Titulación de la relatoría 14.849 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no cuestionados en el recurso de apelación o sobre argumentos que no fueron planteados oportunamente en la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
El inciso primero del artículo 320 del Código General del Proceso (en adelante, el “CGP”) –aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA– establece que el recurso de apelación “tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.” En ese mismo sentido, el inciso primero del artículo 328 del CGP dispone que el juez de segunda instancia debe “pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.” (…) [C]omoquiera que una de las razones que fundamentaron la decisión del Tribunal consistente en negar las pretensiones de la demanda no fue impugnada, inclusive si la Sala accediera a todos los cargos del recurso de apelación interpuesto por IPC, la Sentencia de 31 de julio de 2024 no podría ser revocada para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. (…) [L]a Sala no realizará ningún pronunciamiento acerca de la pretensión de declaratoria de incumplimiento del contrato de interventoría No. 179 de 2010 formulada en la demanda –puesto que en su recurso de apelación IPC no insistió en ella– , y de los alegados defectos de planeación atribuibles a Acuavalle que habrían conducido a la mayor duración del plazo de ejecución del contrato –ya que estos no fueron siquiera mencionados en la demanda y solo fueron traídos a colación en el recurso de apelación.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320 INCISO 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
CONTRATISTA / DEBERES DEL CONTRATISTA / GASTOS DEL CONTRATISTA REALIZADOS PARA LOGRAR EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / PRÓRROGA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / RIESGO CONTRACTUAL / DURACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / PRESUPUESTO DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / FINALIDAD DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La prolongación del plazo de ejecución de un contrato genera, por sí sola, la obligación del contratante de reconocer y pagar los mayores costos asumidos por el contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l hecho de que un contratista incurra en gastos con ocasión de la prolongación del plazo de ejecución de un contrato no conduce automáticamente a que el contratante deba soportar esta consecuencia patrimonial, pues para ello debe demostrarse la existencia de una obligación a cargo de este último consistente en asumir o reconocer y pagar dichos gastos; obligación cuya fuente puede encontrarse, entre otras figuras, en la responsabilidad patrimonial del Estado, el enriquecimiento sin causa, la teoría de los riesgos contractuales, –y, como lo sostiene la parte demandante en este caso– el desequilibrio económico y la excesiva onerosidad sobrevenida del contrato, y respecto de cuya acreditación el artículo 1757 del Código Civil asigna la carga de la prueba a quien alega su existencia. La regla que viene de enunciarse no varía cuando lo que se pretende es el reconocimiento y el pago de los costos en los que haya incurrido un contratista con ocasión de la mayor duración del contrato, punto en relación con el cual la Sala coincide con IPC en que el hecho de que alguna iniciativa de suspender o prorrogar el contrato haya provenido del contratista no trae aparejado el fracaso de sus pretensiones pues, se insiste, lo determinante en este tipo de juicios consiste en establecer si existe una obligación a cargo del contratante. (…) [E]n atención al régimen prevalentemente de derecho privado de los actos y contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, a sus contratos no resultan aplicables las normas sobre la ruptura del equilibrio económico de los contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esto ha conducido a la Sala a concluir, en casos como el que en esta ocasión ocupa su atención, que (se trascribe): “el análisis de las pretensiones [de declaratoria de ruptura del equilibrio económico del contrato] se impone desde la óptica del derecho privado y, particularmente, del artículo 868 del Código de Comercio, que es la norma que habilita a pretender la revisión de lo pactado cuando circunstancias extraordinarias, imprevisibles y posteriores a la celebración del contrato, lo alteren de tal modo que para una de las partes resulte excesivamente oneroso su cumplimiento.” Contrario a lo afirmado por IPC en su recurso de apelación, en la contratación estatal sí existe “una diferencia sustancial e irreconciliable entre [la excesiva] onerosidad sobrevenida y [el] desequilibrio económico” del contrato. El artículo 868 del Código de Comercio es la norma positiva del ordenamiento jurídico colombiano que consagra la figura de la excesiva onerosidad sobrevenida. Ahora bien, como parte de la doctrina y la jurisprudencia se refieren a dicha figura como la teoría de la imprevisión, esto puede dar lugar a confundirla con la teoría de la imprevisión como supuesto de ruptura del equilibrio económico de los contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Aunque tanto la teoría de la imprevisión del derecho público – desarrollada a partir de la célebre decisión del Consejo de Estado francés de 30 de marzo de 1916– como la excesiva onerosidad sobrevenida del derecho privado –inspirada en el artículo 1467 del Código Civil italiano y cuyos orígenes se remontan al derecho medieval– buscan adaptar los contratos –en especial los de tracto sucesivo– a las realidades que pueden cambiar significativamente durante su ejecución, ambas instituciones jurídicas tienen fundamentos y requisitos diferentes para que proceda su aplicación. (…) La teoría de la imprevisión del derecho público tiene como propósito principal que no se detenga la ejecución de un contrato en el que estén involucradas la prestación de un servicio público o la satisfacción del interés general. En esta hipótesis de desequilibrio económico de los contratos estatales, el contratista que encuentra dificultades imprevistas y graves durante la ejecución del contrato debe continuar con esta y, precisamente