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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no se acreditó que las demandadas ostentaron la condición de ex agentes del Estado o de particulares con función pública

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Fecha
2024-11-18
Radicado
50001233300020150012902
Número interno
71795
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
ICBF
Demandado
MARÌA FLORINDA VELÀSQUEZ RODRÌGUEZ, FRANCY GARAY CARRILLO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no se acreditó que las demandadas ostentaron la condición de ex agentes del Estado o de particulares con función pública

Regla de decisión

Razón por la cual no se puede predicar que las madres comunitarias ostenten la calidad de funcionarias públicas.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no ostenta la condición de ex agente del Estado o de particular con función pública simplemente por prestar un servicio público, ya que el ejercicio de dicha actividad no implica necesariamente el ejercicio de potestades inherentes al Estado. En este caso, la Asociación de Padres de Familia Hogares Comunitarios celebró el contrato de aporte 050 de 1999 con el ICBF para ejecutar los aportes en favor de niños de escasos recursos económicos, sin que se le transfiriera una función pública. Las madres comunitarias, en su calidad de voluntarias, no tenían relación laboral con el ICBF ni con la asociación, y su participación en el programa de "Hogares de Bienestar" se consideraba una contribución voluntaria, no una relación laboral. Esta decisión reitera la distinción entre el ejercicio de la función pública y la prestación del servicio público, lo que implica que no todas las personas que prestan servicios públicos pueden ser consideradas agentes del Estado o particulares con funciones públicas.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se acreditó que las demandadas ostentaron la condición de ex agentes del Estado o de particulares con función pública?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto 1340 de 1995, art. 4

