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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el municipio cuestionó la competencia del juez de primera instancia para declarar de oficio la nulidad absoluta

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Fecha
2026-09-07
Radicado
66001233300020140025001
Número interno
65935
Ponente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO CONSTRUCCIONES CAFETERAS CCC
Demandado
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA (RISARALDA)

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el municipio cuestionó la competencia del juez de primera instancia para declarar de oficio la nulidad absoluta

Regla de decisión

El juez de segunda instancia revisa integralmente el litigio y se pronuncia sin limitaciones cuando ambas partes apelan la sentencia.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El juez de segunda instancia ejerce competencia plena y revisa integralmente el litigio cuando ambas partes interponen recurso de apelación contra la providencia de primer grado. El artículo 328 del Código General del Proceso faculta al superior para pronunciarse sin limitaciones frente a los aspectos cuestionados por los extremos procesales. En el caso objeto de estudio, tanto el municipio como la parte demandante apelaron decisiones específicas relacionadas con la nulidad contractual y el alcance de las restituciones mutuas. En virtud de dicha pluralidad impugnatoria, la Sala examinó de manera integral los reparos formulados por los apelantes, garantizando la resolución efectiva de las inconformidades planteadas contra la sentencia de primera instancia dentro de los límites de la competencia funcional.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cuando ambas partes apelan la sentencia de primera instancia, el juez de segunda instancia puede pronunciarse sin limitaciones y revisar integralmente el asunto?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 306
  • Ley 1564 de 2012, art. 328

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Lo que dijo la Sala

El municipio cuestionó la competencia del juez de primera instancia para declarar de oficio la nulidad absoluta, mientras que ambas partes repararon sobre el alcance de las restituciones mutuas. De conformidad con lo anterior y en atención a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 328 del CGP, aplicable a estos asuntos por remisión del artículo 306 del CPACA, el superior se pronunciará sin limitaciones y, en esa medida, la Sala revisará integralmente el asunto, claro está, sin pasar por alto la resolución de los reparos particulares de las apelaciones.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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El Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia del proceso por razón de su cuantía
Titulación de la relatoría 22.071 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / RESTITUCIONES MUTUAS / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Cuando ambas partes apelan la sentencia de primera instancia, el juez de segunda instancia puede pronunciarse sin limitaciones y revisar integralmente el asunto? Respuesta al problema jurídico: Si El municipio cuestionó la competencia del juez de primera instancia para declarar de oficio la nulidad absoluta, mientras que ambas partes repararon sobre el alcance de las restituciones mutuas. De conformidad con lo anterior y en atención a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 328 del CGP, aplicable a estos asuntos por remisión del artículo 306 del CPACA, el superior se pronunciará sin limitaciones y, en esa medida, la Sala revisará integralmente el asunto, claro está, sin pasar por alto la resolución de los reparos particulares de las apelaciones. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la potestad oficiosa del juez en materia de nulidad contractual para modificar el fundamento y la causal de invalidación aplicados por la primera instancia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de julio de 2025, exp. 71312, C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328 NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / JUSTICIA ROGADA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / INTERVENCIÓN EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / PARTES DEL CONTRATO / ORDENAMIENTO JURÍDICO Problema jurídico: ¿La declaratoria oficiosa de la nulidad absoluta del contrato estatal por parte del juez contencioso administrativo desconoce el carácter rogado de la jurisdicción y el principio de congruencia? Respuesta al problema jurídico: No El juez contencioso tiene la habilitación legal expresa para pronunciarse sobre la nulidad absoluta de un contrato sometido a su conocimiento. El artículo 87 del CCA, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, disponía