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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes

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Fecha
2022-09-12
Radicado
11001032600020160011000
Número interno
57499
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
UNIVERSIDAD POPULAR DE CESAR
Demandado
RAUL ENRIQUE MAYA PABON

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes

Lo que dijo la Sala

De conformidad con el numeral 13 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala tiene competencia para resolver la presente controversia en única instancia, ya que esta Corporación conoce de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes de las entidades del orden nacional, entre otros. Al respecto, se recuerda que en el sub lite se pretende la declaratoria de responsabilidad patrimonial de quien fungió como rector de la Universidad Popular del Cesar, la que, a su vez, tiene el carácter de ente universitario del orden nacional por disposición del artículo 57 de la Ley 30 de 1992, la Ley 34 de 1976 y el Acuerdo 001 de 1994 expedido por el Consejo Superior de esa institución, por lo que esta Corporación tiene competencia funcional para conocer sobre la demanda interpuesta en única instancia.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Las demandas de repetición interpuestas contra los representantes de las entidades del orden nacional se conocen en única instancia por el Consejo de Estado, y la caducidad de esa acción se rige por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin aplicar el artículo 94 del Código General del Proceso. La regla se apoya en tres razones. Primera, el numeral 13 del artículo 149 del CPACA atribuye esa competencia cuando se demanda a representantes de entidades nacionales. Segunda, la universidad en cuyo nombre actuó el demandado tiene el carácter de ente universitario del orden nacional por el artículo 57 de la Ley 30 de 1992, la Ley 34 de 1976 y el acuerdo de su consejo superior. Tercera, el régimen de caducidad de la repetición está regulado de manera íntegra en el CPACA, por lo que no admite integración normativa en los términos del artículo 306. En consecuencia, la Subsección computa el término sin aplicar el artículo 94 del CGP. El documento reitera el criterio sobre la norma aplicable a la caducidad de la repetición.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes de las entidades del orden nacional?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 149 núm. 13
  • Ley 30 de 1992, art. 57
  • Ley 34 de 1976

También resuelve

  • ¿La regulación normativa de la caducidad del medio de control de repetición en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de manera íntegra y expresa…
  • ¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición debe tenerse en cuenta la norma vigente al momento de los hechos…
  • ¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre quien expidió los actos administrativos que dieron lugar a la condena contra el Estado y que fueron declarados nulos en el proceso de nulidad y…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA FUNCIONAL DEMANDANTE ENTIDAD DESCENTRALIZADA DE ORDEN NACIONAL DEMANDADO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN VIGENCIA DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN NORMATIVA CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PAGO DE LA CONDENA PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA CONDENA CONTRA EL ESTADO MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO NORMA VIGENTE SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO CAPACIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO VACANCIA DEL CARGO PÚBLICO RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN SERVIDOR PÚBLICO EN ENCARGO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO PROCESAL PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO REQUISITOS FORMALES DE LA DEMANDA FORMALIDAD DEL PROCESO CAPACIDAD PARA SER PARTE PERSONA NATURAL ELEMENTOS DE LA PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA CAPACIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA PERSONALIDAD JURÍDICA ATRIBUTOS DE LA PERSONA ATRIBUTOS DE LA PERSONA JURÍDICA NULIDAD POR FALTA DE FORMALIDADES DEL PROCESO ACTO PROCESAL FINALIDAD DEL ACTO PROCESAL ACTO PROPIO ACTO JURÍDICO AUSENCIA DE LEGITIMATIO AD PROCESSUM REPRESENTANTE LEGAL NULIDAD PROCESAL SANEABLE NULIDAD SANEABLE PROCEDENCIA DE LA NULIDAD PROCESAL SANEABLE CAUSALES DE NULIDAD PROCESAL SANEABLE CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EFECTOS DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA NATURALEZA JURÍDICA DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA REQUISITOS SUSTANCIALES DE LA DEMANDA PRETENSIONES DE LA DEMANDA ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO AGENTE DEL ESTADO CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO REINTEGRO DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS REEMBOLSO DEL PAGO DE LO NO DEBIDO RESPONSABILIDAD SUBJETIVA NEXO DE CAUSALIDAD RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMPLEO PÚBLICO EN ENCARGO FALTA DE VINCULACIÓN DE TERCERO PROCESAL FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA ABANDONO DEL CARGO PÚBLICO FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO TERMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA

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Titulación de la relatoría 22.533 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA FUNCIONAL / DEMANDANTE / ENTIDAD DESCENTRALIZADA DE ORDEN NACIONAL / DEMANDADO / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes de las entidades del orden nacional? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el numeral 13 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala tiene competencia para resolver la presente controversia en única instancia, ya que esta Corporación conoce de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes de las entidades del orden nacional, entre otros. Al respecto, se recuerda que en el sub lite se pretende la declaratoria de responsabilidad patrimonial de quien fungió como rector de la Universidad Popular del Cesar, la que, a su vez, tiene el carácter de ente universitario del orden nacional por disposición del artículo 57 de la Ley 30 de 1992, la Ley 34 de 1976 y el Acuerdo 001 de 1994 expedido por el Consejo Superior de esa institución, por lo que esta Corporación tiene competencia funcional para conocer sobre la demanda interpuesta en única instancia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia del Consejo de Estado en las acciones de repetición, ver auto de 18 de mayo de 2017, Exp. 58505, C.P. Hernán Andrade Rincón. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 13, LEY 30 DE 1992 - ARTÍCULO 57, LEY 34 DE 1976 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / VIGENCIA DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN NORMATIVA / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿La regulación normativa de la caducidad del medio de control de repetición en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de manera íntegra y expresa, hace improcedente la aplicación del artículo 94 del Código General del Proceso? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l artículo 94 del Código General del Proceso no es aplicable en esta jurisdicción por las siguientes razones: La aplicación del mencionado artículo sólo podría darse por intermedio del principio de integración normativa que se encuentra dispuesto en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011. Dicha norma estipula que la integración podrá utilizarse cuando exista un aspecto no regulado que sea compatible con la naturaleza y actuaciones de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Para la Sala es claro que el régimen de caducidad no admite integración alguna, porque tiene una regulación íntegra y expresa en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que no se puede considerar como un “aspecto no regulado”. (…) Así las cosas, la Subsección procederá a computar el término de caducidad sin tener en cuenta los postulados del artículo 94 del Código General del Proceso, puesto que no resultan aplicables a esta jurisdicción. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la norma aplicable a la caducidad del medio de control de repetición, ver sentencia de 23 de noviembre de 2017, Exp. 49.937, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 94 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NORMA VIGENTE / SENTENCIA CONDENATORIA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR Problema jurídico: ¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición debe tenerse en cuenta la norma vigente al momento de los hechos, para determinar el plazo con el que cuenta el Estado para el pago de la condena? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el literal L del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término de caducidad para la pretensión de la demanda de repetición empieza a correr a partir de la fecha en la que efectivamente se realice el pago cuyo reintegro se pretende o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 10 meses previstos en el artículo 192 ibídem. Al respecto, conviene precisar que la Subsección ha dejado claro que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública deberá computarse con arreglo a la antigua codificación -18 meses, artículo 177- si el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos. Así, la Sala debe poner de presente que la condena objeto del sub examine se profirió dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984. De igual manera, la Universidad Popular del Cesar debía cumplirla en los términos de los artículos 177 y 178 de ese mismo cuerpo normativo. (…) [E]n el presente caso es necesario determinar –en principio- cuándo