por esa razón, inclusive con posterioridad a la finalización del contrato, puede obtener un alivio económico. Lo anterior, se insiste, está orientado por la finalidad de no comprometer la prestación de un servicio público o la satisfacción del interés general. (…) La excesiva onerosidad sobrevenida responde a una lógica distinta, pues esencialmente pretende remover, a futuro, las dificultades que se le presenten a alguna de las partes de un contrato durante su ejecución –lo que también supone, naturalmente, una finalidad de continuidad o no suspensión de la ejecución del negocio jurídico–. Por esta razón es que el artículo 868 del Código de Comercio exige que las circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato, deben alterar una “prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes”. Lo anterior es coherente con las potestades de ordenar el reajuste o la terminación del contrato que el inciso segundo de ese artículo otorga al juez, potestades cuyo ejercicio no tendría ningún sentido en relación con prestaciones ejecutadas o contratos terminados.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la prolongación en la ejecución del contrato, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 2 de agosto de 2024, rad. 69608, C. P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 18 de noviembre de 2024, rad. 69498, C. P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 3 de septiembre de 2020, rad. 42003, C. P. Alberto Montaña Plata y del 9 de mayo de 2024, rad. 53962, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Respecto a la teoría de la imprevisión, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 21 de febrero de 2012, rad. 11001-31-03-040-2006-00537-01. Respecto al pago de obligaciones no pactadas inicialmente en el contrato, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de 27 de julio de 2023, rad. 39121, C. P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757
PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INTERVENTORÍA / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / PRESUPUESTO DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Se acreditaron las causas que justificaron la prórroga de los convenios interadministrativos objeto de interventoría para la procedencia de las obligaciones reclamadas?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a suspensión y las prórrogas del plazo de ejecución del contrato de interventoría No. 179 de 2010 obedecieron a prórrogas, suspensiones o modificaciones de unos convenios interadministrativos celebrados por Acuavalle con el Municipio de Yumbo y de los contratos de obra que debían ser objeto de interventoría, circunstancias que, por sí solas, no pueden ser consideradas extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, máxime si se tiene en cuenta, por una parte, que el objeto del contrato consistía en realizar el seguimiento a unos contratos de obra, y, por otra parte, lo dispuesto en el parágrafo de la cláusula octava del contrato de interventoría. (…) Ahora bien, de conformidad con la regla general de la carga de la prueba que consagra el inciso primero del artículo 167 del CGP, le corresponde a la parte demandante acreditar el carácter extraordinario, imprevisto o imprevisible de las circunstancias posteriores a la celebración del contrato que hayan alterado o agravado las prestaciones de futuro cumplimiento a su cargo con fundamento en las cuales invoca la excesiva onerosidad sobrevenida. Así, para la prosperidad de este tipo de pretensiones, no basta con que las causas de prolongación del plazo de ejecución del contrato hayan consistido en “hechos y razones no imputables al contratista”; o, como en este caso, en la prórroga, suspensión o modificación de otros negocios jurídicos relacionados con el contrato de interventoría. Al echarse de menos cualquier esfuerzo probatorio de IPC tendiente a demostrar las causas que motivaron las prórrogas, suspensiones o modificaciones de los convenios interadministrativos celebrados por Acuavalle con el Municipio de Yumbo y de los contratos de obra que debían ser objeto de seguimiento en virtud del contrato de interventoría No. 179 de 2010, así como del carácter extraordinario, imprevisto o imprevisible de dichas circunstancias, la Sala concluye que la parte demandante en este proceso no satisfizo la carga de la prueba que le correspondía. Le asiste razón a IPC cuando afirma que el Tribunal no podía desestimar íntegramente el dictamen pericial aportado por la parte demandante para acreditar la suma de dinero que en este proceso pretende le sea reconocida, por “no [haber] aplica[do] la normativ[idad] legal at[inente] a la controversia”. Al respecto, basta con recordar lo dispuesto en los incisos primero y tercero del artículo 226 del CGP –aplicable por remisión del artículo 211 del CPACA– (se trascribe): “La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos (…) No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 para la prueba de la ley y de la costumbre extranjera (…)”. Así, el Tribunal no podía desestimar los aspectos técnicos del dictamen pericial ––los cuales, en cambio, debió valorar– por el solo hecho de que la prueba contuviera consideraciones de tipo jurídico, que son las únicas que resultan inadmisibles. (…) [E]l “c[á]lculo del costo por mayor permanencia en obra” efectuado por el ingeniero civil (...) no demuestra los costos en los que IPC habría incurrido con ocasión de la prolongación del plazo de ejecución del contrato de interventoría No. 179 de 2010. (…) Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala concluye que las pretensiones de la demanda estaban destinadas al fracaso y que el Tribunal acertó al negarlas en la Sentencia de 31 de julio de 2024.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 211, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 177, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 179
APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con el inciso primero del artículo 188 del CPACA y el numeral 3 del artículo 365 del CGP, se condenará en costas de esta instancia a IPC. Estas deberán ser tasadas y liquidadas por el tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3