que el “[j]uez [a]dministrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes”. El carácter rogado de la jurisdicción implica que son las partes quienes delimitan el objeto del proceso mediante las pretensiones, los hechos y las razones de oposición, de manera que, por regla general, el juez no puede iniciar de oficio el litigio ni extender su decisión a asuntos que no le fueron planteados. A su vez, el principio de congruencia exige correspondencia entre lo pedido, lo debatido y lo decidido, por lo que la sentencia no puede conceder más de lo solicitado, algo distinto o pronunciarse sobre materias ajenas a la controversia. Sin embargo, estas reglas no impiden el ejercicio de las potestades que la ley atribuye expresamente al juez para proteger el orden jurídico, entre ellas la facultad de declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato. Esta facultad excepcional no es ilimitada. Su ejercicio exige que la causal de nulidad absoluta esté plenamente demostrada en el expediente y que en el proceso intervengan las partes contratantes o sus causahabientes. Solo en presencia de estos presupuestos el juez puede apartarse de las pretensiones formuladas y declarar la invalidez del negocio jurídico. En ese contexto, la declaración oficiosa de nulidad absoluta no desconoce el carácter rogado ni el principio de congruencia, sino que constituye una excepción legal expresa a esas reglas, sometida los presupuestos señalados. En este caso se cumplen tales exigencias como se explicará en el siguiente acápite. Entonces, no le asiste razón al municipio, pues la decisión de primera instancia no desbordó el objeto del proceso, sino que ejerció una facultad excepcional para preservar el orden jurídico. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos para la declaratoria oficiosa de la nulidad absoluta del contrato estatal, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 4 de abril de 2025, exp. 70045, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32 CONTRATO ATÍPICO / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO POR COLABORACIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO / CALIFICACIÓN DEL CONTRATO / CONTENIDO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PROYECTO DE VIVIENDA Problema jurídico: ¿El acuerdo en el que un municipio aporta un lote y obras de urbanismo y participa en el resultado de las ventas de un proyecto de vivienda cuya gestión integral asume un particular corresponde a un contrato estatal atípico de colaboración para el desarrollo inmobiliario? Respuesta al problema jurídico: Si La previsión contractual relativa a los potenciales adquirentes también constituye un elemento relevante para comprender la verdadera finalidad económica del negocio. Tal estipulación es particularmente significativa si se considera que no se trataba de un programa de vivienda de interés social, ni de un esquema de adjudicación fundado en criterios objetivos de necesidad habitacional, sino de un proyecto inmobiliario destinado a ser comercializado en condiciones de mercado. Así, la participación de la entidad territorial no se limitó a aportar el terreno y a facilitar actuaciones administrativas, sino que comprendió la conformación inicial de la demanda del proyecto mediante la presentación de potenciales compradores vinculados a la propia administración municipal – servidores y contratistas-. El municipio aportó no solo suelo y gestiones institucionales, sino también un universo inicial de potenciales clientes, actuación que evidencia un grado de involucramiento propio de un esquema asociativo de explotación económica y alejado de la estructura típica del contrato de obra pública. El acuerdo previó la obtención de recursos a través de la comercialización de las viviendas y reguló la distribución de beneficios económicos entre las partes. También contempló mecanismos de ajuste asociados a variaciones de costos y condiciones de ejecución del proyecto (cláusula quinta). Con fundamento en las cláusulas contractuales reseñadas y atendiendo al criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, según el cual la naturaleza jurídica de un negocio debe establecerse a partir de su contenido material, de las obligaciones efectivamente asumidas por las partes y de la función económico-social que está llamado a cumplir, más que por la denominación que aquellas le hayan otorgado, se advierte que el acuerdo celebrado el 5 de junio de 2006 no corresponde, en estricto sentido, a un contrato de obra pública ni a una simple compraventa de un bien inmueble estatal. Por el contrario, sus características permiten identificarlo como un contrato estatal atípico de colaboración para el desarrollo de un proyecto inmobiliario de vivienda. En efecto, del clausulado contractual se desprende que el