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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el contenido fiel de sus pretensiones lo afirma y se constata desde los albores del proceso

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Fecha
2025-03-21
Radicado
68001233300020180057401
Número interno
69224
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO NACIONAL DE INGENIEROS CONTRATISTAS CONIC S.A., CONSORCIO NACIONAL DE INGENIEROS
Demandado
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el contenido fiel de sus pretensiones lo afirma y se constata desde los albores del proceso

Regla de decisión

La sentencia anterior que decide de forma definitiva sobre el contrato configura cosa juzgada en el proceso posterior.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

Se configura el fenómeno de la cosa juzgada cuando una providencia judicial anterior resuelve de forma definitiva la controversia sobre el incumplimiento de un contrato específico, impidiendo su discusión en un proceso posterior. El demandante promovió un juicio respecto del contrato No. 491 de 1977 y modificó sus pretensiones para dirigirlas expresamente hacia dicho contrato, sobre el cual la entidad propuso las excepciones de caducidad y cosa juzgada, constatándose la existencia de un pronunciamiento definitivo previo sobre la misma controversia contractual debatida por las partes.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se configura el fenómeno de la cosa juzgada cuando una sentencia anterior resolvió de forma definitiva la controversia relacionada con el incumplimiento de un contrato específico, lo que impide que dicho asunto sea nuevamente discutido en un proceso posterior?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 141

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

El actor promovió un juicio de incumplimiento respecto del contrato No. 491 de 1977. El contenido fiel de sus pretensiones lo afirma y, además, se constata desde los albores del proceso, pues ante la inadmisión de la demanda que hiciera el a quo para que el demandante “adecuara las pretensiones de la demanda, señalando cuál es el contrato demandado del cual solicita la declaratoria de su existencia o su nulidad, o que se ordene su revisión o se declare su incumplimiento, de conformidad con lo señalado en el Artículo 141 del CPACA”, éste modificó sus pedimentos y los dirigió expresamente hacia el contrato 491 de 1977.… De tal forma se trabó la litis y la entidad pública, bajo dicha plataforma, ejerció su derecho de defensa proponiendo las excepciones de caducidad y cosa juzgada, entre otras, contra los cargos de incumplimiento contractual atribuidos por el demandante en sus diversas pretensiones.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COSA JUZGADA PRETENSIONES DE LA DEMANDA FIJACIÓN DEL LITIGIO SENTENCIA ACTUACIÓN ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN ACUERDO DE CONCILIACIÓN MÉRITO EJECUTIVO DE LA SENTENCIA OBLIGACIÓN EXPRESA SENTENCIA JUDICIAL PROCESO EJECUTIVO COMITÉ DE CONCILIACIÓN ACTA DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN MEDIOS DE PRUEBA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA ACCIÓN CONTRACTUAL CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO HERMENÉUTICA JURÍDICA ACCIÓN PROCESAL CÓDIGO CIVIL APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL CONTRATACIÓN ESTATAL MODIFICACIÓN DE LA NORMA INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO INAPLICACIÓN DE LA NORMA VIGENCIA DE LA NORMA ACTO ADMINISTRATIVO VALIDEZ DE LA NORMA INVÍAS ACCIÓN DE NULIDAD PRINCIPIO DE CONGRUENCIA RECURSO DE APELACIÓN PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD DERECHO AL DEBIDO PROCESO PARTE DEMANDADA JUICIO PRESCRIPCIÓN CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LEY 446 DE 1998 VIGENCIA DE LA LEY 446 DE 1998 ALCANCE DE LA COSA JUZGADA CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA SENTENCIA EJECUTORIADA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA FUENTE DEL DAÑO CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS INTERÉS PÚBLICO INTERPRETACIÓN DE LA NORMA CONDUCTA TEMERARIA DEL APODERADO LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES AGENCIAS EN DERECHO SEGUNDA INSTANCIA

