CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 52001-23-33-000-2020-00974-01 (67.526)
Actor: CONSORCIO ALIMENTACIÓN ESCOLAR PUTUMAYO 2019 Y OTROS
Demandado: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES -ALFM-
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
(AUTO)
Temas: La declaratoria de incumplimiento de un contrato puede decretarse luego de
terminado el plazo contractual, pero solo con el fin de hacer efectiva la cláusula penal,
y hasta antes de la liquidación del contrato – MEDIDAS CAUTELARES: solo son
procedentes cuando la ilegalidad del acto es evidente, al confrontarlo con la norma
invocada como violada.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra
del auto del 23 de julio de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño
(índice 2 del SAMAI), por medio del cual se negó la solicitud de medida cautelar,
consistente en la suspensión provisional de algunos actos administrativos.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda y medida cautelar:
Mediante demanda radicada el 24 de agosto de 2020, reformada en documento del 17
de diciembre de ese año, el Consorcio Alimentación Escolar Putumayo 2019, así como
sus integrantes individualmente considerados, esto es, la sociedad Veni Vidi Vici
Suministros S.A.S. y la Fundación de Profesionales al Servicio de la Seguridad
Alimentaria de Colombia, en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, previsto en el artículo 141 del C.P.A.C.A., se dirigieron en contra de la
Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con el fin de que se declarara la nulidad de
los siguientes actos administrativos: (i) la Resolución No. 1434 del 12 de diciembre de
2019, expedida por el Secretario General de la Agencia Logística de las Fuerzas
Militares, por medio de la cual se resolvió el procedimiento administrativo sancionatorio
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Radicación número: 52001-23-33-000-2020-00974-01 (67.526). Actor: Consorcio Alimentación Escolar Putumayo 2019 y otros. Demandado: Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
No. 003-019-2019; (ii) la Resolución No. 418 del 23 de abril de 2020, que resolvió el
recurso de reposición interpuesto en contra del anterior acto administrativo; (iii) la
Resolución No. 579 del 1 de julio de 2020, por medio de la cual se resolvió el
procedimiento administrativo sancionador 003-002-2020, y (iv) la Resolución 593 del
6 de julio de 2020, que resolvió el recurso de reposición presentado en contra de la
anterior.
Asimismo, solicitó que se le devolviera el monto de la cláusula penal indebidamente
impuesta, que se retiraran las sanciones inscritas en el RUP, que se declarara el
incumplimiento de la parte demandada -con su correspondiente indemnización de
perjuicios-, y que se liquidara judicialmente el contrato de suministro 001-010-20191.
En documento aparte (índice 2 del SAMAI), el apoderado de la parte actora presentó
una medida cautelar, por medio de la cual solicitó la suspensión provisional de los
actos administrativos referidos. Sumado a ello, pidió que se le ordenara a la ALFM que
se abstuviera de liquidar unilateralmente el contrato, dado que en la demanda se había
elevado la pretensión de liquidación judicial.
Para sustentar el decreto de la medida cautelar, se argumentó lo siguiente:
-Las Resoluciones 579 y 593 de 2020 se expidieron sin competencia temporal: cuando
estos actos fueron proferidos, ya se había vencido el término para liquidar bilateral y
unilateralmente, por lo que, desde ese momento, feneció la potestad administrativa de
la ALFM para declarar el incumplimiento del contrato 001-010-2019 y para hacer
efectiva la cláusula penal pecuniaria.
-La posibilidad de declarar el incumplimiento y de hacer efectiva la cláusula penal tiene
un límite temporal claro, esto es, el vencimiento del plazo de liquidación: aunque la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha avalado que se puede iniciar el proceso de
incumplimiento luego del vencimiento del contrato, el mismo solo puede orientarse a
hacer efectiva la cláusula penal, y solo hasta antes del vencimiento del término de
liquidación.
1 El contrato de suministro 001-010-2019 fue suscrito el 13 de febrero de 2019, el cual tenía por objeto
la entrega de 8’569.760 raciones -complementos alimentarios en la modalidad de almuerzos-, con el fin
de fortalecer la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en el departamento de
Putumayo. El valor del contrato era de $27.877’429.280, incluido el IVA y demás costos directos e
indirectos. Finalmente, su plazo era de 160 días del calendario escolar de 2019, contados desde el acta
de inicio y sin superar el 31 de diciembre de ese año.