municipio no actuó como un contratante que retribuye al constructor mediante el pago de un precio previamente determinado, sino que concurrió al negocio con un aporte específico consistente en un lote de terreno de 9.136 m² y en determinadas inversiones en urbanismo, mientras que la sociedad CCC asumió las actividades de promoción, comercialización, gestión de subsidios y construcción del proyecto habitacional denominado “Zona de expansión norte”. Tal distribución de prestaciones evidencia la existencia de aportes concurrentes orientados a la consecución de un propósito económico común, circunstancia que desborda la estructura típica del contrato de obra, en el cual la obligación principal del contratista consiste en ejecutar una construcción a cambio de una remuneración pactada. A lo anterior se agrega que la contraprestación prevista a favor del municipio no se estructuró exclusivamente como el pago de un valor fijo por el terreno entregado para la ejecución del proyecto, sino que comprendió, además, un porcentaje equivalente al tres por ciento (3 %) sobre el valor de las ventas efectivamente realizadas y pagadas por los adquirentes de las viviendas. Este mecanismo demuestra que la retribución de la entidad territorial se encontraba vinculada, al menos parcialmente, al éxito económico y comercial de la operación inmobiliaria, elemento que revela una participación en los resultados del negocio y que resulta ajeno a la lógica conmutativa propia de los contratos de obra pública o de compraventa. De igual manera, las estipulaciones relativas a la eventual ejecución parcial del proyecto, que previeron la restitución del valor correspondiente a las áreas efectivamente utilizadas y la compensación por las obras de urbanismo asociadas a las unidades no comercializadas, ponen de manifiesto una distribución contractual de riesgos y consecuencias económicas ligada directamente al desarrollo del proyecto y al comportamiento del mercado inmobiliario. Tales previsiones son indicativas de una relación negocial más compleja que la simple ejecución de una prestación determinada y reflejan un esquema de colaboración en el cual las cargas y beneficios de la operación se encuentran estrechamente vinculados al resultado final del emprendimiento. Así las cosas, la Sala estima que la causa predominante del negocio jurídico no consistió en la construcción de unas obras para la administración municipal, sino en la ejecución conjunta de un proyecto de vivienda mediante la articulación de recursos públicos y privados. En esa medida, la construcción de las unidades habitacionales constituyó apenas uno de los componentes de una operación económica más amplia, integrada también por la estructuración, promoción, comercialización y financiación del proyecto. Por consiguiente, la verdadera naturaleza jurídica del acuerdo celebrado el 5 de junio de 2006 corresponde a la de un contrato estatal atípico de colaboración para el desarrollo inmobiliario, en virtud del cual el municipio aportó el suelo y determinadas obras de urbanismo, mientras que el particular asumió la gestión integral del proyecto de vivienda, participando ambas partes en la ecuación económica del negocio a través de aportes diferenciados y de una remuneración asociada al resultado de las ventas. Esa conclusión resulta concordante con la existencia de contratos estatales atípicos cuando la operación negocial no encaja plenamente en las categorías tipificadas por la Ley 80 de 1993, debiendo atenderse para su calificación a su contenido sustancial y a la finalidad económica perseguida por las partes. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la determinación de la naturaleza jurídica de un negocio a partir de su contenido material, de las obligaciones efectivamente asumidas y de su función económico-social, y no de la denominación otorgada por las partes, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 15 de febrero de 2018, exp. 55147, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de marzo de 2025, exp. 63262, C. P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 16 de agosto de 2022, exp. 58036, C. P. Fredy Ibarra Martínez. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 CONVENIO DE ASOCIACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / INMOBILIARIA / CONTRATO ATÍPICO / CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: Puede ampararse en la figura del convenio de asociación del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 un acuerdo cuyo objeto es el desarrollo de un proyecto inmobiliario con finalidad comercial, orientado a beneficiar a funcionarios y contratistas de la entidad y sin relación directa con los cometidos públicos? Respuesta al problema jurídico: No No le asiste razón a la primera instancia al concluir que el negocio jurídico analizado no podía instrumentarse mediante un convenio de asociación de los previstos en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 por haberse celebrado con una entidad distinta de una persona jurídica sin ánimo de lucro. Ello, por cuanto, según lo ha precisado esta Subsección, esta exigencia no es oponible a este tipo de acuerdos; Sin embargo, la verdadera dificultad jurídica radica en determinar si el convenio podía válidamente ampararse en esa figura, en tanto su objeto, consistente en el desarrollo de un proyecto inmobiliario con una finalidad comercial y orientado a beneficiar a funcionarios y contratistas de la entidad, no guarda una relación directa con los cometidos públicos cuyo cumplimiento constituye la razón de ser de los convenios de asociación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la inoponibilidad, a los convenios de asociación del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, de la exigencia de que el asociado sea una persona jurídica sin ánimo de lucro, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de julio de 2021, exp. 48957, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 96 LICITACIÓN PÚBLICA / CONTRATACIÓN DIRECTA / IMPROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / REQUISITOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / CUANTÍA DEL CONTRATO / CONTRATO DE MENOR CUANTÍA / CONTRATO ATÍPICO / SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿El contrato estatal atípico que no se adecúa a ninguna causal de contratación directa está sujeto al factor cuantía para determinar la procedencia de la licitación pública? Respuesta al problema jurídico: Si adecuarse a una causal que habilitara la contratación directa, estaba sujeto al factor cuantía para determinar la procedencia de la licitación pública. Aunque en el expediente no obra información sobre el presupuesto oficial del municipio para el año 2006, sí puede afirmarse que, para esa vigencia, las entidades estatales con el mayor presupuesto debían acudir al referido proceso cuando la cuantía del contrato superara los $408.000.000, mientras que aquellas con menor presupuesto debían hacerlo si el valor era por más de $51.000.000 (literal a) del numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993). En el presente asunto, el valor de la propuesta de CCC ascendió a $2.246.400.000, cuantía que excedía ampliamente los umbrales establecidos en la Ley 80 de 1993 para la procedencia de la licitación pública, razón por la cual la celebración de dicho contrato requería ese procedimiento de selección. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 1 LITERAL A NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / OBJETO ILÍCITO / LICITACIÓN PÚBLICA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / NORMA DE ORDEN PÚBLICO / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN / VICIOS DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Puede el juez declarar la nulidad absoluta del contrato estatal por objeto ilícito cuando se demuestra que la licitación fue artificial, aparente o espuria, aunque no se haya formulado pretensión de nulidad contra el acto de adjudicación? Respuesta al problema jurídico: Si Lo relevante para este proceso es establecer si, más allá de la existencia formal de tales actuaciones, se satisfizo materialmente la exigencia legal de seleccionar al contratista mediante licitación pública o si, por el contrario, aquellas constituyeron una mera apariencia de cumplimiento de dicho procedimiento. La Sala ha precisado que la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito prevista en los artículos 44 de la Ley 80 de 1993 y 1741 del Código Civil se configura cuando el contrato nace contrariando normas imperativas de la contratación estatal, especialmente aquellas que garantizan la selección objetiva del contratista. Bajo esa comprensión, la ilicitud surge de la utilización del procedimiento de selección como un instrumento para aparentar el cumplimiento de las exigencias legales cuando, en realidad, la Administración ya ha direccionado el resultado del proceso. La afectación se proyecta directamente sobre el contrato, el cual nace contaminado por un vicio originario. De acuerdo con la jurispruden NOTA DE RELATORÍA: Sobre la configuración de la nulidad absoluta del contrato estatal por objeto ilícito cuando la licitación es artificial, aparente o espuria, y la viabilidad de declararla aun sin pretensión contra el acto de adjudicación, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de diciembre de 2024, exp. 68406; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de julio de 2025, exp. 71312; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 20 de abril de 2026, exp. 72477, C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1741 LICITACIÓN PÚBLICA / PRINCIPIO DE