se produjo el pago de la indemnización impuesta por la jurisdicción en la sentencia condenatoria a la entidad pública, el cual no sólo tiene incidencia para acreditar uno de los requisitos para la prosperidad de la acción de repetición, sino que, a la vez, es un aspecto fundamental para verificar el presupuesto procesal del ejercicio oportuno del derecho de acción. Como se dejó visto, la sentencia que condenó a la Universidad Popular del Cesar cobró ejecutoria (…), por lo cual el plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984- corrió (…), lapso dentro del cual se realizó el pago, este es, el de fecha de 24 de junio de ese mismo año. En ese contexto, en este caso debe concluirse que el término de caducidad debe computarse desde el día siguiente al pago efectuado, por lo que el plazo máximo para interponer la demanda (…) y, dado que aquella se presentó (…), resulta evidente que el ejercicio del derecho de acción fue oportuno. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición, ver auto de 5 de abril de 2017, Exp. 58762, C.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia de 31 de agosto de 2006, Exp. 28448, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, 178, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL L, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO / CAPACIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VACANCIA DEL CARGO PÚBLICO / RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / SERVIDOR PÚBLICO EN ENCARGO / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre quien expidió los actos administrativos que dieron lugar a la condena contra el Estado y que fueron declarados nulos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por violación al debido proceso? Respuesta al problema jurídico: Si Resulta evidente que la Universidad Popular del Cesar está legitimada en la causa por activa, en los términos del artículo 8° de la Ley 678 de 2001, por ser la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de la suma de dinero decretada por la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En cuanto a la legitimación por pasiva, se tiene que la demanda se dirigió en contra del señor (…), quien para el momento de los hechos que dieron lugar a la condena patrimonial contra la entidad educativa se desempeñaba como rector de la Universidad Popular del Cesar; no obstante, no el que suscribió el acto administrativo que culminó la actuación, tal como se explica a continuación. Mediante resolución (…), el señor (…), en su calidad de rector de la Universidad Popular del César, declaró la vacancia del cargo de Técnico Administrativo, (…) que desempeñaba la señora (…). Inconforme con la decisión, la señora (…) interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto (…) por el Rector encargado (…). Vale resaltar que en el proceso de nulidad y restablecimiento adelantado por la señora (…) se demandaron los dos actos administrativos que decretaron y confirmaron la vacancia de su cargo (…). Mediante sentencia de 12 de noviembre de 2013, el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Valledupar anuló los mencionados actos administrativos, dado que habían sido proferidos desconociendo el debido proceso. (…) Para la Sala es importante establecer si la demanda presentada en contra del señor (…) puede prosperar si se tiene en cuenta que su actuación no fue la que culminó la actuación administrativa que desembocó en la condena patrimonial a la Universidad Popular del Cesar. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 8 PRESUPUESTO PROCESAL / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS FORMALES DE LA DEMANDA / FORMALIDAD DEL PROCESO / CAPACIDAD PARA SER PARTE / PERSONA NATURAL / ELEMENTOS DE LA PERSONA NATURAL / PERSONA JURÍDICA / CAPACIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA / PERSONALIDAD JURÍDICA / ATRIBUTOS DE LA PERSONA / ATRIBUTOS DE LA PERSONA JURÍDICA / NULIDAD POR FALTA DE FORMALIDADES DEL PROCESO Problema jurídico: ¿La capacidad para ser parte es un presupuesto procesal que de no encontrarse acreditado puede dar lugar a la nulidad del proceso o a una sentencia inhibitoria? Respuesta al problema jurídico: Si La teoría general del proceso ha desarrollado un amplio razonamiento acerca de los presupuestos procesales, los cuales han sido entendidos como los requisitos indispensables para su validez. Estos imponen el desarrollo normal del proceso y su consecuente finalización mediante una sentencia que resuelva de fondo la controversia. Así, se trata de requisitos formales propios del sumario y, por tanto, ajenos a los derechos sustanciales debatidos; sin embargo, son de tal importancia que la ausencia de alguno de ellos puede generar la nulidad de la actuación o una sentencia inhibitoria y, en cualquier caso, no se permite el pronunciamiento sobre el fondo de la disputa. La capacidad para ser parte hace referencia a la posibilidad de ser sujeto de la