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Titulación de la relatoría 25.872 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / COSA JUZGADA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FIJACIÓN DEL LITIGIO / SENTENCIA / ACTUACIÓN ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿Se configura el fenómeno de la cosa juzgada cuando una sentencia anterior resolvió de forma definitiva la controversia relacionada con el incumplimiento de un contrato específico, lo que impide que dicho asunto sea nuevamente discutido en un proceso posterior? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l actor promovió un juicio de incumplimiento respecto del contrato No. 491 de 1977. El contenido fiel de sus pretensiones lo afirma y, además, se constata desde los albores del proceso, pues ante la inadmisión de la demanda que hiciera el a quo para que el demandante “adecuara las pretensiones de la demanda, señalando cuál es el contrato demandado del cual solicita la declaratoria de su existencia o su nulidad, o que se ordene su revisión o se declare su incumplimiento, de conformidad con lo señalado en el Artículo 141 del CPACA”, éste modificó sus pedimentos y los dirigió expresamente hacia el contrato 491 de 1977. (…) De tal forma se trabó la litis y la entidad pública, bajo dicha plataforma, ejerció su derecho de defensa proponiendo las excepciones de caducidad y cosa juzgada, entre otras, contra los cargos de incumplimiento contractual atribuidos por el demandante en sus diversas pretensiones. A su vez, en los fundamentos de derecho el actor estableció como eje de su reclamo el contrato 491 de 1977, indicando que mediante sentencia proferida en 1987 por el Consejo de Estado se reconoció el derecho de Conic S.A, al pago completo de las sumas derivadas de su ejecución, sin descuentos; a partir de allí indicó que se constataba el desequilibrio de la ecuación contractual del citado negocio jurídico al no haberse hecho la devolución de las sumas deducidas. El marco en que se fijó el litigio, que no es asunto formal sino sustantivo, permite colegir que asiste razón al a quo al declarar configurada la cosa juzgada respecto del incumplimiento del contrato 491 de 1977, pues tal pedimento fue desatado por la jurisdicción en sentencia del 6 de agosto de 1987, proferida por el Consejo de Estado (Rad. 3886). De modo que la sentencia proferida en 1987 agotó en materia y tiempo la posibilidad de proponer infracciones y/o incumplimientos derivados del contrato 491 de 1977. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MÉRITO EJECUTIVO DE LA SENTENCIA / OBLIGACIÓN EXPRESA / SENTENCIA JUDICIAL / PROCESO EJECUTIVO Problema jurídico: ¿Constituye la existencia de una sentencia judicial ejecutoriada sobre el cumplimiento de un contrato determinado un impedimento para reabrir su discusión en un proceso posterior, en virtud de los efectos de la cosa juzgada y de la caducidad procesal? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a vía ejecutiva se erige en el cauce procesal directo para exigir el cumplimiento del derecho incorporado en una sentencia –ya no del contrato, pues tal asunto quedó definido– o de un documento que preste mérito ejecutivo, como sería, por ejemplo, un acuerdo conciliatorio provisto de los atributos de claridad, certeza, y exigibilidad. De esta manera, la sentencia judicial o el acuerdo que presta mérito ejecutivo, al ser portadora de una decisión que explicita, precisamente, obligaciones claras, expresas y exigibles, queda dotada de atributo o mérito ejecutivo sin posibilidad de abrir o reabrir la compuerta para renovar discusiones relacionadas con los antecedentes que la motivaron, explicitados en la causa petendi de la demanda y los medios exceptivos que le fueron opuestos. [E]l reclamo de incumplimiento relativo al contrato 491 de 1977 fue desatado en la sentencia de segunda instancia proferida en 1987 por el Consejo de Estado, y lo no debatido en ese proceso –por el efecto de cierre de la caducidad– está proscrito para ser definido ante la jurisdicción. Esta circunstancia, respalda el pronunciamiento del a quo sobre la configuración de la excepción de cosa juzgada, bastando ello para clausurar íntegramente la discusión objeto del sub lite, cobijando ambos grupos de pretensiones, de cara a los términos planteados por el actor en su demanda. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / COMITÉ DE CONCILIACIÓN / ACTA DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN / MEDIOS DE PRUEBA Problema jurídico: ¿Constituyen las actas internas del comité de conciliación decisiones administrativas con efectos jurídicos vinculantes que permitan fundamentar una pretensión por incumplimiento contractual? Respuesta al problema jurídico: No [E]l demandante planteó que la presunta desatención de las actas internas del comité de conciliación del 6 de mayo, y 13 y 26 de agosto de 1998 era la forma en que se constituía el incumplimiento del contrato 491 de 1977, lo que liga el objeto y la razón de la pretensión como elementos de una misma proposición ya decidida. (…) [L]a naturaleza de las citadas actas impide tenerlas como fuente de responsabilidad en sí mismas, en tanto no contienen una decisión de la Administración de la que se desprenda un juicio de incumplimiento. Se trató de actuaciones relacionadas con el interés de la entidad de llegar, en ese momento, a un posible acuerdo conciliatorio. Bajo este entendido, las pretensiones primera a tercera de la demanda carecen de objeto en sí mismas, al estar referidas al desconocimiento de unas actas que no tienen aptitud