Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (ASUNCIÓN DE RIESGOS Y RENUNCIA A RECLAMACIONES EN EL CONTRATO ESTATAL) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Condena: Sentencia

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2022-09-14
Radicado
50001233100020021013801
Número interno
61298
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (META)
Demandado
JAIME FRANCISCO MORALES ROZO

Síntesis de la providencia

Condena: Sentencia

Lo que dijo la Sala

Respecto del régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena. En este caso, dado que los hechos ocurrieron en diciembre de 1995 y enero de 1996, no hay lugar a aplicar las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001. En ese orden, le asiste la razón a la parte demandada cuando reclama que el estudio del elemento subjetivo se haga por fuera de las presunciones; no podía, el juez de primera instancia, presumir que si existió violación manifiesta e inexcusable de disposiciones (presunción prevista en la Ley 678, artículo 6, numeral 1) entonces el demandado había obrado con culpa grave, comoquiera que la ley que introdujo las presunciones no estaba vigente al momento en que sucedieron los hechos…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿Teniendo en cuenta que el régimen jurídico se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena, en este caso debe darse aplicación al Código Civil bajo un análisis subjetivo de la culpa grave, en cuanto no hay lugar a emplear las presunciones que establece la Ley 678 de 2001?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 678 de 2001, art. 6 núm. 1

También resuelve

  • ¿Deben negarse las pretensiones de la demanda en cuanto la parte demandante no acreditó que la conducta del demandado fue gravemente culposa, puesto que existe una absoluta falta de argumentación…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Nulidad del contrato estatal Acción de repetición contra el agente

