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¿El resultado lesivo consistente en la muerte de la víctima fue consecuencia de un actuar doloso de parte del conscripto demandado en repetición? Sí
La presunción de dolo que la Ley 678 de 2001 asocia a la condena penal del agente se mantiene cuando el demandado no la desvirtúa, y el elemento subjetivo de la acción de repetición se acredita con esa presunción. La regla se sostiene en que el hecho que da base a la presunción debe estar debidamente acreditado y en que la condena penal por dolo, como coautor del delito que causó la muerte de la víctima, dio lugar a la presunción. Por ello, el agente debe demostrar lo contrario para desvirtuarla. En el asunto, el demandado fue condenado penalmente a título de dolo, participó en la comisión del delito y nunca negó su participación, por lo que la Sala concluyó que el resultado lesivo fue consecuencia de su actuar doloso y revocó la sentencia de primera instancia para acceder a las pretensiones. En la práctica, la condena penal por dolo fija el elemento subjetivo en la repetición si el agente no lo desvirtúa.síntesis automática
También resuelve:¿Para cuantificar la condena de repetición, se debe atender el grado de participación del agente en la producción del daño?¿El servidor o exservidor público fue declarado penal o disciplinariamente responsable a título de dolo, por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del…¿Se ordenará que a cargo del demandado estará la obligación de atender el reembolso del treinta por ciento (30%) del valor total que debió pagar la entidad demandante?
¿La privación de la libertad que padeció la demandante le generó un daño que no debía soportar porque superó las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad? Sí
El contratista no debe soportar un daño que supere las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad, configurándose la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad cuando la entidad estatal priva injustamente de la libertad a un ciudadano y este es absuelto por atipicidad objetiva de la conducta. En este caso, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante por supuestamente utilizar su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS, pero posteriormente absolvió a la demandante por desvirtuar los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias, al establecer que las facturas no son documentos reservados y que la exhibición de estos documentos se realizó dentro de su rol institucional. La Sala concluyó que la privación de la libertad que padeció la demandante generó un daño que no debía soportar, superando las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar, y que la responsabilidad patrimonial de la rama judicial se configura en estos casos.síntesis automática
También resuelve:¿Los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias fueron desvirtuados por la Corte en la sentencia absolutoria?¿La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante porque utilizó su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS?¿La absolución del sindicado por atipicidad de la conducta era suficiente para considerar como antijurídico el daño recibido por la privación de su libertad?
Auto interlocutorio — Auto que declara desierto recurso2022-06-06Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 25000233600020170041702LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Precisó la demandante en qué sentido las resoluciones demostraban la existencia de colusión? No
El contratista no precisará en qué sentido las resoluciones demostraban la existencia de colusión, ya que la omisión de esta especificación implica que la prueba documental no resulta pertinente, útil ni conducente para demostrar las supuestas irregularidades en el procedimiento de selección y las conductas violatorias de la libre competencia por parte de los oferentes adjudicatarios. En este caso concreto, la demandante no detalló cómo las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio podían ilustrar la existencia de acuerdos colusorios en el proceso específico, limitándose a afirmar que dichas decisiones eran útiles para ilustrar al tribunal sobre la existencia de colusión en otros eventos. Como resultado, el tribunal confirmó la decisión de negar la admisión de dichas resoluciones como prueba, reafirmando que la parte demandante no cumplió con los requisitos de sustentación necesarios para que el recurso de apelación fuera debidamente presentado y examinado.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentaron argumentos contra los fundamentos de hecho y/o derecho que sirvieron de sustento al tribunal para negar el decreto de la prueba testimonial?¿El Tribunal negó la prueba por considerarla innecesaria para demostrar los hechos objeto del litigio?¿La parte recurrente sustentó debidamente su impugnación?
