Titulación de la relatoría 27.142 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, toda vez que dentro de las pretensiones de la demanda se pidió la declaratoria de nulidad de unas resoluciones expedidas por el Instituto Nacional de Vías INVIAS y la declaratoria del desequilibrio e incumplimiento contractual respecto de un contrato celebrado por la misma entidad estatal. Así mismo le corresponde a la Sala resolver el presente proceso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 del CPACA, norma vigente al momento de presentación de la demanda, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Risaralda y de conformidad con la estimación de las pretensiones realizada en la demanda, según las previsiones de los artículos 152 y 157 del mismo código.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 157
LEGITIMACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / LEGITIMACIÓN EN EL PROCESO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN POR PASIVA / LEGITIMACIÓN POR ACTIVA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONTRATANTE / CONTRATISTA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Los extremos procesales se encuentran legitimados para ser parte del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se acogieron parcialmente las pretensiones de la demanda1?
Respuesta al problema jurídico: Si
El INVIAS, de un lado, y las sociedades Cubides & Muñoz Ltda. y Lavicon Ltda. y el señor E. A. C. L. -integrantes del Consorcio Progreso Risaralda- del otro, se encuentran legitimados por pasiva y por activa, respectivamente, por ser las partes contratante y contratista del Contrato de Obra No. 1589 de 2005, en torno al cual gira la presente controversia.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MULTA AL CONTRATISTA / EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales para obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados, fue presentado dentro de la oportunidad legal?
Respuesta al problema jurídico: Si
Teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Vías - INVIAS es una entidad pública descentralizada del orden nacional que se encuentra sometida a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, sus contratos de tracto sucesivo o de ejecución continuada cuyo cumplimiento se extiende en el tiempo, deben ser objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de dicha ley, norma conforme a la cual dicho procedimiento debe efectuarse dentro del término fijado en el pliego de condiciones o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. Así mismo, se sujeta a lo dispuesto en el artículo 61 ibídem, en relación con la liquidación unilateral del contrato por parte de la entidad a través de un acto administrativo, en caso de no presentarse el contratista para la liquidación o si las partes no llegan a un acuerdo, evento en el cual, frente al silencio de la ley sobre el término para ello, resulta aplicable el criterio jurisprudencial imperante en la época de celebración del contrato, conforme al cual el plazo para efectuar dicha liquidación unilateral, sería de 2 meses. En el presente caso, la cláusula vigésima cuarta del Contrato 1589 de 2005 dispuso que la liquidación debía efectuarse de acuerdo con lo establecido en la Ley 80, pero no estableció un plazo específico para la liquidación bilateral, por lo que resulta aplicable el término supletivo de los cuatro meses a los que alude el artículo 60; lo que sí dispuso el contrato fue que, para tales efectos, el término empezaría a contabilizarse a partir del acta de recibo definitivo o final de obra, que se suscribiría máximo dentro de los 45 días calendario siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato (f. 60 vto., c. 1). El contrato de obra suscrito por las partes el 8 de septiembre de 2005, tenía un plazo inicial de ejecución de 24 meses, contados a partir de la fecha de la orden de iniciación -cláusula cuarta- (f. 55 vto., c. 1); no obstante, fue objeto de múltiples prórrogas, siendo la última de ellas la No. 12 del 21 de julio de 2010, en la cual se prorrogó el plazo del contrato “(…) hasta el 20 de Agosto de 2010” (f. 96, c. 1). Las partes suscribieron el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra el 22 de septiembre de 2010 (f. 839, c. 1-4), por lo que, a partir del día siguiente 23 de septiembre, empezaron a correr los 4 meses para la liquidación de común acuerdo -que no se produjo-; y vencido este plazo el 23 de enero de 2011, a partir del día siguiente corrieron los dos meses con los que contaba la entidad para liquidar unilateralmente, los cuales vencieron el 24 de marzo de 2011. En consecuencia, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales, de dos años, empezó a correr a partir del 25 de marzo de 2011 e iba hasta el 25 de marzo de 2013, razón por la cual resulta evidente que, aún sin tener en cuenta la suspensión por cuenta del trámite de conciliación extrajudicial que se llevó a cabo a partir de la solicitud presentada por el consorcio el 14 de febrero de 2012 y que culminó con la constancia expedida el 2 de mayo de 2012 por la Procuraduría Judicial II en Asuntos Administrativos No. 38 (f. 357 a 360, c. 1-1), la demanda radicada el 17 de agosto de 2012 se presentó oportunamente.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61
MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / RECONOCIMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / CONSORCIO / REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / VALOR INICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / ADICIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PLAZO / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EXPERIENCIA PROFESIONAL / EXPERTICIA / DICTAMEN PERICIAL / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Problema jurídico:
¿El aumento en las cantidades de obra y las condiciones climatológicas y de orden público desequilibraron económicamente el contrato 1589 de 2005, en las diferentes formas y con los efectos que aduce el demandante?
