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Auto interlocutorio — Auto para mejor proveer2024-06-20Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 68001333300620210019501LEY 1437 REPETICION
¿El juzgado administrativo debe asumir la competencia frente al proceso de repetición, por haber sido el Tribunal, como superior funcional, quien remitió el expediente? Sí
El parágrafo del artículo 37 de la Ley 270 de 1996 -adicionado por el artículo 12 de la Ley 1285 de 2009- reguló el tema para resolver los conflictos de competencia… . Del… artículo 158 del CPACA, modificado por el artículo 33 de la Ley 2080 de 2021,… , se precisa que el legislador en el CPACA no previó conflictos de competencias entre tribunales y juzgados que pertenecen a un mismo distrito judicial; sin embargo dicha situación fue prevista por el artículo 139 del Código General del Proceso… .
¿Los agentes de la Policía Nacional incurrieron en una conducta gravemente culposa, al disponer la retención de dos civiles, en un lugar que no cumplía con las condiciones mínimas exigidas para ello y que, a la postre, fue objeto de una conflagración en la que aquellos perdieron la vida? Sí
Los agentes de policía que disponen la retención de personas en un lugar que no reúne condiciones mínimas de seguridad y, en consecuencia, causan su muerte, incurren en culpa grave cuando infringen el deber objetivo de cuidado y no prevén los efectos nocivos de su actuación. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los agentes actuaron en contra de una prohibición expresa del reglamento, pese a haber sido advertidos sobre el uso del lugar, lo que constituye una infracción al deber de cuidado en los términos del artículo 63 del Código Civil. Segunda, la culpa grave no requiere intención de causar la muerte, pues basta una conducta grosera, negligente, despreocupada y temeraria que sea determinante del resultado. Tercera, para fijar la participación de cada agente en el daño se considera su cargo y jerarquía al momento de los hechos. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y declara la responsabilidad patrimonial de los demandados en repetición. La consecuencia práctica es que la retención de personas en lugares no habilitados, con advertencia previa de su prohibición, configura el elemento subjetivo de la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿En el presente asunto se encuentra acreditado, con las pruebas practicadas: (i) la condición de agentes de policía de los demandados para la época en que ocurrieron los hechos…¿Un subalterno cuando tuviera dudas sobre la conveniencia o legalidad de una orden particular debía advertírselo al superior jerárquico?¿Las partes accionante y accionada se encuentran legitimados en la causa por activa y pasiva respectivamente?
¿La resolución de adjudicación contractual proferida por el municipio de Bucaramanga se encuentra amparada con la presunción de legalidad? Sí
La resolución de adjudicación de un contrato de obra pública goza de presunción de legalidad, por lo que la pretensión de nulidad absoluta del contrato fundada en la invalidez de ese acto no prospera en el medio de control de controversias contractuales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, mientras el acto no sea anulado en el medio de control pertinente, conserva la presunción de legalidad que impide declarar prima facie la nulidad absoluta del contrato. Segunda, el medio de control de controversias contractuales no permite estudiar la validez de ese acto administrativo, de modo que la pretensión depende de una causal ajena a la invalidez del acto. Tercera, la nulidad absoluta del contrato hubiera podido examinarse si se hubiera fundado en una causal distinta a la del acto de adjudicación, lo que no ocurrió. La providencia confirma la sentencia de primera instancia. La consecuencia práctica es que, para impugnar la validez de un contrato a partir de la adjudicación, el demandante debe demandar el acto por la vía adecuada o fundar la nulidad en una causal propia del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿En el sub judice resulta procesalmente procedente estudiar la validez de la resolución de adjudicación?¿La pretensión principal de la demanda radica en la nulidad absoluta del contrato de obra pública?¿Se ejerció oportunamente el medio de control de controversias contractuales?
