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clave: "consejo_estado:providencia:76001233300920150042901-71111-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el medio de control de reparación directa es el procedente para reclamar por daños provenientes de un hecho"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-04-09"
radicado: "76001233300920150042901"
numero: "71111"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: el medio de control de reparación directa es el procedente para reclamar por daños provenientes de un hecho

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-04-09
- **Radicado:** 76001233300920150042901
- **Número interno:** 71111
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPARACION DIRECTA
- **Actor:** MARIA MARGARITA MEJIA ZULUAGA, BIBIANA MARIA SALDARRIAGA, CARLOS ARTURO ROBLEDO FIGUEROA
- **Demandado:** NACION- RAMA JUDICIAL, FISCALIA GENERAL DE LA NACION
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300920150042901-71111-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/76001233300920150042901/F06AE642B77A9C9775BE3DDF7CDD7517484B8230DEB42BFFEBA4070F711E2E36/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012333009201500429011100103

## Regla de decisión

El medio de control de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios originados en hechos, omisiones u operaciones administrativas estatales distintas a contratos o actos.

## Problema jurídico

¿El medio de control de reparación directa es el procedente para reclamar por daños provenientes de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿La caducidad, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
- ¿El medio de control de reparación directa por privación injusta de la libertad se interpuso dentro del término establecido en la ley?
- ¿Las partes que integran la litis se encuentran legitimadas en la causa?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, art. 140

## Extracto

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 del CPACA. En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de unos daños provenientes de hechos imputables a la administración de justicia.