relación jurídico-procesal, esto es, constituir uno de los dos extremos de la litis. Esta condición proviene de la capacidad jurídica que se le atribuye a la personalidad, en otras palabras, la que tienen las personas, naturales, jurídicas o las ficciones habilitadas por la ley (v.gr. art. 2º ley 80 de 1993). Así, la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, llamada capacidad de goce, es el género de la capacidad para ser parte en el proceso, que no es más que una especie de aquélla. Es claro que la categoría que subyace al concepto de capacidad para ser parte es la de la personalidad o de una habilitación legal expresa, por cuanto a partir de ella se erige la capacidad como uno de sus atributos principales y, por ende, en principio, son las personas las únicas que pueden ser parte del proceso. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 PRESUPUESTO PROCESAL / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CAPACIDAD PARA SER PARTE / ACTO PROCESAL / FINALIDAD DEL ACTO PROCESAL / ACTO PROPIO / ACTO JURÍDICO / AUSENCIA DE LEGITIMATIO AD PROCESSUM / REPRESENTANTE LEGAL / NULIDAD PROCESAL SANEABLE / NULIDAD SANEABLE / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD PROCESAL SANEABLE / CAUSALES DE NULIDAD PROCESAL SANEABLE Problema jurídico: ¿La falta de capacidad para ser parte, es una irregularidad procesal susceptible de ser saneada? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a capacidad para comparecer al proceso es el equivalente procesal de la capacidad de ejercicio del derecho sustancial. Se refiere a la aptitud de la persona para actuar en el proceso, lo que implica acudir a él por sí mismo y ejecutar los actos procesales propios de aquél. Por regla general, quien tiene capacidad para ser parte, por ser persona, la tiene para comparecer al proceso por sí mismo. Por esta razón, lo que interesa para este presupuesto procesal son los eventos de su ausencia, que coinciden con los casos en los que no se tiene la capacidad para celebrar actos jurídicos, ejemplo de ellos son los menores de edad, los interdictos y las demás personas que se tipifican en los supuestos fácticos de los artículos 1503 y 1504 del Código Civil. En efecto, en estos eventos no se cuenta con la legitimatio ad processum, como también es conocida esta clase de capacidad procesal, por cuanto la persona no puede acudir al proceso directamente, pues es necesario que lo haga a través de su representante legal. Finalmente, la legitimatio ad processum, así como la capacidad para ser parte, es un presupuesto necesario para la validez del proceso, la que de faltar conduciría a una irregularidad procesal susceptible de ser saneada. Este presupuesto procesal, no debe ser confundido con la legitimatio ad causam. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la capacidad para ser parte ver auto de 25 de septiembre de 2013, Exp. 20420, C.P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1503, 1504 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / EFECTOS DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / REQUISITOS SUSTANCIALES DE LA DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / AUSENCIA DE LEGITIMATIO AD PROCESSUM / PRESUPUESTO PROCESAL / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Cuáles son las diferencias entre la legitimatio ad processum y la legitimatio ad causam? Respuesta al problema jurídico: Si La legitimación en la causa hace referencia a la posibilidad de que la persona formule o contradiga las pretensiones de la demanda, por ser el sujeto activo o pasivo con interés en la relación jurídica sustancial debatida en el proceso. Las personas con legitimación en la causa se encuentran en relación directa con la pretensión, ya sea desde la parte activa, como demandante, o desde la parte pasiva, como demandado. (…) Conviene, entonces, señalar las diferencias entre la legitimatio ad processum y la legitimatio ad causam. La legitimación en la causa está directamente relacionada con el objeto de la litis, es decir, se trata de un elemento sustancial vinculado con la pretensión, por lo que no constituye un presupuesto procesal, como sí lo es la legitimación para el proceso. Por esta razón, la falta de legitimación para la causa no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre el petitum de la demanda, dado que la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las figuras de legitimación en la causa y la capacidad para ser parte, ver sentencia de 31 de octubre de 2007, Exp. 13503, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia de 22 de octubre de 2021, Exp. 52499, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / REINTEGRO DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / REEMBOLSO DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / NEXO DE CAUSALIDAD / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / EMPLEO PÚBLICO EN ENCARGO / SERVIDOR PÚBLICO EN ENCARGO / FALTA DE VINCULACIÓN DE TERCERO PROCESAL / DEMANDADO Problema jurídico: ¿La conducta del funcionario en encargo que expidió la resolución que resolvió el recurso de reposición contra el acto que declaró la vacancia por abandono del cargo, debió ser objeto de reproche mediante repetición por dar lugar a la condena contra el Estado? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, solo quien ostente la calidad de agente o exagente y que, además, su conducta haya motivado la condena patrimonial en contra del Estado es quien puede ser llamado al juicio de repetición. Es decir, el precepto del reembolso se predica de dos elementos de la responsabilidad, una cuya característica es subjetiva, atendiendo a la calidad de la persona vinculada, y otra fáctica, referida al aspecto volitivo de su conducta. El aspecto volitivo de la conducta de quien concurre como demandado en sede de repetición supone un estudio conjunto entre la causalidad y las herramientas normativas propias de la imputación que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. Por esta razón, la actuación del agente o ex agente Estatal debe estar ligada directamente al hecho que le da base al proceso que finalmente produce la condena patrimonial al Estado. En efecto, la resolución 580 de 22 de marzo de 2011 fue suscrita por quien hoy funge como demandado y en contra del cual se realizó la imputación de la conducta en la modalidad de dolo, tal como lo expresó la demandada. Sin embargo, advierte la Sala que la resolución 1327 de 14 de junio de 2011, fue firmada por el señor (…), quien para ese momento era el rector encargado de la UPC, y respecto del cual no existe vinculación al proceso. Al respecto, conviene precisar que, en los procesos de repetición, la habilitación para el reembolso es potestativa de la entidad que resultó afectada con la condena, es decir, es discrecional en cuanto a que el ente estatal decide frente a qué y a quiénes pretende iniciar el juicio patrimonial. Precisamente, esta fue la razón por la cual el agente del Ministerio Público llamó la atención sobre la insuficiencia de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la conducta del agente del Estado como presupuesto de procedibilidad del medio de control de repetición, ver auto de 18 de mayo de 2017, Exp. 58078, C.P. Hernán Andrade Rincón. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VACANCIA DEL CARGO PÚBLICO / ABANDONO DEL CARGO PÚBLICO / RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / SERVIDOR PÚBLICO EN ENCARGO / TERMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA Problema jurídico: ¿Se debe declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva al acreditarse que el acto administrativo que resolvió el recurso de reposición y que dio lugar a la condena contra el Estado fue expedido por el rector en encargo y no por el ex funcionario público demandado? Respuesta al problema jurídico: Si [E]s evidente que el recurso de reposición que se interpuso en contra de la resolución 580 de 2011 tenía la virtualidad de revocar la decisión de vacancia del cargo inicialmente decretada, puesto que, en los términos del artículo 62 del Decreto 01 de 1984 -norma aplicable al procedimiento administrativo-, los recursos ordinarios en la vía administrativa se conceden en el efecto suspensivo y la decisión solo adquiere firmeza una vez se hayan decidido. Desde el punto de vista de la naturaleza de las decisiones, las manifestaciones de voluntad de la administración serán definitivas en aquellos casos en los cuales se decide directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar la actuación, por lo que, en efecto, debe considerarse la resolución 1327 de 2011 como la que culmina la actuación administrativa y, por tanto, la que finalmente decreta la vacancia por abandono del cargo de la señora (…). Bajo ese contexto, para la Sala es claro que estará legitimado materialmente en la causa por pasiva quien haya suscrito la resolución 1327 de 2011, puesto que fue esa la persona que decidió finalmente la actuación administrativa, actuación que constituye la génesis de la anulación decretada y la consecuente condena patrimonial en contra de la UPC. (…) [E]l acto que el demandado expidió fue anulado por (…) un desconocimiento del derecho de defensa, dado que no se tuvieron en cuenta unas excusas presentadas por la señora (…) al proceso de abandono de su cargo. Dicha situación fue precisamente la que se puso de presente en sede de reposición y que, finalmente, fue el señor (…), en su calidad de rector encargado, quien no consideró tener en cuenta. De conformidad con lo dicho y dado que el acto administrativo por el que finalmente fue condenada patrimonialmente la UPC no fue expedido por el señor (…), para la Sala es claro que debe declararse su falta de legitimación en la causa por pasiva (…) y, como consecuencia, el proceso se decide en única instancia, dado que no es procedente el principio de doble conformidad, en los términos del artículo 149A de la Ley 1437 de 2011 -modificada por la Ley 2080 de 2021-. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 62, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149A, LEY 2080 DE 2021