PUBLICIDAD / PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN / AVISO DE CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / OBJETO ILÍCITO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La falta de publicidad real y eficaz de la licitación pública, que impide la libre concurrencia de oferentes, configura la ausencia material del procedimiento de selección y, en consecuencia, la nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito? Respuesta al problema jurídico: Si En esa dirección, según la constancia de publicación del aviso de la apertura, la invitación solo fue divulgada el 15 de mayo de 2006, pese a que el inicio del proceso estaba programado para el día 9 y su cierre el 15 de dicho mes y año. Ello evidencia que los potenciales interesados no contaron con una oportunidad real para concurrir al proceso, de modo que la participación quedó, en la práctica, limitada a CCC. (...) Ahora, aunque el cierre del proceso fue prorrogado por dos días más, hasta el 17 de mayo de 2006, ello tampoco permitía cumplir la exigencia prevista en el numeral 3º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, relativa a la publicación de avisos con anterioridad a la apertura de la licitación. De hecho, aun bajo el supuesto de que La Virginia pudiera catalogarse como un pequeño poblado, tampoco se habría observado la exigencia legal, pues en tales eventos los avisos debían fijarse en lugares públicos por un término de siete días calendario, dentro del cual debía incluirse un día de mercado de la res NOTA DE RELATORÍA: Sobre la publicidad como condición indispensable para garantizar la libre concurrencia de oferentes y como elemento esencial de la licitación pública, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2001, exp. 12037, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. FUENTE FORMAL: DECRETO 679 DE 1994 - ARTÍCULO 20, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 8, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519 RESTITUCIONES MUTUAS / PROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / OBJETO ILÍCITO / CAUSA ILÍCITA / BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / PRUEBA INDICIARIA Problema jurídico: ¿Proceden las restituciones mutuas derivadas de la nulidad absoluta del contrato estatal por objeto ilícito cuando las partes lo celebraron y ejecutaron a sabiendas de las circunstancias que determinaban su invalidez? Respuesta al problema jurídico: No La Sala considera acreditado que la ejecución del contrato tuvo lugar con pleno conocimiento de las circunstancias que determinaban su invalidez, de manera que resulta aplicable la regla consagrada en el artículo 1525 del Código Civil, según la cual no procede la repetición de lo dado o pagado cuando quien interviene en el negocio lo hace a sabiendas de la causa ilícita que lo afecta. No se trata, en el presente caso, de una simple irregularidad administrativa, de un error de procedimiento atribuible exclusivamente a la entidad estatal o de una falencia técnica que hubiera podido pasar inadvertida para los contratantes. Por el contrario, la prueba obrante en el expediente revela un conjunto de circunstancias objetivas, graves, precisas y concordantes, que permiten concluir que tanto el municipio como CCC conocían que el procedimiento de selección carecía de las condiciones mínimas indispensables para constituir una verdadera licitación pública. (...) La relevancia de estas circunstancias radica en un hecho el NOTA DE RELATORÍA: Sobre la aplicación del artículo 1525 del Código Civil a toda la contratación pública y la improcedencia de las restituciones a favor de quien actúa a sabiendas de la ilicitud que genera la nulidad absoluta del contrato, ver: Corte Constitucional, sentencia C-207/19, expediente D-12877, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, por la cual se declaró la exequibilidad condicionada del parágrafo 1º del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018. FUENTE FORMAL: LEY 1882 DE 2018 - ARTÍCULO 20 PARÁGRAFO 1, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1525 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: Procede la condena en costas en segunda instancia cuando se niegan los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y no hay parte vencida? Respuesta al problema jurídico: No Los numerales 1 y 3 del artículo 365 del Código General del Proceso establecen, respectivamente, que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en el juicio, y al recurrente cuandoquiera que se desestime la apelación y se confirme en su totalidad la sentencia de primera instancia. En esta oportunidad, como ambos recursos se negaron, como no hay parte vencida, la Sala se abstendrá de condenar por este concepto. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=660012333000201400250011100103