para ser aducidas en juicio, a lo que se agrega que tales pedimentos ni siquiera versan sobre el desconocimiento del acuerdo conciliatorio que alcanzaron las partes el 30 de octubre de 1998. PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA / ACCIÓN CONTRACTUAL / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / HERMENÉUTICA JURÍDICA / ACCIÓN PROCESAL / CÓDIGO CIVIL / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL Problema jurídico: ¿Antes del Decreto 01 de 1984 se podían aplicar las reglas de prescripción civil en demandas contractuales contra el Estado? Respuesta al problema jurídico: Si Antes de la entrada en vigor del Decreto 01 de 1984 –Código Contencioso Administrativo– no se había establecido un término específico para instaurar la acción contractual, de manera que se acudía a las normas civiles relativas a la prescripción extintiva de las acciones ordinarias prevista en el art. 2536 del Código Civil. Posteriormente, el art. 136 del CCA (normativa que entró a regir el 1 de marzo de 1984), estableció que para las acciones “relativas a contratos, el término de caducidad ser[í]a de dos (2) años”. (…) El art. 87 del mismo estatuto, dispuso que esta acción constituía el cauce procesal para resolver pretensiones relacionadas con la existencia o nulidad del contrato celebrado con una entidad pública, su revisión y las condenas o restituciones consecuenciales; también se ocupaba del incumplimiento, con su respectiva indemnización de perjuicios, y otras declaraciones. (…) Aún al amparo de dicha disposición, se entendió que la acción contractual resultaba imperfecta, pues las declaraciones que podían promoverse por esta vía se limitaban a los enunciados allí descritos dejando por fuera pretensiones diversas asociadas a otras formas de responsabilidad en el ámbito contractual; de manera que para llenar tal vacío debía acudirse a las normas generales atinentes a la prescripción como forma de extinguir las acciones judiciales, prevista en el capítulo III, del Título XLI del Código Civil, particularmente el art. 2536. Evidentemente, las normas del Decreto 01 de 1984 -CCA- respondían al sistema contractual previsto en el Decreto 222 de 1983 37, es decir, se estableció una coherencia normativa entre el estatuto procesal y las disposiciones que regulaban la contratación de las entidades públicas, las cuales distinguían entre contratos administrativos y contratos de derecho privado de la administración, haciendo conteste la acción judicial con la disputa formulada, incluida la restricción que traía el art. 87 del CCA. La Ley 80 de 1993, por su parte, estableció disposiciones relativas a la “prescripción de las acciones de responsabilidad contractual” de las entidades, servidores públicos, contratistas, consultores, interventores y asesores a los que refiere el artículo 55. (…) La citada Ley 80 debía acompasarse con las previsiones del Decreto 01 de 1984, norma procesal que continuó rigiendo hasta que fue expedida la Ley 1437 de 2011 – CPACA. La hermenéutica entre tales disposiciones llevó a la tarea de conciliar institutos como el de la caducidad de la acción contractual prevista por el CCA en dos años, frente a los términos de prescripción introducidos en los arts. 50 y 55 de la Ley 80 de 1993. (…). Con la entrada en vigor de la Ley 446 de 1998, se definió el alcance del art. 87 relativo a la acción contractual, y se unificó su término de caducidad en dos años según los eventos descritos en el art. 136.10 ib., siendo premisa de cómputo de esta normativa “la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”, seguida de hipótesis relativas a otras modalidades de ejecución contractual. NOTA DE RELATORÍA: Sobre al término de las acciones contractuales para ser instauradas con anterioridad al Código Contencioso Administrativo, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Espediente S-2, Sentencia, 9 de marzo de 1998, Ponente: Joaquín J. Jarava del Castillo. El control de constitucionalidad del artículo 136 (parcial) del Decreto 01 de 1984, y la confrontación del término de caducidad de la acción de controversias contractuales frente al término de prescripción establecido en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 se realizó por la Corte Constitucional en sentencia C-574 de 1998. Ver: Corte Constitucional, sentencia C-574/98, expediente D-2026, ponente: Antonio Barrera Carbonell. Sobre la inaplicabilidad para las controversias contractuales del término de prescripción para la acción civil prevista en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Acción contractual, Sentencia, 9 de octubre de 1997, Ponente: Daniel Suárez Hernández. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 87, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 55, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2536 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA / ACCIÓN CONTRACTUAL / CONTRATACIÓN ESTATAL / MODIFICACIÓN DE LA NORMA / INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA Problema jurídico: ¿El término de caducidad introducido por la Ley 446 de 1998 eliminó la necesidad de acudir a reglas supletorias de prescripción civil en las acciones contractuales contra el Estado? Respuesta al problema jurídico: Si [A]unque las figuras atinentes a la caducidad y a la prescripción tienen ámbitos diferenciados de aplicación, las finalidades que persiguen revelan puntos de encuentro que han servido para resolver, a través de la segunda de ellas, los casos en que la ley procesal no hizo una definición específica de los términos de caducidad de las acciones contencioso-administrativas. Evidencia de lo anterior, como se explicó líneas atrás, es que antes de la expedición del CCA se acudía directamente a las previsiones del art. 2536 del Código Civil que regula la prescripción extintiva de las acciones ordinarias, ello ante la indefinición de un plazo para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Luego, el Decreto 01 de 1984, en su texto original, fijó el término de caducidad de dos años para la acción contractual (art. 136) que aplicaba a las pretensiones indicadas en el art. 87, de modo que, para los reclamos no contemplados en este dispositivo de control se seguía la regla general de prescripción de las acciones del estatuto civil. Con la Ley 446 de 1998 el legislador se ocupó de establecer un término único de caducidad para las controversias contractuales, cualquiera que estas fueran, de manera que a partir de esa ley, ya no existía un vacío normativo que llenar. (…) [L]a Corte Constitucional, (...) subrayó que el único entendimiento posible de los preceptos contenidos en los arts. 50 y 55 de Ley 80 de 1993, se fundó en el alcance insuficiente y restrictivo del artículo 87 del CCA; de este modo, al perder su función jurídico procesal y fundamento teleológico, tales normas devienen inaplicables para situaciones ocurridas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998 (lo que ocurrió el 8 de julio de 1998). NOTA DE RELATORÍA: Sobre los efectos del tránsito normativo en punto a la distinción y complementariedad entre los institutos de caducidad y prescripción en el marco de la contratación estatal, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Acción contractual, Sentencia, 28 de junio de 2024. Sobre la diferencia entre las instituciones de la caducidad y la prescripción, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Acción contractual, Providencia, 27 de mayo de 2004. Sobre la regulación de la caducidad de las acciones contractuales a partir de la ley 446 de 1998, que en su artículo 44 modificó el artículo 136 del C.C.A, ver: Corte Constitucional, sentencia C-574/98, expediente D-2026, ponente: Antonio Barrera Carbonell. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 55, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2536 CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA / CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INAPLICACIÓN DE LA NORMA / COMITÉ DE CONCILIACIÓN / ACTA DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN / VIGENCIA DE LA NORMA / ACTO ADMINISTRATIVO / VALIDEZ DE LA NORMA / INVÍAS / ACCIÓN DE NULIDAD Problema jurídico: ¿Las actas del Comité de Defensa Judicial y Conciliación de una entidad pública pueden constituir actos demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala desestimará los argumentos que insisten en el alcance y oportunidad de los reclamos fundados en las omisiones aducidas por el incumplimiento de las actas del Comité de Defensa Judicial y Conciliación de Invías en los términos de los arts. 50 y 55 de la Ley 80 de 1993, puesto que no tiene ninguna incidencia que una de tales actas se hubiera emitido el 6 de mayo de 1998, pues ya sea antes o después de la entrada en vigor de la referida Ley 446, en cualquier caso, tales documentos no corresponden a actos susceptibles de enjuiciamiento, ni siquiera bajo el reproche de constituir una abstención de la entidad pública. FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 55 PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN / PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PARTE DEMANDADA / JUICIO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Puede el juez de segunda instancia considerar un nuevo argumento introducido por la parte actora en el recurso de apelación, que no fue incluido en la demanda ni debatido en juicio? Respuesta al problema jurídico: No [E]n el recurso de apelación la parte actora pretendió cambiar el petitum de la demanda al indicar que este asunto estaba referido al acuerdo conciliatorio, excediendo el marco de sus pretensiones. (…) Sobre el nuevo planteamiento, la Sala se abstendrá de considerarlo en tanto supondría una vulneración de los principios de congruencia, preclusión e imparcialidad, y correlativamente del derecho al debido proceso de la entidad