Auto interlocutorio — Auto que rechaza solicitud improcedente, extemporánea o dilatoria2023-02-21Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001334306620220031201LEY 1437 REPETICION
¿Resulta procedente el conflicto de competencia propuesto entre juzgados de un mismo distrito judicial, cuando el juez recibe el expediente remitido por alguno de sus superiores funcionales? No
El artículo 158 del CPACA establece que los conflictos de competencia entre los Tribunales Administrativos y entre estos y los jueces administrativos de diferentes distritos judiciales, serán decididos de oficio o a petición de parte por el Consejo de Estado. La Ley no previó conflicto de competencia entre Tribunales y Juzgados de un mismo distrito judicial.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja2025-07-22Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 50001233300020160039701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El auto mediante el cual se negó la incorporación del informe elaborado por el testigo es susceptible del recurso de apelación? No
El contratista no puede interponer recurso de apelación contra el auto que niega la incorporación de un informe elaborado por un testigo en una audiencia de pruebas, ya que este auto no resuelve sobre el decreto o práctica de una prueba, sino que se fundamenta en el deber del operador jurídico de dirigir la práctica de la prueba testimonial en la audiencia de pruebas, conforme al artículo 42-1 del Código General del Proceso. El recurso de queja es procedente cuando se rechaza la apelación, pero en este caso, el recurso de queja presentado por el contratista contra el auto que rechazó la apelación es bien denegado, ya que la decisión que se cuestiona no es susceptible de apelación. Esto implica que el recurso de queja no puede ser utilizado para revertir decisiones que no están previstas en el artículo 243-7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de queja se interpondrá ante el superior cuando no se conceda, se rechace o se declare desierta la apelación, para que esta se conceda, de ser procedente?
Auto interlocutorio — Auto que impone sanción en ejercicio de poderes correccionales del juez2022-05-27Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000232600020040164201ACCION CONTRACTUAL
¿Procede la imposición de multa cuando un funcionario judicial incumple las órdenes de su superior jerárquico? Sí
Procede imponer multa al funcionario judicial que no atiende las órdenes de su superior jerárquico cuando guarda silencio frente a reiterados requerimientos de remisión de piezas procesales, en aplicación del numeral 3 del artículo 44 del Código General del Proceso. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que los reiterados requerimientos sin respuesta justifican la multa de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes al titular del despacho. La segunda es que la conducta puede configurar una falta disciplinaria por desatender las órdenes del superior, por lo que procede compulsar copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En el caso concreto, las piezas procesales son necesarias para fallar, por lo que el auto ordena requerir nuevamente al juzgado para que las remita o informe dónde se encuentran. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es la multa, la compulsa de copias y un nuevo requerimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Las piezas procesales solicitadas se requieren para emitir fallo en el proceso?¿Se requirió al despacho judicial para que allegara las piezas procesales faltantes y sin embargo, a la fecha, este no se ha pronunciado al respecto?
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del patrullero de policía, que proceda condenarlo en sede de repetición a restituir la condena impuesta al Estado por las lesiones sufridas en el accidente de tránsito con el vehículo oficial que dicho agente conducía por órdenes de sus superiores? No
La culpa grave del agente no puede fundarse en un hecho que no se planteó en la demanda ni se sostuvo en la primera instancia, y su acreditación exige elementos de convicción suficientes que permitan concluir con certeza la conducta reprochada. La regla se apoya en que el juez de repetición decide sobre los cargos formulados en la demanda y en que la culpa grave debe demostrarse con pruebas y no con conjeturas. Por ello, un argumento nuevo en la apelación sobre la conducta del agente no altera el marco de la controversia. En el asunto, el conductor de un vehículo oficial sufrió un accidente de tránsito, y el argumento de exceso de velocidad no se había planteado en la demanda ni en la primera instancia, y no existían elementos suficientes para concluir la culpa grave; por ello, la Sala confirmó la negativa de la repetición. En la práctica, la culpa grave en un accidente de tránsito debe probarse con los hechos incluidos en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contabilizarse desde el pago de la segunda condena impuesta en la sentencia de reemplazo proferida por el Tribunal Administrativo…¿El marco fundamental del juez de segunda instancia en sede de repetición, está determinado por los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia?¿Para la configuración de la responsabilidad del agente del Estado por culpa grave, es necesario acreditar un error inexcusable y manifiesto…
¿Cuáles son los presupuestos de la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer asuntos mediante el medio de control de repetición? Sí