Respuesta al problema jurídico: No
[A]nte la identificación de las mayores cantidades de obra a ejecutar, al consorcio demandante no se le impuso realizar las obras contratadas sin ajuste alguno en las condiciones iniciales -como incluso era factible según lo pactado en el contrato- conllevando a que el plazo fuese imposible de cumplir y los pagos resultaran insuficientes; lo que se observa es que las partes de común acuerdo y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, definieron las acciones necesarias para garantizar la ejecución del negocio jurídico acordando las nuevas cantidades, prorrogando el plazo de ejecución y adicionando el valor del contrato y el anticipo, sin que el contratista haya discutido la legalidad de estos acuerdos, ni replicado frente a su contenido. Se advierte, igualmente, que la demandante no desconoció la suscripción de las actas de mayores cantidades, ni de las prórrogas y adiciones, como tampoco afirmó la existencia de algún vicio del consentimiento para impugnar su contenido, sino que se limitó a obviar su contenido y alcance, lo que resulta insuficiente para desconocer su voluntad expresada en esos acuerdos y desatender los principios de normatividad e intangibilidad que los ampara. Si bien está acreditado que el contrato requirió la ejecución de mayores cantidades de obra para cumplir con su objeto, no se allegó medio de prueba tendiente a demostrar que tal circunstancia hubiere excedido las vicisitudes y particularidades sobrevinientes propias del negocio jurídico celebrado, ni la experiencia y nivel de conocimiento que como contratista especializado en estos asuntos debían tener los integrantes del consorcio contratista, pues aunque el demandante solicitó la elaboración de un dictamen pericial para tal finalidad, posteriormente desistió de su decreto y práctica. Por otra parte, las modificaciones efectuadas al negocio jurídico evidencian que ante la ocurrencia de las circunstancias descritas por la parte actora y por solicitud suya, se adoptaron las medidas necesarias para superarlas ajustando las condiciones del contrato de común acuerdo. Finalmente, debe indicarse que, en un sistema de pago por precios unitarios, los valores resultantes no son líquidos, ciertos y fijos, como ocurre en los contratos a precio global, sino que se determinan a partir de una fórmula matemática en la que los precios unitarios contenidos en los APU’s son una constante y los volúmenes de obra y los montos de la prestación económica son cambiantes. Por ello, resulta impropio afirmar que la modificación de esas variables es una condición imprevisible, extraordinaria y causa per se de un desequilibrio económico del negocio jurídico, ya que en este tipo de modelos si se procura demostrar una sobreviniente ruptura de la conmutatividad obligacional, es preciso atacar y demostrar que los APU’s inicialmente pactados, como única condición estática de la fórmula, resultaron insuficientes de forma real y grave de cara a las nuevas circunstancias, con un impacto suficiente para requerir una medida judicial que recomponga el desbalance y los efectos económicos adversos e importantes que sufrió el contratista constructor en su compromiso de cumplir sus obligaciones y satisfacer el interés público subyacente a todo contrato estatal; a pesar de lo anterior, esto no fue alegado ni acreditado por el demandante. En este orden, el aumento de las cantidades de obra no afectó la ecuación financiera del contrato, pues toda actividad adicional ejecutada, era reconocida por la entidad contratante en cada acta de pago por hito terminado conforme a los APU’s acordados.
