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Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: la figura del restablecimiento del equilibrio económico contractual resulta aplicable en contratos regidos por el derecho privado

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Fecha
2024-10-25
Radicado
05001233100020120020601
Número interno
67304
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
FUNDACION TIERRA VIVA
Demandado
MUNICIPIO DE MEDELLIN, CORPORACIÒN PARQUE ARVI

Síntesis de la providencia

Aclaración de voto: la figura del restablecimiento del equilibrio económico contractual resulta aplicable en contratos regidos por el derecho privado

Lo que dijo la Sala

Si bien acompaño la decisión de negar la pretensión de la Fundación Tierra Viva, relacionada con el equilibrio contractual, lo hago porque sus supuestos no se aprecian probados -según lo que se expone en la sentencia-, pero no porque sea improcedente examinar ese fenómeno en contratos de derecho privado, criterio este que esbozó la Sala mayoritaria. Como lo he manifestado en otras oportunidades, considero que el equilibrio prestacional u obligacional en materia contractual opera ante todo como principio, más que como simple regla, tanto para los contratos de derecho público como los de derecho privado, al margen de que los primeros tengan regulación legal expresa sobre el restablecimiento de ese equilibrio.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿La figura del restablecimiento del equilibrio económico contractual resulta aplicable en contratos regidos por el derecho privado?

Respuesta: Si

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Titulación de la relatoría 4.814 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACLARACIÓN DE VOTO / PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL / EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EQUILIBRIO DEL CONTRATO / RECONOCIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRINCIPIO PRO ACTIONE / PRINCIPIO PRO DAMNATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / PROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL Problema jurídico: ¿La figura del restablecimiento del equilibrio económico contractual resulta aplicable en contratos regidos por el derecho privado? Respuesta al problema jurídico: Si [S]i bien acompaño la decisión de negar la pretensión de la Fundación Tierra Viva, relacionada con el equilibrio contractual, lo hago porque sus supuestos no se aprecian probados -según lo que se expone en la sentencia-, pero no porque sea improcedente examinar ese fenómeno en contratos de derecho privado, criterio este que esbozó la Sala mayoritaria. Como lo he manifestado en otras oportunidades, considero que el equilibrio prestacional u obligacional en materia contractual opera ante todo como principio, más que como simple regla, tanto para los contratos de derecho público como los de derecho privado, al margen de que los primeros tengan regulación legal expresa sobre el restablecimiento de ese equilibrio. Ese principio se desprende no sólo de lo señalado en el artículo 868 del Código de Comercio -que en la sentencia se interpreta en forma restrictiva para denegar la pretensión de la demandante principal-, sino de las normas del Código Civil y del propio estatuto mercantil que regulan los contratos y los actos jurídicos, además de operar al lado de otro postulado del derecho: el de la proscripción del enriquecimiento sin justa causa. Por ello estimo que, no porque el art. 868 de la normativa comercial establezca que se puede acudir al juez ante la imposibilidad de ejecutar prestaciones futuras, debe entenderse que queda sin posibilidad de juicio la causa elevada después de culminado el contrato, para que se indemnice al contratista afectado con hechos imprevistos que tornaron onerosa la ejecución de sus obligaciones, en forma anormal y extraordinaria. La norma del Código de Comercio ofrece una solución puntual al problema de los hechos de fuerza mayor que imposibiliten o hagan gravoso el cumplimiento de obligaciones futuras; pero no puede ignorarse que ese remedio es de difícil y tortuosa practicidad, no sólo por el complejo contexto en el que hoy se desarrollan los contratos públicos y privados -como para tener que solicitar su revisión mientras todavía están en desarrollo y la toma de decisiones usualmente reviste premura-, sino por la dinámica poco rápida de la administración de justicia. Estimo respetuosamente que esto no puede ser un asunto irrelevante en el análisis de la pretensión concreta que la Sala juzgó improcedente, sólo por lo dicho en el art. 868 mercantil. No se acompaña la interpretación restrictiva de esa norma, como si por sí misma prohibiera solicitar al juez del contrato de derecho privado el restablecimiento de la equivalencia prestacional que se rompió en desmedro del contratista. Por encima de ello está, lo reitero, la prohibición del enriquecimiento sin justa causa, además de otros valores superiores, como el acceso a la administración de justicia, aparejado con el principio pro actione y pro damnato, la prevalencia de lo sustancial y los fines del procedimiento, relativos a la realización o materialización de derechos sustantivos. (...) [C]iertamente reconozco que la tesis desarrollada en el sub judice por la Sala es compartida por la mayoría de la Corporación; sin embargo, en su momento, la Sección Tercera también sostuvo que el equilibrio económico es principio medular de toda la contratación estatal, por lo que resultaba aplicable en todo negocio jurídico en el que sea parte una entidad estatal, más allá del régimen que gobierne el acuerdo de voluntades y su objeto. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la aplicación del principio de equilibrio económico del contrato, consultar providencias 26 de julio de 2012, Exp. 25000-23-26-000-1998-01474-01(22756), C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 27 de noviembre de 2013, Exp. 66001-23-31-000-2002-00391(31431), C.P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000201200206011100103