Titulación de la relatoría 17.572 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / ACLARACIÓN DE VOTO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / INTERÉS EN EL PROCESO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / EXCEPCIÓN DE DEMANDA / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / REPRESENTACIÓN JUDICIAL / REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA NACIÓN / REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO / PROCESO JUDICIAL / INDEBIDA REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES / NULIDAD POR INDEBIDA REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES / PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal distinto de la representación judicial, cuya ausencia impide proferir sentencia de fondo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La legitimación en la causa (legitimatio ad causam) refiere a la condición para discutir el objeto de la litis y obtener sentencia de fondo. En otras palabras, este presupuesto se pregunta sobre la posibilidad que tiene una persona -natural o jurídica- de formular pretensiones en contra de un sujeto. Y este, a su vez, de contradecirlas, por tener ambos un interés en la relación jurídica sustancial que se debate en un proceso. Entonces, la legitimación en la causa está directamente relacionada con el objeto del litigio en tanto se está vinculado, por un lado, con la pretensión misma, y, por el otro, con las excepciones o medios de defensa en su contra. Así, el presupuesto de legitimación en la causa no toca lo referente a la habilitación para actuar en el juicio o la aptitud para comparecer en juicio - la legitimación procesal (legitimatio ad processum)-, sino que se interroga sobre el interés jurídico que le asiste a la entidad. En materia de responsabilidad extracontractual, están legitimados los que de una u otra forma están relacionados a los hechos demandados, ya sea en calidad de lesionado de un interés protegido, o por un vínculo (así sea preliminar) con el hecho dañoso (sin concluir con esto que sea el causante de la lesión). La falta de legitimación en la causa, al ser un presupuesto procesal, de no estar presente impide la posibilidad de obtener una decisión sobre el asunto. La representación judicial, por su parte, se refiere a la adecuada manera en la que comparece la Nación para que esta actúe y se defienda en procesos judiciales en los que ha sido demandada. Esta figura, a diferencia de la legitimación, no constituye un presupuesto procesal, sino un medio para comparecer al proceso. Ahora bien, si quien acude no es la que –por Ley– le corresponde, es decir, de ser la representación “indebida”, eventualmente, podría traer consigo una nulidad procesal, en los términos del numeral 3 del artículo 133 del CGP. Para el caso de la Nación, dentro de un proceso contencioso administrativo, esta interviene a través de los órganos que produjeron el acto o el hecho demandado.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 133 NUMERAL 3
REPRESENTACIÓN JUDICIAL / REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA NACIÓN / REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA NACIÓN / SUPERIOR JERÁRQUICO / SUPERIOR JERÁRQUICO ADMINISTRATIVO / SUPERIOR JERÁRQUICO JURISDICCIONAL / ENTIDAD PÚBLICA / AUTORIDAD PÚBLICA / AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / AUTORIDAD COMPETENTE / IMPUTACIÓN DEL DAÑO / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / RAMA JUDICIAL / REPRESENTACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL / AFECTACIÓN DE LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CAPACIDAD PARA SER PARTE / IMPUTABILIDAD A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Problema jurídico:
¿Es necesario analizar la representación judicial para determinar la legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Rama Judicial y de la Nación – Fiscalía General de la Nación, cuando los hechos dañosos se originan en el ejercicio de la función de administrar justicia?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Nación, como persona jurídica, tiene diferentes representantes judiciales, de acuerdo con los diversos supuestos fácticos alegados. Y esta acudirá a través de la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. (…) Así las cosas, las autoridades mencionadas en el artículo 159 del CPACA, en primer lugar, acuden al proceso en representación de las entidades que dirigen. Y, para el caso de la Nación (independientemente que sea demandante o demandada) esta acude al proceso por intermedio de los representantes de las entidades que produjeron el acto el hecho (y que dependen de la persona jurídica Nación). Ahora bien, en la sentencia objeto de aclaración, dentro del presupuesto procesal de legitimación en la causa por pasiva, se concluyó que la Nación está legitimada en la causa –ni estaba debidamente representada por la Rama Judicial– porque los hechos se originaron en ejercicio de la función de administrar justicia. Considero que era innecesario acudir a la figura de la representación judicial en este numeral, porque la vinculación (presupuesto procesal) surge de las actuaciones adelantadas por la Fiscalía 12 Seccional de Ibagué, Fiscalía 6ª Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué, el Juzgado 2º Penal del Circuito de El Espinal y la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué. En ese orden, no se desconoce que la Nación es el centro de imputación y que acude a los procesos a través de la entidad que ejecutó el hecho. Sin embargo, se insiste, el estudio de la representación judicial es innecesario en el análisis del presupuesto procesal de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial (en la que se mira, de manera preliminar, si existe una relación de hecho y de derecho entre la entidad demandada y los hechos y pretensiones formuladas). (…) En el caso estudiado en la sentencia, lo que se debió concluir en el presupuesto procesal era que la Nación-Rama Judicial y fiscalía general de la Nación estaban legitimadas en la causa por pasiva porque los hechos dañosos ocurrieron dentro de la función de administración de justicia, y no referirse en este estudio -de vínculo jurídico procesal- a la representación judicial como figura de comparecencia al proceso.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 159
PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONSONANCIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / REGISTRO OBTENIDO FRAUDULENTAMENTE / IRREGULARIDAD EN EL PROCEDIMIENTO PENAL / CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS / CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO / DERECHO A LA PROPIEDAD / PROCESO DE PERTENENCIA / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ORDEN PÚBLICO / OMISIÓN JUDICIAL / INEXISTENCIA DEL ERROR JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Debía el análisis de responsabilidad circunscribirse a la pérdida de oportunidad respecto de la cancelación de registros espurios sin supeditar su prosperidad a los presupuestos del error jurisdiccional previstos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996?
