Titulación de la relatoría 12.501 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / AUTO QUE REVOCA LA MEDIDA CAUTELAR / AUTO QUE NIEGA NUEVA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR / IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INVÍAS / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / MULTA AL CONTRATISTA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / INEJECUTABILIDAD DE LA MULTA / CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Debe revocarse el auto que decretó la medida cautelar, al no existir elementos para establecer procesalmente una relación directa entre la prohibición al Invías de declarar la caducidad del contracto y las pretensiones de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
En torno al primer argumento de apelación, referente a la orden al Invías de no expedir ningún acto tendiente a la declaratoria de caducidad del contrato, estando la demanda encaminada a refutar las imposiciones de multa, se advierte que si bien las pretensiones del libelo no buscaron enjuiciar formalmente la legalidad de tales sanciones pecuniarias, no es menos cierto, en primer lugar, que en los fundamentos fácticos sí se cuestionó que el Invías multara por incumplimiento a Concay S.A. cuando persistían las discrepancias sobre los APU-NP, y en segundo lugar, que en todo caso la medida cautelar reprochada no guarda relación directa ni necesaria con ese punto, ni con el petitum objeto del juicio, como lo exige el artículo 230 del CPACA. (…) [A]unque el Invías incurre en imprecisión al aducir que la demanda se interpuso “en contra de las Resoluciones No. 3888 del 3 de diciembre de 2021, y 1666 del 20 de mayo de 2022” -pues no hubo pretensión formal en ese sentido-, le asiste razón al indicar que, mientras en dicha demanda se expresaron reproches contra las multas impuestas en esos actos administrativos, el auto de medida cautelar rebasó ese punto del libelo para recaer sobre un procedimiento administrativo de declaratoria de caducidad que no se ha iniciado, y de cuyo propósito no obra prueba en el proceso. (…) Menos es posible relacionar, en los términos del artículo 230 del CPACA, la declaratoria de caducidad del contrato que hoy se le impide al Invías, con los reproches que la demandante y el a quo plantearon frente a las resoluciones de multa, pues a pesar de alegar que dicha sanción patrimonial no debió imponerse mientras estuviera pendiente la debida aprobación de los APU-NP, no se formularon pretensiones contra tales actos administrativos ni se solicitó la suspensión provisional de los mismos, por lo que mal podrían conjurarse los efectos de esas decisiones con la prohibición de declarar la caducidad, cuando la demandante no enjuició ni cuestionó las multas por los medios directos previstos en la ley, habiéndolas asociado, éstas sí, con las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / APELACIÓN DEL AUTO / COMPETENCIA FUNCIONAL / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de la apelación de autos dictados por los tribunales administrativos?
Respuesta al problema jurídico: Si
En atención a lo previsto en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoce, entre otros, de los recursos de apelación interpuestos en contra de los autos dictados por los tribunales administrativos. Ahora bien, a la Sala le asiste competencia funcional para resolver la mencionada impugnación en el presente caso, bajo la regla contenida en el artículo 125, numeral 2, literal h) del mismo CPACA, igualmente modificado por la Ley 2080 de 2021 (artículo 20). Por otro lado, se advierte que la apelación fue interpuesta en tiempo y, en general, sustentada por la parte interesada, por lo que en principio resulta procedente resolver en forma definitiva dicho medio de impugnación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia del Consejo de Estado para conocer de la apelación de autos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 25 de junio de 2014, rad. 49299, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 125 NUMERAL 2 LITERAL H, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 20
FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR / CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA CAUTELAR / TRÁMITE DE LA MEDIDA CAUTELAR / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / DERECHO DE DEFENSA / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / JUICIO DE PONDERACIÓN / PRINCIPIO DE PONDERACIÓN / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / CLASES DE MEDIDA CAUTELAR
Problema jurídico:
¿Las medidas cautelares fueron instituidas para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las medidas cautelares han sido instituidas en los procesos judiciales con el propósito de evitar que resulte nugatoria la sentencia que ponga fin a los mismos, amén de los cambios que puedan presentarse durante la actuación procesal, respecto de la situación que inicialmente dio lugar a la demanda. Así, de acuerdo con el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el propósito de tales medidas es “proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”, sin que ello implique prejuzgamiento puesto que, en todo caso, la decisión definitiva y de fondo sobre la existencia del derecho reclamado o la legalidad del acto acusado corresponde a la etapa de la sentencia, una vez superadas las demás fases del proceso y respetados los derechos de defensa y contradicción de las partes. En tal virtud, el examen que tiene cabida en sede de la medida cautelar es limitado, supeditado al principio de legalidad y afecto a estrictos criterios de proporcionalidad y ponderación de intereses. El artículo 230 del CPACA establece las distintas categorías de medidas cautelares de acuerdo a su finalidad (preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión), y abre paso, con ello, a un amplio catálogo que la misma norma sintetiza (…).
