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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la legitimación en la causa es un presupuesto indispensable que deben ostentar las partes

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Fecha
2024-09-13
Radicado
25000233600020160242901
Número interno
68632
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
MARCO FIDEL AJIACO, CARLOS JULIO JOYA BAEZ, JOSE AGUSTIN MONTENEGRO ROLDAN, MARIO ALVAREZ ULLOA, BERNARDO MENDEZ SANTAFE, VICTOR ABEL GUEVARA, HUMBERTO ISIDRO PEÑUELA GARZON, ROBERTO CHAPARRO RODIGUEZ, ROSA ELENA ESTUPIÑAN SUAREZ, MARIA INES BARRAGAN Y OTROS, ENRIQUE BAEZ VELANDIA
Demandado
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, DISTRITO CAPITAL, EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO SA TRANSMILENIO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la legitimación en la causa es un presupuesto indispensable que deben ostentar las partes

Regla de decisión

La legitimación en la causa es un presupuesto indispensable que deben ostentar las partes para acudir al proceso contencioso administrativo.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La legitimación en la causa es un presupuesto indispensable para acudir al proceso contencioso administrativo. Quien formula las pretensiones y quien las resiste debe tener un interés legítimo frente al derecho discutido, y esa legitimación surge de una relación jurídica sustancial derivada de la participación, por acción u omisión, en los hechos o en la situación jurídica que da origen a la controversia. Esta regla se apoya en que la legitimación activa y la pasiva se predican de quien tiene un vínculo funcional o material con los hechos. Por ello no basta que una persona esté vinculada formalmente al proceso si no tiene esa relación con el derecho debatido. En el caso concreto la sala confirmó la decisión de primera instancia porque las partes tenían la relación exigida con los hechos del litigio. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de legitimación en la causa impide decidir de fondo las pretensiones.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La legitimación en la causa es un presupuesto indispensable que deben ostentar las partes para acudir al proceso contencioso administrativo?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 141

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

La legitimación en la causa refiere a la posición que tienen los sujetos procesales frente a la situación fáctica y jurídica alegada en el proceso judicial, de manera que estará legitimado en la causa quien tenga la posibilidad de intervenir en éste para formular pretensiones o controvertirlas; por tanto, quien eleva las pretensiones y quien las resiste, deben tener un interés legítimo frente al derecho discutido en la controversia.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA NATURALEZA JURÍDICA DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PARTES DEL CONTRATO INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO INTERÉS PARA DEMANDAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO INTERÉS EN EL PROCESO INTERÉS DIRECTO PRETENSIONES DE LA DEMANDA ASUNTOS CONTRACTUALES REQUISITOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE TERCERO PROCESAL FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EFECTOS DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA ATRIBUTOS DE LA PERSONA JURÍDICA CAPACIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA EXISTENCIA DE LA PERSONA JURÍDICA NATURALEZA DE LA PERSONA JURÍDICA CAPACIDAD PARA SER PARTE SOCIOS DE LA SOCIEDAD COMERCIAL NATURALEZA JURÍDICA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL NATURALEZA JURÍDICA DEL ACCIONISTA RESPONSABILIDAD DEL ACCIONISTA CONTRATISTA EFECTOS DEL CONTRATO DE PROMESA DE SOCIEDAD CONTRATO DE PROMESA DE SOCIEDAD RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS TIPOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS INTENCIÓN DE CONTRATAR RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO NATURALEZA DE LA SOCIEDAD AUTONOMÍA DE EMPRESA NEGOCIO JURÍDICO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Respuesta al problema jurídico: Si La legitimación en la causa refiere a la posición que tienen los sujetos procesales frente a la situación fáctica y jurídica alegada en el proceso judicial, de manera que estará legitimado en la causa quien tenga la posibilidad de intervenir en éste para formular pretensiones o controvertirlas; por tanto, quien eleva las pretensiones y quien las resiste, deben tener un interés legítimo frente al derecho discutido en la controversia. Esta legitimación que ostentan las partes para formular (activa) o contradecir (pasiva) las pretensiones de una demanda, surge en virtud de una relación jurídico sustancial derivada de la participación -por acción u omisión- en una circunstancia fáctica o en una situación jurídica que puede ser de índole contractual, legal o reglamentaria, de manera que quien demanda debe tener y acreditar un vínculo funcional o material con los hechos que dan origen a lo pretendido, lo cual debe examinarse desde la