Respuesta al problema jurídico: Si
Estimo que el análisis efectuado por la decisión debía acompasarse con lo solicitado expresamente en la demanda, en la que se alegó, como daño, la pérdida de oportunidad en relación con la cancelación de los registros espurios (art. 66 de la Ley 600). (…) En dicho sentido, el artículo 281 del CGP establece que la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades previstas en la ley, y prohíbe al juez condenar al demandado por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en esta (congruencia del fallo). En ese orden de ideas, la demanda reprocha que las autoridades penales hayan omitido adelantar la cancelación del registro en la decisión judicial que, a su vez, declaró la prescripción de la acción penal y cesó el procedimiento. (…) [E]n el caso de la referencia: i) a diferencia de lo reflexionado en la sentencia, la determinación sobre la acreditación de que la oportunidad de obtener la cancelación de registros no reposaba sobre la configuración de la prescripción de la acción penal. Ello deviene del carácter intemporal de la cancelación de registros, sobre la cual la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal ha expuesto que no resulta afectada por la prescripción penal (…). Ahora bien, en el presente caso, esta divergencia es solamente conceptual y no resulta susceptible de alterar el sentido del fallo, habida cuenta de que la decisión del 26 de marzo de 2021 de la Sala Penal del Tribunal Superior, que declaró la prescripción de la acción penal, también ordenó la cesación del procedimiento penal y -como lo expuso el fallo- no se acreditó la imposibilidad definitiva de obtener el reconocimiento del derecho de propiedad de los accionantes. Ello, en la medida en que los demandantes estaban pendientes de la decisión de fondo en el proceso verbal de pertenencia, donde aún resultaba posible el restablecimiento del derecho de propiedad, el que según alegan, fue desconocido en virtud del ilícito penal y de la omisión endilgada a las demandadas. Otra implicación de no haber sustentado la sentencia sobre la naturaleza precisa de la «cancelación de registros» fue que, erróneamente, se sometiera la prosperidad de las pretensiones a los presupuestos del error jurisdiccional, cuando estos no eran aplicables, en especial la interposición de los recursos de ley (art. 67 de la Ley 270 de 1996).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la cancelación de registros fraudulentos, ver: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, sentencia del 30 de abril de 2024, rad. SP980-2024, M. P. Jorge Hernán Díaz Soto.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 67, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 66
CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS / REGISTRO OBTENIDO FRAUDULENTAMENTE / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / DEMANDA CIVIL / ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL / EFECTOS DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL / EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL / NATURALEZA DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL / RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL / SENTENCIA PENAL CONDENATORIA / NATURALEZA DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
Problema jurídico:
¿Debe diferenciarse el incidente de cancelación de registros fraudulentos de la acción civil ejercida dentro del proceso penal, en cuanto a su finalidad, objeto y efectos frente a la prescripción o extinción de la acción penal?
Respuesta al problema jurídico: Si
Lo alegado en la demanda adquiere especial relevancia en la medida en que, el marco del incidente de cancelación de registros fraudulentos (art. 66 de la Ley 600 de 2000), pese a ser una medida de restablecimiento del derecho, tiene una finalidad y un objeto disímiles a los de la demanda civil interpuesta ante el juez penal (arts. 45 y ss. de la Ley 600 de 2000). La falta de distinción entre ambas instituciones, a mi juicio, desemboca en sostener la decisión sobre razonamientos desprovistos de articulación con los hechos invocados en la demanda, los cuales se refirieron expresamente a la «cancelación de registros obtenidos fraudulentamente». En el caso de la constitución como parte civil en el proceso penal -regido bajo Ley 600- el acto que habilita a los jueces penales para pronunciarse sobre la responsabilidad civil extracontractual -derivada de perjuicios inmateriales y materiales provenientes del ilícito penal- lo constituye la demanda civil interpuesta por la víctima ante el juez penal, la cual debe cumplir los requisitos del artículo 48 de la Ley 600 de 2000 y del artículo 56 ejusdem. De allí que el pronunciamiento sea accesorio a la sentencia condenatoria, y que la prescripción (art. 98 de la Ley 599 de 2000) o la extinción de la acción penal (art. 99 ejusdem) suponga el fin de dicha acción civil.
