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Consejo de Estado Providencia

Recurso de apelación: Auto interlocutorio

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Fecha
2022-08-16
Radicado
52001233300020200097401
Número interno
67526
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO ALIMENTACIÓN ESCOLAR PUTUMAYO 2019, FUNDACIÓN DE PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE COLOMBIA -FUNDACIÓN SAC DE COL, VENI VIDI VICI SUMINISTROS S.A.S.-3V SUMINISTROS S.A.S.
Demandado
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Síntesis de la providencia

Recurso de apelación: Auto interlocutorio

Lo que dijo la Sala

Al presente proceso le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación del recurso de apelación –29 de julio de 2021–, esto es, el C.P.A.C.A. – incluyendo las modificaciones de la Ley 2080 de 2021, normativa que, salvo por las prescripciones que modificaron las competencias de los juzgados, de los tribunales administrativos y del Consejo de Estado, entró a regir el 25 de enero de 2021 – y el CGP, en los aspectos no contemplados en el primero.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿Cómo se determina cuál es la normatividad aplicable al recurso de apelación contra el auto que negó el decreto de medidas cautelares?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 2080 de 2021

También resuelve

  • ¿Cómo se determina la competencia para resolver el recurso de apelación contra el auto que niega la solicitud de medida cautelar?
  • ¿Hasta antes de la liquidación del contrato es el término con el que cuenta la entidad para la declaratoria de incumplimiento de un contrato luego de haber terminado el plazo contractual con el fin…
  • ¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo contractual que resuelve el proceso sancionatorio…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Condena en costas y agencias en derecho

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Consejo de Estado 2024-12-19 Sección Tercera (Subsección A)
El decreto de pruebas de oficio sólo procederá por iniciativa del juez y no a solicitud de parte, quien debe formular sus peticiones probatorias en las oportunidades previstas en la ley.
Consejo de Estado 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C)
En consonancia, el numeral 1 del artículo 243 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, prevé que el recurso de apelación procede contra el auto que rechace la demanda o su reforma y será decidido en Sala numeral 2 del artículo 125 CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021.
Consejo de Estado 2024-06-28 Sección Tercera (Subsección A)
Deben tenerse en cuenta las reglas establecidas en el reglamento interno de la Corporación -Acuerdo 080 de 2019
Consejo de Estado 2024-10-23 Sección Tercera (Subsección C)
El despacho confirmará la decisión apelada
Consejo de Estado 2022-09-23 Sección Tercera (Subsección A)
Corresponde a la Sala adoptar la presente decisión
Consejo de Estado 2024-05-31 Sección Tercera (Subsección A)
No puede el demandante desconocer sus propias afirmaciones
Titulación de la relatoría 12.376 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