óptica de las responsabilidades que le corresponden y el objeto del medio de control que se ejerce. (…) [E]n materia de controversias contractuales, el artículo 141 del CPACA atribuyó en principio el ejercicio de la acción a las partes de la relación negocial, considerando que la causa que origina el litigio tiene como fuente un contrato del cual solo pueden derivar derechos y obligaciones quienes conforman uno de sus extremos, esto es, quienes con su querer formaron el consentimiento que posibilitó la creación del respectivo acuerdo, por lo que serán ellos los habilitados para solicitar que se declare la existencia, nulidad o incumplimiento del negocio jurídico, que se ordene su revisión o su liquidación, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Como excepción a la regla indicada, la citada norma dispuso que la nulidad absoluta del contrato estatal también podrá ser pretendida por el Ministerio Público y por el “tercero que acredite un interés directo”, sin perjuicio de que pueda ser declarada de oficio por el juez administrativo, permitiendo de esta forma el ejercicio del medio de control de controversias contractuales a quienes no fueron parte del contrato, pero cualificando a esos sujetos activos en sede de legitimación y únicamente en lo referente a esa precisa pretensión de declarar su nulidad absoluta, impidiendo el ataque indiscriminado que implicaría que cualquiera y sin denotar un interés directo en el negocio pueda peticionar su ruptura, circunstancia que iría en contravía del interés general envuelto en el contrato estatal así como del principio de relatividad de los contratos. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la legitimación en la causa, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 29 de julio de 2022, rad. 68115, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; auto de 27 de agosto de 2021, rad. 67194, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 8 de agosto de 2016, rad. 2011-00213-01, M. P. Luis Armando Tolosa Villabona. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 INTERÉS EN EL PROCESO / INTERÉS DIRECTO / INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ASUNTOS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REQUISITOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE TERCERO PROCESAL Problema jurídico: ¿Los los actores están legitimados en la causa por activa en calidad de terceros para enjuiciar el acto administrativo que declaró la terminación de ese negocio jurídico e impuso la cláusula penal pecuniaria, al asistirles un interés directo, actual y sustancial? Respuesta al problema jurídico: No [C]omo lo ha manifestado esta Subsección, el interés directo funge como punto de equilibrio del mecanismo de control judicial de los contratos estatales, en la medida que autoriza su activación en armonía con los principios de conservación y relatividad de los negocios jurídicos -favor contractus, a través del cual se promueve el cumplimiento y protección de los acuerdos de voluntades como fuente estable de derechos y obligaciones, los cuales enmarcan una relación de exclusividad frente a sus efectos y son catalogados como ley para quienes los concertaron, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1602 del Código Civil. (…) [A]unque por disposición legal los actos administrativos de naturaleza contractual deben controvertirse a través de la acción de controversias contractuales, ello no desvirtúa que se trata de actos de contenido eminentemente particular y concreto, razón por la que los llamados legalmente a demandarlos son los titulares del derecho desconocido o vulnerado con su expedición. Por esto, para pretender la nulidad de actos administrativos expedidos con ocasión de la actividad contractual, es necesario acreditar un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual en el resultado del proceso, lo que se opone al interés que puede asistirle a cualquier persona que pretende defender el ordenamiento jurídico a partir de un juicio abstracto de legalidad (…). [E]l interés de un tercero en la nulidad absoluta del contrato derivado de la ilegalidad del acto de adjudicación, se circunscribe al que le asiste a los oferentes que no resultaron favorecidos, lo que les permite promover la acción. Así mismo y en lo que refiere a los actos propiamente contractuales, la Sección Tercera, al aplicar el criterio de utilidad, ha admitido que a las compañías aseguradoras que expiden una póliza de cumplimiento con motivo del contrato estatal, les asiste un interés para impugnar los actos que declaren la ocurrencia del siniestro que ampararon aun cuando no sean parte del negocio jurídico, dado que esos actos tienen como destinatario principal a la aseguradora que otorgó la garantía y de ellos se deriva de forma expresa la obligación de pagar el riesgo que asumieron, es decir, por cuanto su contenido se encamina directamente a la exigibilidad de las obligaciones surgidas del contrato de seguro, definiendo una situación jurídica particular de la aseguradora, asistiéndole por ende un interés directo en su cuestionamiento. No obstante, la Sección también ha explicado