## Síntesis temática

El proponente acude a la jurisdicción contencioso administrativa formulando pretensiones indemnizatorias por daños derivados de actuaciones imputables a la administración de justicia. El juez de la causa analiza la idoneidad del medio de control elegido a la luz del ordenamiento procesal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del CPACA, la pretensión de reparación directa constituye el mecanismo procesal idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el perjuicio invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato o a un acto administrativo. Verificada la oportunidad en la presentación de la demanda y acreditados los presupuestos procesales, la Sala confirma la sentencia de primera instancia. Asimismo, al advertir que la parte vencedora no desplegó actuación alguna en segunda instancia, se abstiene de imponer condena por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte demandante.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, APELACIÓN DE LA SENTENCIA DE MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, PRESUPUESTO PROCESAL, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RAMA JUDICIAL, ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, CLÁUSULAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, DAÑO ANTIJURÍDICO, CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ERROR JURISDICCIONAL, RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DOCUMENTO PERIODÍSTICO, ARTÍCULOS DE PRENSA, PUBLICACIÓN EN PRENSA, VALOR PROBATORIO DE NOTICIA EN PRENSA ESCRITA, COMUNICADO DE PRENSA, MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA, PROCESO PENAL, DILACIÓN INJUSTIFICADA EN EL PROCESO PENAL, INVESTIGACIÓN PENAL, EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO, CARGA PROCESAL, EXISTENCIA DEL INDICIO, INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CARGA DE LA PRUEBA, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, CAPTURA, CAPTURA CON FINES DE INDAGATORIA, LEGALIDAD DE LA CAPTURA, PROCEDENCIA DE LA ORDEN DE CAPTURA, EVENTOS EN QUE PROCEDE LA CAPTURA, GARANTÍA PROCESAL, INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, AUDIENCIA PÚBLICA, AUDIENCIA PÚBLICA EN PROCEDIMIENTO PENAL, LIBERTAD PROVISIONAL, NEGACIÓN DE LA LIBERTAD PROVISIONAL, IMPROCEDENCIA DE LA LIBERTAD PROVISIONAL, REQUISITOS DE LA LIBERTAD PROVISIONAL, FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, IMPROCEDENCIA DE LA TERCERA INSTANCIA, INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL, CONDENA EN COSTAS, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA DE MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Problema jurídico:
¿El medio de control de reparación directa es el procedente para reclamar por daños provenientes de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 del CPACA. En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de unos daños provenientes de hechos imputables a la administración de justicia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 140
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA
Problema jurídico:
¿La caducidad, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio. Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. […] El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. […] La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el deber de examinar de oficio la caducidad del medio de control, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, rad. 21093, C. P. Hernán Andrade Rincón. Sobre el concepto de caducidad y sus características, cita: Corte Constitucional, sentencia C-394 de 2002, sentencia C-574 de 1998; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 23 de febrero de 2006, rad. 6871-05, C. P. Tarsicio Cáceres Toro.
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
Problema jurídico:
¿El medio de control de reparación directa por privación injusta de la libertad se interpuso dentro del término establecido en la ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 164 del CPACA, señala que la pretensión de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que los demandantes tuvieron conocimiento de la antijuridicidad del daño alegado cuando quedó ejecutoriada el proveído del 12 de noviembre de 2013, mediante el cual se declaró la extinción de la acción penal por prescripción a favor de los procesados, esto es, el 27 de noviembre siguiente; ii) que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 6 de noviembre de 2014, la cual se declaró fallida el 2 de febrero de 2015; y iii) que la demanda se presentó el 17 de abril de 2015, es decir, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad la contabilización del término de caducidad cuando el daño proviene de la privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2017, rad. 49898, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 23 de octubre de 2017, rad. 48130, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 10 de noviembre de 2017, rad. 49206, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 23 de noviembre de 2017, rad. 54716, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164
PRESUPUESTO PROCESAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RAMA JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Las partes que integran la litis se encuentran legitimadas en la causa?
Respuesta al problema jurídico: Si
Comoquiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis. […] [Los demandantes] están legitimados en la causa por activa, ya que fueron sujetos pasivos del proceso penal […]. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección, puesto que la primera fue la entidad que adelantó la investigación penal […] y les impuso medida de aseguramiento, y la segunda declaró la extinción de la acción penal por prescripción.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el deber de verificar la legitimación en la causa como presupuesto procesal, cita: Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, rad. 24677, C. P. Enrique Gil Botero. Respecto de la representación de la Nación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 25 de septiembre de 2013, rad. 20420, C. P. Enrique Gil Botero.
ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / CLÁUSULAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Los presupuestos para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado son la existencia de un daño antijurídico y la imputación de éste al Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. […] [E]s toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida , violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. […] La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo de 2000, rad. 11945, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 11 de noviembre de 1999, rad. 11499, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 27 de enero de 2000, rad. 10867, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; y sentencia de 18 de mayo de 2017, 36386, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL / RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿El título de imputación aplicable en casos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad debe definirse por el Juez previo análisis del caso concreto?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l Estado resulta patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad. […] Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación en particular, por lo que en aplicación del principio iura novit curia dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. […] Bajo la óptica de la cláusula general de responsabilidad contenida en la Constitución, no existe fundamento para favorecer un régimen de tinte marcadamente objetivo como el previsto en la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 (Rad.23354), con la cual fundamentalmente se buscaba proteger el derecho ambulatorio de las personas y restablecer el desvalor patrimonial sufrido por quien fue objeto de la medida de restricción de la libertad cuando el sindicado recobraba el pleno goce de su derecho al resultar sobreseído o absuelto por alguno de los supuestos desarrollados por la jurisprudencia, para los cuales se reservaba la asignación objetiva de responsabilidad al Estado cuando: i) el detenido no cometió el delito, ii) el hecho no existió, iii) la conducta por la cual fue detenido no es típica o, iv) por aplicación del principio in dubio pro reo; eventos en cuya ocurrencia la antijuridicidad del d