RECURSO DE APELACIÓN / AUTO QUE DECIDE RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO INTERLOCUTORIO / APELACIÓN DEL AUTO / AUTO QUE NIEGA EL DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / AUTO QUE NIEGA NUEVA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cómo se determina cuál es la normatividad aplicable al recurso de apelación contra el auto que negó el decreto de medidas cautelares? Respuesta al problema jurídico: Si Al presente proceso le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación del recurso de apelación –29 de julio de 2021–, esto es, el C.P.A.C.A. – incluyendo las modificaciones de la Ley 2080 de 2021, normativa que, salvo por las prescripciones que modificaron las competencias de los juzgados, de los tribunales administrativos y del Consejo de Estado, entró a regir el 25 de enero de 2021 – y el CGP, en los aspectos no contemplados en el primero. FUENTE FORMAL: LEY 2080 DE 2021 RECURSO DE APELACIÓN / APELACIÓN DEL AUTO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO INTERLOCUTORIO / AUTO QUE NIEGA NUEVA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cómo se determina la competencia para resolver el recurso de apelación contra el auto que niega la solicitud de medida cautelar? Respuesta al problema jurídico: Si Según el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado conocerá -en segunda instancia- de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. Por su parte, el numeral 5 del artículo 243 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, prescribe que será apelable el auto que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar. Finalmente, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 125 del C.P.A.C.A. 5, es competencia de esta Subsección resolver sobre la apelación en contra del auto que deniega una medida cautelar -en este caso, la suspensión provisional de algunos actos administrativos-. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 125, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 243 NUMERAL 5, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 62 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN / APELACIÓN DEL AUTO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO INTERLOCUTORIO / AUTO QUE NIEGA NUEVA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR / SUSPENSIÓN PROVISIONAL / APELACIÓN DEL AUTO QUE NIEGA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / APELACIÓN DEL AUTO QUE RESUELVE SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / SUSPENSIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO DE SUMINISTRO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Problema jurídico: ¿Hasta antes de la liquidación del contrato es el término con el que cuenta la entidad para la declaratoria de incumplimiento de un contrato luego de haber terminado el plazo contractual con el fin de hacer efectiva la cláusula penal? Respuesta al problema jurídico: Si Le corresponde a la Sala determinar si, en el presente caso, es procedente ordenar la suspensión provisional de las Resoluciones 579 y 593 de 2020, por haber sido expedidas sin competencia temporal. Lo anterior, en consideración a que fueron proferidas luego de que se venciera el término de 6 meses previsto para liquidar bilateral y unilateralmente el contrato. (...) La parte actora considera que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha avalado la posibilidad de declarar el incumplimiento luego del vencimiento del término contractual, pero solo con el fin de hacer efectiva la cláusula penal, y hasta antes de que se liquide el contrato o se venza el tiempo de la liquidación. Por su parte, la ALFM afirmó que, con la Ley 1150, la posibilidad de liquidar el contrato se extendió hasta el término de caducidad, por lo que, al momento de proferir las Resoluciones 579 del 1 de julio de 2020 y 593 del 6 de julio siguiente, la administración gozaba de competencia para tramitar el procedimiento administrativo sancionador. Ciertamente, esta Corporación ha precisado que, diferente a la declaratoria de caducidad y a la imposición de las multas -que solamente pueden ocurrir durante la vigencia del contrato-, la declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal puede surtirse luego del vencimiento del plazo, teniendo como único límite temporal la liquidación. (...) [E]sta Subsección expresó: “Atendiendo a esa misma lógica, en lo que atañe a la cláusula penal como mecanismo indemnizatorio de perjuicios, esta Subsección ha discurrido que la declaratoria de incumplimiento encaminada a hacer efectiva aquella podrá realizarse luego de vencerse el plazo contractual, autorización que, como se anotará en el acápite siguiente, no podrá hacerse extensiva en el evento en que esa declaratoria se produzca con miras a imponer una multa […]”11. Bajo estos términos, si bien es cierto que en vigencia del Decreto 222 de 1983 y de la Ley 80 de 199312, la Sección Tercera estimó que la competencia temporal para hacer efectiva la cláusula penal se extendía hasta el vencimiento de los términos de las liquidaciones bilateral y unilateral, esto es, 6 meses, la Sala considera que el razonamiento no puede ser idéntico para los contratos