La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de un proceso de repetición se determina por la cuantía de la pretensión y por la naturaleza de la providencia apelada. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el artículo 150 del CPACA atribuye a la Corporación las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. La segunda es que el numeral 9 del artículo 152 del CPACA radica en los tribunales la primera instancia de las demandas de repetición cuya cuantía exceda de quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la competencia no esté asignada al Consejo de Estado. En el caso concreto la pretensión superó ese límite para el año de presentación de la demanda, por lo que la Sala tiene competencia para resolver la apelación de la sentencia del tribunal, dentro de un proceso con vocación de doble instancia. Como obiter dictum, la providencia fija que el término de caducidad se cuenta desde el día siguiente al pago o desde el vencimiento de los diez meses del inciso segundo del artículo 192 del CPACA, según lo que ocurra primero. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición?¿El recurso de apelación determina el marco de competencia del juez de segunda instancia?¿Cuando hay varios demandados en repetición, cómo se estudia el grado de participación con el fin de atribuir la responsabilidad a múltiples personas en razón de la distribución de funciones y…
¿En la acción de repetición, cuál es el inicio del conteo del término de caducidad? Sí
El contratista debe iniciar el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición a partir del día siguiente al último pago efectuado por la entidad estatal, conforme a la jurisprudencia que reitera la necesidad de cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en la Ley 678 de 2001 y el Código Contencioso Administrativo. Estos requisitos incluyen la existencia de una condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación dineraria a cargo de una entidad estatal, la realización efectiva del pago por parte de la entidad pública, la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado, y la calificación de su conducta a título de dolo o culpa grave. Esta regla implica que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse una vez se ha cumplido con todos estos requisitos, garantizando así el adecuado ejercicio de la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La normativa aplicable a la acción de repetición es la vigente al momento en que ocurren los hechos que dieron lugar a dicha acción?¿Cuáles son los requisitos de procedibilidad de la acción de repetición?¿En el presente caso son aplicables las presunciones legales de la Ley 678 de 2001?
¿De la inasistencia del alcalde encargado a la audiencia se puede concluir que la no concesión del recurso de apelación fuera atribuible al demandando? No
De la sola inasistencia del [alcalde encargado] no se puede concluir que la no concesión del recurso fuera atribuible al demandando, máxime, cuando a la audiencia fue una apoderada como lo permitía la ley y, si bien la misma no tenía facultades para conciliar no se allegó el poder para determinar quién lo atribuyó de manera incompleta. En consecuencia, dado que no se demostró una conducta dolosa o gravemente culposa, se confirmará la Sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones aquí expuestas.
También resuelve:¿La omisión del demandado como alcalde encargado determinó la imposición de la condena dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Se acreditó que el demandado otorgó un poder de manera incompleta para que se declarara desierto el recurso de apelación?¿Se determinó que la actuación del demandado motivó la imposición de la condena y que esa actuación estuvo revestida de dolo o culpa grave?
Auto interlocutorio — Auto que declara desierto recurso2022-06-06Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 25000233600020170041702LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Precisó la demandante en qué sentido las resoluciones demostraban la existencia de colusión? No
El contratista no precisará en qué sentido las resoluciones demostraban la existencia de colusión, ya que la omisión de esta especificación implica que la prueba documental no resulta pertinente, útil ni conducente para demostrar las supuestas irregularidades en el procedimiento de selección y las conductas violatorias de la libre competencia por parte de los oferentes adjudicatarios. En este caso concreto, la demandante no detalló cómo las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio podían ilustrar la existencia de acuerdos colusorios en el proceso específico, limitándose a afirmar que dichas decisiones eran útiles para ilustrar al tribunal sobre la existencia de colusión en otros eventos. Como resultado, el tribunal confirmó la decisión de negar la admisión de dichas resoluciones como prueba, reafirmando que la parte demandante no cumplió con los requisitos de sustentación necesarios para que el recurso de apelación fuera debidamente presentado y examinado.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentaron argumentos contra los fundamentos de hecho y/o derecho que sirvieron de sustento al tribunal para negar el decreto de la prueba testimonial?¿El Tribunal negó la prueba por considerarla innecesaria para demostrar los hechos objeto del litigio?¿La parte recurrente sustentó debidamente su impugnación?
