Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (DESIGNACIÓN DE ÁRBITRO) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es necesario definir la norma sustancial vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2024-09-13
Radicado
13001233100020160002001
Número interno
71198
Ponente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C
Demandado
EVARISTO UJUETA AMADOR, ANTONIO FERNANDEZ ATENCIO, LUIS JERONIMO ESPINOSA HAECKERMANN

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es necesario definir la norma sustancial vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos

Regla de decisión

Es necesario definir la norma sustancial vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Problema jurídico

¿El régimen aplicable a la acción de repetición se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena y el tiempo en el que estos acaecieron?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto Ley 01 de 1984, arts. 77 y 78
  • Ley 678 de 2001
  • Constitución Política

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, en garantía del derecho al debido proceso, contenido en el artículo 29 constitucional, es necesario definir la norma sustancial vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos. En concreto, el reconocimiento de la mora se causó desde el 06 de abril de 1999 hasta el 18 de julio de 2001, precisando que la Ley 678 de 2001 entró en vigencia el 04 de agosto de 2001.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C)
El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de repetición en segunda instancia
Consejo de Estado 2023-06-14 Sección Tercera (Subsección C)
¿La parte actora cumplió con la carga de probar la conducta dolosa y/o gravemente culposa del demandado en repetición?
Consejo de Estado 2021-12-07 Sección Tercera (Subsección A)
El pronunciamiento del juez de segunda instancia está limitado por las razones de inconformidad planteadas por los apelantes
Consejo de Estado 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C)
El Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto
Consejo de Estado 2023-11-01 Sección Tercera (Subsección C)
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del medio de control de repetición
Consejo de Estado 2023-10-24 Sección Tercera (Subsección B)
La demanda fue presentada dentro del término de caducidad para la acción de repetición
Titulación de la relatoría 8.183 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL / CONCEPTO DE DOLO / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿El régimen aplicable a la acción de repetición se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena y el tiempo en el que estos acaecieron? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, en garantía del derecho al debido proceso, contenido en el artículo 29 constitucional, es necesario definir la norma sustancial vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos. En concreto, el reconocimiento de la mora se causó desde el 06 de abril de 1999 hasta el 18 de julio de 2001, precisando que la Ley 678 de 2001 entró en vigencia el 04 de agosto de 2001. De modo que, para dilucidar la conducta de los demandados no es posible aplicar las presunciones contenidas en la precitada ley, por el contrario, debe remitirse a los criterios de culpa grave y dolo dispuestos en el Código Civil -salvo lo atinente a las normas sustanciales posteriores favorables-. (...) no es posible aplicar la Ley 678 de 2001, dado que esta entró en vigencia con posterioridad a la ocurrencia de los hechos, y si bien es aplicable el artículo 77 del C.C.A. el cual indica que “los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones”, esta normativa no define el aspecto subjetivo, sino que en concordancia con el artículo 78, establece las condiciones objetivas y subjetivas para que proceda la acción de repetición, por lo que es necesario acudir a la definición de culpa grave y dolo dispuestas en el Código Civil (...) Se resalta que, bajo este régimen, la carga de la prueba recae en la Entidad demandante a quien le corresponde probar que la conducta es constitutiva de culpa grave o de dolo, tratadas de forma equivalente en el Código Civil frente a las acciones de carácter civil, siendo una carga probatoria más rigurosa que la contemplada en la Ley 678 de 2001, la cual establece presunciones legales. Además, esta Corporación ha sostenido que el juez no debe limitarse solamente a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que, para los casos de repetición, debe también tener en cuenta lo previsto en los artículos 6 y 91 constitucionales, sobre la responsabilidad de los servidores públicos respecto de sus funciones. NOTA DE RELATORÍA: Referente al régimen legal de la acción de repetición, consultar sentencia de 12 de diciembre de 2007, Exp. 27006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 24 de febrero de 2016, Exp. 38800. C.P. Martha Nubia Velázquez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 91, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, LEY 678 DE 2001 ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTO OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN OBITER DICTUM [L]a jurisprudencia constitucional ha indicado que, en suma, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acredite: (i) la providencia judicial condenatoria, el acuerdo conciliatorio, o en general un documento válido que al finalizar un conflicto haya impuesto al Estado la obligación de pagar una suma de dinero por haber causado un daño antijurídico; (ii) el pago efectivo de la obligación dineraria; (iii) la calidad del demandado como agente, ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de función pública; y, (iv) la atribución a este de una conducta determinante a título de dolo o culpa grave (criterio subjetivo). NOTA DE RELATORÍA: Referente a los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, consultar sentencia de la Corte Constitucional, Exp. SU-354 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO LEGAL / MORA EN EL PAGO DE CESANTÍAS / MORA EN EL PAGO DE CESANTÍAS DEFINITIVAS / SANCIÓN MORATORIA POR PAGO TARDÍO DE CESANTÍAS / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Los demandados incurrieron en culpa grave al incumplir de forma inexcusable lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, el cual ordenaba proceder al correspondiente pago de las cesantías dentro de los 45 días siguientes a la notificación del acto administrativo? Respuesta al problema jurídico: No Del anterior material probatorio, no hay mérito para calificar el actuar de los demandados como negligente o despreocupado, con la suficiencia de revestir el carácter de culpa grave, dado que si bien se probó el incumplimiento del término de los cuarenta y cinco (45) días hábiles para el pago de las cesantías definitivas de la señora F. C., no se acreditó fehacientemente que dicho incumplimiento sea atribuible únicamente a los demandados, pues considera la Sala que la demora puede llegar a ser atribuible, en todo o en parte o de forma conjunta, a otros empleados, funcionarios o contratistas de la entidad y para ello habría sido necesario conocer, como lo indicó el A quo, los manuales de procesos internos y procedimientos para el trámite de peticiones y pago de prestaciones sociales adoptados para esa época, en donde se pudiera identificar con claridad los plazos en cada dependencia, así como los responsables de cada una de las actuaciones. (...) Por el contrario, lo anterior permite inferir que posiblemente el no pago de las cesantías definitivas y otras prestaciones sociales a la señora F. C. obedeció al no giro completo de las transferencias al Organismo de control fiscal por parte del Distrito de Cartagena, pues se requirió en varias ocasiones por éste el pago de los gastos del presupuesto a través del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y el pago de las vigencias expiradas de los años 1996, 1997 y 1999. En conclusión, la imputación realizada por la Contraloría Distrital de Cartagena debió ser probada toda vez que el incumplimiento de los términos dispuestos por una norma, per se, no implica que la conducta sea calificada como gravemente culposa, ya que se exige que el desacierto no tenga excusa y que quien en él incurre no pueda ofrecer justificación válida que sirva para eximirlo, y que, por el contrario, se pruebe que su comportamiento fuera grosero, negligente, despreocupado o temerario en la causación del daño, lo cual no se acreditó en el presente asunto por el recurrente. Por todo lo expuesto, ante la ausencia de carga argumentativa, la imposibilidad de modificar la causa petendi en la segunda instancia, y precisando que no existen elementos suficientes para determinar que la conducta de los demandados fue la causa de la mora en el reconocimiento de las cesantías, se confirmará la sentencia de primera instancia. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE MALA FE / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: No [E]stas dependen de si ha mediado o no una conducta reprochable en la parte vencida, durante el trámite del proceso. Teniendo en cuenta lo anterior y al no encontrarse una conducta temeraria por parte del recurrente no se condenará en costas.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=130012331000201600020011100103