regulados por la Ley 1150 de 2007, porque esta normativa, como ya se señaló, permite que el contrato sea liquidado durante el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. En este punto, no puede olvidarse que la Sala no está realizando un análisis del fondo de la controversia, sino que su competencia se limita a definir si es procedente decretar la medida cautelar de suspensión provisional, la cual contempla ciertos requisitos, como pasa a explicarse: La suspensión provisional se encuentra prevista en el artículo 238 de la Constitución Política, el cual reza: “La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”. Esta figura ha sido explicada por esta Subsección en los siguientes términos: “La suspensión provisional […], como medida cautelar, es una figura excepcional y restrictiva, derivada del principio de legalidad, la cual tiene por objeto suspender los atributos de fuerza ejecutoria y ejecutiva del acto administrativo, en protección de los derechos –subjetivos y/o colectivos– que se pueden ver conculcados con su expedición. En este orden de ideas, dicha figura constituye un importante instrumento para evitar que los actos contrarios al ordenamiento jurídico continúen surtiendo efectos, al menos mientras se decide de fondo sobre su constitucionalidad o legalidad”. MEDIDA CAUTELAR / CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA CAUTELAR / MEDIDA CAUTELAR EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / SUSPENSIÓN PROVISIONAL / SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / SUSPENSIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo contractual que resuelve el proceso sancionatorio, teniendo en cuenta que hay diferencia entre el término para liquidar el contrato y el término de caducidad? Respuesta al problema jurídico: Si Para la procedencia de esta medida cautelar, el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 exige que se reúnan los siguientes requisitos: “i) que la violación surja del ‘… análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud …’ y ii) en el evento que se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, que se pruebe, al menos sumariamente, la existencia de éstos”. 14- 15. Teniendo esto presente, si se confrontan los argumentos del actor con las disposiciones invocadas como violadas -artículo 17 de la Ley 1150 y la jurisprudencia que ha precisado el límite temporal para hacer efectiva la cláusula penal- se tiene que la ilegalidad no es evidente, por cuanto la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal se extiende hasta el término de la liquidación, lo cual, con la Ley 1150, puede realizarse durante el término de caducidad. Dado que no existe una norma que expresamente limite la competencia de la administración para hacer efectiva la cláusula penal -restrinja el ejercicio de esta facultad-, ya que el límite se reduce a que no se haya liquidado el contrato o se haya vencido dicho término, el análisis de la falta de competencia temporal, a partir del sentido del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, es un asunto que corresponderá al fondo del litigio, por lo que en esta instancia procesal -la de la medida cautelar- la suspensión provisional resulta improcedente. Aunque es verdad, como lo precisa el recurrente, que el término para liquidar los contratos es diferente al de la caducidad, con la normativa vigente es perfectamente posible que los negocios jurídicos se liquiden durante este tiempo -salvo que se notifique el auto admisorio de la demanda-, razón que, se reitera, hace que la ilegalidad invocada no sea evidente, siendo necesario confirmar la decisión del tribunal, consistente en negar la medida cautelar. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231 AUTO QUE DECIDE RECURSO DE APELACIÓN / APELACIÓN DEL AUTO / AUTO QUE NIEGA EL DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR / MEDIDA CAUTELAR / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / SUSPENSIÓN PROVISIONAL / IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL / SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR / CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los parámetros para la condena en costas y la fijación de las agencias en derecho cuando no prospera el recurso de apelación de auto? Respuesta al problema jurídico: Si Los numerales 1 y 8 del artículo 365 del CGP disponen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando se demuestren causadas, en la medida de su comprobación. De conformidad con la precitada disposición, la Sala condenará en costas a la parte actora, recurrente en el presente asunto, pues en esta providencia se confirma la decisión del a quo, que negó la suspensión provisional de algunos actos administrativos16. Así las cosas, el artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por la totalidad de las expensas sufragadas durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Por su parte, ha de señalarse que las costas serán liquidadas de manera concentrada en la secretaría del Tribunal de origen, según lo consagrado en el artículo 366 ibídem. De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en materia de tarifas de agencias en derecho se tiene en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizadas por el apoderado o por la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso, y demás circunstancias especiales que permitan valorar la labor jurídica desarrollada; específicamente, fijó como tarifa de agencias en derecho en los recursos contra autos entre 1/2 y 4 S.M.L.M.V. Según lo dispuesto en el artículo 2 del acuerdo citado, se advierte que la gestión del apoderado del extremo demandado no revistió complejidad especial. En ese sentido, se fija como agencias en derecho la suma de 1/2 salario mínimo mensual legal vigente. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365