¿En el medio de control de repetición, se acreditó el actuar gravemente culposo del demandado? No
Cuando se reclama en repetición la culpa grave de un directivo por la enfermedad profesional de un subalterno, no basta con demostrar la enfermedad y su origen; debe probarse que el directivo conocía con anticipación la afectación de salud y omitió las medidas necesarias. La regla se apoya en tres razones. Primera, la prueba de la pensión de invalidez, el diagnóstico y la calificación de origen profesional no demuestran por sí solos un actuar gravemente culposo del demandado. Segunda, no existe evidencia de que, entre los años previos a la desvinculación, ya hubiera noticia de las disminuciones de salud y que estas fueran conocidas por el directivo. Tercera, el demandado sí puso en conocimiento de sus superiores la necesidad de nombrar funcionarios y el alto volumen de trabajo de la seccional en varias oportunidades, lo que desvirtúa el reproche. En consecuencia, por ausencia de medios probatorios que evidencien culpa grave, se confirmó la decisión que negó las pretensiones. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El demandado puso en conocimiento de sus superiores la necesidad de nombramiento de funcionarios y advirtió el alto índice de trabajo que recaía sobre la seccional?¿Se probó la violación inexcusable de contenidos normativos por parte del demandado?¿El funcionario demandado se ocupaba periódicamente de administrar los horarios de los funcionarios bajo su cargo con la concertación de todos ellos en las respectivas reuniones?
¿El apoderado del consorcio convocante ha debido formular recusación contra los árbitros? Sí
El apoderado del consorcio convocante debe formular recusación contra los árbitros si considera que estos desconocieron el deber de información en los términos del artículo 15 del Estatuto Arbitral, una vez integrado el tribunal arbitral, ya que el control sobre el cumplimiento de este deber queda diferido a las partes y a los propios árbitros a través de los impedimentos y las recusaciones. La Sala reitera que el incumplimiento del deber de información que ocurra de manera posterior a la audiencia de instalación del tribunal no constituye una causal legal de anulación del laudo, sino que puede generar consecuencias disciplinarias para el árbitro o el secretario. Esto implica que las partes deben actuar oportunamente para proteger sus derechos mediante recusaciones y no a través de recursos de anulación que busquen revisar el fondo de la controversia.síntesis automática
También resuelve:¿Una vez integrado el tribunal arbitral el control sobre el cumplimiento del deber de información queda diferido a las partes y a los propios árbitros a través de los impedimentos y las recusaciones?¿Se acreditó que se hubieran dejado de practicar pruebas oportunamente decretadas por el tribunal arbitral?¿Los árbitros adoptaron una decisión en derecho?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2024-04-10Sala Consulta y Servicio CivilMARIA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020230060300CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación es la autoridad competente para adelantar las actuaciones disciplinarias a que haya lugar en contra de los empleados de la Fiscalía General de la Nación (por determinar) por las presuntas conductas omisivas en el curso del proceso disciplinario número 47621, que condujeron a la caducidad de la acción en dicha actuación? Sí
Revisados los antecedentes normativos y los documentos que obran en el expediente, la Sala encuentra que la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación es la autoridad competente para adelantar las actuaciones disciplinarias que correspondan, en contra de empleados de la Fiscalía General de la Nación (por determinar), que presuntamente pudieron incurrir en las conductas omisivas que condujeron a configurar la caducidad de la acción disciplinaria en el proceso número 47621. Lo anterior, por las siguientes razones: La caducidad de la acción disciplinaria, en términos del artículo 30 de la Ley 734 de 2002 (norma aplicable para la fecha de los hechos), se configuraría si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se hubiese proferido auto de apertura de investigación disciplinaria, como en este caso ocurrió.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2023-09-27Sala Consulta y Servicio CivilMARIA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020230035900CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación es la autoridad competente para adelantar las actuaciones disciplinarias a que haya lugar por no haberse liquidado los contratos CN034-2016, CN036-2016, CN037-2016, CN038-2016, Comisión 01-201-16 y CN04-2018, dentro del término establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y por la consecuente pérdida de competencia de esta misma entidad para realizar esta liquidación? Sí