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Radicación número: 52001-23-33-000-2020-00974-01 (67.526). Actor: Consorcio Alimentación Escolar Putumayo 2019 y otros. Demandado: Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
Como el término para liquidar venció el 29 de mayo de 2020 -porque el plazo
contractual feneció el 29 de noviembre de 2019-, es claro que después de esta fecha
la ALFM ya no podía imponer ningún tipo de sanción contractual.
-Las Resoluciones 1434 y 418 fueron expedidas sin garantizarse el derecho de
audiencia del contratista: una vez se notificó el pliego de cargos del proceso 003-019-
2019, el consorcio no fue oído por la ALFM, ni pudo realizar sus descargos, ni solicitar
pruebas, y mucho menos, controvertir las recolectadas por la entidad.
-La entidad demandada no tiene competencia para liquidar unilateralmente el contrato
de suministro 001-010-2019, porque en la demanda se elevó la pretensión de
liquidación judicial. Por lo mismo, todos los reclamos relacionados con el cumplimiento
del contrato habrán de solicitarse al juez.
2. Trámite de la medida cautelar y oposición de la demandada:
En auto del 8 de septiembre de 2020 (índice 2 del SAMAI), el Tribunal Administrativo
de Nariño corrió traslado a la parte accionada, por el término de 5 días, para que se
pronunciara frente a la medida cautelar.
El 23 de marzo de 2021, la ALFM se pronunció frente a la solicitud de medida cautelar,
oponiéndose a la misma (índice 2 del SAMAI).
Afirmó que los actos demandados se encuentran revestidos de todas las formalidades
requeridas por el ordenamiento jurídico. De esta forma, el proceso administrativo
sancionatorio inició y culminó dentro de los tiempos que legalmente tenía la entidad
para liquidar el contrato, con independencia del vencimiento de los términos previstos
en el pliego o en la minuta. Señaló, además, que: “[…] la ALFM al momento de la
expedición de las resoluciones recurridas contaba con abierta competencia temporal
(ratio temporis) para el adelantamiento del proceso, toda vez que, no habían
transcurrido los dos años siguientes que indica el inciso 3 del artículo 11 de la Ley
1150 de 2007; ni se había notificado del auto admisorio de la demanda que tuviese
como pretensión la liquidación judicial del mismo” (índice 2 del SAMAI).
Aseguró que al contratista no se le violó su derecho de audiencia y contradicción, en
tanto la diligencia administrativa se surtió con estricto cumplimiento de las garantías
procesales. Precisó que la audiencia se reprogramó en varias oportunidades, por lo
que la no presentación de los descargos no fue un asunto imputable a la
administración.
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Radicación número: 52001-23-33-000-2020-00974-01 (67.526). Actor: Consorcio Alimentación Escolar Putumayo 2019 y otros. Demandado: Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
Consideró que fue un error del apoderado del contratista desentenderse de la
diligencia del 10 de diciembre de 2019, y máxime cuando la solicitud de aplazamiento,
que debe presentarse con una antelación prudencial, se realizó formalmente ese
mismo día -en la noche del 9 de diciembre-.
Explicó que el primer proceso administrativo inició el 13 de noviembre de 2019, durante
la ejecución del contrato, por lo que en ese momento no se evidenciaron la totalidad
de incumplimientos en los que incurrió el contratista, y que fueron objeto del segundo
proceso sancionatorio. Por tanto, y dado que no se había abarcado la totalidad del
amparo de cumplimiento ni la totalidad de la cláusula penal, fue procedente iniciar con
el segundo procedimiento administrativo sancionatorio.
Aseveró que las decisiones cuestionadas fueron fundadas en pruebas, y que las
aportadas por el actor fueron debidamente valoradas. Inclusive, de la valoración de
ese material probatorio, se evidenció el incumplimiento del consorcio.
Señaló que la ALFM revocó el acto por medio del cual se pretendía liquidar
unilateralmente el contrato de suministro debatido, dado que era consciente de que,
una vez notificado el auto admisorio de la demanda, perdía competencia para liquidar.
Finalmente, sostuvo que los actos cuestionados gozaban de apariencia de buen
derecho, y que el actor omitió su obligación de probar, al menos sumariamente, la
existencia de los perjuicios que pretendía evitar con la petición de suspensión de los
efectos de los actos administrativos.
3. La decisión recurrida:
En auto del 23 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de Nariño negó la solicitud
de suspensión provisional de los actos administrativos demandados (índice 2 del
SAMAI). Luego de recapitular las disposiciones que regulan esta figura, señaló que la
suspensión provisional demanda la contradicción entre el acto acusado y la disposición
presuntamente violada.
Aclaró que, con la solicitud de medida cautelar, no se aportaron medios de prueba, por
lo que el aná
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