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Consejo de Estado Providencia

La Sala modificará parcialmente la decisión proferida el 24 de enero de 2022

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-03-26 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 68001233300020190087901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se modificará parcialmente la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, que rechazó la demanda? Sí
El contratista debe presentar la demanda dentro del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, que se calcula a partir de la fecha de entrega de la obra o de la suscripción del acta de entrega, según lo estipulado en el contrato y la ley. En este caso, el Tribunal Administrativo de Santander rechazó la demanda por considerar que la presentación fue extemporánea para todos los tramos de la obra, pero la Sala modificó parcialmente dicha decisión al determinar que la demanda fue oportuna para 14 tramos de la vía sustitutiva, cuyo término de caducidad corrió entre el 24 de junio de 2018 y el 24 de junio de 2020, mientras que para los 4 tramos restantes la caducidad debía contarse a partir de la suscripción del Acta de entrega, es decir, entre el 1 de mayo de 2015 y 1 de mayo de 2017, por lo que la demanda no fue oportuna. Esta decisión implica que el cómputo del término de caducidad debe hacerse de manera distinta según las circunstancias específicas del contrato y la obra en cuestión.síntesis automática
También resuelve: ¿Subsistieron obligaciones exigibles con posterioridad a la entrega material de la obra? ¿INVIAS tuvo conocimiento de los problemas presentados en los túneles previo a la fecha alegada en el recurso de apelación? ¿El contratista sigue siendo responsable por los defectos que puedan manifestarse durante el período de garantía o por los vicios ocultos?
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Consejo de Estado Providencia

No se probó que los daños en la vía tuvieron origen en deficiencias de construcción conocidas por la entidad demandada

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020160211301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probó que los daños en la vía tuvieron origen en deficiencias de construcción conocidas por la entidad demandada? No
Cuando los daños en una obra pública se originan en un hecho externo irresistible al contratista, la garantía de estabilidad de la obra no le es exigible, porque ese hecho constituye una causa extraña que lo exime de su obligación de garantía. La regla se sostiene en tres razones: el contratista debe obrar con diligencia en métodos y calidad de materiales, pero no responde por un deterioro cuyo origen no esté en sus deficiencias; el peritaje debe demostrar que la causa del daño fue la condición externa y no un defecto de construcción; y la interventoría y el propio contratista deben haber informado oportunamente la circulación de vehículos de carga que afectaba la estructura desde el inicio de la obra. En el caso, no se probó que los daños tuvieran origen en deficiencias de construcción conocidas por la entidad, sino en el tránsito pesado previo a la entrega, por lo que los actos que atribuían el daño al contratista incurrieron en falsa motivación y fueron declarados ilegales, confirmándose la sentencia. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el contratista debe documentar oportunamente las causas externas que afectan la obra.síntesis automática
También resuelve: ¿Se probó el nexo causal entre el hecho de haberse excedido la capacidad de la vía por el tránsito de vehículos de carga pesada con el deterioro de la obra amparada con la garantía de estabilidad? ¿Obra prueba de gestión alguna del municipio demandado tendiente a evitar o controlar el tránsito de vehículos de carga pesada en el segmento vial? ¿La premisa fáctica que tuvo por acreditada el a quo fue los criterios que señalaban el tránsito de vehículos de carga pesada y la falta de idoneidad de la estructura de placa huella para el segmento…
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Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones en controversias contractuales de entidades públicas.