Con fundamento en la Sentencia C-373 de 2016 de la Corte Constitucional y en la decisión de la Sala del 14 de junio de 202248, la competencia para adelantar una investigación disciplinaria en contra de un empleado judicial, entre la Comisión de Disciplina Judicial y las autoridades facultadas para investigar a estos sujetos antes de la entrada en funcionamiento de esta entidad, la determina la fecha de ocurrencia de los hechos. En efecto, si los hechos generadores de la presunta falta disciplinaria tuvieron lugar antes de la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (13 de enero de 2021), será la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación la competente para adelantar la investigación disciplinaria, en ejercicio de sus funciones administrativas.
¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual? No
El contratista no desvirtúa la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual cuando incumple gravemente las obligaciones contractuales, especialmente si estos incumplimientos ponen en riesgo la continuidad del servicio y la naturaleza intuito personae del contrato. En este caso, el contratista no obtuvo la habilitación necesaria para el centro público o privado, lo que puso en grave riesgo la continuidad del servicio, además de otros incumplimientos graves que justificaron la caducidad del contrato. La entidad estatal, al declarar la caducidad, actuó dentro de sus facultades legales y no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo. Esta regla reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las condiciones establecidas para la continuidad del servicio, lo que implica que la entidad estatal puede declarar la caducidad del contrato ante incumplimientos graves que afecten la prestación del servicio.síntesis automática
También resuelve:¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la cual gozan los actos administrativos demandados?¿El oficio suscrito por el secretario de tránsito constituyó autorización al contratista para constituirse como una SAS?¿La administración también sustentó la caducidad del contrato en el hecho de que la garantía única del contrato amparaba a la UT y no a la nueva SAS?
PRINCIPAL / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿La consecuencia de que el juzgador de la segunda instancia constate una falta de sustentación del recurso de apelación es la confirmación de la providencia impugnada? Sí
En la apelación, la falta de sustentación del recurso, cuando es de carácter material suficiente o adecuada, conduce a confirmar la providencia impugnada, porque el juez de segunda instancia queda sin elementos para revisar la sentencia. La regla se apoya en tres razones. La primera es el principio de congruencia, que limita la revisión a lo que el apelante expone. La segunda son los fines del recurso, que exigen un mínimo de rogatividad y objetividad en su interpretación. La tercera es que esa exigencia debe aplicarse sin caer en un excesivo ritualismo, de modo que lo relevante es la falta de sustentación material y no la simple omisión formal. La providencia confirma la sentencia de primera instancia con base en esta regla, reiterando la jurisprudencia sobre la exigencia de sustentación. En la práctica, el apelante debe precisar en el escrito de apelación los argumentos concretos contra cada punto de la decisión, porque una sustentación materialmente insuficiente conduce a la confirmación del fallo, sin que el juez deba suplir las razones que el recurrente no expuso.síntesis automática
También resuelve:¿La ley impone que en la apelación se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en aquello que se considere desfavorable?¿La impugnación propuesta contra la sentencia proferida por el Tribunal que negó las pretensiones de la demanda estuvo debidamente sustentada?¿Más allá de una exposición de motivos de inconformidad elaborada a partir de los argumentos planteados por el Tribunal, el recurrente se limitó a replicar los argumentos desarrollados en el escrito…
¿El acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión minera por incumplimiento de la obligación de pagar el canon superficiario es nulo por violación del debido proceso? No
