Titulación de la relatoría 12.863 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RECLAMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TEORÍA DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / PRINCIPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON VALET / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / ACTO PROPIO / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ALCANCE DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ALCANCE DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Problema jurídico:
¿Debe el juez abordar aquel petitum que no fue objeto de discrepancia expresa por el contratista en el acto de liquidación bilateral del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]sta Sala recuerda que las consideraciones sobre la posibilidad de elevar pretensiones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ausencia de salvedades previas, es el resultado de consideraciones jurisprudenciales y normativas derivadas, en particular, de las disposiciones del Código Civil y de la Ley 80 de 1993, artículos 28 y 60 (contenida, en la actualidad, en una expresa disposición de la Ley 1150 de 2007, artículo 11). Esta exigencia, inicialmente circunscrita a la liquidación bilateral del contrato, fue luego ampliada, a través de una extensa y constante interpretación jurisprudencial, a otras actuaciones contractuales como las suspensiones, modificaciones y adiciones de los contratos, en observancia del principio de buena fe y de la prohibición de venir en contra de sus propios actos. (...) En medio de algunas diferencias interpretativas, expresar por escrito las inconformidades en el acta de liquidación bilateral, ha llegado a ser calificado como un “requisito de la acción contractual”. Requisito al que se le ha atado la carga de claridad y de concreción y la necesidad de identificar los motivos concretos de la inconformidad, cuya ausencia “impide el examen judicial”. (...) En efecto, como lo ha señalado el Consejo de Estado en repetidas ocasiones, y lo especificó esta misma Sala en una oportunidad reciente, “del principio de buena fe y la prohibición de venir contra los actos propios se deriva que las pretensiones de la demanda solamente pueden prosperar cuando el demandante ha dejado constancias o salvedades” en la liquidación bilateral, así como en las modificaciones, adiciones, prorrogas y suspensiones contractuales. (...) Justamente, la exigencia de las salvedades tiene como fundamento que los acuerdos de las partes no puedan ser invalidados sino por el consentimiento mutuo o por causas legales, lo que evita que una parte sorprenda a la otra, o defraude su confianza al trasgredir el deber de ejecución de buena fe contractual. (...) Ahora bien, de la observancia del principio de buena fe no puede derivarse una infranqueable barrera para el acceso a la justicia. Esto es, las exigencias normativas y jurisprudenciales no pueden instrumentalizarse como un pretexto para la trasgresión del derecho a la tutela judicial efectiva y de acceso a la administración de justicia, en especial cuando es el resultado de exigencias formales, o de simples formalismos no contemplados por la ley, ni acordes con el referido desarrollo jurisprudencial.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la imposibilidad de controvertir en mediante la acción de controversias contractuales, aquellos aspectos o temas en relación con los cuales el accionante no hubiere manifestado expresamente su discrepancia en el acto de la liquidación final del contrato por mutuo acuerdo, consultar providencias de 20 de febrero de 1987, Exp. 4838; de 22 de junio de 1995, Exp. 9965, C.P. Daniel Suárez Hernández; de 29 de agosto de 1995, Exp. 8884, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; de 10 de abril de 1997, Exp. 10608; de julio 6 de 2005 Exp. 14113, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 14 de abril de 2010, Exp. 17322, C.P. Enrique Gil Botero; de 31 de agosto de 2011, Exp. 18080, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 20 de octubre de 2014, Exp. 24809, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 20 de octubre de 2014, Exp. 27777, C.P. Enrique Gil Botero; de 1 de julio de 2015, Exp. 37613, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 2 de junio de 2021, Exp. 51529, C.P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RECLAMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO PROPIO / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON VALET / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / TEORÍA DEL ACTO PROPIO / CONTRATISTA / ACTIVIDAD CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿La actuación del contratista fue violatoria de la buena fe contractual y con ella sorprendió y defraudó a la entidad contratante, teniendo en cuenta que del material probatorio resulta ostensible que la demandada no solo conoció las reclamaciones de su contratista durante la ejecución del contrato, lo que desvirtúa el dicho de no haberla conocido oportunamente, sino que había adelantado varias actuaciones administrativas para su respectivo reconocimiento?