FUENTE FORMAL:
LEY 599 DE 2000 - ARTÍCULO 98, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 45, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 48, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 56, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 66
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ALCANCE DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS / REGISTRO OBTENIDO FRAUDULENTAMENTE / MEDIO FRAUDULENTO / PRINCIPIO A NADIE LE ES LÍCITO SACAR PROVECHO DEL PERJUICIO AJENO / DELITO / JUSTICIA RESTAURATIVA / DERECHO AL ORDEN PÚBLICO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / PARTE CIVIL / ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Debía el análisis de la pérdida de oportunidad centrarse en la naturaleza y finalidad autónoma de la cancelación de registros y no en los perjuicios reclamados mediante la constitución de parte civil dentro del proceso penal?
Respuesta al problema jurídico: Si
[T]ratándose de la cancelación de registros, este mecanismo de restablecimiento de derechos está expresamente regulado en el artículo 66 de la Ley 600 de 2000 (…). Dando alcance a la anterior disposición jurídica, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, ha identificado caracteres especiales en la cancelación de registros como medida de restablecimiento del derecho. Al efecto, bajo la Ley 600, la jurisprudencia define que la cancelación de registros es una «garantía intemporal» que persigue hacer efectivo el principio según el cual el delito no es fuente de derechos y, por ende, se trata de (…) medidas restitutorias de derechos que son de orden público y, por tanto, deben ser decretadas oficiosamente por el funcionario que tenga a su cargo la decisión del caso (…). El fallo que resolvió el proceso de la referencia no atendió las características de la causa petendi ni la naturaleza de la medida de cancelación de registros, al partir de la premisa que la pérdida de oportunidad debía analizarse en relación con el reconocimiento de los perjuicios en la demanda de constitución de parte civil interpuesta por el señor (…) al interior del proceso penal (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la cancelación de registros espurios, ver: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, sentencia del 30 de abril de 2024, SP980-2024; sentencia del 22 de noviembre de 2023, rad. 60879. sentencia del 13 de abril de 2011, rad. 35946 M. P, Carlos Roberto Solórzano Garavito. Corte Constitucional, sentencia del 30 de marzo de 2006, rad. T 259 de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; sentencia del 3 de mayo de 2018, rad. SU 036 de 2018, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
FUENTE FORMAL:
LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 66
ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / INAPLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Problema jurídico:
¿Puede el juez acudir a las reglas sustanciales del Código Civil sobre prueba de las obligaciones para analizar el daño como elemento de la responsabilidad extracontractual del Estado?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]onsidero necesario precisar que los artículos 1494 y 1757 del Código Civil no tienen aplicabilidad en materia de prueba del daño como elemento de la responsabilidad extracontractual del Estado. En efecto, en relación con la cuestión que nos atañe, el aludido artículo 1494 comprende y relaciona cuáles son las fuentes de las obligaciones; mientras que el artículo 1757 se refiere a la prueba de existencia de una obligación o de su extinción en sentido sustancial. Esta última norma constituye una regla general de la prueba de las obligaciones en materia civil y halla su campo de aplicación desde una perspectiva sustancial de las obligaciones civiles. Por lo tanto, no puede emplearse como fundamento normativo en materia de responsabilidad extracontractual del Estado -concretamente en la prueba de los elementos de la responsabilidad- cuya fuente se centra en el artículo 90 de la C.P. En ese orden, reitero, si bien existe la máxima de que “todo daño debe ser reparado” en uso de las decimonónicas normas de nuestro Código Civil y, que, además, la carga de la prueba de las obligaciones o su extinción corresponde a quien las alega, conforme al desarrollo de la responsabilidad extracontractual del Estado, el fundamento normativo deviene es de la aplicación del artículo 90 de la Carta Política. A su vez, las reglas de la carga de la prueba -que le son aplicables- no surgen de la norma sustancial del Código Civil -para alegar la existencia o extinción de una obligación- sino del Estatuto Procesal Civil (artículo 177 del CPC o 167 del CGP según el caso-), por remisión expresa del Código Contencioso Administrativo y del CPACA, para probar los supuestos de hecho que se pretendan hacer valer en un proceso, a la luz de los elementos de la responsabilidad del Estado.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757