La declaratoria de caducidad de un contrato de concesión minera, precedida de requerimientos para cumplir las obligaciones del concesionario, no vulnera el debido proceso cuando el concesionario omite atender esos requerimientos. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los requerimientos consistieron en aportar la póliza minero ambiental y pagar el canon superficiario del segundo año de exploración, y el concesionario no los atendió antes de la caducidad. Segunda, el concesionario conocía desde la solicitud que el área presentaba superposición con la reserva forestal, por lo que no puede alegar desconocimiento de la situación que motivó la actuación. Tercera, la resolución del ministerio que suspendió trámites de sustracción no suspendió las obligaciones propias del contrato. La providencia confirma la sentencia apelada. La consecuencia práctica es que la suspensión de trámites administrativos ajenos no exime al concesionario de cumplir sus obligaciones contractuales, y la caducidad puede declararse tras el requerimiento previo.síntesis automática
También resuelve:¿La expedición de la resolución conducía a la suspensión del cumplimiento de las obligaciones por la demandante en virtud del contrato de concesión?¿El acto administrativo con el que fue declarada la caducidad del contrato de concesión minera por el incumplimiento de la obligación de pagar el canon superficiario, es nulo, debido a que…¿Los contratos de concesión se entienden perfeccionados a partir de su inscripción en el registro minero nacional?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2025-03-25Sala Consulta y Servicio CivilJUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZRad. 11001030600020250001700CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿El Fondo Nacional del Ahorro, a través de la Secretaría General - Gerencia de Instrucción Disciplinaria, es la autoridad competente para conocer y asumir la investigación disciplinaria iniciado en contra de los funcionarios que fungieron como vicepresidentes de riesgo y vicepresidentes de gestión humana y administrativa de la entidad, para la época en que fungieron como supervisores de un contrato? Sí
La Sala encuentra que la Gerencia de Instrucción Disciplinaria del Fondo Nacional del Ahorro es la autoridad competente para continuar con el proceso disciplinario iniciado en contra de los funcionarios que ejercieron los cargos de vicepresidentes de riesgo y, de gestión humana y administrativa del FNA para la época en que fungieron como supervisores del contrato núm. 64 del 30 de abril de 2018, por las siguientes razones: De conformidad con los manuales de funciones y de competencias laborales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del FNA, el secretario general de la entidad dirige la gestión de control interno disciplinario y, mediante la Gerencia de Instrucción Disciplinaria se ejecuta la instrucción de los procesos disciplinarios en primera instancia.
¿La irregularidad presentada por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del contrato es suficiente para configurar una violación del procedimiento administrativo? Sí
La omisión de comunicar al contratista el inicio del procedimiento sancionatorio constituye una violación del procedimiento administrativo con consecuencias determinantes cuando impide ejercer el derecho de audiencia y defensa frente a los cargos por los que finalmente se sanciona, y da lugar a la nulidad de los actos que imponen la sanción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 288 del Código de Minas impone a la autoridad el deber de comunicar el inicio del procedimiento sancionatorio, deber que la cláusula 25.1.1 del contrato preveía en sentido semejante. Segundo, la omisión privó al contratista de la oportunidad de subsanar la renovación y el reajuste de las garantías y de atender requerimientos de la autoridad, a diferencia de ocasiones anteriores en las que sí pudo hacerlo. Tercero, la falta de conocimiento del inicio del procedimiento impidió ejercer la defensa, lo que configura el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa como causal de nulidad. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la nulidad de los actos demandados; en la práctica, la autoridad que sanciona debe acreditar la comunicación del inicio del procedimiento sancionatorio antes de imponer la sanción.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante queda habilitado para efectuar las actividades de explotación minera que le otorga el contrato cuya caducidad fue declarada con el acto administrativo declarado nulo?¿Se niega la pretensión pecuniaria consistente en la indemnización de perjuicios materiales por no existir prueba de su causación?¿Cuando de la actuación iniciada de oficio pudiera resultar afectado en forma directa un particular, a éste se le debía comunicar la existencia de la actuación y el objeto de la misma?