Sentencia — Sentencia 2026-06-01 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020190018401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de la actividad contractual de los establecimientos públicos del orden nacional conforme a las reglas de competencia funcional y de cuantía. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato fue suscrito por el Invías en calidad de establecimiento público del orden nacional dentro de su actividad contractual. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 150 y el numeral 4 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso y al superar la cuantía mínima exigida para la fecha de presentación de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿Las entidades estatales como los establecimientos públicos, están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en cuanto a su gestión contractual? ¿El acuerdo de voluntades sería liquidado en un término de seis meses, de los cuales 4 meses se destinarían a procurar efectuarla de mutuo acuerdo y 2 meses se reservarían para realizarla… ¿El informe pericial describió erróneamente el proyecto y el alcance del contrato, indicando que el objeto negocial se restringió a la elaboración de diseños y al mantenimiento y rehabilitación de…
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Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2025-02-21 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 66001233300020120003203 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo? Sí
La apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo corresponde en segunda instancia al Consejo de Estado cuando se pretende la nulidad de resoluciones de una entidad pública y la declaratoria del desequilibrio o incumplimiento de un contrato celebrado por ella, conforme al artículo 104 del CPACA y al artículo 150 del CPACA en la versión vigente al presentarse la demanda. Las partes contratantes están legitimadas, la entidad contratante por pasiva y el contratista por activa, cuando son partes del contrato de obra cuya controversia se discute. Para establecer la oportunidad de la demanda, se examina la fecha de los actos administrativos demandados y la naturaleza pública de la entidad, de modo que el término de caducidad se cuenta conforme a las reglas del medio de control. En el caso concreto, la sentencia de primera instancia acogió parcialmente las pretensiones y ambas partes apelaron, y la sala la modificó. Como consecuencia práctica, en controversias contractuales de obra pública debe verificarse la competencia por el carácter de la entidad y la cuantía, y la legitimación de quienes firmaron el contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Los extremos procesales se encuentran legitimados para ser parte del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de… ¿El medio de control de controversias contractuales para obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados, fue presentado dentro de la oportunidad legal? ¿El aumento en las cantidades de obra y las condiciones climatológicas y de orden público desequilibraron económicamente el contrato 1589 de 2005…
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Consejo de Estado Providencia

La muerte de la víctima es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 08001233100020110094001 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La muerte de la víctima es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero? Sí
La muerte de la víctima no es imputable a las entidades demandadas y es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero, ya que el accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta que no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha, y no se probó la falla del servicio por omisión en la colocación de reductores de velocidad que hubiera sido la causa eficiente del daño. La entidad demandada no pudo prever ni evitar la conducta negligente del conductor del tractocamión, lo que la exime de responsabilidad patrimonial. Esta decisión confirma la sentencia apelada y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la responsabilidad del Estado no se configura en ausencia de falla del servicio y cuando el daño es exclusivamente atribuible a un hecho del tercero.síntesis automática
También resuelve: ¿El accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta pues no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha? ¿La parte demandante acreditó la omisión por parte de la Administración en la colocación de reductores de velocidad y que ésta hubiera sido la causa eficiente y/o adecuada del daño? ¿El hecho de que posteriormente se hubiesen instalado resaltos en la vía prueba que su ausencia el día de los hechos fue la causa eficiente del daño?
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Consejo de Estado Providencia

Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa

Sentencia — Sentencia 2025-04-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 50001233100020100061601 ACCION CONTRACTUAL
¿Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración tienen la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable? Sí
El contratista no puede impugnar la legalidad de un acto administrativo sancionatorio ejecutorio y ejecutable emitido por la entidad estatal, ya que este se ampara en la presunción de legalidad y no ha sido declarado nulo, además de que la demanda de reconvención presentada por el contratista no cumplió con los requisitos de procedibilidad, como la conciliación prejudicial. La entidad estatal tiene la prerrogativa de imponer unilateralmente multas y penas pecuniarias a través de un acto administrativo, ejecutorio y ejecutable, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, lo que reitera la jurisprudencia existente y confirma la competencia del Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación en controversias contractuales que involucran a entidades del orden nacional. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir con los requisitos legales y contractuales antes de impugnar actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca? ¿En caso de que las partes no liquidaran el contrato bilateralmente, ni la Administración lo hiciera unilateralmente, el interesado podría acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede… ¿Los patrimonios autónomos de remanentes pueden ser sujetos pasivos de acciones y responder por obligaciones de una entidad ya liquidada?
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Consejo de Estado Providencia

La fuerza obligatoria del contrato se funda en la voluntad o querer de las partes que intervienen en él