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 229, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230
SUSPENSIÓN DEL PROCESO / SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / SUSPENSIÓN DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR / REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DEMANDA / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL INTERÉS PÚBLICO / FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿En los eventos en que proceda la medida cautelar de suspensión provisional del procedimiento administrativo, el juez en ejercicio de su facultad discrecional, indicará las condiciones para que pueda reanudarse la actuación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n lo referente a la suspensión del procedimiento o actuación administrativa, prevista como medida cautelar en el numeral 2° (…) [del artículo 230 del CPACA], el legislador estableció como condición indispensable, la inexistencia de “otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción”, y señaló que, en cuanto ello fuere posible, “el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida”. Tal regulación se aprecia indispensable para salvaguardar, en efecto, los principios y derechos que eventualmente resulten comprometidos con la adopción de la medida; bienes jurídicos cuya afectación debe ser plenamente justificada a la luz de las normas que los consagran y del régimen que gobierne el asunto en litigio.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230 NUMERAL 2
AUTO QUE REVOCA LA MEDIDA CAUTELAR / AUTO QUE NIEGA MEDIDA CAUTELAR / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / IMPROCEDENCIA DE LA SANCIÓN / INVÍAS / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿La medida cautelar que ordenó al Invías abstenerse de iniciar nuevos procedimientos sancionatorios, cimentada en la imposición de multas ya efectuada por la entidad, debe ser revocada por tratarse de un asunto que debe ser abordado en el estudio de fondo de la sentencia?
Respuesta al problema jurídico: Si
[R]especto de la orden de no adelantar ningún otro procedimiento sancionatorio, traducido concretamente en la no imposición de nuevas multas como se desprende de la solicitud cautelar y de las motivaciones del auto apelado, y de cara a los argumentos que en este punto esboza el censor, se tiene lo siguiente: (…) [S]e tiene que si bien las pretensiones de la demanda -con las cuales debe guardar relación la medida cautelar- se encaminan a reivindicar, en efecto, los precios unitarios de ítems no previstos propuestos por el contratista sobre la base de ser tales ítems necesarios para cumplir con el contrato, y a atribuir responsabilidad al Invías por no proceder a su aprobación, el decreto de la medida cautelar se cimentó en la formulación de cuestionamientos a las multas impuestas por el Invías, al considerarse que las mismas no podían seguir imponiéndose a futuro mientras no se resolviera la controversia relativa a la aprobación de los APUNP, por ser éstos determinantes para cumplir con el programa de inversiones y la ejecución misma del contrato. De esta manera, el a quo tuvo por establecido que los ítems no previstos propuestos por Concay S.A. incidían en el programa de inversiones al que se obligó la contratista al suscribir el negocio jurídico, así como en las obras ya pactadas en él y conocidas por la demandante desde la presentación de la oferta en el proceso de selección, aspecto que es justamente el que debe dilucidarse en sentencia de mérito, y no en sede de la medida cautelar, no siendo ésta, además, de naturaleza anticipativa en el presente caso, por lo que no correspondía acoger de antemano una de las pretensiones de la demanda.
OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR / ALCANCE DE LA MEDIDA CAUTELAR / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL INTERÉS PÚBLICO / FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / INVÍAS / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / SATISFACCIÓN DE NECESIDADES GENERALES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La facultad sancionatoria otorgada por la ley a las autoridades administrativas dentro de la contratación estatal, debe ser ejercida para garantizar la correcta y eficiente ejecución del contrato en pro del interés público?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala también acoge el cuarto punto argumentativo de la apelación, referente a la falta de idoneidad de las medidas cautelares para favorecer o salvaguardar el interés público y al potencial que, por el contrario, entrañan tales medidas para ponerlo en riesgo, al restringirse de manera casi total la facultad sancionadora del Invías en el contrato materia de pleito y el ejercicio de prerrogativas para procurar el cumplimiento del mismo. (…) Cabe recordar que, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, la imposición de las multas procede precisamente con el propósito de apremiar al contratista para cumplir con las obligaciones pendientes de ejecución, lo que sirve justamente a los propósitos de carácter general, relacionados con la continua y eficiente prestación del servicio público y la adopción de medidas conminatorias para exigir y garantizar la marcha normal del contrato estatal. (…) En esa medida, impedirle a la entidad, casi totalmente, que ejerza las prerrogativas que la ley le otorga para procurar el cumplimiento del contrato y conjurar su ilegítima paralización, resulta gravoso para el interés público en una magnitud mayor a la que podría generarse con la denegación de las medidas decretadas en el auto apelado, más cuando, se reitera, las mismas no son idóneas siquiera para salvaguardar la sentencia eventualmente favorable a las específicas pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17