demandada, en la medida que lo consignado en el recurso de apelación no fue traído a juicio por la parte actora y, por ende, la demandada no tuvo oportunidad de pronunciarse en concreto sobre dicho acuerdo. PRESCRIPCIÓN / PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA / SENTENCIA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / ACCIÓN CONTRACTUAL / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / LEY 446 DE 1998 / VIGENCIA DE LA LEY 446 DE 1998 / CONTRATACIÓN ESTATAL Problema jurídico: ¿Es jurídicamente procedente aplicar el término de prescripción del artículo 2536 del Código Civil a una acción contractual contra el Estado? Respuesta al problema jurídico: No [A]nte el argumento del actor de que debía aplicarse el término de prescripción del art. 2536 ib., conforme a la sentencia del 9 de agosto de 2012, Rad.18301, de la Sección Cuarta de esta Corporación, que resolvió la demanda de nulidad de normas referidas a la reclamación al Estado por pagos efectuados en exceso, además de las consideraciones expuestas, la Sala resalta [que] [e]n dicho pronunciamiento, más allá de ratificar la pauta general que remite a las normas de prescripción de las acciones ordinarias del Código Civil en los casos de vacío legal, lo cierto es que su análisis desemboca en la reglamentación de un asunto de estirpe tributario, el cual, ni sustancial ni procedimentalmente es aplicable u oponible a asuntos de naturaleza contractual, pues además de corresponder a un régimen especial diverso, en el caso del EGCAP desde la Ley 446 de 1998, se cuenta con una regla que unificó todo lo relativo a la caducidad de la acción de controversias contractuales y que se mantiene bajo el CPACA. En este sentido, la invocación de dicha jurisprudencia por el impugnante carece de pertinencia, y confirma la decisión de desestimar los referidos cargos. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011, LEY 446 DE 1998, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2536 COSA JUZGADA / ALCANCE DE LA COSA JUZGADA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SENTENCIA EJECUTORIADA / EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACTO ADMINISTRATIVO / FUENTE DEL DAÑO Problema jurídico: ¿Puede configurarse la cosa juzgada material cuando existe identidad de objeto, causa petendi y actos administrativos entre dos procesos, aunque el actor haya omitido formular alguna pretensión en el primero de estos? Respuesta al problema jurídico: Si Este instituto [cosa juzgada] tiene lugar cuando entre dos procesos judiciales se presenta una serie de identidades que impiden en un segundo juicio pronunciarse sobre aquellas cuestiones sobre las que se concreta tal coincidencia. (…) [E]l objeto del proceso se encuentra definido tanto por las declaraciones que en concreto se solicitan de la administración de justicia (petitum), como por el pronunciamiento específico del órgano judicial en la parte resolutiva de la respectiva sentencia. La causa petendi o causa de pedir, hace referencia a las razones que sustentan las peticiones del demandante ante el juez; contiene, de una parte, una serie de hechos concretos que fundamentan lo pedido y, de otra, un componente constituido no sólo por las normas jurídicas sino, también, por el específico proceso argumentativo que sustenta la anotada adecuación. En suma, es posible afirmar que la causa petendi es aquel grupo de hechos jurídicamente calificados de los cuales se busca extraer una concreta consecuencia jurídica. El ordenamiento jurídico prevé la figura de la cosa juzgada y para su configuración precisa de la concurrencia de tres identidades entre un proceso y otro: identidad de objeto, identidad de causa petendi, e identidad jurídica de las partes –a excepción hecha de los casos en que, por mandato legal, se excluya el factor subjetivo como determinante en su configuración. Esta trilogía de elementos, adoptada de manera uniforme en nuestro sistema legal, tiene como punto de partida la necesaria existencia de una decisión de fondo debidamente ejecutoriada, de la cual emana una prohibición general de activar, conocer y resolver nuevamente un caso ya decidido. (…) En este sentido, la sentencia del Consejo de Estado de febrero de 2010 zanjó todo asunto relacionado con los cuestionamientos referidos a tales resoluciones [nulidad 6465 de 1995 y 922 de 1996 proferidas por el INVIAS], conclusión que no se altera por la decisión, yerro u omisión del actor de no haber formulado en ese momento un pedido relacionado con el alcance del restablecimiento, al que tardíamente aspiró. Lo anterior quedó evidenciado en los apartes del fallo previamente transcrito. Acorde a lo anterior, es evidente que contrario a lo alegado por la parte actora en el recurso de apelación, el referido proceso de nulidad y restablecimiento del derecho sí constituye cosa juzgada material frente al presente asunto (…). En línea con lo anterior, la conclusión