Expediente: ll00I-33-31-031-2011-00121-02 (59501)
Demandante: Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Radicado número: 11001-33-31-031-2011-00121-02 (59501)
Demandante: Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
Demandados: Sociedad Concesionaria del Magdalena Medio S.A.
y algunos de sus accionistas: Equipo Universal S.A.,
Castro Tcherassi S .A., Gercon S.A., Wackenhut de
Colombia S.A. y Cano Jiménez Estudios S.A.
Referencia: Acción de repetición
Tema: Acción de repetición.
Subtema 1: Reembolso del pago de una condena judicial.
Subtema 2: Presupuestos de la acción de repetición.
Subtema 3. Elemento subjetivo.
Subtema 4. culpa grave de un contratista del Estado.
Subtema S. Incumplimiento de cargas procesales.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
De conformidad con la prelación dispuesta en sesión del 5 de mayo de 20051, la
Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, el 3 de mayo de 2017, en la que negó las pretensiones de la demanda.
1. SÍNTESIS DEL CASO
En el marco de un proceso de reparación directa, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca condenó al Instituto Nacional de Vías (en adelante, 'INVIAS") a pagar
los perjuicios, materiales y morales, infligidos a Nelson Melo y a su núcleo familiar,
por las lesiones personales sufridas por aquel debido al colapso de un puente en el
que se encontraba realizando labores de construcción. Como consecuencia de lo
anterior, el INVIAS solicita, en este proceso contencioso, que la parte demandada
rembolse la suma efectivamente cancelada y originada en la sentencia judicial, pues
estos, en su condición de concesionarios del proyecto vial por donde cruzaba el
puente que se desplomó, omitieron realizar los controles requeridos para adelantar la
construcción de las obras que debían ejecutar en virtud del contrato de concesión,
situación que —aseveran— se traduce en culpa grave.
1 Según consta en el acta núm. 15 suscrita en esa fecha por la Sección Tercera de esta
Corporación.
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II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
El 23 de mayo de 20112, el INVIAS presentó, con fundamento en los hechos
referidos en la síntesis del caso, demanda en ejercicio de la acción de repetición,
contra la Sociedad Concesionaria del Magdalena Medio S.A. (en lo sucesivo,
"COMMSA") y algunos de sus accionistas: Equipo Universal S .A., Castro
Tcherassi S.A., Gercon S .A., Wackenhut de Colombia S .A. y Cano Jiménez
Estudios S.A. con la que, en síntesis, pretende: (i) se les declare responsables por
culpa grave de 'los hechos ocurridos el 28 de abril de 2000 al desplomarse el
puente La Perrera que conduce de Puedo Salgar al municipio de Tobia Grande, en
momentos en que se encontraban trabajando varias personas, entre ellas, el señor
Nelson Melo, quien resultó herido en este insuceso' (II) se les condene a cancelar
$101.570.695,50, suma de dinero que debió pagar el INVIAS como consecuencia de
la condena judicial impuesta en su contra por los hechos referidos en el numeral
anterior.
2.2. El trámite procesal relevante en primera instancia 3
2.2.1. El 29 de agosto de 2013, el Tribunal admitió la demanda y, después
notificó personalmente el auto admisorio a los representantes legales de Gercon
SA. 5 y de Cano Jiménez Estudios S .A .6 En cuanto a los demás sujetos que
integran la parte demandada: COMMSA; el Equipo Universal S .A.; Castro
Tcherassi S .A.; y Wackenhut de Colombia S.A., la autoridad judicial de primer
grado informó que fue imposible su localización y, en consecuencia, ordenó
emplazar a cada uno de sus representantes legales a través de un diario de alta
circulación7, pero como tampoco fue posible su comparecencia les designó un
curador ad Iitem 8.
2.2.2. El 26 de mayo de 2014, el INVIAS reformó la demanda con el objeto de
adicionar al plenario dos pruebas documentales. Reforma que fue admitida por el
TribunaP° y que posteriormente se notificó en debida forma".
2 Folios 237 a 255 del cuaderno 1.
En principio, la presente demanda fue admitida por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del
Circuito de Judicial de Bogotá (folio 266 del cuaderno 1); el cual, luego de adelantar todo el trámite
procesal correspondiente, dictó fallo denegatorio de primera •instancia (folios 652 a 675 del
cuaderno 3). Contra la decisión anterior, la parte accionante interpuso recurso de apelación (folios
677 a 688 del cuaderno 3); que fue concedido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(folio 690 del cuaderno 3); el cual, al conocer el asunto, decidió declarar la nulidad de todo lo
actuado por carecer el Juzgado referido de competencia funcional (folios 694 a 696 del cuaderno
3).
'
Folios 722 a 724 del cuaderno 3.
Folio 748 del cuaderno 3.
6 Folio 754 del cuaderno 3.
Folios 793 a 794 del cuaderno 3.