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 73001233300020170047301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El soporte sobre el que se estructura el régimen contractual, incluida la contratación pública, es el mutuo consentimiento de las partes que da lugar al nacimiento de obligaciones recíprocas, como expresión de la autonomía de la voluntad y del que emerge la fuerza vinculante del negocio jurídico libremente convenido y el deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados? Sí
Las partes quedan obligadas por lo que acordaron libremente, de modo que el contratista que solicita y firma una adición responde por sus implicaciones económicas, aun cuando la entidad haya incumplido su deber de planeación. La regla se apoya en tres razones. Primera, el régimen contractual, incluida la contratación pública, se sustenta en el mutuo consentimiento, que genera obligaciones recíprocas por la autonomía de la voluntad y el principio pacta sunt servanda. Segunda, la falencia de los diseños es imputable a la indebida planeación de la entidad, pero el contratista también tenía la carga de estructurar sus precios con diligencia, incluida la ubicación de las fuentes de materiales. Tercera, previa solicitud del contratista, las partes acordaron la adición con conocimiento de sus causas, y era al contratista a quien correspondía estimar las implicaciones económicas de las mayores distancias de acarreo que solicitó. En consecuencia, se confirma la sentencia que negó las pretensiones. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿El contratista acreditó los sobrecostos en los que aduce haber incurrido por la inactividad de equipos, maquinaria y personal técnico, administrativo y operativo… ¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima? ¿El medio de control de controversias contractuales es adecuado para dirimir el conflicto presentado por la parte actora en el que pretende que se declare el rompimiento del equilibrio económico del…
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Consejo de Estado Providencia

Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 52001233100020080026701 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado en segunda instancia por controversias contractuales cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido en el artículo 132.5 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, la entidad estatal negó las pretensiones del contratista, pero el Consejo de Estado confirmó su competencia para conocer del asunto en razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. La Sala estableció que la jurisdicción administrativa es competente para resolver controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para casos de controversias contractuales de gran cuantía, lo que implica que los contratistas pueden recurrir a esta instancia para resolver disputas de alto valor económico.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato? ¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos liquidados de común acuerdo caduca en dos años contados desde la firma del acta? ¿Se configuró la excepción de inepta demanda?
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Consejo de Estado Providencia

El IDU incumplió el pago de unas facturas

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020150263002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El IDU incumplió el pago de unas facturas? Sí
El reconocimiento del valor total de un contrato de interventoría solo procede cuando el interventor acredita previamente que cumplió a cabalidad el acuerdo de voluntades que sustenta la pretensión, de modo que, si solo se prueba el impago de determinadas facturas, la condena se limita a ese incumplimiento parcial. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la pretensión de pago del valor total depende de un presupuesto previo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que debe acreditarse antes de estudiar la reclamación completa. Segundo, cuando el único cargo que prospera es el impago de ciertas facturas, los demás reproches quedan desestimados y el alcance de la condena se circunscribe a las sumas adeudadas. La providencia modifica la sentencia apelada, declara el incumplimiento parcial de la entidad contratante frente al pago de esas facturas, reconoce el derecho al pago con intereses de mora y deniega las demás pretensiones; en la práctica, el interventor debe probar el cumplimiento de sus obligaciones para reclamar el valor total del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El IDU actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento del contrato de obra vigilado por aquel? ¿El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato? ¿El interventor incumplió las obligaciones de elaborar debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción?
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Consejo de Estado Providencia

