos no demuestran que la demandada haya errado en sus cálculos. Tampoco exhiben que los dineros relacionados por la misma demandante, o que constan en los contratos celebrados por esta, hayan sido realmente desembolsados, o si dichas operaciones se hicieron con recursos de la contratista o perteneciesen a las inversiones comprometidas con el anticipo; ni que todo ello fuese destinado a la construcción efectuada al momento de la terminación y no hayan sido reconocidos por Uniguajira, debiendo serlo. Por lo tanto, el problema jurídico atinente al incumplimiento contractual de la demandada (aptdo. 3.2.) es respondido de forma negativa. Aunque no coincida en los razonamientos de la primera instancia, esta Colegiatura arriba a una conclusión idéntica basada, como corresponde, en el ordenamiento jurídico privado que rigió el contrato de obra analizado, de suerte que el fallo apelado será confirmado.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la compensación de créditos, consultar sentencia de 28 de junio de 2019, Exp. 25000-23-26-000-2008-00063-02(44935), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2056
IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: No
Comoquiera que la entidad demandada no intervino en segunda instancia, la Sala se abstendrá de condenar en costas a su favor.