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ad de al menos ocho (8) años de prisión, y se probó que estos estuvieron privados de la libertad por un término de 29 meses y 5 días; y iii) razonable, en tanto satisfizo con creces el requisito previsto en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, que permitía inferir que los procesados podían ser autores del delitos por los cuales se les investigaba, y, además, de cara a la gravedad de las conductas que se les reprochaban. De igual manera, debe tenerse en cuenta que en el caso concreto la parte demandante tampoco allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria, carga que le correspondía asumir con el propósito de acreditar la injusticia de la medida cuya omisión significa la imposibilidad de establecer la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de [los demandantes] […], pues no logró establecerse la antijuridicidad del daño que se les pudo haber causado. En vista de lo expuesto se evidencia que la medida de aseguramiento impuesta […] satisfizo las prerrogativas previstas en los artículos 355, 356 y 357 de la Ley 600 de 2000.
FUENTE FORMAL:
LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 355, 356 Y 357
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / AUDIENCIA PÚBLICA / AUDIENCIA PÚBLICA EN PROCEDIMIENTO PENAL
Problema jurídico:
¿El Estado cumplió el término procesal para calificar el mérito del sumario y celebrar audiencia pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e evidencia que la Fiscalía General de la Nación cumplió con el requisito previsto en el numeral 4º del artículo 365 de la Ley 600 del 2000, pues no transcurrieron más de trescientos sesenta (360) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que los sindicados fueron privados de la libertad de forma efectiva. […] Ahora bien, frente al término dispuesto en el numeral 5º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, se advierte que, aunque transcurrieron más de doce (12) meses desde la ejecutoria de la Resolución de Acusación sin que se celebrara audiencia pública, lo cierto es que no se ocasionó un daño antijurídico a los procesados, porque la defensa ejerció la prerrogativa del numeral 5º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 para ser titular del derecho de excarcelación. […] De conformidad con lo anterior, se concluye que la privación de la libertad […] satisfizo las previsiones del numeral 4º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 y que no se acreditó la causación de un daño antijurídico por el vencimiento del término dispuesto en el numeral 5º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000.
FUENTE FORMAL:
LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5
LIBERTAD PROVISIONAL / NEGACIÓN DE LA LIBERTAD PROVISIONAL / IMPROCEDENCIA DE LA LIBERTAD PROVISIONAL / REQUISITOS DE LA LIBERTAD PROVISIONAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPROCEDENCIA DE LA TERCERA INSTANCIA / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL
Problema jurídico:
¿La decisión de la Rama Judicial por medio de la cual negó el beneficio de libertad provisional, ocasionó un daño antijurídico a los demandantes?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]i bien la defensa de los procesados solicitó el beneficio de la libertad provisional, lo cierto es que lo hizo cuando aún no había fenecido el término de 12 meses contados a partir de la ejecutoria de la Resolución de Acusación, razón por la cual no había lugar a otorgar el derecho de excarcelación. Así, la Sala encuentra que no existe prueba en el plenario que permita evidenciar que la Rama Judicial ocasionó un daño antijurídico a los demandantes, en tanto se evidencia que la decisión del 22 de mayo de 2007 se fundó en las pruebas válidamente allegadas al plenario, así como en la normatividad penal vigente, que permitían mantener vigente la medida restrictiva de la libertad. En ese estado de cosas, debe advertirse que en modo alguno el juez de lo contencioso está autorizado para revisar nuevamente el proceso penal como si se tratase de una “tercera instancia” y por ende las resoluciones que allí se dictaron, razón por la que está vedado en este asunto pronunciarse de los hechos delictivos en que se fundamentaron los acontecimientos que dieron origen al ya referido proceso penal. En suma, la Sala concluye que en el caso sub examine no se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad, lo que hace infructuoso el análisis de los demás elementos del instituto indemnizatorio e inclusive el estudio de una eventual causa extraña, pues debe recordarse que la responsabilidad es una institución de carácter derivado que depende necesariamente de la suma y presencia condicional de la totalidad de sus elementos y que, ante la ausencia de alguno de estos, no puede reconocerse la obligación de reparar. En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la sentencia del 16 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, según lo expuesto en precedencia.
CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte actora?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con [el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 365 del Código General del Proceso], en la parte resolutiva se condenará en costas a la parte actora, toda vez que el recurso de apelación que interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
AGENCIAS EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede fijar las agencias en derecho en segunda instancia al advertirse que la parte vencedora no desplegó actuación alguna?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n relación con las agencias en derecho en segunda instancia, es menester poner de presente que se entienden causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte vencedora. En este sentido, se advierte que en segunda instancia la parte vencedora no desplegó actuación alguna, en consecuencia, no habrá lugar al pago de agencias en derecho a cargo del extremo activo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los presupuestos de procedencia en relación con las agencias en derecho, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de marzo de 2021, rad. 51034, C. P. María Adriana Marín.

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-04-09. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 76001233300920150042901. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300920150042901-71111-sentencia).