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2023-12-05 Sección Tercera (Subsección B)
No deben aplicarse las presunciones legales de la Ley 678 de 2001 al caso sub examine
Consejo de Estado 2022-08-22 Sección Tercera (Subsección C)
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Consejo de Estado 2022-09-14 Sección Tercera (Subsección B)
Condena: Sentencia
Consejo de Estado 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C)
Son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001
Consejo de Estado 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B)
No es procedente proponer excepciones en la etapa de alegaciones finales.
Consejo de Estado 2024-09-13 Sección Tercera (Subsección A)
Es necesario definir la norma sustancial vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos.
Titulación de la relatoría 7.581 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONDENA / ACCIÓN DE REPETICIÓN / CULPA GRAVE / LEY 678 DE 2001 / CÓDIGO CIVIL / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL / JUEZ / DEBERES DEL JUEZ Problema jurídico: ¿Teniendo en cuenta que el régimen jurídico se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena, en este caso debe darse aplicación al Código Civil bajo un análisis subjetivo de la culpa grave, en cuanto no hay lugar a emplear las presunciones que establece la Ley 678 de 2001? Respuesta al problema jurídico: Si Respecto del régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena. En este caso, dado que los hechos ocurrieron en diciembre de 1995 y enero de 1996, no hay lugar a aplicar las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001. En ese orden, le asiste la razón a la parte demandada cuando reclama que el estudio del elemento subjetivo se haga por fuera de las presunciones; no podía, el juez de primera instancia, presumir que si existió violación manifiesta e inexcusable de disposiciones (presunción prevista en la Ley 678, artículo 6, numeral 1) entonces el demandado había obrado con culpa grave, comoquiera que la ley que introdujo las presunciones no estaba vigente al momento en que sucedieron los hechos FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1 ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONDENA / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL / AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRALOR MUNICIPAL / FACULTADES DEL CONTRALOR MUNICIPAL / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / FUNCIONARIO PÚBLICO / REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL / SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO / SUPRESIÓN DE CARGO DEL TRABAJADOR / REUBICACIÓN DEL TRABAJADOR / REUBICACIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO / INDEMNIZACIÓN AL TRABAJADOR / INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO / INDEMNIZACIÓN POR SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO Problema jurídico: ¿Deben negarse las pretensiones de la demanda en cuanto la parte demandante no acreditó que la conducta del demandado fue gravemente culposa, puesto que existe una absoluta falta de argumentación, sumada a la imposibilidad de presumir que, si existió violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, al igual, que, con las pruebas aportadas al proceso, no se puede concluir que el demandado hubiera expedido el oficio con culpa grave? Respuesta al problema jurídico: Si Análisis sustantivo. El artículo 90 Constitucional indicó que, en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, se deberá repetir contra él. En el caso concreto, la condena se impuso por la declaratoria de nulidad de dos actos administrativos; el Acuerdo 109 y el Oficio 147-D. Se advierte que el primer acto no fue expedido por el demandado sino por el Concejo del municipio de Villavicencio y, en esa medida, la declaratoria de nulidad no puede derivar de la actuación del ex contralor. Para la Sala, el Acuerdo 109 fue proferido por el Concejo Municipal de Villavicencio, luego, no puede responder por ello el entonces contralor que, si bien, en el ejercicio de sus funciones legales, presentó el proyecto de acuerdo, no fue quien, finalmente, lo expidió y lo sancionó. En este punto se destaca que, aunque la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales no está limitada a quien haya proferido el acto administrativo, lo cierto es que, en este asunto, además de que el demandado no lo profirió, no determinó la decisión adoptada por el Concejo de reestructurar la entidad. (…) El segundo acto sí fue expedido por el demandado, en su calidad de contralor del municipio y su nulidad, a diferencia de lo alegado por el señor ex contralor, no sobrevino como consecuencia de la nulidad del Acuerdo. (…) Dado que no es posible aplicar las presunciones la Sala revocará la Sentencia de primera instancia que concluyó, en lo pertinente, que la violación manifiesta e inexcusable del artículo 8 de la Ley 27 de 1992, configuraba una culpa grave y, en esa medida, debía condenarse patrimonialmente al demandado; lo anterior, porque por fuera de las presunciones no es posible concluir la existencia de culpa grave como se pasa a explicar. En primer lugar, debe indicarse que, en la demanda, la entidad se limitó a señalar que la culpa grave se estructuró porque el demandado violó de manera manifiesta e inexcusable determinadas normas. En esa medida, la absoluta falta de argumentación sumada a la imposibilidad de aplicar las presunciones serían una razón suficiente para negar las pretensiones. (…) En segundo lugar, al margen de la deficiente argumentación, lo cierto es que, dado que no se aplican las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001 no es posible, en este caso, adoptar la decisión con base en las consideraciones de la sentencia de nulidad y restablecimiento en la medida que, de un lado, no le es oponible al demandado