¿La medida de aseguramiento era procedente, por cuanto al ser adoptada se contaba con más de un indicio en la investigación penal en contra de los sindicados? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por privación injusta de la libertad cuando la medida de aseguramiento fue procedente y ajustada a derecho, ya que se contaba con más de un indicio en la investigación penal y la medida cumplía con los requisitos de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. A pesar de que el proceso penal cesó en favor de los sindicados por aplicación del principio in dubio pro reo, esto no desvirtúa la legalidad de la medida de aseguramiento, la cual fue impuesta por el delito de abandono del puesto y se basó en la declaración de un testigo y la prueba de alcoholimetría que demostró el incumplimiento del deber funcional de los agentes de policía. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la privación de la libertad no fue injusta.síntesis automática
También resuelve:¿La medida de aseguramiento de detención preventiva que se impuso estuvo ajustada a derecho, fue legal, proporcional y razonable?¿El fiscal cesó el procedimiento en contra de los sindicados, en aplicación del principio in dubio pro reo?¿Los agentes de la policía se encontraban en un establecimiento de comercio en el horario en que debían estar prestando el servicio de vigilancia de los alumbrados navideños?
¿Se ejerció de forma oportuna el medio de control de acción de reparación directa dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, en observancia de la fecha del daño, la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial y la fecha de radicación de la demanda? Sí
El contratista debe presentar oportunamente la acción de reparación directa dentro del término de dos años previsto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contados desde la ocurrencia del daño o desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este, siempre que demuestre la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. En este caso, la acción se ejerció dentro del plazo legal, ya que el daño se produjo el 15 de marzo de 2015, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 29 de julio de 2016 y la demanda se radicó el 15 de diciembre de 2016, cumpliendo así con el requisito temporal para ejercer el medio de control. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos legales para evitar la caducidad de la acción y asegurar la estabilidad y certeza del derecho.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentran, en forma debida, legitimadas en la causa por activa las personas que integran el núcleo familiar de la víctima del daño antijurídico, y por pasiva las entidades estatales demandadas…¿Puede declararse la responsabilidad extracontractual del Estado cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico que la víctima no tenía el deber jurídico de soportar y cuya causación es…¿Puede imputarse responsabilidad extracontractual al Estado por los daños causados por la acción de grupos armados insurgentes…
¿Se condena al demandado a reintegrar el valor total pagado por concepto de capital, debido a que el daño fue causado exclusivamente por su conducta? Sí
El contratista es condenado a reintegrar el valor total pagado por concepto de capital, debido a que el daño fue causado exclusivamente por su conducta, sin que la manifestación de exoneración de responsabilidad presentada por el curador ad litem pueda entenderse como una apelación adhesiva, ya que no se presentó dentro del término de ejecutoria del auto que admitió la apelación. La regla implica que el demandado es responsable del daño causado, independientemente de la mora en que haya incurrido la entidad al realizar el pago, y que la pretensión de repetición debe fijarse según el valor total y neto de la condena impuesta al Estado, sin tomar en cuenta el valor de los intereses que se llegaren a causar. Esta sentencia reitera la responsabilidad del agente del Estado por daños causados por su conducta dolosa o gravemente culposa, y subraya la importancia de la valoración de la prueba en conjunto para determinar la participación del demandado en la producción del daño.síntesis automática
También resuelve:¿Los familiares del soldado fallecido demandaron en reparación directa al Ejército Nacional la indemnización de los perjuicios causados con su muerte?¿Se estableció que la conducta adoptada tuviera origen en un trastorno mental del demandado?¿La demanda se presentó oportunamente?
¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? No
El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.síntesis automática
También resuelve:¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos?¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos?¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
¿Los agentes de policía demandados mediante acción de repetición actuaron con dolo y/o culpa grave al propinar agresiones físicas y psicológicas a la víctima, mientras estuvo detenido en la XVIII Estación de Policía de Bogotá? Sí
Los agentes de policía que, con acciones u omisiones, permiten o ejecutan agresiones físicas y psicológicas contra una persona detenida actúan con dolo o culpa grave y deben responder en la acción de repetición por el pago de la condena. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el auxiliar de policía aceptó ser quien directamente torturó y agredió al menor detenido. La segunda es que el patrullero permitió esos vejámenes sin intervenir para proteger los derechos del menor, de modo que ambos, con sus acciones y omisiones, causaron el daño antijurídico que la entidad debió resarcir. En el caso concreto, la Sala modificó la sentencia del tribunal y condenó a cada uno de los demandados a pagar a favor de la Nación la suma de $221.356.400, al constatar que actuaron con dolo en los hechos ocurridos el 9 de febrero de 2009. Como obiter dictum, la providencia recuerda que los plazos de caducidad son perentorios y de orden público. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Qué normas sustanciales y procesales se aplican a la acción de repetición por hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001?¿Cuáles son los requisitos de procedencia de la acción de repetición?¿En qué casos se presume el dolo o la culpa grave del agente del Estado en la acción de repetición?
¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve:¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama?¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática?¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?
¿Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público? Sí
El contratista no puede cometer los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ya que estos son delitos de sujeto activo calificado y solo pueden ser cometidos por servidores públicos, según el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, que equipara a los contratistas con la calidad de servidor público en el ámbito de la responsabilidad penal. La Fiscalía encontró indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos mediante el cobro de facturas de un contrato de suministro celebrado sin cumplir los requisitos legales, lo que configuraba las conductas punibles por las que fue vinculada. Sin embargo, la medida restrictiva de privación de la libertad no fue desproporcionada, ya que la demandante permaneció bajo privación de la libertad durante un año y tres meses, y fue absuelta por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias, lo que implica que no existe responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿La Fiscalía encontró que existían indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos?¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto la demandante consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario…¿La interpretación que acogió la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento encuadraba dentro de la tipificación endilgada?
¿Los documentos públicos aportados con la demanda resultan suficientes para acreditar el pago de la condena que dio lugar a la acción de repetición? Sí
Los documentos públicos aportados con la demanda pueden acreditar el pago de la condena en la acción de repetición, sin que sea necesario el paz y salvo de los beneficiarios, siempre que resulten idóneos para acreditar la extinción de la obligación y hayan permanecido a disposición de las partes para su contradicción. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la entidad puede valerse de cualquier medio probatorio idóneo, y los documentos públicos evidencian la voluntad de la administración de reconocer la suma a favor de los beneficiarios de la condena. La segunda es que los documentos no fueron tachados de falsos ni controvertidos, y acreditan que el pago se hizo a la cuenta del apoderado judicial, quien tenía facultad para recibir. En consecuencia, se demostró el requisito del pago. Respecto de la prueba trasladada, la providencia reitera que solo procede su valoración cuando fue solicitada por la parte contra la que se aduce o se practicó con su audiencia. La nota de relatoría remite a una sentencia de 10 de septiembre de 2021 sobre la prueba del pago de la condena, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la valoración de la prueba trasladada?¿Cuál es la normatividad aplicable a la acción de repetición?¿Procede la valoración de los testimonios sospechosos?
¿Procede la acción de repetición en casos en los que la entidad estatal logra acreditar que existe culpa grave o dolo por parte del ex funcionario público en su actuar, por lo cual debe declararse la responsabilidad patrimonial del mismo, de lo contrario como en el caso concreto, no puede accederse a las pretensiones de la interesada por falta de prueba? Sí
El contratista no puede acceder a la acción de repetición en casos en los que la entidad estatal no logre acreditar la existencia de culpa grave o dolo por parte del ex funcionario público en su actuar, ya que la ley exige que se demuestre claramente la responsabilidad personal del agente estatal para que la entidad pueda ejercer la acción de repetición. La entidad debe probar la culpa grave mediante pruebas directas y no puede basarse únicamente en decisiones de otros procesos penales o disciplinarios. En el caso concreto, la Sala determinó que no había pruebas suficientes para acreditar la culpa grave del demandado, por lo que no procedió la acción de repetición. Esta decisión reitera la necesidad de una demostración clara y directa de la culpa grave o dolo para que la entidad estatal pueda ejercer la acción de repetición contra el ex funcionario, lo que implica que las entidades deben recopilar y presentar pruebas robustas en cada caso para poder acceder a esta acción.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante esta en la obligación de probar la conducta en la actuación desplegada por el demandado y por la cual requiere se declare la responsabilidad patrimonial del mismo…¿La entidad pública debe allegar medios de prueba que permitan establecer en forma individual y congruente el dolo o la culpa grave del exfuncionario del Estado?¿En procesos en los que se ventile un interés público, como lo es el de repetición, no procede la condena en costas procesales para la parte vencida?