Se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora

Sentencia — Sentencia 2025-04-04 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020040042601 ACCION CONTRACTUAL
¿Se presentaron de manera oportuna las demandas incoadas por la unión temporal y la compañía aseguradora, a las cuales les resultan aplicables las reglas fijadas en el artículo 136, numeral 10, literal d), del C.C.A, por tratarse de un contrato que requiere liquidación, la cual se efectuó unilateralmente por el Instituto de Desarrollo Urbano? Sí
El contratista no incumple el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato se realiza unilateralmente por la entidad estatal, comenzando a correr el plazo desde la notificación de la liquidación. En este caso, la entidad estatal liquidó el contrato mediante resoluciones que fueron notificadas a la unión temporal y a la compañía de seguros, quienes presentaron sus demandas dentro del plazo de dos años que comenzó a correr desde la notificación de la liquidación. La Sala modificó la jurisprudencia anterior, reconociendo que la liquidación unilateral por parte de la entidad estatal inicia el cómputo del término de caducidad, lo que implica que las demandas presentadas por el contratista dentro de este plazo son oportunas y procedentes.síntesis automática
También resuelve: ¿El IDU tenía competencia para imponer la multa pactada en el contrato IDU-UEL-7-8-805-899 de 1999, dado que para la fecha en la que se expidió dicha sanción… ¿La parte actora desvirtuó el incumplimiento de la entrega a satisfacción de los estudios y diseños que hacían parte del objeto contractual y, con ello… ¿El Instituto de Desarrollo Urbano era competente para declarar la caducidad del contrato de obra, después de que hubiera expirado el plazo de ejecución del negocio jurídico?
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Consejo de Estado Providencia

El Fondo pidió que se revoque íntegramente la sentencia

Sentencia — Sentencia 2026-05-08 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 15001233300020180045102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en su calidad de interviniente y coadyuvante del recurso de apelación interpuesto por el Fondo Adaptación, se encontraba facultada para formular argumentos coincidentes dirigidos a respaldar el recurso de apelación interpuesto por el Fondo Adaptación? Sí
El interviniente de una entidad pública puede actuar como coadyuvante del recurso de apelación y formular argumentos coincidentes con los del recurrente, siempre que no se opongan a los de la parte que ayuda y no impliquen disposición del derecho en litigio. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 610 del CGP reconoce al interviniente las mismas facultades de la entidad pública vinculada como parte, entre ellas la de coadyuvar; el artículo 320 del CGP remite, respecto del coadyuvante, al inciso segundo del artículo 71, que a su vez se armoniza con el artículo 224 del CPACA; y la coadyuvancia habilita los actos procesales permitidos a la parte que se ayuda. Por ello, el escrito de coadyuvancia presentado dentro de la oportunidad para impugnar la sentencia es admisible como respaldo de la apelación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos en que el recurso fue admitido.síntesis automática
También resuelve: ¿Los contratos de Consultoría, Interventoría de Diseños, Construcción e Interventoría de Obra celebrados por el Fondo antes del 31 de diciembre de 2014 estaban sometidos al régimen de derecho privado… ¿En relación con obligaciones exigibles después de la terminación y liquidación del contrato que les dio origen, el término debe contarse, conforme a la regla general… ¿Las pretensiones indemnizatorias formuladas por el Fondo contra el Diseñador y el Interventor de Diseños se ejercieron oportunamente al fundarse en el presunto incumplimiento de obligaciones de…
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Consejo de Estado Providencia

Las entidades públicas exceptuadas del EGCAP deben planificar sus contratos conforme a los principios generales de la función administrativa.

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-07-11 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 52001233300020170045103 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Impide la existencia de acuerdos posteriores entre las partes sobre ajustes a los estudios previos y diseños, así como sobre el precio y el plazo del contrato, que prospere una pretensión de responsabilidad por presuntos defectos en la información suministrada en la fase precontractual y por el supuesto ocultamiento de negociaciones con terceros no acreditadas en el proceso? Sí
Todas las entidades públicas sin excepción de su régimen contractual están llamadas a planificar debidamente sus contratos con base en los principios generales que rigen la función administrativa y la actividad negocial bajo el postulado de la buena fe. En la aclaración de voto se precisa que la existencia de acuerdos posteriores entre las partes para modificar estudios previos, precios y plazos de un contrato de obra pública celebrado por Ecopetrol impide que prospere la pretensión de responsabilidad por supuestos defectos precontractuales de información, máxime cuando no se acreditó probatoriamente el ocultamiento alegado de negociaciones previas con la comunidad aledaña.síntesis automática