DANE / INSUMOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / CARRETERA / PUENTE VEHICULAR / PRECIO / AJUSTE DE PRECIO / FIJACIÓN DEL PRECIO / INCREMENTO DEL PRECIO / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRECIO DEL CONTRATO / PRECIO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRECIO DEL COMBUSTIBLE / FALTA DE LA PRUEBA DEL COSTO
Problema jurídico:
¿El incremento de los insumos por aumento en el barril del petróleo fue solventado con la fórmula de reajuste pactada en el contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
El ICCP es un instrumento estadístico que permite conocer el cambio porcentual promedio de los precios de los principales insumos requeridos para la construcción de carreteras y puentes. Es calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, mes a mes, para ocho grupos de obra, que representan las actividades o ítems lógicos para la construcción de carreteras o puentes y que pueden agruparse bajo el mismo nombre por efecto de la similitud del proceso y la combinación de factores productivos necesarios para desarrollar cada una de las actividades implicadas. Los precios se toman de una muestra de establecimientos económicos especializados en la venta y prestación de servicio de alquiler de equipos y suministro de salarios de mano de obra y distribuidores de materiales para la construcción de carreteras y puentes (…). Frente a este instrumento de medición estadística, la parte demandante aseguró que no contempló el real impacto que tuvo el incremento del barril del petróleo, pero no precisó la causa que sustenta su dicho. En este sentido, no explicó ni demostró cuál fue el error en el que incurrió el DANE en los análisis de precios de mercado, construcción de canastas de insumos y definición de variaciones de índices de construcción, como tampoco la mayor onerosidad que el fenómeno alcista presuntamente causó a sus obligaciones. Si bien adujo que ello causó un desbalance de $1.154’137.904 en detrimento suyo, no explicó el volumen de combustibles, asfaltos y derivados que adquirió y que supuestamente se afectaron con la condición alcista, pues no precisó ni acreditó la época en que los adquirió ni por cuál precio lo hizo, ni aportó comparativos que permitan evidenciar que el alza afirmada fue desproporcionada y atípica. De hecho, el demandante ni siquiera es claro al precisar en qué momento se presentó el aumento del petróleo que alega y por ende de los insumos, ya que el testimonio del señor J. S., como ingeniero integrante de Saleh Torres Ltda. que intervino en la obra y único medio de prueba relacionado, generalizó y asoció la circunstancia a toda la ejecución del contrato, pero sin ningún asidero documental ni técnico que dote de solidez sus afirmaciones, sin que en el recurso de apelación se hubieren explicado motivos que lleven a convalidar lo dicho por el testigo. En este sentido, el supuesto desbalance por el alza de los combustibles no deja de ser una mera especulación desprovista de prueba.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE CARRETERA / CARRETERA
Problema jurídico:
¿El oficio 287-IG-73-016 del 26 de enero de 2010 de la interventoría modificó la extensión del tramo 1 La María - El Español?
Respuesta al problema jurídico: No
El Tribunal de instancia consideró que el oficio 287-IG-73-016 del 26 de enero de 2010, por el cual la interventoría solicitó al contratista la terminación de la obra en el tramo La María – El Español hasta el K12+400, sí modificó el trazado, restándole 3.9 Km a la extensión inicial que se extendía hasta el K15+990, tal como se desprendía del acta de entrega y recibo final de obra del 22 de septiembre de 2010. Según el a quo, ese oficio fue avalado por la Dirección Territorial Risaralda del INVIAS, como consta en el memorando DT-RIS 39371 del 5 de julio de 2011, transcrito en la Resolución 5210 de 2011. La Dirección Territorial Risaralda del INVIAS en ningún momento aceptó, convalidó o refrendó una orden inexistente de reducción del tramo 1. Por el contrario, en el memorando DT-RIS 39371 del 5 de julio de 2011 precisó que “(...) si bien es cierto que existe una comunicación de la interventoría dirigida al contratista en el cual le solicita enfocar la terminación de la obra (...) este debe interpretarse