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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

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Fecha
2022-08-22
Radicado
11001333103120110012102
Número interno
59501
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS INVIAS
Demandado
SOCIEDAD CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A., CASTRO TCHERASSI Y CIA. LTDA., EQUIPO UNIVERSAL S.A., EMPRESA GERCON LTDA, SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL MAGDALENA Y OTROS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción contenciosa administrativa conoce de los procesos de repetición, conforme el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo (CCA) y el artículo 7 (inciso 10) de la Ley 678 de 2001, aplicable al caso concreto solo en aspectos procesales. Asimismo, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, según lo dispuesto en el mencionado artículo 7 (inciso 31) de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 CCA.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer el recurso de apelación contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 inciso 31 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. En el caso concreto, la entidad estatal presentó un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia, y el Consejo de Estado confirmó su competencia para resolver el recurso. Además, el juez de repetición no está atado por la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, sino que debe realizar un juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, basándose en las pruebas legalmente acopiadas. En este caso, el INVIAS no acreditó la culpa grave de los demandados, por lo que la entidad estatal no pudo obtener la condena en repetición que buscaba.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, arts. 129 y 78
  • Ley 678 de 2001, arts. 7 inc. 10 y 7 inc. 31

También resuelve

  • ¿La acción de repetición fue presentada dentro del término legal?
  • ¿La Ley 678 de 2001 es aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto?
  • ¿El fallo de responsabilidad patrimonial del Estado ata al juez de la repetición?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Acción de repetición: Sentencia
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La jurisdicción competente para conocer de los procesos de repetición es la contenciosa administrativa
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Acción de repetición: Sentencia
Titulación de la relatoría 6.403 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción contenciosa administrativa conoce de los procesos de repetición, conforme el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo (CCA) y el artículo 7 (inciso 10) de la Ley 678 de 2001, aplicable al caso concreto solo en aspectos procesales. Asimismo, esta Corporación es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, según lo dispuesto en el mencionado artículo 7 (inciso 31) de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 CCA. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer acciones de repetición, consultar sentencia de 8 de marzo de 2007, Exp. 24953, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 10, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 31 PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿La acción de repetición fue presentada dentro del término legal? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e observa que en el caso sub examine está demostrado que el INVIAS canceló el monto al que fue condenado judicialmente el 13 de julio de 2009. Por consiguiente, la demanda presentada el 23 de mayo de 2011 fue oportuna. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 9 IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / LEY 678 DE 2001 / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL Problema jurídico: ¿La Ley 678 de 2001 es aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto? Respuesta al problema jurídico: No Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, silos hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior". Pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior. (...) Por ende, como en este asunto los hechos que 'sustentaron la condena en contra del INVIAS ocurrieron el 28 de abril de 2000. --cuando se desplomó el puente denominado "La Perrera" y resultó herido el se ñor Nelson Melo— la Ley 678 de 2001 no es aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la normativa aplicable a la acción de repetición, consultar sentencia de 18 de junio de 2018, Exp. 54692, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 ACCIÓN DE REPETICIÓN / DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA / SENTENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿El fallo de responsabilidad patrimonial del Estado ata al juez de la repetición? Respuesta al problema jurídico: No [E]n el marco de la acción de repetición la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no equivale automáticamente al dolo o la culpa grave del funcionario o particular que cumple funciones públicas, pues el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial del Estado no ata al juez de la repetición, el cual debe centrarse en un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, bajo las pruebas legalmente acopiadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron las pruebas allegadas al proceso de reparación. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 3 de diciembre de 2007, Exp. 29222, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 29 de noviembre de 2019, Exp. 43056, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Acreditó el INVIAS, con las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso, la culpa grave de los demandados, en su calidad de concesionarios de un proyecto vial, por el desplome de un puente que estaba bajo su cuidado y que ocasionó las lesiones personales de un particular que se encontraba laborando en este? Respuesta al problema jurídico: No Los dos documentos transcritos en precedencia permiten apreciar falta de uniformidad sobre el motivo por el cual el puente se desplomó, toda vez que se contemplaron diversas hipótesis, no todas indicadoras de circunstancias atribuibles al contratista, de modo que, aún contando con ellas, no resulta posible, para este juzgador, el conocimiento cierto de la causa determinante del desplome del puente "la Perrera". No honró, entonces, la parte actora, la carga de la prueba que soportaba en relación con el elemento subjetivo de la culpa grave que atribuyó a los demandantes como factor determinante del daño que hubo de reparar. Por tanto, esta Subsección confirmará en todas sus partes la sentencia de primera instancia. IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Se acreditó actuación temeraria de las partes que conlleve a la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: No No hay lugar a la imposición de costas debido a que eh el presente asunto no se evidenció actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo, 55 de la Ley 446 de 1998 para proceder de esta forma. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55
Texto extraído del PDF oficial 39.524 caracteres
Expediente: ll00I-33-31-031-2011-00121-02 (59501) Demandante: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022) Radicado número: 11001-33-31-031-2011-00121-02 (59501) Demandante: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) Demandados: Sociedad Concesionaria del Magdalena Medio S.A. y algunos de sus accionistas: Equipo Universal S.A., Castro Tcherassi S .A., Gercon S.A., Wackenhut de Colombia S.A. y Cano Jiménez Estudios S.A. Referencia: Acción de repetición Tema: Acción de repetición. Subtema 1: Reembolso del pago de una condena judicial. Subtema 2: Presupuestos de la acción de repetición. Subtema 3. Elemento subjetivo. Subtema 4. culpa grave de un contratista del Estado. Subtema S. Incumplimiento de cargas procesales. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA De conformidad con la prelación dispuesta en sesión del 5 de mayo de 20051, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, el 3 de mayo de 2017, en la que negó las pretensiones de la demanda. 1. SÍNTESIS DEL CASO En el marco de un proceso de reparación directa, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Instituto Nacional de Vías (en adelante, 'INVIAS") a pagar los perjuicios, materiales y morales, infligidos a Nelson Melo y a su núcleo familiar, por las lesiones personales sufridas por aquel debido al colapso de un puente en el que se encontraba realizando labores de construcción. Como consecuencia de lo anterior, el INVIAS solicita, en este proceso contencioso, que la parte demandada rembolse la suma efectivamente cancelada y originada en la sentencia judicial, pues estos, en su condición de concesionarios del proyecto vial por donde cruzaba el puente que se desplomó, omitieron realizar los controles requeridos para adelantar la construcción de las obras que debían ejecutar en virtud del contrato de concesión, situación que —aseveran— se traduce en culpa grave. 1 Según consta en el acta núm. 15 suscrita en esa fecha por la Sección Tercera de esta Corporación. Expediente: 11001-33-31-031-2011-00121-02 (59501) Demandante: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda El 23 de mayo de 20112, el INVIAS presentó, con fundamento en los hechos referidos en la síntesis del caso, demanda en ejercicio de la acción de repetición, contra la Sociedad Concesionaria del Magdalena Medio S.A. (en lo sucesivo, "COMMSA") y algunos de sus accionistas: Equipo Universal S .A., Castro Tcherassi S.A., Gercon S .A., Wackenhut de Colombia S .A. y Cano Jiménez Estudios S.A. con la que, en síntesis, pretende: (i) se les declare responsables por culpa grave de 'los hechos ocurridos el 28 de abril de 2000 al desplomarse el puente La Perrera que conduce de Puedo Salgar al municipio de Tobia Grande, en momentos en que se encontraban trabajando varias personas, entre ellas, el señor Nelson Melo, quien resultó herido en este insuceso' (II) se les condene a cancelar $101.570.695,50, suma de dinero que debió pagar el INVIAS como consecuencia de la condena judicial impuesta en su contra por los hechos referidos en el numeral anterior. 2.2. El trámite procesal relevante en primera instancia 3 2.2.1. El 29 de agosto de 2013, el Tribunal admitió la demanda y, después notificó personalmente el auto admisorio a los representantes legales de Gercon SA. 5 y de Cano Jiménez Estudios S .A .6 En cuanto a los demás sujetos que integran la parte demandada: COMMSA; el Equipo Universal S .A.; Castro Tcherassi S .A.; y Wackenhut de Colombia S.A., la autoridad judicial de primer grado informó que fue imposible su localización y, en consecuencia, ordenó emplazar a cada uno de sus representantes legales a través de un diario de alta circulación7, pero como tampoco fue posible su comparecencia les designó un curador ad Iitem 8. 2.2.2. El 26 de mayo de 2014, el INVIAS reformó la demanda con el objeto de adicionar al plenario dos pruebas documentales. Reforma que fue admitida por el TribunaP° y que posteriormente se notificó en debida forma". 