¿En procesos de repetición resulta procedente una imputación en la que se alegue que el demandado incurrió en dolo y en culpa grave de manera concomitante? No
El contratista no puede imputar dolo y culpa grave de manera concomitante en un proceso de repetición, ya que no es posible que un funcionario actúe de manera consciente y voluntaria para causar un daño y, al mismo tiempo, no pretenda desmejorarlo; además, las partes no pueden modificar ni agregar aspectos a la controversia después de las oportunidades previstas para ello, como la demanda y su reforma. La entidad debe plantear las distintas imputaciones de forma separada y sustentarlas para garantizar el derecho de defensa del demandado. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y limita la posibilidad de introducir nuevos argumentos en el recurso de apelación, lo que implica que las partes deben ser precisas en sus alegaciones iniciales y no pueden sorprender a su contraparte con cargos nuevos en etapas posteriores del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Para la procedencia de la responsabilidad en procesos de repetición, se debe probar la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; el pago de la obligación reparatoria…¿La condena a una entidad estatal a través de un juicio previo y diferente al de la referencia, implica automáticamente la responsabilidad del agente o exagente estatal que eventualmente hubiere dado…¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la entidad demandante vencida en el proceso de repetición, considerando que con éste se persigue un interés público?
Sentencia Perspectiva de Género — Sentencia2023-08-09Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 05001233300020140164502LEY 1437 REPETICION
¿Se encontró acreditado el pago efectivo de la suma acordada en la conciliación, con los documentos públicos allegados por la entidad demandante? Sí
En el medio de control de repetición, el pago efectivo de la suma acordada en una conciliación puede acreditarse con cualquier medio de prueba idóneo, pues no existe una exigencia legal de solemnidad para demostrarlo. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la jurisprudencia ha señalado que el ordenamiento no establece un requisito ad solemnitatem o ad probationem para la prueba del pago, por lo que rige la libertad probatoria. Segunda, corresponde al juez valorar con fundamento en las reglas de la sana crítica los documentos públicos que la entidad aporte para demostrar el cumplimiento. En el caso, la entidad demandante aportó documentos públicos del pago, y la providencia revoca la decisión que había negado la acreditación. En la práctica, la entidad que deba probar el desembolso de una conciliación no está limitada a un único documento y puede acudir a los soportes públicos disponibles, siempre que sean valorados en conjunto.síntesis automática
También resuelve:¿El soldado demandado en repetición debe responder por lo pagado por la Administración con ocasión de un acuerdo conciliatorio, en el que se obligó a indemnizar a otros soldados…¿Hay lugar a reducir el monto de la condena en repetición, dadas las especiales circunstancias del caso, esto es, el actuar impulsado por un estado de ira…¿En vigencia del CPACA y el Código General del Proceso, hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en el proceso de repetición?
¿En casos de privación injusta de la libertad el juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad es irrazonable y desproporcionada, por lo cual debe determinar si el perjuicio que sufre la victima debe repararse bajo el titulo de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño? Sí
El juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad en casos de privación injusta es irrazonable y desproporcionada, determinando si el perjuicio sufrido por la víctima debe repararse bajo el título de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño. Esto implica que si el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del procesado ni materializar la conducta investigada, procede la indemnización del daño antijurídico, atribuyéndose la responsabilidad a la Rama Judicial en las etapas del proceso penal en las que tuvo competencia. La regla reitera la importancia de la proporcionalidad y razonabilidad en la restricción del derecho a la libertad, y subraya que la culpa exclusiva de la víctima no se configura en este caso, lo que implica que la reparación integral del daño es obligatoria para el Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la indemnización de perjuicios por privación injusta de la libertad cuando el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del sindicado ni materializar la conducta investigada…¿Procede la culpa exclusiva de la victima como causal eximente de responsabilidad del Estado cuando el demandante despliega conductas que permiten la causación del daño…¿La prueba del parentesco dentro del primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge, su compañero o compañera permanente, constituye presunción del perjuicio moral, sin embargo…
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión?¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas?¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
¿Existe un vicio que tiñe de ilegalidad la celebración del contrato 093 de 2008, desde su concepción, y conduce a afirmar que las reglas estructuradas en los pliegos nunca fueron portadoras del atributo de legalidad, ni pueden erigirse en título para reclamar de ellas algún derecho? Sí