que la posición descrita (…) no puede acogerse como una habilitación abstracta o general para que las aseguradoras pretendan la nulidad de estos actos contractuales, pues en cada caso tendrán que “acreditar un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual respecto de las resultas del proceso, en tanto la prosperidad de sus pretensiones le generarían un beneficio material, jurídico o moral”, y en esa medida, por ejemplo, carecerá de legitimación la aseguradora frente al acto que declara el siniestro cuando el contratista hubiese cubierto con sus recursos el valor que la entidad contratante cobró con base en la declaratoria de incumplimiento de las obligaciones a las que se refirió en tal acto, pues ese preciso interés que había sido asegurado no subsiste en cabeza de la aseguradora y, por tanto, al quedar liberada de esa obligación, desaparece también el que en un principio pudo haber sido un interés directo en relación con las pretensiones dirigidas a negar esa obligación de pago, ligadas a ese acto administrativo, porque dejó de ser actual. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala desestima el argumento general de los coadyuvantes conforme al cual la acción impetrada “puede ejercitarse por todas las personas naturales o jurídicas, sin excepción”. Por otra parte, dado que en el proceso se ha aceptado que los demandantes no fueron parte en el contrato estatal celebrado entre Coobus y Transmilenio, aspecto que además fue definido por el Tribunal a quo sin que tal determinación se hubiese reprochado en los recursos de alzada, corresponde establecer si los actores están legitimados en la causa por activa en calidad de terceros para enjuiciar el acto administrativo que declaró la terminación de ese negocio jurídico e impuso la cláusula penal pecuniaria, al asistirles un interés directo, actual y sustancial. La Sala confirmará la decisión adoptada en primera instancia, por cuanto los demandantes no ostentan un interés directo, actual y sustancial respecto de las pretensiones de la demanda y, por tanto, tampoco en relación con las resultas del proceso. NOTA DE RELATORÍA: Respecto al interés en el proceso, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de septiembre de 2021, rad. 61329, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 5 de febrero de 2021, rad. 61220, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 16 de julio de 2021, rad. 50731, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 12 de octubre de 2017, rad. 40039, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 26 de septiembre de 2012, rad. 24677, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 24 de agosto de 2000, rad. 9527, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 31 de octubre de 2007, rad. 13503, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 6 de diciembre de 2004, rad. 13529, C. P. María Elena Giraldo Gómez; auto de 18 de julio de 2007, rad. 33476, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de abril 22 de 2009, rad. 14667, C. P. Myriam Guerrero de Escobar; sentencia de 28 de abril de 2010, rad. 18168. C. P. Mauricio Fajardo Gómez, providencia de 30 de enero de 1987, rad. 3627, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; Corte Constitucional, sentencia C-221 de 1999. Sobre la legitimación de hecho, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de septiembre de 2001, rad. 10973, C. P. María Elena Giraldo. FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602 FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / EFECTOS DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ATRIBUTOS DE LA PERSONA JURÍDICA / CAPACIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA / EXISTENCIA DE LA PERSONA JURÍDICA / NATURALEZA DE LA PERSONA JURÍDICA / CAPACIDAD PARA SER PARTE / SOCIOS DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NATURALEZA JURÍDICA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACCIONISTA / RESPONSABILIDAD DEL ACCIONISTA / CONTRATISTA Problema jurídico: ¿Los demandantes como socios individualmente representados están legitimados en la causa por activa? Respuesta al problema jurídico: No Conforme a lo establecido en el artículo 98 del Código de Comercio, la constitución de una sociedad conlleva la formación de una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, lo que implica que los atributos inherentes a la personalidad jurídica, entendida como la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, se obtienen una vez la sociedad se constituye legalmente. En virtud de lo anterior, el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008 dispone para las sociedades por acciones simplificadas que, una vez esta es inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, por lo que en concordancia con lo determinado en el inciso segundo del artículo 1 de la misma norma, salvo lo previsto en su artículo 42 en relación con el fraude a la ley o terceros, él o los accionistas no serán responsables por las obligaciones en que incurra la sociedad. (…) [C]on ocasión de los atributos de la personalidad y la autonomía reconocidos a la sociedad, así como atendiendo al