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 11001-03-26-000-2016-00110-00(57499) Actor: UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR Demandado: RAÚL ENRIQUE MAYA PABÓN Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011 Temas: REPETICIÓN - presupuestos de procedencia / Capacidad para ser parte en el proceso / Legitimación en la causa. Procede la Sala a resolver, en única instancia, el medio de control de repetición presentado por la Universidad Popular del Cesar en contra del señor Raúl Enrique Maya Pabón. I. SÍNTESIS DEL CASO Mediante sentencia de 3 de abril de 2014 , el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la nulidad de las resoluciones 580 y 1327 de 2011, las cuales habían sido declaradas en primera instancia. En los actos administrativos se decretó la vacancia por abandono del cargo que desempeñaba la señora Aura María Acosta Rumbo, en la planta de personal de la Universidad Popular del Cesar. Como consecuencia de lo anterior, el ente público tuvo que reincorporarla y, además, pagar los emolumentos dejados de devengar mientras aquella estuvo desvinculada. Por esta razón, la UPC inició un proceso de repetición en contra del señor Raúl Enrique Maya Pabón, dado que había sido quien, en su calidad de rector del ente educativo, expidió los actos administrativos. II. A N T E C E D E N T E S 1.- La demanda Mediante demanda presentada el 1° de julio de 2016, la Universidad Popular del Cesar, en ejercicio del medio de control de repetición, solicitó que se declarara Radicación: 110010326000201600110 00 (57499) Actor: Universidad Popular del Cesar Demandado: Raúl Enrique Maya Pabón Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011 2 patrimonialmente responsable, a título de dolo y/o culpa grave, al señor Raúl Enrique Maya Pabón, por el pago en el que incurrió con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 3 de abril de 2014 -que confirmó la de primera instancia -, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que la señora Aura María Acosta Rumbo promovió con el fin de que se anulara el acto administrativo por medio del cual se declaró la vacancia y abandono de su cargo (fls. 2-13 c. ppal). En concreto, la entidad demandante solicitó que se efectuaran las siguien tes declaraciones y condenas: 1. Que se declare responsable a Raúl Enrique Maya Pabón de los perjuicios ocasionados a la Universidad Popular del Cesar, condenada administrativamente por el honorable Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia de fecha 03 de abril de 2014, que confirmó la sentencia del 12 de noviembre de 2013 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Valledupar, por concepto de falta de motivación del acto administrativo, la expedición irregular del acto acusado y la nulidad por desconocimiento del derecho de defensa. Los actos administrativos son, la resolución No. 580 de fecha 22 de marzo de 2011, mediante la cual se declaró la vacancia del cargo por abandono del cargo de Técnico Administrativo, Código No. 3124, Grado No. 11 de la Planta Global de la Universidad Popular del Cesar y la Resolución No. 1327 de junio 14 de 2011, que confirmó en su integridad la Resolución No. 0580 del 22 de marzo de 2011. 2. Que se condene a Raúl Enrique Maya Pabón a cancelar la suma de (…) ($121’347.171.oo) a favor de la Universidad Popular del Cesar; suma de dinero que pagó esta entidad a Aura María Acosta Rumbo para hacer efectiva la condena del honorable Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia de fecha 03 de abril de 2014, que confirmó la sentencia del 12 de noviembre de 2013 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Valledupar, pues no existe duda que cuando se actúa con desviación de poder, este actuar temerario esta precedido de dolo, porque lo que impulsa al funcionario administrativo que así actúa no es una finalidad altruista para el mejoramiento del servicio, sino la satisfacción, la mayoría de la veces de un capricho personal, luego si entendemos que el dolo consiste en conocer el acto que se realiza y el querer del mismo a sabiendas del potencial daño que se puede causar, es incuestionable que quien a sabiendas de las repercusiones negativas que su acto puede tener para la entidad pública que representa y con conciencia de esa consecuencia, procede a hacerlo porque su intención está dirigida a producir ese resultado sin importar el daño que ocasiona, es decir que su conducta tiene altas dosis de dolo y en este caso concreto conociendo el señor Raúl Enrique Maya Pabón (…) procedió a declarar la vacancia del cargo por abandono de la señora Aura María Acosta Rumbo, tendiente a producir un cambio netamente burocrático y no el de mejorar el servicio público, es obvio que estaba actuando dolosamente porque no exi ste circunstancia alguna que indique lo contrario. 