como lo que es, es decir, una instrucción de enfocar la terminación, o sea, invertir preferencialmente los recursos sin pasarse de esta abscisa con el propósito de no dejar a medio construir sectores intermedios que después pudieran por (sic) no haberse pavimentado”. En consecuencia, es claro que la instrucción de la interventoría no consistió en una reducción de la meta física de la obra contratada, variando el objeto del negocio jurídico, sino que correspondió a una solicitud al contratista, ante sus retrasos, para que enfocara sus esfuerzos en dejar obras terminadas y funcionales hasta el tramo indicado, en vista de que no alcanzaría a ejecutar la totalidad de las obras objeto del contrato. Debe indicarse además que los acuerdos de voluntades con entidades públicas, así no sean principales sino apéndices o adicionales a uno primigenio, deben constar por escrito con la definición de su contenido y con la rúbrica del representante de la entidad pública y el correspondiente contrayente, conforme exige el artículo 39 de la Ley 80 de 1993; por tanto, un oficio de quien ejerce la interventoría -que en todo caso no redujo ni modificó la extensión de un tramo del proyecto de infraestructura vial, sino que buscó concentrar los esfuerzos del constructor en dejar culminado al menos un segmento e impedir su pérdida por quedar incompleto- no cumple con los requisitos que define la ley para que tenga la fuerza convencional de un negocio jurídico adicional y modificatorio del original suscrito entre el contratista y la entidad contratante, ni siquiera de las cantidades de obra, lo cual era plenamente conocido por el demandante.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 39
CONTRATANTE / CONTRATISTA / SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORÍA / INTERVENTORÍA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / MULTA / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO
Problema jurídico:
¿Se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo de multa contenido en las resoluciones No. 2967 del 18 de mayo y 4944 del 20 de agosto de 2009?
Respuesta al problema jurídico: No
Ahora bien, lo que se observa de la correspondencia cruzada entre la consultoría, la interventoría, la entidad contratante y el contratista en torno al tema de la multa, es que se le dieron oportunidades a este último para mejorar el rendimiento en la ejecución de las obras y, por ende, se suspendió el procedimiento sancionatorio con miras a permitirle cumplir en debida forma, lo que no sucedió pues persistieron los atrasos, y ello dio lugar a que tanto la interventoría como la consultoría le recomendaran a la entidad la continuación de dicho procedimiento y la imposición de la sanción pecuniaria al contratista por haber incumplido el Programa de Inversión del mes de febrero de 2008, que fue el hecho generador de la misma. Por lo anterior, no le asiste razón al a-quo cuando afirmó que el acto administrativo de multa se produjo cuando el contratista ya había superado el atraso cuestionado, dado que este hecho en realidad no se concretó, a tal punto que el plazo del contrato se venció sin que la obra se hubiera completado, lo que dio lugar a la declaratoria de incumplimiento definitivo del contratista. Como tampoco resulta admisible el argumento de que la sanción se produjo por hechos diversos, como fue el retraso en la obra y deficiencias de personal, maquinaria y transporte de material de arrastre que se prolongó en la ejecución contractual, pues la mención que se hizo en el acto administrativo de estas circunstancias, obedeció a la argumentación que le brindó soporte a la decisión sancionatoria, al evidenciar las graves consecuencias de la omisión reprochada al contratista en relación con el incumplimiento del Programa de Inversión, concretamente, del mes de febrero de 2008. Por las anteriores razones, la Sala considera que, en realidad, no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo de multa contenido en las Resoluciones No. 2967 del 18 de mayo y 4944 del 20 de agosto de 2009, razón por la cual la decisión anulatoria deberá ser revocada y la subsistencia del acto de multa se tendrá en cuenta para las demás determinaciones de la presente providencia, en especial la concerniente a la liquidación del contrato.