quien no participó en ese proceso judicial y, de otro, en esa decisión se hizo un análisis del proceso de restructuración de la planta de personal de la Contraloría de Villavicencio y no de la actuación del señor ex contralor. En tercer lugar, de las otras pruebas que fueron debidamente incorporadas al proceso, se advierte que, una vez suprimido el cargo que ocupaba el señor (…) el ex contralor le dio la oportunidad de ser reubicado en el cargo de asistente administrativo, grado 7, nivel administrativo y, dado que el mismo no cumplía los requisitos, optó por reconocerle la indemnización. Para la Sala, la anterior situación despoja de culpa grave al demandado, porque, en efecto, le informó al funcionario que tenía las dos opciones (ser indemnizado o ser revinculado). Sin embargo, al advertir que no cumplía los requisitos para ser revinculado a uno de los nuevos cargos de la planta de personal, optó por indemnizarlo. Frente al hecho de que no hubiera esperado seis meses para adoptar la decisión de indemnizarlo, la Sala estima que esa situación, no implica por sí sola una culpa grave por dos razones. La primera, porque, por más que hubiera esperado los seis meses que extrañó el juez de la nulidad y restablecimiento, si el funcionario no cumplía los requisitos, no podía ser revinculado, de acuerdo con el parágrafo del artículo 3 del Decreto 1223 de 1993, reglamentario de la Ley 27 de 1992. La segunda, porque, incluso, la lectura textual del artículo 8 de la Ley 27 de 1992, no ofrecía un imperativo de esperar 6 meses para proceder a la indemnización. En ese orden, teniendo en cuenta que la decisión del tribunal de descongestión fue el resultado de un análisis sistemático que lo llevó a entender que debía esperar ese término y, a diferencia de otras decisiones, acceder a las pretensiones, no se puede afirmar que el entendimiento del señor ex contralor fuera manifiestamente equivocado o careciera de cualquier justificación, que permitiera calificar su actuación de culpa grave. En conclusión, para la Sala, el señor (…) no actuó con culpa grave al expedir el Oficio 147-D de 29 de enero de 1996, razón por la cual se revocará la sentencia de primera instancia. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 1223 DE 1993 - ARTÍCULO 3, LEY 27 DE 1992 - ARTÍCULO 8, LEY 678 DE 2001
Texto extraído del PDF oficial 39.654 caracteres
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2022 Radicación: 5001-23-31-2002-10138-01 (61298) Demandante: Contraloría Municipal de Villavicencio Demandado: Jaime Francisco Morales Rozo Referencia: Acción de repetición (Decreto 1 de 1984) Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN – no se aplican las presunciones de la Ley 678 de 2001 – no se acreditó la culpa grave. Síntesis del caso: Se dirige contra el ex Contralor de Villa vicencio quien , según la demandante, participó en el retiro ilegal de un empleado de la Contraloría de Villavicencio. El empleado demandó en nulidad y restablecimiento del derecho y la Contraloría resultó condenada. Se pretende que el ex agente le devuelva a la Contraloría el valor que tuvo que pagar por esa condena. Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la Sentencia de 24 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Meta, en la que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se declaró patrimonialmente responsable al señor Jaime Francisco Morales Rozo , en su calidad de ex contralor del municipio de Villavicencio. La sentencia de primera instancia dispuso lo siguiente1: “PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable al señor JAIME FRANCISCO MORALES ROZO , de la condena impuesta a la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO en la sentencia del 12 de febrero de 2001, proferida por la sala de descongestión para fallo del Tribunal Administrativo del Meta. SEGUNDO: CONDENAR al señor JAIME FRANCISCO MORALES ROZO , a reintegrar la suma de $ 138.506.854, a favor del MUNICIPIO VILLAVICENCIO y $ 10.436.938 a favor de la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCER: FIJAR para el cumplimiento de esta sentencia el plazo de s eis meses, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la presente providenc ia. CUARTO: Sin condena en costas. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, quedará el expediente a disposición de la parte demandante, con el fin de adelantar el trámite posterior que corresponda según se explicó en las consideraciones de este fallo.” 1 Folios 566 y 582 y auto que corrige sentencia folios 607 a 608 Radicación: 5001-23-31-2002-10138-01 (61298) Demandante: Contraloría de Villavicencio Demandado: Jaime Francisco Morales Rozo Referencia: Acción de repetición Decisión: Revoca y niega pretensiones _____________________________________________________________________________________________________________ 2 de 12 La Sala tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, de conformidad con el inciso 2 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión 1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. Posición de la pa rte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada ; 1.3 Actuación relevante en primera instancia 1.4. Sentencias de primera instancia ; 1.5. Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia 1.1. Posición de la parte demandante 1. El 26 de abril de 200 2, la Contraloría Municipal de Villavicencio presentó demanda, en ejercicio de la acción de repetición en contra de Jaime Francisco Morales Rozo, en su calidad de ex contralor del municipio de Villavicencio. 