sobre la cosa juzgada que operó a través del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, también fue reconocida al decidir en segunda instancia el medio de control de reparación directa (…), instaurado por Conic S.A. contra el Invías. (…).Esta Subsección en fallo del 4 de diciembre de 2020, declaró probada la excepción de cosa juzgada al advertir que tanto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, como en el medio de control de reparación directa, la fuente del daño residió en los actos administrativos ya indicados; (…). En dicha providencia, la Sala señaló que en materia contencioso-administrativa la fuente del daño que se afirma irrogada es la que determina la acción idónea o procedente a efectos de lograr la consideración del asunto por parte del juez, y ello, a su vez, fija la técnica apropiada en la formulación de las pretensiones y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los efectos de la cosa juzgada, ver: Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019, expediente D-12659, ponente: Alberto Rojas Ríos. Respecto de la configuración de la excepción de cosa juzgada en la nulidad y restablecimiento del derecho y en la reparación directa cuando la fuente del daño son los mismos actos administrativos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Acción de reparación directa, Sentencia del 4 de diciembre de 2020, Ponente: José Roberto Sáchica. Respecto a la fuente del daño como criterio para determinar la acción idónea o procedente en sede de lo contencioso administrativo, ver: (i) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia, Fecha de la providencia: 13 de mayo de 2009, Radicado: 15.652, Ponente: Mauricio Fajardo Gómez; y, (ii) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2008, radicado 15.906, ponente: Mauricio Fajardo Gómez. CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / INTERÉS PÚBLICO / HERMENÉUTICA JURÍDICA / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA Problema jurídico: ¿Debe imponerse condena en costas solo cuando se advierta una manifiesta carencia de fundamento legal en la actuación de alguna de las partes? Respuesta al problema jurídico: No La interpretación del artículo 188 del CPACA, con la reforma indicada [artículo 47 de la Ley 2080 de 2021] (…), no conduce a que su imposición dependa exclusivamente de la ausencia de sustento legal, sino que la norma debe ser leída en clave hermenéutica, esto es, por su efecto útil, finalista y bajo el criterio histórico que acompaña su formación, (…) [L]a condena en costas atiende al carácter objetivo de quien es vencido, y en todo caso se impondrá cuando exista una “manifiesta carencia de fundamento legal”. (…) Entonces, cuando la norma utiliza la referencia “en todo caso” hace alusión a que incluso en los casos en que de manera expresa y por vía general no procedan las costas, como ocurre en los procesos en los que se ventilen intereses públicos , el juez debe imponer tal condena si advierte que éstos se elevaron con carencia manifiesta de fundamento legal, pues así se impone una limitante a quienes optaran por usar estos mecanismos para congestionar, trabar, desarticular, o procurar cualquier otra intención que no fuera la de realmente proteger intereses generales. [S]i se acogiera la interpretación de que solo hay lugar a la condena en costas cuando haya una manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda, ello implicaría que ésta solo procedería en contra de la parte demandante, lo que no hace sentido a la teleología misma del instituto de las costas. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47 CONDENA EN COSTAS / CONDUCTA TEMERARIA DEL APODERADO / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Debe imponerse condena en costas a la parte actora vencida en segunda instancia, sin necesidad de calificar su conducta como temeraria? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 188 del CPACA, adicionado por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, y en armonía con el art. 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas a la parte actora en segunda instancia, en la medida que fracasaron los cargos formulados en su apelación. Dicha condena no requiere la apreciación o calificación de una conducta temeraria, sino la verificación objetiva de quién resultó vencido. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. Respecto a las agencias en derecho, éstas se rigen por el Acuerdo PSAA1610554 de 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, (…) sin que en ningún caso se puedan desconocer los rangos de las tarifas mínimas y máximas señaladas por el artículo 5 de esta misma normativa, que para los asuntos declarativos de segunda instancia con cuantía, fija una tarifa mínima de un (1) SMLMV y una máxima de (6) SMLMV. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA1610554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201800574011100103