2 Folios 237 a 255 del cuaderno 1. En principio, la presente demanda fue admitida por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Judicial de Bogotá (folio 266 del cuaderno 1); el cual, luego de adelantar todo el trámite procesal correspondiente, dictó fallo denegatorio de primera •instancia (folios 652 a 675 del cuaderno 3). Contra la decisión anterior, la parte accionante interpuso recurso de apelación (folios 677 a 688 del cuaderno 3); que fue concedido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (folio 690 del cuaderno 3); el cual, al conocer el asunto, decidió declarar la nulidad de todo lo actuado por carecer el Juzgado referido de competencia funcional (folios 694 a 696 del cuaderno 3). ' Folios 722 a 724 del cuaderno 3. Folio 748 del cuaderno 3. 6 Folio 754 del cuaderno 3. Folios 793 a 794 del cuaderno 3. Folios 803 a 804; 807 a 808; 833 a 834; y 864 a 865 del cuaderno 3. Folios 810 a 812 del cuaderno 3. 10 Folio 835 del cuaderno 3. " Folio 842, 867 del cuaderno 3. 2 Expediente: 11001-33-31-031-2011-00121-02 (59501) Demandante: Instituto Nacional de Vías (IN VÍA 5) 2.2.3. Dentro del término de fijación en lista, Gercon SA. 12 y el curador ad litem de los emplazados13 contestaron la demanda y su reforma. El primero oponiéndose a todas las pretensiones formuladas, al considerar que el INVIAS no demostró, con las prueba allegadas al expediente, que la conducta de los demandados se enmarcara en culpa grave o dolo. El segundo ateniéndose a lo que resulte probado en el proceso. 2.2.4. El 21 de abril de 201514, Sacyr Construcciones S.A., uno de los integrantes de COMMSA, solicitó fuera reconocida como coadyuvante de los demandados en el presente proceso, petición que fue aceptada por el Tribunal 15 y confirmada por el Consejo de Estado16. 2.2.5. El 20 de febrero de 201717, el Tribunal abrió a pruebas el proceso, y una vez concluida la etapa probatoria, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera concepto de fondo18. 2.2.6. Dentro del término de traslado, el INVIAS 19, Sacyr Construcciones SA. 21 y Cano Jiménez Estudios SA. 21 presentaron alegatos de conclusión. El primero reiteró lb expuestos en el escrito de demanda. Los otro dos presentaron argumentos tendientes a desvirtuar las súplicas de la demanda. Los demás sujetos procesales guardaron silencio. 2.3. La sentencia recurrida El 3 de mayo de 201722, el Tribunal dictó fallo de primera instancia en el que negó las súplicas de la demanda. Como fundamento de su decisión expuso los argumentos que se pasan a sintetizar: 2.3.1. En primer lugar, aseveró que la prosperidad de la acción de repetición requiere la concurrencia de cuatro (4) elementos estructurales, a saber: "O que una entidad pública haya sido condenada a repararla causación de un daño antiurídico; (II) que la entidad haya pagado el monto de la condena a favor de la víctima; (iii) que la condena haya sido impuesta como consecuencia del actuar del servidor o ex servidor; (iv) que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o. gravemente culposa de un servidor o ex servidor del Estado o de un particular que ejerza funciones públicas". Advirtió, también, que como los hechos que dieron lugar a esta acción ocurrieron el 28 de abril de 2000, solo se aplicarían los aspectos procesales de la Ley 678 de 2001. 12 Folio 869 a 886 del cuaderno 3. 13 Folio 888 a 890 del cuaderno 3. 14 Folios 898 a 900 del cuaderno 3. 15 Folios 1 a 3 del cuaderno 4. 16 Folios 28 a 36 del cuaderno 4. 17 Folios 934 a 935 del cuaderno 3. 18 Folio 937 del cuaderno 3. 19 Folios 938 a 944 del cuaderno 3. 20 Folios 945 a 947 del cuaderno 3. 21 Folios 948 a 959 del cuaderno 1. 22 Folios 960 a 975 del cuaderno principal. 3 Expediente: 1100i-33-31-031-2011-00121-02 (59501) Demandante: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 2.3.1.1. Sobre el primero y el segundo de los elementos atrás enunciados, estimó que la entidad estatal acreditó en debida forma: (i) la existencia de una condena judicial que le impuso la obligación de indemnizar a Nelson Melo y a su núcleo familiar por las lesiones personales sufridas por aquel debido al colapso de un puente en el que se encontraba realizando labores de construcción; (u) el pago efectivo de la condena impuesta. 2.3.1.2. Sobre el tercer y cuarto de tales elementos, consideró que "a efectos de establecer la responsabilidad personal de las demandadas se debe hacer un análisis de las actuaciones "gravemente culposas" que comporta necesariamente el estudio de las obligaciones o funciones a su cargo y si respecto de ellas se dio un incumplimiento grave". Al punto, argumentó que aun cuando al proceso se allegó copia del contrato de concesión 0388 de 1997, un memorando de interventoría y un informe sobre el desplome del puente en el que resultó herido Nelson Melo, lo cierto es que estos medios de prueba resultaban insuficientes para determinar si el actuar de los demandados para el momento de los hechos fue doloso o gravemente culposo, pues no arrojaban certeza de la causa del accidente. De igual manera, recordó que la sola sentencia condenatoria del proceso que originó el proceso de repetición no lleva ;a endilgar responsabilidad automática de los accionados, toda vez que "en esta se realiza una valoración probatoria encaminada a estudiar la responsabilidad anónima del Estado y no la responsabilidad subjetiva del funcionario". 2.4. El recurso de apelación El 19 de mayo de 201723, la parte demandante recurrió la providencia antedicha, con la pretensión de que sea revoc

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110013331031201100121021100103