principio de separación patrimonial, la individualidad de cada una de las personas que conforman el ente moral se funde en un sujeto distinto, autónomo e independiente, con atributos propios que lo diferencian plenamente de los socios que lo conforman, de manera que (i) es el fondo social común el llamado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la sociedad con terceros, así como exigir las acreencias a su favor, mas no a los socios individualmente considerados; y, (ii) la persona jurídica es apta para la titularidad de derechos y deberes, dotada también de capacidad procesal entendida como la facultad para comparecer ante las autoridades judiciales y ejecutar, por sí o mediante apoderado, los actos propios del derecho de postulación, por lo que corresponde a ese ente moral solicitar por sí mismo la reparación de los daños patrimoniales que se le causen, pues bajo la premisa de que el patrimonio de la sociedad se entiende separado del de los socios, a estos últimos no les asiste interés en pedir para sí la indemnización por los perjuicios materiales que aquella llegara a soportar. (…) [L]a Sala encuentra que las pretensiones están dirigidas a que se declare la nulidad de los actos proferidos por Transmilenio en calidad de contratante, con ocasión del negocio jurídico celebrado con Coobus como parte contratista, mediante los cuales se declaró la terminación anticipada del contrato y se hizo efectiva la cláusula penal, actos que refieren e incorporan única y exclusivamente aspectos relacionados con los derechos y la situación jurídica de esa sociedad contratista, mas no de sus socios, por lo que éstos últimos no están legitimados en la causa por activa respecto de esa pretendida declaración anulatoria, circunstancia que no se desvirtúa por el solo hecho de tener los demandantes la calidad de socios de Coobus y de haber sido esta última producto de una promesa de sociedad futura, finalmente constituida para la celebración del contrato estatal. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la responsabilidad de los socios en la sociedad por acciones simplificadas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de agosto de 2018, rad. 40369, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 6 de julio de 2022, rad. 67873, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Acerca de la garantía de separación patrimonial entre la sociedad y sus socios, cita: Corte Constitucional, sentencia C-865 de 2004. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 98, LEY 1258 DE 2008 - ARTÍCULO 1, LEY 1258 DE 2008 - ARTÍCULO 2, LEY 1258 DE 2008 - ARTÍCULO 42 EFECTOS DEL CONTRATO DE PROMESA DE SOCIEDAD / CONTRATO DE PROMESA DE SOCIEDAD / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS / RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS / TIPOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS / INTENCIÓN DE CONTRATAR / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿Respecto a los socios de la promesa de sociedad que participen en un proceso de contratación estatal existe responsabilidad solidaria? Respuesta al problema jurídico: Si La “promesa de sociedad” o “promesa de sociedad futura” corresponde a una modalidad del contrato de promesa, cuya validez y eficacia se encuentran reconocidas por los artículos 89 de la Ley 153 de 1887 y 861 del Código de Comercio . El artículo 119 del citado código estatuye que la promesa de contrato de sociedad deberá hacerse por escrito con las cláusulas que deban expresarse en el negocio jurídico (conforme al artículo 110) y la indicación del término o condición que fije la fecha en que ha de constituirse la sociedad, y por otra parte, que los promitentes responderán solidaria e ilimitadamente de las operaciones que celebren o ejecuten en desarrollo de los negocios de la sociedad prometida, antes de su constitución, cualquiera que sea la forma legal que se pacte para ella. (…) Por su parte, el parágrafo 3 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993 dispone que las sociedades que se conformen bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley, con el objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, se someten a las mismas responsabilidades y efectos dispuestos en ese estatuto para los consorcios, respecto de los cuales la misma norma dispuso en su numeral 1, que los integrantes de ese proponente plural responderán “solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato”. El Consejo de Estado ha considerado que esta responsabilidad solidaria prevista en el artículo 7, numeral 1 de la Ley 80 de 1993 y, aplicable a otras sociedades en virtud del parágrafo 3 de la misma norma, opera no solo para las sociedades de objeto único ya constituidas al momento de presentar la oferta, sino también para las asociaciones de oferentes que acudan al proceso de selección bajo un contrato de promesa de sociedad. Lo anterior tiene sustento en que esta solidaridad se presenta como una garantía a favor de la entidad y, en uno y otro caso, el riesgo previsto y cubierto por el legislador es el mismo, esto es, que por tener objeto único y duración limitada el patrimonio de la sociedad no llegue a resultar suficiente para cubrir las multas, indemnizaciones o sanciones que puedan presentarse por el incumplimiento de la propuesta o la inejecución del contrato, riesgo que no desaparece por el hecho de que la sociedad se constituya con posterioridad a la presentación de la oferta. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la promesa de sociedad, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 3 de marzo de 1999, rad. 1172, C. P. Cesar Hoyos Salazar, concepto del 4 de septiembre del 2000, rad. 1283, C. P. Augusto Trejos Jaramillo; de la Sección Tercera, sentencia del 19 de junio de 2009, rad. 19001-23-31-000-2005-00005-01 AP, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 891, LEY 410 DE 1971 - ARTÍCULO 110, LEY 410 DE 1971 - ARTÍCULO 119, LEY 410 DE 1971 - ARTÍCULO 861, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 7 NUMERAL 1 PARÁGRAFO 3 CAPACIDAD PARA SER PARTE / EFECTOS DEL CONTRATO DE PROMESA DE SOCIEDAD / EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / SOCIOS DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / NATURALEZA DE LA SOCIEDAD / CAPACIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA / ATRIBUTOS DE LA PERSONA JURÍDICA / AUTONOMÍA DE EMPRESA / RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS / NEGOCIO JURÍDICO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Problema jurídico: ¿A los actores socios de Coobus, les asiste un interés directo, sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual para enjuiciar el acto administrativo que declaró la terminación del negocio jurídico e impuso la cláusula penal pecuniaria? Respuesta al problema jurídico: No La solidaridad por pasiva que se predica de los accionistas de la sociedad prometida legalmente constituida, contratista y parte en el contrato estatal, es garantía para asegurar su cumplimiento y no se contrapone a los atributos de la personalidad y los principios de autonomía y separación patrimonial que la ley reconoce a la persona jurídica legalmente constituida, menos aún, los desvirtúa, extingue o anula per se, por lo que los actos de la entidad contratante pueden estar dirigidos directa y únicamente al ente moral contratista y por ende, conforme a los atributos y principios enunciados, contra una persona distinta de los socios, con patrimonio propio y capacidad para defender sus intereses. La sociedad no es la suma de los socios, sino algo que está por encima de ellos rebasando su personalidad, de manera que un acto administrativo dirigido exclusivamente a producir efectos jurídicos frente a la sociedad contratista, creando, modificando o extinguiendo sus derechos bajo el negocio jurídico, no extiende de forma automática sus efectos a sus socios. Caso distinto es que la entidad decida hacer efectiva la solidaridad dispuesta en la ley para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la sociedad contratista, comprometiendo el patrimonio de los asociados, lo cual deberá quedar contenido y consignado en el acto administrativo correspondiente como expresión de esa voluntad. En el caso concreto, los actos administrativos demandados se dirigieron única y exclusivamente a Coobus, sociedad contratista (…). Así las cosas, los actos administrativos contractuales demandados, se circunscribieron a terminar y liquidar el vínculo negocial sostenido con la sociedad contratista -que no con sus socios- así como a exigir a esa persona jurídica, y solo a ella, el pago de la cláusula penal pecuniaria pactada, sin que se hubiese determinado o definido algún tipo de vinculación o responsabilidad de los socios con ocasión de lo decidido en los actos por cuenta de la solidaridad definida en la ley, o por cualquier otra causa, de manera que no se observa que esas manifestaciones de la voluntad de la administración estén llamadas a producir efectos jurídicos frente a los socios de Coobus, ahora demandantes, en tanto no crearon, modificaron o extinguieron un derecho en cabeza suya, denotando que no les asiste un interés directo, sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual en el resultado del proceso. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si Como en este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas a los demandantes recurrentes, vencidos en el proceso, por cuanto se confirmará la decisión de primera instancia. La condena en costas en el recurso de apelación, bajo las reglas del código en cita, no requiere la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso, frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho, éstas se rigen por el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, el cual dispone que en las sentencias dictadas en procesos declarativos en segunda instancia, como sucede en el caso concreto, se fijarán entre 1 a 5 SMLMV. (…) [S]e fijan como agencias en derecho a cargo de los recurrentes, a prorrata, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, a favor de cada una de las entidades demandadas, teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de su gestión en segunda instancia. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201602429011100103