FALSA MOTIVACIÓN / CONCEPTO DE LA FALSA MOTIVACIÓN / PRESUPUESTOS DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO
Problema jurídico:
¿Las Resoluciones 592 y 5210 de 2011, que declararon el incumplimiento definitivo, estaban falsamente motivadas?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las citadas Resoluciones integraron un solo acto administrativo por medio del cual el INVIAS: (i) declaró ocurrido el siniestro de incumplimiento definitivo por obras pendientes por ejecutar en cuantía equivalente a $4.191’625.843, con base en lo cual cobró por cláusula penal $419’162.584,30, equivalente al 10% de aquella suma; (ii) declaró ocurrido el siniestro de indebido manejo e inversión del anticipo por valor de $4.509’947.052,40, como monto que el contratista dejó de amortizar; y (iii) ordenó al Consorcio Progreso Risaralda el pago de estas sumas o en su defecto, el descuento de las cuentas por pagar a su favor, o la exigencia de su pago a la Compañía de Seguros Condor S.A. (…) En consecuencia, el valor real total de obras no ejecutadas y del siniestro por incumplimiento fue de $4.235’535.115, luego el valor a cobrar por la cláusula penal, tasada en un 10% del valor de las obras pendientes de ejecutar debió ser de $423’553.511, mientras que el valor pendiente de amortizar y, por ende, del siniestro por indebido manejo e inversión del anticipo, debió ser de $4.521’935.290, por lo que es procedente modificar el ordinal 2 de la sentencia de primera instancia, en el sentido de declarar la nulidad parcial de las Resoluciones 592 y 5210 de 2011, por la discordancia o falsa motivación respecto de las condiciones económicas en las que se fundaron, únicamente en relación con los valores señalados, pues los incumplimientos por falta de ejecución de obras y de amortización del anticipo que dieron lugar a la declaratoria de los respectivos siniestros amparados mantienen su legalidad.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / INVÍAS / RESPONSABILIDAD DE INVÍAS / PROCESO LABORAL
Problema jurídico:
¿Hay lugar a modificar la liquidación del contrato, teniendo en cuenta las conclusiones de estos cuestionamientos y las condenas de orden laboral impuestas en contra del INVIAS?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las modificaciones a la sentencia de instancia que se han determinado en los puntos anteriores tienen impacto en el balance general del contrato en controversia, teniendo en cuenta que: i) la multa impuesta mediante las resoluciones 2967 y 4944 de 2009 por incumplimiento parcial persiste, en cuanto no se desvirtuó la presunción de legalidad que las cobija, según las consideraciones antes efectuadas; y (ii) los valores asociados a la cláusula penal por incumplimiento definitivo y por falta de amortización del anticipo son diferentes a los señalados en las Resoluciones 592 y 5210 de 2011, pese a que no existió reducción del tramo 1 La María – El Español. (...) . Adicionalmente, hay lugar a incluir las condenas en contra del INVIAS con ocasión de las demandas laborales presentadas en su contra, comoquiera que derivaron de la desatención de las obligaciones del contratista de responder por los pagos de los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores que participaron en el contrato, con fundamento en la cláusula de indemnidad prevista en el pliego de condiciones (numeral 5.27), que le imponía al contratista la obligación de mantener a la entidad libre de reclamos, demandas, acciones legales y costos surgidos por daños a subcontratistas, terceros o proveedores. (...) Como consecuencia, se modificará el numeral 4 de la sentencia de primera instancia, en el sentido de precisar que el cruce definitivo de cuentas del contrato 1589 de 2005 arroja como valor final a favor de la entidad contratante CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 41/100 PESOS M/CTE ($5.434’034.762,41) con base en lo indicado y en los conceptos y valores definidos en el acta final de entrega y recibo de obra del 22 de septiembre de 2010.
CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / LEY DE COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Para la imposición de costas, se debe acudir a un criterio subjetivo?
Respuesta al problema jurídico: Si
En consideración a que este proceso se rige por el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en armonía con el artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas al consorcio demandante en la medida en que fracasaron los cargos de apelación que formuló, mientras que los presentados por el INVIAS prosperaron parcialmente. Dicha condena no requiere la apreciación o calificación de una conducta temeraria, sino la verificación objetiva de quién resultó vencido. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. En consecuencia y con fundamento en el numeral 3.1.3. del artículo 6 del Acuerdo No. 1887 expedido el 26 de junio de 2003 por el Consejo Superior de la Judicatura, se fija como agencias en derecho en esta instancia la suma equivalente al 0,5% del valor de la liquidación judicial del contrato, esto es la suma de $27’170.173,81, a cargo de los integrantes del consorcio de forma solidaria y a favor del Instituto Nacional de Vías INVIAS -cuyo recurso de apelación prosperó parcialmente-, en virtud de la gestión procesal de su apoderado en esta instancia.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 3, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47