Respuesta al problema jurídico: No
En el caso concreto, el Tribunal ignoró por completo que las partes suscribieron una primera liquidación bilateral, en la que el contratista, de manera expresa, dejó plasmada sus inconformidades y formuló una salvedad relativa a la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico. Ignoró, también, que la administración, de manera atípica (en un acto administrativo que no fue objeto de demanda) decidió “revocar”, unilateralmente, aquello que había sido objeto de un acuerdo negocial. Esto es, la administración, de forma antojadiza, revocó el acuerdo bilateral que había sido legalmente celebrado. (...) Asimismo, se desconoció que el contratista, expresamente, y a través de una comunicación que hizo llegar a la entidad, le manifestó las razones para excluir de la segunda acta de liquidación bilateral sus salvedades, pues atendió el llamado de la entidad a proceder de esa manera para que pudiera esta recibir los recursos del convenio interadministrativo que la misma entidad había celebrado con el Invias. Esto es, aunque la observación no quedó integrada en el documento mismo, hizo parte de una clara, expresa e inequívoca manifestación ante la entidad, quien, en ningún momento fue tomada por sorpresa, pues, por el contrario, conocía de las reclamaciones con mucha anticipación a la época de la demanda, tanto como que, un comité técnico y el comité de conciliación tuvieron la oportunidad de pronunciarse y de tasar y valorar el monto del restablecimiento. (...) La entidad demandada, además de sustentar su defensa en la ausencia de salvedades en la liquidación, aseveró que el contratista había guardado silencio al momento de suscribir las suspensiones y la adición contractual. Sin embargo, para la Sala este argumento no resulta de recibo. (...) Se debe tener en cuenta que la primera suspensión ocurrió al siguiente día del inicio de la ejecución contractual (...), suspensión frente a la cual (si se atienden las exigencias jurisprudenciales) difícilmente podía exigirse la presentación de salvedades, pues no era posible anticipar el impacto que tendrían frente a la posterior ejecución del contrato. Esta realidad se hace más palpable cuando se evidencia que la propia jurisprudencia ha exigido que las salvedades no sean genéricas (tipo “me reservo el derecho a reclamar”). Constituiría, entonces, un requisito de imposible cumplimiento el que, cuando las observaciones no puedan ser genéricas, se exija que se expresen salvedades claras y concretas, mediante la individualización de inconformidades y afectaciones, las cuales, por definición, no se habían presentado al día siguiente ni a los pocos días del inicio de la ejecución contractual. (...) En lo que respecta a la adición del contrato, se destaca que el contratista sí presentó una reclamación, lo cual hizo inmediatamente después de suscribir la referida adición. (...) De manera que no es aceptable la defensa de una entidad que afirmó haber sido sorprendida por el demandante, cuando, no solo conoció las reclamaciones de su contratista durante la ejecución del contrato (lo que desvirtúa el dicho de no haberla conocido oportunamente), sino que había adelantado varias actuaciones administrativas para su respectivo reconocimiento. (...) Por último, se recuerda que la buena fe, como principio rector de las
actuaciones contractuales, protege a las partes para que no sean
sorprendidas, para que no se defraude su confianza y evitar que se venga en
contra de los propios actos, lo que no ocurrió en el presente caso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las reclamaciones en los actos bilaterales suscritos por las partes en la contratación estatal, consultar providencia de 9 de marzo de 2000, Exp. 10778, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente el reconocimiento de los sobrecostos en los que incurrió el contratista por la mayor permanencia en obra, resultado de la conducta de la entidad contratante?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as pretensiones se circunscriben a los sobrecostos en los que incurrió el contratista por la mayor permanencia en obra, resultado de la conducta de la entidad contratante. (...) Si bien la propia entidad reconoció (en varias actuaciones y actos administrativos) lo que calificó como un desequilibrio, esta Sala tendrá en cuenta (del amplio material probatorio), además del dictamen pericial, la acreditación del interventor (originada en la solicitud del contratista), en donde se reconocieron algunas reclamaciones y se excluyeron otras, todas derivadas de la mayor permanencia, misma que resultaba atribuible a la entidad, comoquiera que esta celebró, en paralelo, otro contrato que tenía como objeto la “construcción de las redes de sistema”, en la calle principal del municipio de El Retiro, obra que inició su ejecución pocos días antes (...), y de manera casi concomitante a la obra del contrato de pavimentación del contrato (...), celebrado con el demandante, circunstancia que dificultó y retrasó la ejecución contractual y ocasionó una mayor permanencia atribuible a la entidad contratante. (...) A las referidas dificultades en la ejecución se suma la falta de construcción del alcantarillado, la falta de aprobación de la licencia ambiental, la tardanza en la entrega de diseños y en la definición del “esquema de ordenamiento territorial”. Estas razones, que soportaron la reclamación por la mayor permanencia y que no fueron rebatidas en el presente proceso por la entidad, constituyeron el fundamento mismo del reconocimiento por parte del comité técnico y el comité de conciliación del Departamento para el “estudio y análisis jurídico y financiero de la solicitud” del contratista. (...) Finalmente, en la experticia que fue practicada se determinó (de manera coincidente con lo que reconoció el comité de conciliación de la entidad) que los sobrecostos ascendieron a $350.169.962, cifra que será tomada para efectuar el cálculo efectivo del reconocimiento patrimonial que procede a favor del demandante. (...) Se actualizará la condena, con su respectiva indexación (...).