El contratista no puede reclamar la legalidad de las reglas estructuradas en los pliegos de condiciones cuando estos fueron diseñados con la intención de favorecer ilegalmente a determinados proponentes, ya que la concepción de dichas reglas viola principios fundamentales de la contratación estatal como la selección objetiva y la transparencia. La Sala establece que la manipulación de los pliegos para apropiarse ilegalmente de recursos públicos y desfavorecer la competencia justa conduce a declarar la nulidad absoluta del contrato desde su concepción, independientemente de cómo se aplicaron esas reglas en el proceso de selección. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, reforzando la importancia de la legalidad desde la etapa precontractual y limitando las posibilidades de que actos administrativos ilegales puedan ser corregidos por su correcta aplicación posterior.síntesis automática
También resuelve:¿La nulidad absoluta de un contrato, además de hacerlo desaparecer del mundo jurídico, genera como consecuencia que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de su celebración y…¿Una vez celebrado el negocio jurídico, la ilegalidad de los actos previos únicamente puede invocarse como fundamento de la nulidad del contrato?¿La causal de nulidad por objeto ilícito tiene lugar cuando se transgrede una prohibición legal o constitucional, o por inobservancia de las previsiones de orden público en materia contractual?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso iniciado en ejercicio de la acción de repetición? Sí
Cuando una entidad pública es condenada al pago de perjuicios por actuación dolosa o gravemente culposa de sus servidores, la acción de repetición que promueve para obtener el reintegro de lo pagado corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de la apelación contra la sentencia del tribunal. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 90 de la Constitución y el artículo 20 de la Ley 678 de 2001 definen la repetición como una acción patrimonial contra el servidor, ex servidor o particular investido de función pública que haya dado lugar al reconocimiento indemnizatorio. Segunda, esta clase de debates está adscrita a la jurisdicción por el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, y por el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Tercera, la competencia se define porque se trata de una apelación contra una sentencia de tribunal dentro de un proceso de repetición. La providencia confirma la decisión y el documento no indica si cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de repetición para solicitar el reembolso de dineros pagados por una entidad pública producto de una condena judicial?¿La demanda fue presentadas dentro del término de caducidad estipulado para la acción de repetición?¿La norma aplicable en casos de la acción de repetición se determina por la vigente al momento de la ocurrencia de los hechos que llevaron a la condena de la entidad estatal?
¿La finalidad de los plazos de caducidad es garantizar seguridad jurídica y estabilidad en las situaciones jurídicas controvertidas? Sí
El contratista debe presentar la demanda dentro del plazo legal para evitar la caducidad del medio de control, lo cual garantiza la seguridad jurídica y la estabilidad en las situaciones controvertidas, al tiempo que protege el interés general y racionaliza el uso del aparato judicial. La caducidad es una limitación irrenunciable y de orden público que el juez debe declarar de oficio si el plazo legal ha vencido, lo que implica la pérdida del derecho de acción. Sin embargo, la entidad estatal no puede alegar caducidad si el afectado no conoce del hecho dañoso, como en el caso de una desaparición forzada, y la demanda se presenta mientras la víctima sigue desaparecida y sin pronunciamiento de la justicia penal. Esta regla reitera la importancia de la seguridad jurídica y la protección de los derechos adquiridos, matizando la aplicación de la caducidad en casos excepcionales donde el conocimiento del hecho dañoso es imposible.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la caducidad del medio de control, en atención a la desaparición de la víctima y la fecha de presentación de la conciliación extrajudicial y de la demanda?¿La declaración de responsabilidad extracontractual del Estado exige la existencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado conforme al artículo 90 de la Constitución Política?¿La desaparición forzada constituye un delito de lesa humanidad y una violación múltiple y continuada de derechos fundamentales y convencionales?
¿En el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió? Sí
Procede la Sala Plena de la Sección Tercera, con el fin de unificar la jurisprudencia en relación con I) los parámetros que se deben tener en cuenta para la tasación de los perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad y II) los criterios para reconocer indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro cesante a la persona que fue privada injustamente de su libertad… . El demandante [víctima] fue privado de su Derecho Fundamental a la Libertad desde el 1 de diciembre de 1998 hasta el 18 de agosto de 1999, sindicado como autor del delito de peculado por apropiación en provecho propio; sin embargo, en el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió.
También resuelve:¿La Fiscalía impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual se hizo efectiva el 1 de diciembre de 1998?¿La Sala se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada?¿El término de caducidad debe contabilizarse a partir de la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se precluyó o se absolvió al procesado?
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