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

Como se acreditó, la Regional ICBF - Meta celebró el contrato de aporte 050 de 1999 con la Asociación de Padres de Familia Hogares Comunitarios de Bienestar Barrios Playa Rica y Montecarlo del municipio de Villavicencio, con el propósito de que ésta ejecutara los aportes atendiendo las necesidades básicas de nutrición, protección y desarrollo individual y social de los niños de escasos recursos económicos en los hogares comunitarios de bienestar.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Prestación de servicios y contrato realidad Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 8.460 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / FALTA DE PRUEBA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / MUERTE DE MENOR DE EDAD / AHOGAMIENTO DE MENOR / CONTRATO DE APORTE / CONTRATO DE APORTES DEL ICBF / ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA / HOGAR COMUNITARIO / OBLIGACIONES DE LA PERSONA JURÍDICA / MADRE COMUNITARIA / INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL / SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR / INTEGRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR / CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA / ORGANISMOS DE PROTECCIÓN AL MENOR DE EDAD / PROTECCIÓN AL MENOR DE EDAD POR EL ESTADO / DIFERENCIA ENTRE SERVICIOS PÚBLICOS Y FUNCIÓN PÚBLICA / PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD SOCIAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se acreditó que las demandadas ostentaron la condición de ex agentes del Estado o de particulares con función pública? Respuesta al problema jurídico: No Como se acreditó, la Regional ICBF - Meta celebró el contrato de aporte 050 de 1999 con la Asociación de Padres de Familia Hogares Comunitarios de Bienestar Barrios Playa Rica y Montecarlo del municipio de Villavicencio, con el propósito de que ésta ejecutara los aportes atendiendo las necesidades básicas de nutrición, protección y desarrollo individual y social de los niños de escasos recursos económicos en los hogares comunitarios de bienestar. Dicho documento no da cuenta de que se le haya trasladado a las demandadas una función pública. (...) [Q]uien asumió directamente las obligaciones derivadas de la prestación de un área del servicio del sistema de bienestar social fue la persona jurídica en mención, más no las madres comunitarias en específico, respecto de las cuales ninguna obligación a su cargo se pactó, por lo que ninguna clase de acción ni de reclamo procede en contra de ellas por hechos ocurridos durante la ejecución del contrato de aporte 050 de 1999. Adicionalmente, en la cláusula cuarta del mencionado contrato se acordó que la contratista y el personal que le colaboraría en la prestación del servicio de bienestar familiar no tendrían ninguna relación laboral con el ICBF. En ese sentido, se precisa que el artículo 4° del Decreto 1340 de 1995 determinó que la vinculación de las madres comunitarias, así como la de las demás personas y organismos de la comunidad, que participen en el programa de "Hogares de Bienestar" mediante su trabajo solidario, constituye contribución voluntaria, por cuanto la obligación de asistir y proteger a los niños, corresponde a los miembros de la sociedad y la familia; por consiguiente, dicha vinculación no implica relación laboral con las asociaciones u organizaciones comunitarias administradoras del mismo, ni con las entidades públicas que en él participen. Razón por la cual no se puede predicar que las madres comunitarias ostenten la calidad de funcionarias públicas. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la participación voluntaria en programas de bienestar familiar, ver: Corte Constitucional, sentencia SU 079 de 2018; sentencia SU 224 de 1998. FUENTE FORMAL: DECRETO 1340 DE 1995 - ARTÍCULO 4 FUNCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA / HOGAR COMUNITARIO / PERSONA JURÍDICA SIN ANIMO DE LUCRO / RÉGIMEN LEGAL DE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / MADRE COMUNITARIA / CONTRATO DE MADRE COMUNITARIA / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / PRINCIPIO DE PROTECCIÓN AL MENOR DE EDAD / DIFERENCIA ENTRE SERVICIOS PÚBLICOS Y FUNCIÓN PÚBLICA / DEBER DE VIGILANCIA DEL ESTADO / DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / VINCULACIÓN A ENTIDAD PÚBLICA Problema jurídico: ¿Toda prestación de un servicio público comporta el ejercicio de una función pública? Respuesta al problema jurídico: No Según el contrato de aporte 050 de 1999, la Asociación de Padres de Familia Hogares Comunitarios de Bienestar Barrios Playa Rica y Montecarlo del municipio de Villavicencio, es una entidad sin ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida mediante Resolución 000541 del 27 de mayo de 1998, emanada del ICBF - Regional Meta. (…) [L]as madres comunitarias son agentes privados en ejercicio de un servicio público a cargo del Estado, frente al que se ejerce una permanente inspección sobre las condiciones de seguridad y protección en que se hallan los niños que reciben la atención en los hogares comunitarios, en aras de materializar las garantías esenciales contenidas en el artículo 44 de la Constitución Política. De manera reiterada, esta Corporación ha distinguido el ejercicio de la función pública de la prestación del servicio público, bajo el entendido de que la primera noción involucra necesariamente el ejercicio de potestades inherentes al Estado, conferidas a personas naturales o jurídicas, por medio de la Ley, de modo que se trata de la relación que une al servidor público con la administración; por su parte, la segunda obedece a una actividad de carácter económica, dirigida a satisfacer necesidades de interés general, ya sea en forma directa por el Estado, o indirectamente en cabeza de particulares, con sujeción a un régimen jurídico especial. (…) Bajo ese contexto, en el marco de un proceso de repetición, la calidad de agente del Estado o de particular con función pública no puede ser soportada con la mera verificación o argumentación de que el demandado se encontraba prestando un servicio público, pues, se reitera, el ejercicio de dicha actividad no equivale a que la persona ostente la calidad de servidor público o de particular con funciones públicas. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las diferencias entre el ejercicio de la función pública y la prestación del servicio público, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 2011, rad. 36912, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 5 de julio de 2012, rad. 23643, C. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz. Sección Quinta, sentencia del 19 de febrero de 2004, rad. 25000-23-25-000-2003-01843-01, C. P. Filemón Jiménez Ochoa. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 44 OBLIGACIONES DEL ICBF / SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / DERECHOS DE LOS NIÑOS / PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES / DEBER DEL ESTADO DE GARANTIZAR PROTECCIÓN DE LA FAMILIA / APORTES AL ICBF / CONTRATO DE APORTES DEL ICBF Problema jurídico: ¿Con el fin de proteger y garantizar la integración y realización armónica de la familia, el Estado puede celebrar negocios jurídicos con particulares con la finalidad de que estos sujetos privados de manera armónica con el Estado colaboren en la prestación del servicio de bienestar familiar? Respuesta al problema jurídico: Si Desde la Ley 7 de 1979, en Colombia se estableció el sistema de bienestar familiar, entendido como un servicio público a cargo del Estado, dirigido a promover la integración y realización armónica de la familia, la protección de los niños y niñas del país y la vinculación de las entidades públicas con el propósito de elevar el nivel de vida de la familia y de sus integrantes. En ese ordenamiento, se determinó que una de las entidades principales a cargo del servicio público de bienestar familiar sería el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con competencia a nivel nacional. Además, se contempló la posibilidad de que el ICBF celebre una clase de negocio jurídico especial con particulares -fundamentalmente con asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro- denominado contrato de aporte, con la finalidad de que esos sujetos privados de manera armónica con el Estado colaboren en la prestación del servicio de bienestar familiar. FUENTE FORMAL: LEY 7 DE 1979 IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO Problema jurídico: ¿Al tratarse de un asunto en el que se ventila un interés público, es improcedente condenar en costas contra la parte vencida en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, señala que la condena en costas procederá de manera objetiva, excepto en los procesos en los que se ventila un interés público. El proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la protección del patrimonio público. Así, no hay lugar a condenar en costas. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=500012333000201500129021100103