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 10 de junio de 2022
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00192-01 (61168)
Demandante: Heriberto Martínez Ramírez
Demandado: Departamento de Guaviare
Referencia: Controversias contractuales
Temas: controversias contractuales – liquidación bilateral del contrato – salvedades en la
liquidación – buena fe contractual.
Síntesis del caso: el actor solicitó declarar responsable a la entidad contratante por
excedentes y sobrecostos, reclamación que plasmó en una salvedad contenida en la
liquidación bilateral, negocio jurídico que fue luego revocado directamente mediante un
acto administrativo.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Meta, el
14 de diciembre de 2017, que negó las pretensiones de la demanda1.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia recurrida – 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. Heriberto Martínez Ramírez, a través de apoderado judicial, presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales,
en contra del departamento de Guaviare, con el objeto de que se hicieran
las siguientes declaraciones y condenas (se trascribe):
“A. DECLARACIONES
PRIMERA: Declárese responsable al DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE por la
utilidad dejada de percibir, los excedentes y sobrecostos de precios, por
motivo de la ejecución del contrato de obra N 222 de 2005, suscrito por la
parte actora, como consecuencia de la mayor permanencia en la obra,
imputable a la parte demandada.
SEGUNDA: Declárese responsable a la ENTIDAD DEMANDADA de los demás
perjuicios de orden material, daño emergente y lucro cesante, que le fueron
ocasionados al ACTOR por la mayor permanencia en la obra, con motivo
de la ejecución del contrato N 222 de 2005.
1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias
dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129
del Código Contencioso Administrativo (CCA).
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00192-01 (61168)
Demandante: Heriberto Martínez Ramírez
Demandado: Departamento de Guaviare
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la sentencia de primera
instancia
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TERCERA: Declárese responsable a la ENTIDAD TERRITORIAL DEMANDADA,
del menoscabo al buen nombre del DEMANDADO, como consecuencia de
los hechos y omisiones atribuibles al DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, por
motivo de la ejecución del precitado contrato.
CONDENAS
Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordenarán hacer
las siguientes condenas:
PRIMERA. Condénese al DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, y a favor del
DEMANDANTE, a título de restablecimiento de la ecuación contractual, al
pago de la utilidad dejada de percibir, los excedentes y sobrecostos de
precios, que resulten probados en el proceso, por motivo de la ejecución
del contrato de obra N 222 de 2005, como consecuencia de la mayor
permanencia en la obra, imputable a la entidad.
SEGUNDA. Condénese a la ENTIDAD DEMANDADA, la pago de valor de los
demás perjuicios de orden material, daño emergente y lucro cesante […]
TERCERA. Condénese al DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, al pago del valor
de los perjuicios de orden Moral que le fueron ocasionados al DEMANDANTE
por motivo de la ejecución del contrato en cuantía de so mil ($2.000) SMLMV.
CUARTA. Se condene al DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE al pago de intereses
moratorios, sobre el valor del saldo, la suma de $121.962.903.46 desde el
momento en que se hizo exigible la obligación, el día 22 de enero de 2007,
hasta su pago al CONTRATISTA el día 25 de febrero de 2008 […]”.
2. En la demanda2 la parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos
relevantes que fundamentaron sus pretensiones:
3. 1) Como resultado de una licitación pública adelantada por el
departamento de Guaviare, el 14 de octubre de 2005 se celebró el contrato
222, cuyo objeto era la pavimentación de la vía principal del municipio de El
Retorno, y cuyo plazo inicial de ejecución era de 3 meses.
4. 2) El contrato fue objeto de suspensiones, de adición en plazo, y de una
modificación de las cantidades de obra y nuevos ítems.