2. Fueron sus pretensiones (se trascribe): “PRIMERA: Que el señor JAIME FRANCISCO MORALES ROZO es responsable, a título de culpa grave, del daño patrimonial causado a la CONTRALOR ÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, por la desvinculación del servidor OSCAR EDUARDO GALINDO BETANCOURTH, hecho que determinó que el Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia proferida el 12 de febrero de año 2001, condenara a la enti dad de Control Fiscal Municipal a pagarle todos los emolumentos dejados de percibir por el actor (salarios, primas, bonificaciones, reajustes, vacaciones, etc), desde la fecha de retiro hasta cuando se produjo efectivamente el reintegro. SEGUNDA: Que se condene al señor JAIME FRANCISCO MORALES ROZO a pagar a la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, la suma de sesenta y siete millones seiscientos noventa y nueve mil ochocientos veinticinco pesos ($ 67.699.825), moneda corriente, pagada al demandante Oscar Eduardo Galindo Betancourt por concepto de la condena indicada en la petición primera. TERCERA: Que se condene a JAIME FRANCISCO MORALES ROZO a pagar a la CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, las sumas pagadas a OSCAR EDUARDO GALINDO BETANCOURT debidamente actualizadas, en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, con base en el índice de precios al consumidor” 3. Como fundamento de las pretensiones, el municipio, en sí ntesis, refirió los siguientes hechos: 4. 1) Se mostró que el Concejo Municipal de Villavicencio, previa presentación del proyecto por parte del entonces Contralor Municipal de Villavicencio, señor Jaime Francisco Morales Rozo, profirió el Acuerdo 109 de Radicación: 5001-23-31-2002-10138-01 (61298) Demandante: Contraloría de Villavicencio Demandado: Jaime Francisco Morales Rozo Referencia: Acción de repetición Decisión: Revoca y niega pretensiones _____________________________________________________________________________________________________________ 3 de 12 10 de diciembre de 1995, “por medio del cual se determina la planta de personal y se establece la nomenclatura y clasificación de cargos de la contraloría Municipal de Villavicencio para la vigencia fiscal de 1996 y se dictan otras disposiciones ”. Ese Acuerdo suprimió el cargo denominado técnico en contabilidad, nivel técnico, grado 02 ; cargo que ocupab a el señor Oscar Eduardo Galindo Betancourt . Con base en ese acto, el entonces contralor de Villavicencio expidió el Oficio 41 de 29 de diciembre de 1995 y le comunicó al señor Galindo Betancourt que su cargo había sido suprimido, además se le indicó que tenía la opción d e reclamar la indemnización o hacer uso del derecho de prelación para ser reincorporado. 5. 2)Pese a que el señor Galindo Beta ncourt, al responder el oficio , optó por el uso del derecho de prelación y, en esa medida, pidió ser reubicado en el cargo de la nueva planta de personal denominado asistente administrativo, nivel administrativo, grado 7, el Contralor de Villavicencio, mediante Oficio 147-D de 29 de enero de 1996, negó la solicitud porque no cumplía los requisitos del nuevo cargo . En consecuencia, ordenó su indemnización. 6. 3)Inconforme con la decisión, el señor Galindo instauró demanda de nulidad y restablecimiento. Mediante Sentencia de única instancia de 12 de febrero de 2001, el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Descongestión, declaró la nulidad del A cuerdo 109 de 10 de diciembre de 1995 expedido por el Concejo Municipal y del Oficio 147 -D de 29 de enero de 1996 expedido por el ex contralor , ordenó el reintegro del señor Galindo Betancourt al cargo de Asistente administrativo, nivel administrativo, grado 7 o a otro de superior jerarquía y condenó a la Contraloría de Villavicencio a pagar los salarios y prestacion es dejados por percibir. La nulidad se declaró porque los actos administrativos violaron las normas en que debían fundarse. 7. 4) Indicó que, una vez la Sentencia cobró firmeza , le pagó al señor Oscar Eduardo Galindo Betancourt el valor de $ 71.977.648. En consecuencia, el demandado debía devolverle este valor que tuvo que pagar. 8. Respecto de la conducta del demandado indicó que “constituye una violación manifiesta e inexcusable de las siguientes disposiciones: * Del artículo 16 del Decreto 1223 de 1994 en cuanto ordena, para adelantar una reestructuración de la planta de personal, contar con la disponibilidad presupuestal requerida para el pago de las indemnizaciones a que haya lugar por supresión de cargo. * Del artículo 8 de la Ley 27 de 1992 que dispone que, en caso de supresión de un cargo de carrera administrativa, el funcionario tendrá derecho a optar entre ser reintegrado a otro cargo similar Radicación: 5001-23-31-2002-10138-01 (61298) Demandante: Contraloría de Villavicencio Demandado: Jaime Francisco Morales Rozo Referencia: Acción de repetición Decisión: Revoca y niega pretensiones _____________________________________________________________________________________________________________ 4 de 12 o que se le pague la indemnización. * De los artículos 1, 3 y 5 d el Decreto 1222 y Decreto 256 de 1993.” 1.2. Posición de la parte demandada 9. El señor Jaime Francisco Morales Rozo , en su calidad de E x Contralor del municipio de Villavicencio , presentó contestación de la demanda , en las que solicitó que se negaran las pretensiones2. Su defensa la enmarcó en tres argumentos. El primero, que él no expidió el Acuerdo 109 de 10 de diciembre de 1995 , anulado, que suprimió el cargo del señor Galindo Betancourt que, a su vez, sirvió de fundamento para que se expidiera el Oficio 147-D de 29 de enero de 1996, en el que se ordenó su indemnización; anotó que, quien expidió el Acuerdo , fue el Concejo Municipal de Villavicencio. Agregó que, si bien la iniciativa de reforma administrativa para modificar la estructura de la Contraloría Municipal recaía en é l como Contralor Municipal , quien, en efecto, presentó el proyecto, lo cierto e ra que, finalmente, quien expidió acuerdo fue el Concejo y quien lo sancionó fue el Alcalde. 10. El segu

Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=500012331000200210138011100103