3. Que se condene a Raúl Enrique Maya Pabón a cancelar intereses comerciales a favor de la Universidad Popular del Cesar desde la ejecutoria de la providencia que ponga fin a este proceso. 4. Que se aj uste la condena tomando como base el índice de precios al consumidor. Como fundamentos fácticos de la demanda se narró lo siguiente: Radicación: 110010326000201600110 00 (57499) Actor: Universidad Popular del Cesar Demandado: Raúl Enrique Maya Pabón Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011 3 Mediante la resolución 580 de 22 de marzo de 2011, el señor Raúl Enrique Maya Pabón, en calidad de Rector de la Univers idad Popular del Cesar, declaró la vacancia por abandono del cargo que se desempeñaba en la entidad la señora Aura María Acosta Rumbo. Dicha decisión fue confirmada a través de la resolución 1327 de ese mismo año. La afectada con las decisiones administrativas interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual culminó con la decisión de segunda instancia de 3 de abril de 2014 , proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. En esta providencia se confirmó el fallo de primera instancia, mediante el cual se anularon los actos administrativos, se ordenó el reintegro y el pago de los emolumentos dejados de devengar mientras estuvo desvinculada de la entidad pública. La parte demandante atribuyó al señor Raúl Enrique Maya Pabón la responsabilidad a título de “culpa grave y/o dolo”, toda vez que expidió los actos administrativos con falsa motivación, desviación y abuso de poder, por lo que la actuación del demandado se enmarcaba en el numeral 1° del artículo 5° y el numeral 3° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001. 2.- El trámite de única instancia La demanda fue admitida mediante auto de 15 de septiembre de 2016 y notificada al demandado, a través de su curador ad litem, en diligencia de 19 de septiembre de 2018 (fls. 187-194, 265 c. ppal). El demandado contestó la demanda oportunamente, pero se limitó a manifestar que se oponía a las pretensiones de la demanda. Así mismo, propuso la “excepción mixta” de caducidad, toda vez que la demanda fue presentada de forma extemporánea si se tenía en cuenta que el auto admisorio no fue notificado dentro del año siguiente a su expedición, en los términos del artículo 94 del Código General del Proceso (fls. 266-268 c. ppal). 2.1.- La adecuación al trámite de sentencia anticipada Mediante providencia de 7 de diciembre de 2021 se adecuó el trámite del proceso para proferir sentencia anticipada, porque se encuadraba en el supuesto del numeral 1° del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, dado que no existían pruebas que tuvieran que ser practicadas en audiencia. En esta decisión se incorporaron los medios de prueba documentales y se fijó el litigio de la siguiente forma: [S]e considera que la imputación realizada por la demandante solo puede analizarse bajo una conducta dolosa, pues, no solo no estableció cuál fue el Radicación: 110010326000201600110 00 (57499) Actor: Universidad Popular del Cesar Demandado: Raúl Enrique Maya Pabón Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011 4 fundamento de la imputación culposa, sino que, de una lectura integral del libelo se puede establecer que l a actuación reprochable se encuentra asentada en una actuación desviada del mejoramiento del servicio público (fls. 7-9 c. ppal). Así, se descarta la imputación referida al numeral 3° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001, puesto que no se mencionó o arg umentó cuál era su génesis en el caso concreto y, además, no se propuso como una pretensión subsidiaria. A título de fijación del litigio, se concluye que en esta oportunidad se debe determinar si el señor Raúl Enrique Maya Pabón incurrió en conducta dol osa, en los términos del numeral 1° del artículo 5° de la Ley 678 de 2001, dado que habría expedido con desviación de poder el acto administrativo por medio del cual declaró el abandono del cargo de la señora Aura María Acosta Rumbo, mismo que fue anulado por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Valledupar el 12 de noviembre de 2013, decisión que fue confirmada el 3 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo del Cesar (fls. 292-294 c. ppal). 2.2.- Los alegatos de conclusión Mediante providencia de 9 de junio de 2022, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (índice 106 del aplicativo SAMAI). En esta oportunidad, la demandante se limitó a manifestar que se atenía a lo probado en el expediente (Índice 115 del aplicativo SAMAI). En su concepto, el Ministerio Público solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, dado que no se había allegado material probatorio suficiente para demostrar la conduc

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201600110001100103