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IMPROCEDENCIA DE LA SANCIÓN

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Consejo de Estado Providencia

Resulta procedente declarar el incumplimiento del Contrato constructor operador

Sentencia — Sentencia 2022-11-23 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020170135401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente declarar el incumplimiento del Contrato constructor operador, dado que el municipio desatendió algunas de las obligaciones a su cargo; y negar las pretensiones de condena, considerando que la demandante no acreditó los perjuicios generados por tales incumplimientos, ni los presupuestos para la aplicación de las sanciones estipuladas en el contrato? Sí
El contrato constructor operador puede ser declarado incumplido si la entidad estatal desatendió sus obligaciones, como la entrega formal de bienes y la gestión de licencias y permisos. La demandante debe acreditar perjuicios y presupuestos para la aplicación de sanciones. En este caso, el municipio no cumplió con varias obligaciones, pero los perjuicios no fueron demostrados y los presupuestos necesarios no fueron acreditados, por lo que la pretensión de condena fue negada.síntesis automática
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-04-19 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 68001233300020220004401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe revocarse el auto que decretó la medida cautelar, al no existir elementos para establecer procesalmente una relación directa entre la prohibición al Invías de declarar la caducidad del contracto y las pretensiones de la demanda? Sí
En torno al primer argumento de apelación, referente a la orden al Invías de no expedir ningún acto tendiente a la declaratoria de caducidad del contrato, estando la demanda encaminada a refutar las imposiciones de multa, se advierte que si bien las pretensiones del libelo no buscaron enjuiciar formalmente la legalidad de tales sanciones pecuniarias, no es menos cierto, en primer lugar, que en los fundamentos fácticos sí se cuestionó que el Invías multara por incumplimiento a Concay S.A. cuando persistían las discrepancias sobre los APU-NP, y en segundo lugar, que en todo caso la medida cautelar reprochada no guarda relación directa ni necesaria con ese punto, ni con el petitum objeto del juicio, como lo exige el artículo 230 del CPACA.… Aunque el Invías incurre en imprecisión al aducir que la demanda se interpuso “en contra de las Resoluciones No. 3888 del 3 de diciembre de 2021…
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de la apelación de autos dictados por los tribunales administrativos? ¿Las medidas cautelares fueron instituidas para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia? ¿En los eventos en que proceda la medida cautelar de suspensión provisional del procedimiento administrativo, el juez en ejercicio de su facultad discrecional…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El cargo de la apelante resulta infundado

Sentencia — Sentencia 2025-02-21 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 88001233300020210002801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditó que la sentencia de primera instancia impuso a la aseguradora la asunción de riesgos de manera indiscriminada y a responder por la materialización de ellos indistintamente de su fuente? No
La aseguradora no asume de manera indiscriminada todos los riesgos que se materialicen en la ejecución de un contrato, sino que responde por los riesgos que la póliza cubre y por la cuantía de la pérdida que se acredite conforme al artículo 1077 del Código de Comercio. Cuando el contrato requiere liquidación y esta no se logra por mutuo acuerdo ni se practica unilateralmente, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales es de dos años, contados desde el vencimiento del plazo previsto para la liquidación bilateral y unilateral, según el artículo 164 del CPACA. En el caso concreto, la sentencia de primera instancia no impuso a la aseguradora la asunción indiscriminada de riesgos, porque la afectación de la póliza se determinó a partir de los recursos no invertidos y de la obligación de reintegro incumplida, y la demanda se presentó dentro del término de caducidad, por lo que la providencia confirmó la decisión. Como consecuencia práctica, la aseguradora solo responde por el riesgo amparado y la parte que reclame debe probar la cuantía de la pérdida, mientras que el término de caducidad se cuenta desde el vencimiento de los plazos de liquidación.síntesis automática
También resuelve: ¿En relación con la caducidad del medio de control de controversias contractuales, la demanda fue presentada oportunamente? ¿El régimen especial de prescripción de las acciones derivadas de los contratos de seguros consagrado en el Código de Comercio, es plenamente aplicable a la presente controversia? ¿El Código de comercio establece dos tipos de prescripciones en materia de seguros, la ordinaria que es de dos años y la extraordinaria que se configura con el paso de cinco años?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El contenido del acto demandado es claro

Sentencia — Sentencia 2024-09-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 68001233100020110072101 ACCION CONTRACTUAL
¿Teniendo en cuenta las prórrogas pactadas entre las partes para ampliar el plazo de entrega de cada obra, era improcedente imponer la multa por cumplimiento tardío de las obligaciones del contratista, estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones? Sí
El contratista no está obligado a pagar la multa por cumplimiento tardío estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones, cuando las partes han pactado una prórroga que amplía el plazo de entrega de las obras, ya que la sanción pierde su función de apremio y carece de objeto al momento de su imposición. La Sala modifica la decisión anterior que permitía la aplicación de la multa después de la prórroga, estableciendo que la entidad debe respetar el acuerdo alcanzado entre las partes para ajustar los plazos de ejecución del contrato. Esta regla implica que las partes deben negociar y ajustar los plazos del contrato en caso de atrasos, y que la entidad no puede aplicar sanciones posteriores a la prórroga sin una clara manifestación de intención en ese sentido.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato de obra pública celebrado entre Metrolínea y la Unión Temporal, se rigió por las normas de derecho privado concernientes a las actividades económicas y comerciales del mercado regulado? ¿Las decisiones sancionatorias proferidas por Metrolínea, al no tener la connotación de actos administrativos, no pueden ser objeto de estudio de legalidad para efectos de su declaratoria de nulidad? ¿La cláusula penal se entiende como una tasación anticipada de perjuicios, que puede hacerse efectiva a través de la multa, por un lado como un apremio al contratista para cumplir la obligación…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Salvamento parcial de voto: Salvamento voto

Salvamento voto — Salvamento de voto 2024-10-22 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 68001233100020110072101 ACCION CONTRACTUAL
¿En virtud del principio de seguridad jurídica, la Sala debió reconocer el precedente fijado por la Corporación en el asunto litigioso del que hicieron parte los extremos de este proceso, según el cual el régimen jurídico aplicable al Contrato era el Estatuto General de Contratación, por cuanto casos semejantes son fallados de igual manera? Sí
La posición mayoritaria de la Subsección optó por separarse del criterio fijado por esta Corporación en providencia del 12 de febrero de 2014 (expediente 48.117), según el cual el régimen jurídico aplicable al Contrato n° 002 de 2008 es el del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Aun cuando ese aserto no ostenta la entidad de alterar la conclusión frente a la ilegalidad de la multa impuesta a través de la Resolución n° 152 de 2011 -aspecto con el que este Despacho coincide-, no comparto que dicho negocio hubiese estado gobernado por el derecho privado, lo cual sí incide en la parte resolutiva.
También resuelve: ¿La multa al ser impuesta mediante acto administrativo, era pasible de nulidad, por virtud del sometimiento del contrato al estatuto general de contratación pública?