Folios 803 a 804; 807 a 808; 833 a 834; y 864 a 865 del cuaderno 3.
Folios 810 a 812 del cuaderno 3.
10 Folio 835 del cuaderno 3.
" Folio 842, 867 del cuaderno 3.
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2.2.3. Dentro del término de fijación en lista, Gercon SA. 12 y el curador ad litem de
los emplazados13 contestaron la demanda y su reforma. El primero oponiéndose
a todas las pretensiones formuladas, al considerar que el INVIAS no demostró, con
las prueba allegadas al expediente, que la conducta de los demandados se
enmarcara en culpa grave o dolo. El segundo ateniéndose a lo que resulte probado
en el proceso.
2.2.4. El 21 de abril de 201514, Sacyr Construcciones S.A., uno de los integrantes de
COMMSA, solicitó fuera reconocida como coadyuvante de los demandados
en el presente proceso, petición que fue aceptada por el Tribunal 15 y confirmada
por el Consejo de Estado16.
2.2.5. El 20 de febrero de 201717, el Tribunal abrió a pruebas el proceso, y una
vez concluida la etapa probatoria, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera concepto de fondo18.
2.2.6. Dentro del término de traslado, el INVIAS 19, Sacyr Construcciones SA. 21 y
Cano Jiménez Estudios SA. 21 presentaron alegatos de conclusión. El primero
reiteró lb expuestos en el escrito de demanda. Los otro dos presentaron
argumentos tendientes a desvirtuar las súplicas de la demanda. Los demás
sujetos procesales guardaron silencio.
2.3. La sentencia recurrida
El 3 de mayo de 201722, el Tribunal dictó fallo de primera instancia en el que negó
las súplicas de la demanda. Como fundamento de su decisión expuso los
argumentos que se pasan a sintetizar:
2.3.1. En primer lugar, aseveró que la prosperidad de la acción de repetición requiere
la concurrencia de cuatro (4) elementos estructurales, a saber: "O que una entidad
pública haya sido condenada a repararla causación de un daño antiurídico; (II) que
la entidad haya pagado el monto de la condena a favor de la víctima; (iii) que la
condena haya sido impuesta como consecuencia del actuar del servidor o ex
servidor; (iv) que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o.
gravemente culposa de un servidor o ex servidor del Estado o de un particular que
ejerza funciones públicas". Advirtió, también, que como los hechos que dieron lugar
a esta acción ocurrieron el 28 de abril de 2000, solo se aplicarían los aspectos
procesales de la Ley 678 de 2001.
12 Folio 869 a 886 del cuaderno 3. 13 Folio 888 a 890 del cuaderno 3.
14 Folios 898 a 900 del cuaderno 3. 15 Folios 1 a 3 del cuaderno 4.
16 Folios 28 a 36 del cuaderno 4. 17 Folios 934 a 935 del cuaderno 3.
18 Folio 937 del cuaderno 3.
19 Folios 938 a 944 del cuaderno 3.
20 Folios 945 a 947 del cuaderno 3.
21 Folios 948 a 959 del cuaderno 1. 22 Folios 960 a 975 del cuaderno principal.
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2.3.1.1. Sobre el primero y el segundo de los elementos atrás enunciados, estimó
que la entidad estatal acreditó en debida forma: (i) la existencia de una condena
judicial que le impuso la obligación de indemnizar a Nelson Melo y a su núcleo
familiar por las lesiones personales sufridas por aquel debido al colapso de un
puente en el que se encontraba realizando labores de construcción; (u) el pago
efectivo de la condena impuesta.
2.3.1.2. Sobre el tercer y cuarto de tales elementos, consideró que "a efectos de
establecer la responsabilidad personal de las demandadas se debe hacer un
análisis de las actuaciones "gravemente culposas" que comporta necesariamente
el estudio de las obligaciones o funciones a su cargo y si respecto de ellas se dio
un incumplimiento grave". Al punto, argumentó que aun cuando al proceso se
allegó copia del contrato de concesión 0388 de 1997, un memorando de
interventoría y un informe sobre el desplome del puente en el que resultó herido
Nelson Melo, lo cierto es que estos medios de prueba resultaban insuficientes para
determinar si el actuar de los demandados para el momento de los hechos fue
doloso o gravemente culposo, pues no arrojaban certeza de la causa del
accidente. De igual manera, recordó que la sola sentencia condenatoria del
proceso que originó el proceso de repetición no lleva ;a endilgar responsabilidad
automática de los accionados, toda vez que "en esta se realiza una valoración
probatoria encaminada a estudiar la responsabilidad anónima del Estado y no la
responsabilidad subjetiva del funcionario".
2.4. El recurso de apelación
El 19 de mayo de 201723, la parte demandante recurrió la providencia antedicha,
con la pretensión de que sea revoc
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