Texto extraído del PDF oficial 44.762 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 52001-23-33-000-2020-00974-01 (67.526) Actor: CONSORCIO ALIMENTACIÓN ESCOLAR PUTUMAYO 2019 Y OTROS Demandado: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES -ALFM- Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (AUTO) Temas: La declaratoria de incumplimiento de un contrato puede decretarse luego de terminado el plazo contractual, pero solo con el fin de hacer efectiva la cláusula penal, y hasta antes de la liquidación del contrato – MEDIDAS CAUTELARES: solo son procedentes cuando la ilegalidad del acto es evidente, al confrontarlo con la norma invocada como violada. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra del auto del 23 de julio de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño (índice 2 del SAMAI), por medio del cual se negó la solicitud de medida cautelar, consistente en la suspensión provisional de algunos actos administrativos. I. ANTECEDENTES 1. Demanda y medida cautelar: Mediante demanda radicada el 24 de agosto de 2020, reformada en documento del 17 de diciembre de ese año, el Consorcio Alimentación Escolar Putumayo 2019, así como sus integrantes individualmente considerados, esto es, la sociedad Veni Vidi Vici Suministros S.A.S. y la Fundación de Profesionales al Servicio de la Seguridad Alimentaria de Colombia, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, previsto en el artículo 141 del C.P.A.C.A., se dirigieron en contra de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con el fin de que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) la Resolución No. 1434 del 12 de diciembre de 2019, expedida por el Secretario General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por medio de la cual se resolvió el procedimiento administrativo sancionatorio 2 Radicación número: 52001-23-33-000-2020-00974-01 (67.526). Actor: Consorcio Alimentación Escolar Putumayo 2019 y otros. Demandado: Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Referencia: Medio de control de controversias contractuales. No. 003-019-2019; (ii) la Resolución No. 418 del 23 de abril de 2020, que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del anterior acto administrativo; (iii) la Resolución No. 579 del 1 de julio de 2020, por medio de la cual se resolvió el procedimiento administrativo sancionador 003-002-2020, y (iv) la Resolución 593 del 6 de julio de 2020, que resolvió el recurso de reposición presentado en contra de la anterior. Asimismo, solicitó que se le devolviera el monto de la cláusula penal indebidamente impuesta, que se retiraran las sanciones inscritas en el RUP, que se declarara el incumplimiento de la parte demandada -con su correspondiente indemnización de perjuicios-, y que se liquidara judicialmente el contrato de suministro 001-010-20191. En documento aparte (índice 2 del SAMAI), el apoderado de la parte actora presentó una medida cautelar, por medio de la cual solicitó la suspensión provisional de los actos administrativos referidos. Sumado a ello, pidió que se le ordenara a la ALFM que se abstuviera de liquidar unilateralmente el contrato, dado que en la demanda se había elevado la pretensión de liquidación judicial. Para sustentar el decreto de la medida cautelar, se argumentó lo siguiente: -Las Resoluciones 579 y 593 de 2020 se expidieron sin competencia temporal: cuando estos actos fueron proferidos, ya se había vencido el término para liquidar bilateral y unilateralmente, por lo que, desde ese momento, feneció la potestad administrativa de la ALFM para declarar el incumplimiento del contrato 001-010-2019 y para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. -La posibilidad de declarar el incumplimiento y de hacer efectiva la cláusula penal tiene un límite temporal claro, esto es, el vencimiento del plazo de liquidación: aunque la jurisprudencia del Consejo de Estado ha avalado que se puede iniciar el proceso de incumplimiento luego del vencimiento del contrato, el mismo solo puede orientarse a hacer efectiva la cláusula penal, y solo hasta antes del vencimiento del término de liquidación. 