5. 3) Días antes de la celebración del referido contrato, el 7 de octubre de
2005 la entidad suscribió otro contrato para la construcción de unas redes de
alcantarillado en la misma vía, del cual no conocía el demandante, ni fue
informado durante el procedimiento de selección. Este otro contrato dificultó
la ejecución de aquel que tenía por objeto la pavimentación de la vía.
6. 4) El 23 de agosto de 2006 el contratista presentó una solicitud de
restablecimiento del equilibrio económico por la mayor permanencia en obra,
por $410.907.602,07, “por los hechos y circunstancias ajenos a mi mandante e
imputables a la entidad contratante, consistentes en la demora en la entrega
de los diseños de la obra, falta de la licencia ambiental para la ejecución de
la obra y demora en la modificación al EOT del Municipio del Retorno”.
7. 5) El contratista entregó la obra el 28 de septiembre de 2006, 10 meses y 24
días después de que se suscribió el acta de inicio. “Como consecuencia de la
mayor permanencia en la obra (7 meses y 24 días), dejó el contratista de
percibir la utilidad proyectada, se causaron excedentes y sobrecostos de
precios que afectaron la ecuación contractual”.
2 Folios 2-17 del cuaderno principal I.
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00192-01 (61168)
Demandante: Heriberto Martínez Ramírez
Demandado: Departamento de Guaviare
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la sentencia de primera
instancia
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8. 6) Según la parte actora, en el tiempo que excedió el plazo original de
ejecución tuvo maquinaria en espera, pagó mano de obra y el arrendamiento
de 3 bodegas de almacenamiento de material.
9. 7) En el acta de recibo final de la obra se consignó que la entidad tenía
“pendiente dentro de sus obligaciones resolver la solicitud presentada de
restablecimiento del equilibrio económico”.
10. 8) Las partes suscribieron el acta de liquidación bilateral, en donde se
determinó que quedaba un saldo por pagar a favor del contratista de
$121.962.903 y se incluyó, dentro de las observaciones, “que la Gobernación
acepta[ba] el desequilibrio económico que se presentó en la obra y se
compromet[ía] a desarrollar el estudio técnico para determinar el monto del
mismo basado en el estudio que presentó el contratista, en el plazo de un
mes”.
11. 9) Ante el incumplimiento de la entidad, el 8 de febrero de 2007 el
contratista presentó un derecho de petición para que la entidad le informara
el valor del correspondiente desequilibrio. Finalmente, el comité de
conciliación del Departamento, en reunión de 25 de mayo de 2007, “aprobó
la solicitud de conciliación recomendada por funcionarios de la Gobernación
del Guaviare, por valor de $350.169.962.31, por el desequilibrio económico
sufrido por el contratista”.
12. 10) Según afirmó el demandante, el 24 de julio de 2007 la secretaría jurídica
del Departamento le hizo llegar una “acta de liquidación final” para que fuera
firmada, la que regresó sin firma, habida cuenta de que ya existía una
liquidación bilateral previa suscrita por las partes.
13. 11) Mediante la Resolución 66 de 31 de julio de 2007, la entidad “revocó
de forma directa el acta de liquidación final”, sin el consentimiento expreso y
escrito del contratista, con fundamento en que no se había tenido en cuenta
“el cambio de formato para la liquidación de los contratos”, acto contra el
que presentó un recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera
negativa, mediante la Resolución 79 de 31 de julio de 2007.
14. 12) Con posterioridad, en la nueva liquidación bilateral, y ante “la
insistencia del secretario jurídico de excluir la observación sobre el
reconocimiento del equilibrio”, el contratista manifestó por escrito que
aceptaba que se retirara la referida observación, comoquiera que en la
Resolución 79 de 2007 ya se había reconocido y aprobado el desequilibrio a
su favor y porque se le informó que era necesario excluir la observación para
que se pudiera liquidar un convenio interadministrativo que el Departamento
había suscrito con el Invias, y que tenía por objeto la consecución y
trasferencia de los recursos para la pavimentación de la vía.
Radicación: 50001-23-31-000-2008-00192-01 (61168)
Demandante: Heriberto Martínez Ramírez
Demandado: Departamento de Guaviare
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la sentencia de primera
instancia
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15. 13) Agregó que el reconocimiento de la ruptura del equilibrio económico
había quedado determinado, tanto “en el acta de liquidación final del
contrato de fecha 22 de diciembre de 2006 (vigente)”, como por el comité
técnico y de conciliación y en las respectivas resoluciones, “habiendo hecho
el contratista las observaciones (salvedades por escrito)”.
1.2. Posición de la parte demandada
16. La entidad contestó la demanda3 y
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.