1 El contrato de suministro 001-010-2019 fue suscrito el 13 de febrero de 2019, el cual tenía por objeto la entrega de 8’569.760 raciones -complementos alimentarios en la modalidad de almuerzos-, con el fin de fortalecer la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en el departamento de Putumayo. El valor del contrato era de $27.877’429.280, incluido el IVA y demás costos directos e indirectos. Finalmente, su plazo era de 160 días del calendario escolar de 2019, contados desde el acta de inicio y sin superar el 31 de diciembre de ese año. 3 Radicación número: 52001-23-33-000-2020-00974-01 (67.526). Actor: Consorcio Alimentación Escolar Putumayo 2019 y otros. Demandado: Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Referencia: Medio de control de controversias contractuales. Como el término para liquidar venció el 29 de mayo de 2020 -porque el plazo contractual feneció el 29 de noviembre de 2019-, es claro que después de esta fecha la ALFM ya no podía imponer ningún tipo de sanción contractual. -Las Resoluciones 1434 y 418 fueron expedidas sin garantizarse el derecho de audiencia del contratista: una vez se notificó el pliego de cargos del proceso 003-019- 2019, el consorcio no fue oído por la ALFM, ni pudo realizar sus descargos, ni solicitar pruebas, y mucho menos, controvertir las recolectadas por la entidad. -La entidad demandada no tiene competencia para liquidar unilateralmente el contrato de suministro 001-010-2019, porque en la demanda se elevó la pretensión de liquidación judicial. Por lo mismo, todos los reclamos relacionados con el cumplimiento del contrato habrán de solicitarse al juez. 2. Trámite de la medida cautelar y oposición de la demandada: En auto del 8 de septiembre de 2020 (índice 2 del SAMAI), el Tribunal Administrativo de Nariño corrió traslado a la parte accionada, por el término de 5 días, para que se pronunciara frente a la medida cautelar. El 23 de marzo de 2021, la ALFM se pronunció frente a la solicitud de medida cautelar, oponiéndose a la misma (índice 2 del SAMAI). Afirmó que los actos demandados se encuentran revestidos de todas las formalidades requeridas por el ordenamiento jurídico. De esta forma, el proceso administrativo sancionatorio inició y culminó dentro de los tiempos que legalmente tenía la entidad para liquidar el contrato, con independencia del vencimiento de los términos previstos en el pliego o en la minuta. Señaló, además, que: “[…] la ALFM al momento de la expedición de las resoluciones recurridas contaba con abierta competencia temporal (ratio temporis) para el adelantamiento del proceso, toda vez que, no habían transcurrido los dos años siguientes que indica el inciso 3 del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; ni se había notificado del auto admisorio de la demanda que tuviese como pretensión la liquidación judicial del mismo” (índice 2 del SAMAI). Aseguró que al contratista no se le violó su derecho de audiencia y contradicción, en tanto la diligencia administrativa se surtió con estricto cumplimiento de las garantías procesales. Precisó que la audiencia se reprogramó en varias oportunidades, por lo que la no presentación de los descargos no fue un asunto imputable a la administración. 4 Radicación número: 52001-23-33-000-2020-00974-01 (67.526). Actor: Consorcio Alimentación Escolar Putumayo 2019 y otros. Demandado: Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Referencia: Medio de control de controversias contractuales. Consideró que fue un error del apoderado del contratista desentenderse de la diligencia del 10 de diciembre de 2019, y máxime cuando la solicitud de aplazamiento, que debe presentarse con una antelación prudencial, se realizó formalmente ese mismo día -en la noche del 9 de diciembre-. Explicó que el primer proceso administrativo inició el 13 de noviembre de 2019, durante la ejecución del contrato, por lo que en ese momento no se evidenciaron la totalidad de incumplimientos en los que incurrió el contratista, y que fueron objeto del segundo proceso sancionatorio. Por tanto, y dado que no se había abarcado la totalidad del amparo de cumplimiento ni la totalidad de la cláusula penal, fue procedente iniciar con el segundo procedimiento administrativo sancionatorio. Aseveró que las decisiones cuestionadas fueron fundadas en pruebas, y que las aportadas por el actor fueron debidamente valoradas. Inclusive, de la valoración de ese material probatorio, se evidenció el incumplimiento del consorcio. Señaló que la ALFM revocó el acto por medio del cual se pretendía liquidar unilateralmente el contrato de suministro debatido, dado que era consciente de que, una vez notificado el auto admisorio de la demanda, perdía competencia para liquidar. Finalmente, sostuvo que los actos cuestionados gozaban de apariencia de buen derecho, y que el actor omitió su obligación de probar, al menos sumariamente, la existencia de los perjuicios que pretendía evitar con la petición de suspensión de los efectos de los actos administrativos. 3. La decisión recurrida: En auto del 23 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de Nariño negó la solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos demandados (índice 2 del SAMAI). Luego de recapitular las disposiciones que regulan esta figura, señaló que la suspensión provisional demanda la contradicción entre el acto acusado y la disposición presuntamente violada. Aclaró que, con la solicitud de medida cautelar, no se aportaron medios de prueba, por lo que el aná

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=520012333000202000974011100103